México

Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena.

¿ESCUCHARON?

Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo.

El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día.

¡DEMOCRACIA! ¡LIBERTAD! ¡JUSTICIA!

Guadalajara, Jalisco. La represión y violencia que el Estado, a través de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, implementó contra las personas, colectivos y organizaciones que protestaban contra la imposición de Peña Nieto el primero de diciembre del 2012, demuestra la continuidad de la guerra de contrainsurgencia y la política represiva que se está aplicando en contra de los que resisten.

A pesar de no tener pruebas y evidencias contra ellxs, aún permanecen detenidxs 14 manifestantes mexicanxs por las protestas del pasado 1 de diciembre cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la mano de Enrique Peña Nieto, volvió al gobierno en México. Los presos son acusados por “ataques a la paz pública” y uno de ellos por “daños a la propiedad privada”. La represión no sólo fue indiscriminada, sino que además tenía objetivos concretos. La criminalización de personas de organizaciones anárquicas, para justificar medidas represivas y ocultar la dureza de los recortes sociales impuestos.

Aproximadamente 200 personas marcharon del Monumento a la Revolución hasta el Recinto Legislativo de Donceles del Distrito Federal el miércoles 12 de diciembre, para exigir libertad para los presos y la presa que siguen encarcelados como resultado de la brutal represión del 1 de diciembre. Los familiares y amigos que han estado en plantón afuera del Reclusorio Norte  llevaron fotos de algunos de los presos. También exigieron la derogación del artículo penal 362 “Ataques a la Paz Pública” que es usado de manera perjudicial para criminalizar la protesta.

En la clásica maniobra de separar a los presos en buenos y malos, la justicia local dictó auto de libertad a 55 compañeros que fueron detenidos el 1ro de diciembre, bajo el argumento de que no se encontraron elementos para acreditarles el delito de ataque a la paz pública en pandilla. En cambio a otros 14 compañeros, incluyendo a una de las presas en Santa Martha, sí se les acreditó ese delito, equivalente a terrorismo y cuya pena máxima alcanza 30 años de cárcel.

En espera de confirmación, tenemos esta lista inicial de quienes quedan en prisión: Rita Emilia Nery, Eduardo Daniel Columna, Osvaldo Rigel Barrueta, Roberto Fabián Duarte, Carlos Miguel Ángel García Rojas, Obed Palagot Echavarría, Alejandro Lugo Moreno, Sandino Jaramillo Rojo, César Llaguno Romero, Daniel García Vázquez, Styliano García, Jorge Dionisio Barrera y Enrique Rosales.

Que no baje la solidaridad, hasta que todos salgan de las cárceles de Mancera.

¡Presos políticos libertad!
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