Sin justícia…, no hay paz

Por @ErmengolGassiot

Yo nací en 1972. Creo que eran años en que la palabra represión se escuchaba a menudo, al menos en determinados ambientes aunque, como es lógico, los niños/as como yo apenas lo percibiéramos y casi no lo recordemos. Después de los años de construcción de la falacia esta que ahora llamamos el Régimen del 78 la misma palabra «represión» casi desapareció de la escena pública. Como por arte de magia, aunque por aquí y por ahí siguiera habiendo presos y presas políticas. Y de personas represaliadas por su acción política, también. Eso sí, casi siempre del mismo bando. De tal manera que la palabra represión quedó circunscrita a círculos muy específicos, a aquella gente se la estigmatizaba como «no normal» por los grandes medios de comunicación: anarquistas, independentistas (de los de antes), okupas, insumisos, determinados sindicalistas, etc. Todo esto, hasta hace poco tiempo. Como bien sabemos, ahora la palabra «represión» y el calificativo «presos / as políticas» vuelve a estar de moda. Veremos hasta cuando ...

No quiero ponerme a repetir que ahora al menos en lugares como Catalunya está habiendo un claro despunte de una consciencia de la existencia de una represión del Estado. En todo caso, es innegable que esto sucede tras las sucesivas reformas legislativas que han ido encaminadas a fortalecer las medidas punitivas contra una serie de conductas colectivas vinculadas a la protesta y al activismo social. La última reforma del Código Penal y la aprobación de la Ley de seguridad ciudadana (o Ley Mordaza) son buenos ejemplos. Unos cambios que se han llevado a cabo en medio de otras iniciativas de las diferentes administraciones públicas en una línea similar de perseguir aquel activismo social y político que les es molesto: incremento de la agresividad y la frecuencia de las actuaciones policiales (estatales , autonómicas y municipales), acciones de criminalización y acoso público (recordemos la famosa web de delación de activistas de movimientos sociales organizada por Felip Puig), normativas del civismo, demonización mediática ... y un largo etcétera.

También hemos visto como durante los últimos años las actuaciones judiciales han endurecido también sus resoluciones, tanto cautelares como en sentencias condenatorias, contra cientos de miembros de movimientos sociales, sindicales o determinados colectivos políticos. Casos como los «27 i més» o, si se quiere, el mucho más mediático de los «Jordis» son un buen ejemplo de una nueva interpretación judicial de las conductas colectivas, que pasan a ser ilícitas si su finalidad no acata la ley. Y claro, toda política revolucionaria implica subvertir las leyes (eh, dejo claro que no creo que los Jordis sean, para nada, revolucionarios). O, aún más recientemente, durante las últimas semanas estamos asistiendo a un nuevo uso del delito «de incitación al odio», supuestamente pensado para perseguir la apología del fascismo. Ahora hemos visto desfilar maestros y profesores a juzgados y comisarías bajo esta acusación. O, más recientemente, hemos conocido que la acusación pide a las 6 jóvenes que en marzo de 2017 hicieron una "performance" defendiendo la autodeterminación en la calle, ante la sede del PP de Barcelona, ​​la nada frívola cantidad de ... 6 años de prisión a cada uno. Además cada vez se ha normalizado más el uso de la prisión preventiva contra músicos, titiriteros, sindicalistas, miembros de movimientos sociales, etc. ¡Qué voy a decir que no sepamos ya todas y todos!

En medio de este escenario, que cada vez tenemos más claro, también es muy ilustrativo el doble o triple rasero utilizado por el sistema judicial, las administraciones públicas e, incluso, los grandes medios de comunicación. No hay que ir muy lejos para ver ejemplos de eso, como por ejemplo la petición sólo de una multa de 90 € a tres fascistas que apalearon una persona en un homenaje a Franco en 2016. Y podríamos mencionar muchos más. O la casi nula presencia en la prensa de los casos de agresiones racistas, o ... (suma y sigue).

Todo esto lo podemos decir y lo podemos repetir. Es importante exponerlo aunque, progresivamente, es menos necesario explicar lo que cada vez es más obvio. Algunos tal vez piensan que es importante quejarnos. Personalmente, yo discrepo. La queja presupone asumir que esta represión que sufrimos responde a disfunciones del propio sistema. A cosas, piezas, personas que llevan a cabo una mala praxis. Francamente, a estas alturas defender esto es más bien pueril y miope. En todo caso, lo que nos corresponde a nosotros/as es pensar como articulamos una respuesta. Básicamente porque, si no lo hacemos, estamos vendidos: sólo nos corresponde seguir dulcemente el rebaño hacia el destino que el Poder ha decidido otorgarnos. En cambio, si pensamos que es necesario ser como somos, comprometidos con la vida en sí misma, es imperioso hacerlo para poder existir.

Creo que es evidente que la ofensiva represiva que se ha ido preparando en los últimos años no es casual y que responde a una situación planificada. Ahora mismo, aparte de un cierto margen de respuesta testimonial, el espacio que esta ofensiva nos permite de defensa es utilizar los mecanismos que la misma represión nos deja. Lo ilustro brevemente. La «Justicia» decide que por hacer una rueda de prensa, o un acto en la calle, o una obra de teatro, o una manifestación, o una barricada, o defender un centro social ... nos puede llevar a la cárcel durante años, y cada vez más. Y sólo nos permite comparecer ante la misma «Justicia» para intentar convencerla de que no nos envíe a prisión todo este tiempo, que lo haga menos años o que, simplemente, nos permita pagar una multa. Ante acusaciones que se construyen de forma cada vez más arbitraria (incluso en relación con la propia ley escrita), las opciones de salir de ellas pasan por la misma arbitrariedad que nos encausa. Lo hemos visto, por ejemplo, reproducido por los altavoces de la televisión en toda la escenificación de encarcelamientos de miembros del gobierno catalán y los Jordis, pero también lo estamos sufriendo en nuestro día a día. Y observamos como, en esta vía para minimizar la represión, quien la padece pierde toda iniciativa política. De hecho, pierde su condición política para acabar dependiendo únicamente de la discrecionalidad de fiscales, jueces o de quien les dicte las medidas a emprender.

Pienso que es urgente construir escenarios alternativos. Unos escenarios alternativos que seguramente pasen por salir de los estrechos caminos o espacios donde nos confina la política represiva. Posiblemente esto comporte adoptar de forma clara actitudes desobedientes y tratar de abrir escenarios de conflicto que nos permitan obligar a cambiar de idea a quien ejecuta esta represión. Si algo hemos aprendido es que este cambio en una hoja de ruta que hace tiempo que han planificado cuidadosamente sólo lo podremos conseguir mediante la presión. Si queremos que esta desobediencia no sea una opción suicida sino que tenga garantías, la hemos de construir colectivamente. Y esto significa implicar a nuestros espacios de militancia. Todos, no sólo los de tipo antirepresivo.

Por todo eso actualmente tenemos encima de la mesa un debate que no podemos retrasar y que habrá que emprender sino ahora, muy pronto. Obviamente desobedecer la represión colectivamente, como opción política más allá de acciones individuales, implica abrir un conflicto con el Estado. Pero es que la alternativa a eso es la paz de los cementerios.

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