Con este canon sobre las orejas los derechos de autor estarían completamente a salvo de piratería, copias privadas fraudulentas y negocios chanchulleros. Los de la SGAE no paran y son atacados por todos los sitios. Aparte de las tareas inherentes a una sociedad de gestión de derechos tienen que dedicarse a ir a juicios contra webs o revistas que les faltan el respeto, mandar inspectores a todos los bares y garitos de la geografía ibérica a hacer cumplir la ley y estudiar el cada día cambiante mercado audiovisual para adaptarse y sortear las sangrías que los nuevos piratas hacen en su obcecado objetivo de acabar con la industria musical y cinematográfica.. Están sofocadísimos y es injusto que todo el mundo este contra ellos. Está a punto de aprobarse por parte de los Ministerios de Industria y Cultura, si no se ha hecho ya esta semana, la lista definitiva de soportes que pagarán canon, entre los que llama la atención el teléfono móvil. Las asociaciones de derechos de autor, no consideran insuficiente lo recogido y han manifestado su descontento. Estoy con ellos y humildemente sugiero a la SGAE, y digo humildemente porque estoy seguro de que ya lo han pensado y probablemente lo estén preparando para llevar a la práctica, que cobre un canon a cada español por tener orejas. Si la idea encuentra entusiasmo en la sede de la SGAE bien pudiera elegirse un nombre digno y fino así como el C.A.P. (Canon Auditivo Personal) o el I.O.U. ( Impuesto Orejero Universal). Sería un tributo que se aplicaría a cada persona nada más nacer y hasta el mismo día de su muerte. Quedarían exentos de tal gravamen, obviamente los sordos o los que, debidamente documentado por un médico de la Seguridad Social y un perito de la SGAE, demostraran que su perdida de audición es del 95%. Este canon podría ser anual pudiéndose hacer rebajas si se pagan con antelación cinco o más periodos impositivos (pagas cinco de golpe y te cobran cuatro y medio, por ejemplo).

Con este canon sobre las orejas los derechos de autor estarían completamente a salvo de piratería, copias privadas fraudulentas y negocios chanchulleros.

Así, nuestros queridos protectores de los derechos podrían descansar un poquito en paz, que falta les hace.

Dijimos que no nos ibamos a quedar ahí. En presentar un recurso a la sentencia y esperar con los brazos cruzados una nueva resolución judicial.

Desde que comenzó todo esto llevamos repitiendo lo mismo, que la denuncia de Ramoncín tenía un solo objetivo: sentar un precedente judicial para que la SGAE sea la jueza de internet. Para ello fueron a por una web como Alasbarricadas.org, un sitio modesto, con pocos recursos, incluso marginal en lo que es el mundo de Internet. Un sitio indefenso pensarían. Pero vuestras aportaciones solidarias, que ya pasan de los 4000 euros, están demostrando que estaban muy equivocados. Y no es sólo el dinero ni mucho menos, son los mensajes de apoyo, son los artículos en los blogs, son las actividades solidarias que se van realizando un poco por todas partes, a veces en pueblos relativamente pequeños, es la gente que desde el otro lado del charco han puesto su grano de arena en esta batalla saltándose las fronteras para darnos ese abrazo necesario, lo que nos da fuerza y alegría. La fuerza y ánimo que nos estais dando para seguir en esta dura batalla contra los enemigos de la Cultura y la Libertad es más fuerte que todo el poder y el dinero que ellos puedan tener. A veces se nos quiebra la voz al hablar de toda esta gente.

Especial mención merecen los compañeros y compañeras de Nodo50 que durante todos estos años se han portado de manera ejemplar, y que siguen a nuestro lado demostrando que la solidaridad no es una palabra desgastada por el uso sino un arma cargada de nuevas esperanzas e ilusiones.

Vuestra solidaridad hará que no puedan callarnos.

Polémica sentencia para la libertad de expresión, según el Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid, los dueños de las páginas web deben identificarse y fiscalizar sus contenidos, pues responderán de lo que hagan sus usuarios, vulnerando la LSSI.

El caso Ramoncín Vs. Alasbarricadas.org ha reabierto el debate sobre la inseguridad jurídica que existe respecto de los contenidos en Internet. Cuando parecía claro que la normativa europea, y lógicamente también la española, reduce la responsabilidad de los prestadores de la sociedad de la información al supuesto de que ?tengan conocimiento efectivo de la ilicitud de la información?, es decir, ?cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos y ordenado su retirada?, nos llega desde el Juzgado de 1º Instancia nº 44 de Madrid una sentencia que dice todo lo contrario, la lesión del derecho al honor de Ramoncín es responsabilidad de Alasbarricadas.org, porque no pudo actuar diligentemente sobre los contenidos de su web, al no identificar al titular de la página.

La LSSI dice que el titular de una página web no será responsable de sus contenidos, si un juez le ordena retirarlos por ser ilícitos y lo hace con diligencia. Esto es así porque la Directiva Europea dice a los Estados miembros de la UE que ?no pueden imponer a los prestadores de servicios una obligación de supervisión exclusivamente con respecto a obligaciones de carácter general?, se refiere a la responsabilidad del prestador por los contenidos que sus usuarios manejan o insertan en una Web.
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