Orden público y seguridad: un debate para el movimiento social

Columna de opinión de Felipe Ramírez, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y militante del Frente de Estudiantes Libertarios (FEL).

Desde hace algunos meses hemos visto, quizás de manera más sistemática que en los últimos años, cómo las manifestaciones sociales son enfrentadas a través de la represión, y cómo todo ejercicio de libertad de expresión, organización y manifestación es supeditado por el gobierno a la mantención del “orden público”.

Las imágenes de Carabineros lanzando bombas lacrimógenas a casas y los duros enfrentamientos en las calles de Puerto Aysén, la batalla campal que se vivió en Dichato el año pasado, la represión a las movilizaciones estudiantiles, incluso la presencia de Carabineros golpeando trabajadores del comercio en huelga (tanto en el caso de Jumbo como en el de Tottus) muestran una política sistemática del garrote hacia las movilizaciones sociales.

Pero esta política no es nueva, sino que se puede trazar durante todos los gobiernos “democráticos”. Los estudiantes, trabajadores y pobladores lo han sufrido, y Daniel Menco y Rodrigo Cisternas son los casos más extremos de esto, mientras el pueblo mapuche puede dar cuenta de innumerables hechos de violencia represiva, militarización progresiva de la Araucanía, y el asesinato de varios jóvenes en circunstancias “extrañas” como Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío.

Estos hechos periódicos de violencia por parte del Estado, y una utilización clara de las fuerzas de seguridad para defender el status quo social, político y económico actual como si fuera una policía política, son justificados por las autoridades con un discurso ya repetido en su momento por Bachelet y otros personeros de la Concertación. La “libertad” de quienes no participan en las manifestaciones y la protección del orden público se transforman en la excusa perfecta para reprimir, mientras de paso se protege sus intereses y se evita dar una discusión política real en torno a las demandas levantadas, desviando el foco de atención y haciendo un guiño populista mientras buscan aumentar su apoyo en medio de su descalabro tras cada encuesta.

Para poder cumplir esta profundización de su política represiva, Piñera durante su campaña presidencial prometió aumentar la cantidad de carabineros en las calles, lo que se tradujo entre otras cosas en que uniformados con poca preparación han salido a patrullar y el entrenamiento ha bajado su calidad. Esto, sumado a un contexto en el que las continuas manifestaciones sociales que se realizan generan una tensión continua que provoca incidentes como la muerte de un policía en un tiroteo con la PDI, otro en su misma comisaría y un tercero en un confuso incidente en la Araucanía, en un operativo realizado en el marco de un conflicto que ningún gobierno ha querido enfrentar de manera real.

Es un hecho claro que las políticas de seguridad no han sido discutidas de manera política, existiendo un vacío en esos aspectos que permiten que durante varios gobiernos –de derecha y “centro izquierda”-, se pueda aplicar la Ley Antiterrorista en un conflicto como el que se vive en la Araucanía, así como se puede implementar una progresiva militarización de un territorio sin dar una discusión nacional sobre cómo enfrentar el tema, por citar sólo un caso ejemplar.

De la misma forma, es sintomático que las fuerzas de seguridad sean hoy un cuerpo ubicado por fuera de la sociedad, con su propia seguridad social, sistema de salud, barrios propios, etc… que los aíslan de la vida del resto de la población. Asimismo, la estructura interna de las mismas, la ausencia de una escuela única de formación, las altas diferencias de paga en su interior, su mismo carácter militarizado son elementos que se hace cada día más urgente revisar si no queremos seguir viendo imágenes como las actuales cada vez más repetidas.

Es un hecho que el país continúa teniendo una policía militarizada que empalma perfectamente con las políticas de seguridad implementadas por los distintos gobiernos. Los casos de abusos de autoridad, de abusos a los derechos humanos y de asesinatos desde 1990 en adelante no pueden clasificarse como hechos aislados sino como una política de Estado para enfrentarse a las movilizaciones sociales. El planteamiento de la misma “Ley Hinzpeter” es una muestra de los deseos del “bloque en el poder” de profundizar las herramientas legales a su disposición, y complementar de esta forma a la Ley de Seguridad Interior del Estado y la “Ley Antiterrorista” como instrumentos a los cuales recurrir frente a eventuales movilizaciones, que como lo demuestran los estudiantes, sindicatos de base y organizaciones sociales, parecieran ir en aumento.

Es urgente que las organizaciones sociales se hagan parte de este debate, revisando tanto el rol que las fuerzas de seguridad deben cumplir, como la generación de las actuales políticas de seguridad y la manera como los gobiernos –y los intereses que representan-, buscan periódicamente desestimar nuestras demandas y formas de movilización a través del sacrosanto orden público. De esta forma debemos apostar a lograr incidir de manera clara en la elaboración de estas pautas y políticas, en un momento en el que el movimiento popular avanza en su reconstrucción, y las organizaciones sociales cada día se empoderan más y levantan sus demandas con fuerza. No dar ese paso reflexivo y propositivo, y continuar pensando que estas políticas de seguridad y el cómo las fuerzas de seguridad se desenvuelven en la sociedad, son temas únicamente de los políticos y empresarios, es perder esa batalla de antemano.

Felipe Ramírez