GALLARDO ESCUDERO, José (1893-1941)

 

            Biografía

José Gallardo Escudero nació en  1893 en Alcalá del Río (Sevilla).

Novillero retirado tempranamente, que cojeaba a causa de una cornada. Contaba con un amplio historial penal por estafa, robo, atraco y amenazas, que se iniciaba en enero de 1922. Estuvo en la cárcel en numerosas ocasiones, pero nunca por motivos sociales o políticos. Fue liberado de la cárcel el día anterior al alzamiento militar.

 El 7 de agosto de 1936, Joaquín Olaso Piera, del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), alias Martin y Emmanuel, le hizo miembro agregado del Comité Central de las Patrullas de Control, dependientes del Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA).

Se convirtió en el representante del PSUC en el Tribunal de las Patrullas de Control del CCMA, sito en San Elías, a donde acudía dos veces por semana. Tenía tres patrulleros a su disposición para tareas de registro y detención. Las joyas y el dinero recaudado en sus funciones represivas se los entregaba personalmente a Miquel Serra Pámies, tesorero del PSUC, según confesó en el sumarísimo franquista que le condenó a muerte.

El 20 de septiembre de 1936 se incautó, para disfrute privado, del piso propiedad de José María Tallada, director de una agencia del Banco de Vizcaya. Cobraba sobornos de detenidos fascistas para evitar su procesamiento, liberarlos e incluso hacerles pasar la frontera.

Atribuyéndose la condición de Fiscal de los Tribunales Populares llevaba en el coche un letrero que se atribuía tal cargo, para el que había sido propuesto, pero que jamás llegó a ser efectivo. Ejerció sus funciones en el Tribunal de San Elías unos cincuenta y cinco días, desde primeros de septiembre hasta finales de octubre de 1936.

Ese tribunal estaba formado por Jaime Riera, por la CNT; José Gallardo Escudero, por el PSUC; Joan Coll Montserrat por ERC y Pau Barceló por el POUM. El funcionamiento de ese tribunal era absolutamente autónomo e independiente del CCMA y de la Generalidad. Intervenían además habitualmente los hermanos Arias Digón, Aubí y Bonet por la FAI, así como África de las Heras y Salvador González por el PSUC, y también Josep Solé Arumí por ERC. Los detenidos eran interrogados someramente, sin garantías judiciales de ningún tipo.

A primeros de octubre de 1936 se disolvió el CCMA. Con la formación de la Junta de Seguridad, dependiente de la Consejería de Gobernación de la Generalidad, y la nueva distribución de cargos y poderes, la figura de José Gallardo se hizo no sólo innecesaria, sino molesta y odiosa para sus camaradas de partido. A finales de octubre Gallardo fue destituido de su cargo, siendo sustituido por Emilio Chueca.

Ese tribunal, desde el 27 de noviembre de 1936, pasó a depender de la Junta de Seguridad de la Generalidad y estaba constituido por Juan Bonet Violán (CNT); Emilio Chueca Bergés (UGT), en sustitución de Gallardo; Joan Coll Montserrat (ERC) y Silvio Torrents (POUM), disminuyendo considerablemente el número de detenidos y ejecutados.

Sin recursos ni trabajo, Gallardo fue detenido el 17 de marzo de 1937 por hurto, siendo condenado y encarcelado por la justicia republicana. El PSUC lo expulsó del partido. Fue liberado a la entrada de los franquistas en Barcelona y vuelto a detener poco después.

En las declaraciones realizadas con ocasión del sumarísimo franquista, que se le había incoado bajo la habitual acusación de “adhesión a la rebelión militar”, se confesó culpable de la orden de fusilamiento de unos 250 derechistas y/o católicos, algunos fusilados en el convento de San Elías, pero la inmensa mayoría en Moncada.

José Gallardo también denunció las actividades policiacas de su compañera de partido y asidua colaboradora en las tareas represivas en San Elías, África de las Heras, dirigente de un rondín del PSUC que, en coincidencia con un segundo testimonio, el de Jaume Miravitlles, Comisario de Propaganda de la Generalidad, organizaba orgías de sexo y sangre, siendo años después condecorada con la orden de Lenin de la Unión Soviética, como premio a su larga labor de espionaje internacional a favor de “la patria del socialismo”.

Juzgado por un tribunal militar franquista, que inició el sumario en agosto de 1939, fue fusilado en el Campo de la Bota el 29 de julio de 1941. Fue enterrado en el Fossar de la Pedrera.

El eficiente y efectivo aparato de información, publicidad y propaganda estalinista consiguió el absoluto olvido de la persona y de las actividades de José Gallardo Escudero como representante del PSUC en el Tribunal de las Patrullas de Control del CCMA, en el convento de San Elías.

Inefables, ínclitos, ilustres, notorios e insignes historiadores neoestalinistas (ahora liberales, independentistas o socialdemócratas) han conseguido mantener INVISIBLE y en la ignorancia más absoluta a este militante del PSUC. Y sin embargo, de existir existió, y representaba a “El Partido” en un importante cargo del CCMA.

Reconoció haber dado órdenes de fusilamiento de 250 derechistas y católicos, en su mayoría fusilados en Moncada, que la historiografía estalinista y catalanista siempre ha colgado a la CNT. A otros, muy injustificadamente, se les adjudicó insultantes apodos; pero a Gallardo nadie le llamó “el cojo de Alcalá”, aunque era cojo y había nacido en Alcalá del Río.

También Josep Solé Arumí y Agustí Juandó Royo, organizadores por cuenta de ERC de la represión antifascista y antiburguesa del verano de 1936, transformada en represión antipoumista y anticenetista en el verano de 1937, han gozado de similar invisibilidad por parte de la sagrada historia académica y universitaria.

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Después de mayo de 1937: represión y difamación

El 10 de junio de 1937 en la Cerdaña, y el 16 de junio en Barcelona, se inició una brutal represión contra los sectores revolucionarios de la CNT y contra el POUM, que además injuriaba, criminalizaba y difamaba el carácter y naturaleza de los llamados incontrolados/revolucionarios. Era la primera vez en la historia en la que se planteaba una campaña de falacias, infamias y calumnias como sustitución de la realidad social e histórica. Represión y escarnio, sin límites, para los vencidos en mayo de 1937.

Los poumistas, en el verano de 1937, fueron acusados por estalinistas y justicia republicana de ser trotskistas/fascistas, los altos cargos cenetistas en Orden público, o en la antigua Oficina Jurídica, eran ultrajados, desprestigiados y deformados hasta el absurdo, convirtiéndolos en monstruosos asesinos y ávidos ladrones, aislándolos del contexto histórico, social y revolucionario en el que habían surgido en julio de 1936. Era una extravagante, grotesca y curiosa maniobra, pero muy efectiva, que ocultaba el papel de estalinistas[i] y republicanos[ii] en las mismas tareas represivas que los anarquistas. Absurda y arbitrariamente se concentraban y personalizaban todas las acciones populares de autodefensa frente al golpe fascista, acciones represivas y decisiones “de gobierno y orden público”, tomadas durante el período revolucionario en Barcelona (de julio de 1936 a mayo de 1937), en unos cuantos nombres estigmatizados y demonizados: Manuel Escorza, Dionisio Eroles, Aurelio Fernández, José  Asens, Eduardo Barriobero, Justo Bueno, Antonio Ordaz. Al mismo tiempo, en muchas localidades surgía el nombre del incontrolado/revolucionario de turno: Antonio Martín, “el Cojo de Málaga”, en Puigcerdá[iii], Lino y “sus muchachos” en Sabadell, Pedro Alcocer y “sus chiquillos” en Tarrasa, Aubí “el Gordo" en Badalona, Marín en Molins, Pascual Fresquet y su autobús de la muerte en Falset,  y un largo etcétera en toda Cataluña.

Mientras tanto, Eusebio Rodríguez Salas lideraba el rondín anticenetista del PSUC, que practicaba métodos chequistas de encarcelamiento y desaparición entre los jóvenes y militantes anarquistas de los barrios barceloneses[iv].

La operación de persecución, deshonra, eliminación física, distorsión y criminalización de algunos de los responsables cenetistas, completa y necesariamente degradante, vil, abstracta, ideológica e irracional, disfrazó la situación revolucionaria, comenzada en julio de 1936 por el triunfo sobre el golpe militar-fascista y el consiguiente vacío de poder, como una epidemia de monstruosos asesinos en serie, vampiros ávidos de sangre e impunes ladrones, todos “exclusivamente” anarquistas[v], provocada por un extraño virus: la legalidad republicana y la selectiva represión gubernamental y estalinista posterior a mayo de 1937. Lo curioso y grave es que esa campaña publicitaria y esa cadena de infamias caló tan hondo que llegó a sustituir la propia realidad, y aún hoy impregna las narraciones históricas académicas y universitarias como un dogma indiscutible. No en vano Orwell extrajo las características esenciales del Gran Hermano de sus vivencias barcelonesas

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Historia basura y leyenda negra

Así se ha escrito y así se escribe la historia sagrada de la burguesía y de sus seguros servidores y acólitos[vi].

En primer lugar se hace abstracción del golpe de estado militar y fascista contra el pueblo y su electo gobierno democrático. Ni se menciona el plan Mola del ejército sublevado: el sistemático exterminio físico de cualquier oposición como único medio de consolidar un levantamiento militar antipopular y minoritario. Los comités locales antifascistas y/o revolucionarios que se enfrentaron a los militares, los vencieron e impusieron un orden revolucionario, en una situación de vacío de poder, desaparecieron de la memoria histórica: jamás existieron. En resumen: la insurrección obrera y la victoria popular sobre los militares y fascistas de julio de 1936 nunca ha existido, o sencillamente se esconde bajo la alfombra. La historia sagrada de la burguesía niega que en julio del 36  se viviese una profunda revolución social en Cataluña.

En segundo lugar, la autoría de la represión antifascista y antiburguesa del verano de 1936 se atribuye EXCLUSIVAMENTE  a unos salvajes anarquistas. En julio de 1936 los anarquistas, “y sólo los anarquistas”, iniciaron una metódica e irracional represión de la burguesía, los curas y los derechistas, “sin participación alguna de estalinistas, catalanistas y republicanos”. La sagrada historia burguesa falsifica y defiende que la inevitable represión antiburguesa y anticlerical del verano de 1936 fue ejecutada SÓLO por anarquistas.

En tercer lugar, se oculta que después de mayo de 1937 se inició una represión física de los anarquistas y del POUM, cuyos militantes fueron asesinados, encarcelados o sometidos al destierro y la clandestinidad, a no ser que renunciasen a sus principios ideológicos y se sometieran a la ideología de unidad antifascista. Esta represión se ensañó especialmente contra quienes habían detentado cargos de responsabilidad en Orden Público o en la Oficina Jurídica, contra los sectores revolucionarios (calificados de incontrolados/revolucionarios) y contra los militantes internacionalistas extranjeros. Represión física complementada por una campaña de propaganda e infamia que convirtió a esas víctimas anarquistas de la represión burguesa del verano de 1937 en monstruos y asesinos, “merecidamente” castigados por sus acciones revolucionarias del verano de 1936, según la historia sagrada.

El combate por la historia es una batalla más de la guerra de clases en curso.

La criminalización histórica del anarcosindicalismo justifica, prepara y anuncia operaciones represivas como Pandora y otras. Hoy, como ayer, la acción policial se acompaña de una metódica campaña de infamias y difamaciones que remata las tareas judiciales. Jueces e historiadores burgueses se complementan y sustituyen unos a otros, cuando no ejercen ambas profesiones indistintamente.

 

Agustín Guillamón

Barcelona, febrero 2016