Hacia una democracia libertaria

De Ateneo Virtual
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Juan Manuel Vera

Este texto es un amplio extracto de un capítulo del libro colectivo "Imaginación democrática y globalización"


I

"No se trata de saber si persiguiendo la justicia lograremos preservar la libertad. Se trata de saber que, sin la libertad, no realizaremos nada y perderemos a la vez la justicia futura y la belleza antigua" (Albert Camus, Discurso de Suecia)


II

Hay que valorar las posibilidades de una extensión, profundización y radicalización de la democracia. La cuestión no consiste en una reflexión sobre sus "promesas incumplidas" en el pasado, sino intentar abordar las posibles propuestas políticas para una radicalización democrática en un sentido liberal y libertario.

La sociedad occidental se asienta en un conjunto de valores tales como igualdad, libertad y justicia. Esos valores, como señalaba Castoriadis, son significaciones imaginarias sociales que abren una interrogación permanente sobre la mejor forma de organizar la sociedad y que se articulan en una significación central: el proyecto de la democracia. La igualdad, la libertad y la justicia son valores abiertos, siempre sometidos a nuevos intentos de expresar su sentido.

Además, los valores de igualdad y libertad no son antinómicos. "La autonomía de los individuos, su libertad (que implica, claro está, la capacidad de cuestionarse ellos mismos) tiene también sobre todo como contenido la participación igual de todos en el poder, sin la cual no hay ciertamente libertad, así como no hay libertad sin igualdad. ¿Cómo podría yo ser libre si otros deciden sobre lo que me incumbe y yo no puedo tomar parte en esa decisión? Hay que afirmar vehementemente, contra los lugares comunes de cierta tradición liberal, que no hay antinomias, sino que hay implicación recíproca entre las exigencias de la libertad y de la igualdad. Esos lugares comunes, que continúan siendo corrientes, sólo adquieren cierta apariencia de sustancia partiendo de una concepción degradada de la libertad, como libertad restringida, defensiva, pasiva. Según esta concepción, se trata simplemente de "defender" al individuo contra el poder, lo cual presupone que se haya aceptado ya la alienación o la heteronomía política, que uno se haya resignado a la existencia de una esfera estatal separada de la colectividad y, en definitiva, que uno acepte una concepción del poder (y hasta de la sociedad) entendido como un mal necesario. Este punto de vista no es solamente falso sino que representa una degradación ética afligente"(1).

La democracia es el proyecto político que intenta hacer efectivas la igualdad y la libertad. El origen etimológico de la palabra democracia (demos: pueblo, kratos: poder) expresa completamente su significado. La democracia es el poder del pueblo, es decir, aquella forma de gobernar en la cual es el pueblo quien gobierna. Pero, desde la antigüedad, también significa algo más, la democracia es el régimen de la libertad y de la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Es decir, un régimen político donde gobierna el pueblo pero no identificable con la dictadura de la mayoría, porque es el gobierno de la autolimitación, en el cual el ejercicio del poder debe respetar las libertades de todos, en el cual se contemplan tanto los derechos de las mayorías como los de las minorías.

La democracia es un régimen, pero también un conjunto de procedimientos de decisión. No podemos reducir la democracia a los procedimientos, pero tampoco olvidar que necesita y exige de técnicas de decisión, de procedimientos y de instituciones concretas.

Históricamente no hay un régimen democrático, sino una historia de las experiencias de democratización. Una historia política que es el producto de esas experiencias y de las luchas revolucionarias que las hicieron posibles. Por tanto, para cada etapa histórica vivir en una democracia ha significado fundamentalmente lo mismo, haber roto el cerco de la heteronomía. Es decir, tener libertad frente a lo que en cada época representa la negación de la libertad y de la igualdad.

De acuerdo con el sentido usual de las palabras, vivir en regímenes democráticos quiere decir, fundamentalmente, que los regímenes occidentales no son totalitarios, que vivir en la Europa del año 2001 es esencialmente distinto a haber vivido en la Alemania de Hitler, la China de Mao, la España de Franco, la Camboya de Pol Pot o la Cuba de Castro.

Por otra parte, esa construcción pragmática del sentido de la democracia no es algo privativo del siglo veinte. En la antigüedad, los griegos definían su democracia en sí misma, pero sobre todo por lo que era frente a los sistemas despóticos y bárbaros que les rodeaban. Las ciudades renacentistas concebían sus libertades frente al orden feudal estamental. El nacimiento de los regímenes representativos europeos era un desafío a los estados absolutistas y se definía como lo contrario de éstos. Tenemos pues, un primer punto de llegada. La concepción de la democracia existente siempre se construye más como un concepto de oposición a algo, que como adecuación entre una realidad y un ideal. Entendemos por democracia existente el producto de las experiencias históricas concretas de lucha por la libertad y la igualdad y de oposición al dominio y a la heteronomía.

Las afirmaciones anteriores ponen de manifiesto el hecho esencial de que los distintos regímenes democráticos han sido radicalmente diferentes entre sí, tuvieron instituciones diferentes y conceptos distintos de la ciudadanía. Quizás sea útil efectuar un recorrido por ellos, preguntándonos por lo que cada uno de ellos aporta para una agenda de la democracia del siglo XXI.


III

En la democracia de los antiguos griegos, de la cual conocemos especialmente la experiencia de Atenas, la democracia se ejercía en la polis por los ciudadanos reunidos en asamblea, se designaban por sorteo los cargos públicos más importantes y se desconocía y rechazaba casi completamente la representación.

La democracia antigua era una democracia directa definida sobre un ámbito restrictivo de ciudadanía. Su rasgo esencial era el ejercicio directo y efectivo del poder por los ciudadanos, una democracia no representativa. Se ejercía en marcos humanos pequeños desde la perspectiva contemporánea: polis que no superaban los 50.000 ciudadanos. La limitación fundamental de la democracia antigua era su concepción reducida del ámbito de la ciudadanía, que era negada a los esclavos, a las mujeres y a los extranjeros.

Para un examen detallado del significado de la democracia antigua y de su relación con la democracia moderna nos hemos de remitir a la obra de Castoriadis que subraya cómo Grecia fue el lugar donde surgió la democracia y lo hizo prescindiendo de la idea de representación y del predominio de los expertos en la toma de decisiones políticas(2).

La diferencia esencial entre la base social que hizo posible la democracia griega y el mundo contemporáneo hace imposible un modelo imitativo, pero nos sitúa ante lo esencial para hacer posible una sociedad democrática: la necesidad del ciudadano, del protagonista de la autonomía y de la democracia. Si el sujeto que hace posible Occidente cediera definitivamente su puesto a los representantes y a los técnicos, la democracia se convertiría en inviable.


IV

La mayoría de los filósofos políticos siempre han considerado la democracia directa como la forma auténtica, el ideal de democracia ya que ésta es el gobierno de los ciudadanos, no el de los representantes y los técnicos.

Sin embargo, la construcción del estado liberal se fundamentó sobre unos parámetros muy diferentes. El tamaño de las poblaciones, estados o confederaciones sobre los que se estableció llevó a considerar que resultaba preciso establecer fórmulas representativas. Para hacer viable la libertad política era preciso renunciar a sus mejores expresiones. Eso explica que las luchas contra el estado absolutista se hicieran en nombre de un principio representativo y no del ejercicio directo del poder por los ciudadanos. Así, con notoria diferencias entre ellos, los regímenes políticos establecidos a lo largo de los tres últimos siglos reconocieron un amplio marco de derechos y libertades individuales (la libertad negativa) y pretendieron establecer un modelo de estricta separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como garantía de que el ejercicio del poder político sería limitado. En el estado liberal el derecho político fundamental de los ciudadanos es un voto electoral representativo.

Los regímenes liberales de los países occidentales en los siglos XVIII y XIX (Francia, Inglaterra, Estados Unidos) han sido, fundamentalmente, estados de carácter representativo, asentadas en un concepto de ciudadanía política fuertemente restrictiva del derecho de sufragio, que se vinculó a la capacidad económica de pagar impuestos y, por tanto, a la posición social medida por la propiedad y la renta, aunque también a otros criterios de clase, como las pruebas de alfabetismo. Solo el conjunto de las luchas de los trabajadores, de las mujeres y de las minorías oprimidas hizo posible ampliar el ámbito de la ciudadanía política.

Aún en el siglo XIX dominaban completamente formas censitarias de sufragio que hacían que fuera habitual que el derecho a voto estuviera reducido a menos de 10% de la población adulta, excluyendo además completamente a las mujeres. En Gran Bretaña, en 1831, solo el 4,4% de la población mayor de 20 años tenía derecho a voto, porcentaje que ascendió al 9% en 1864 y llegó en 1914 al 30% (3).

Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se estableció el derecho femenino al voto en Australia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y en algún estado americano. Sólo después de la primera guerra mundial comenzó a generalizarse el acceso de la mujer al derecho de sufragio, al aceptarse en Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, etc. aunque en países como Bélgica, Japón, Italia, Francia y Suiza sólo se consiguió después de la segunda guerra mundial.

En los estados del sur de EEUU hasta finales de los años sesenta del siglo veinte no lo adquieren los ciudadanos afroamericanos, al aplicarse la decimoquinta enmienda que estaba vigente en los estados del norte desde mediados del siglo anterior.

Podemos establecer varias conclusiones. En primer lugar, que la época dorada de estado liberal representativo coincidió con una ciudadanía extremadamente restringida, era realmente la democracia posesiva de los burgueses y de las limitadas clases medias del momento. Fue la época en que se consolidó la separación de los poderes del estado y se reconocieron progresivamente muchos derechos individuales. A medida que se amplió el derecho de ciudadanía el régimen político fue evolucionando desde una auténtica democracia representativa hacia una mera democracia electoral.

En segundo lugar, debe señalarse que el estado liberal se constituyó bajo la forma de democracias representativas en las cuales el representante decide en nombre de sus electores. El poder soberano consiste esencialmente en poder delegar ese poder.


V

La evolución de los regímenes políticos a lo largo del siglo veinte condujo al modelo actualmente prototípico tanto de los países europeos como de Estados Unidos, a pesar de las diferencias entre ellos según el menor o mayor grado de presidencialismo. Las democracias representativas se han ido transformando en democracias electorales a lo largo del siglo veinte. Los regímenes democrático-electorales han establecido un concepto amplio de ciudadanía asentado en un derecho de sufragio prácticamente universalizado (excepto para los inmigrantes) y han desarrollado su naturaleza liberal (con amplias libertades individuales). Si su principal virtud es abarcar muchas más personas que cualquier forma anterior de democracia, su principal limitación es la restringida función que corresponde a los ciudadanos.

En las democracias electorales el poder del pueblo significa esencialmente la posibilidad periódica de cambiar el gobierno. La delegación efectiva no se hace a representantes concretos sino a un partido político, ya que aunque formalmente se eligen representantes, éstos son un mero medio para elegir a quienes gobiernan. Más que un régimen parlamentario, lo que existe es un régimen electoral de selección del ejecutivo, con un papel fundamental de los aparatos de los partidos.

El fortalecimiento del ejecutivo, propio de toda democracia electoral, hace que la separación de poderes se diluya, pues el legislativo, una vez efectuada la elección del jefe del gobierno se convierte, en la práctica, en un órgano técnico de las decisiones que se adoptan fuera de las cámaras (por el gobierno y por las direcciones de los partidos políticos gobernantes). Por todo ello el grado de control externo del gobierno es mucho menor que en una democracia representativa tradicional.

En resumen, los rasgos menos simpáticos de las democracias electorales son la hegemonía de las élites políticas y económicas, la esclerotización burocrática de los partidos y sus efectos perniciosos sobre el control y la determinación de las agendas políticas. En esas condiciones la participación ciudadana se limita al mero ejercicio periódico de un voto electoral. Para los más pesimistas, la poliarquía de las democracias electorales tiene tendencia a convertirse en el dominio de una oligarquía liberal.


VI

El debate entre democracia directa, democracia representativa y democracia electoral debe abordarse desde una perspectiva básica: cómo pensar la democracia del nuevo siglo.

Comencemos por descartar dos opciones. La primera es el mantenimiento sin reformas sustanciales de los actuales modelos. Eso probablemente equivale a aceptar su conversión en regímenes cada vez más oligárquicos, menos controlados, con tendencias cada vez más procedimentalistas y con el coste añadido de una disolución creciente de la ciudadanía social democrática. Es decir, la consolidación del dominio de una oligarquía liberal y la desaparición del ciudadano democrático. Probablemente, un régimen sometido intensamente a los grandes poderes económicos y, al mismo tiempo, impotente ante los proyectos populistas antiliberales que pueden seguir desarrollándose en el próximo futuro.

La segunda opción descartada es cualquier alternativa fundamentalista. Las propuestas del establecimiento de una democracia directa completa o el regreso a un régimen completamente representativo me parecen fórmulas incapaces de afrontar las condiciones en que ha de desenvolverse la nueva democracia.

Frente a esas alternativas desechadas, la defensa de una radicalización de la democracia significa una propuesta de reforma política. Como tal propuesta debe someterse a determinadas condiciones. En primer lugar, debe adoptar un punto de partida pragmático y una finalidad radical. Es decir, una reforma que parte de la situación actual pero capaz de proponer y defender con alternativas sustantivas que combinen diferentes soluciones factibles, al menos a medio plazo, deseables y compatibles. Por otra parte, la condición básica de cualquier reforma política es que garantice igual o mejor las libertades y los derechos individuales que la situación anterior a la reforma propuesta.

El debate actual sobre la reforma política se encierra excesivamente en la discusión meramente electoral sobre las ventajas e inconvenientes del sistema proporcional o mayoritario, o las virtudes y vicios del presidencialismo versus parlamentarismo. En cambio, se acalla la necesidad de una nueva relación entre los ciudadanos y las instituciones o de evitar que los poderes económicos contaminen y lleguen a dominar las decisiones políticas.

Posiblemente muchas personas preocupadas por estos temas propondrían una democracia electoral reformada. Aunque mi propuesta sería diferente, posiblemente encontremos puntos comunes siempre que estemos de acuerdo en que dos de los objetivos a conseguir son un mayor control del gobierno, así como de las grandes empresas, y una mayor participación de los ciudadanos. Mi reflexión es más radical y perseguiría avanzar hacia una democracia libertaria que, tal y como la entiendo, es un régimen que combina aspectos de la actual democracia electoral, reintroduce contrapesos propios de la democracia representativa y asigna creciente protagonismo a nuevas formas de democracia directa.

Una propuesta de reforma de esa naturaleza debería cumplir tres requisitos: ser pragmática (partir de la realidad, estar abierta, estar dispuesta a aprender de la experiencia real), ser reformista (partir de cambios graduales en las instituciones existentes) y ser radical (pretender un cambio muy significativo del orden político existente).


VII

La democracia puede y debe ser algo más que una mera elección cada cuatro años. Aunque en el horizonte político que podemos tener hoy en mente ese voto seguirá siendo fundamental, la intervención de los ciudadanos puede ser mayor y debe ir más allá. Una democracia de ciudadanos libres y responsables necesita una participación en las tareas colectivas más completa y diversa. Del mismo modo, una democracia de ciudadanos libres y responsables tiene la finalidad de conseguir una sociedad capaz de garantizar a todos sus ciudadanos unos mínimos vitales que aseguren las condiciones para su libre desarrollo personal.

La sociedad instituyente concibe el mundo social como algo causado y determinado que sólo puede moverse por los caminos ya establecidos. La imaginación democrática tiene la posibilidad de dotar de nuevos sentidos al mundo en base a los deseos, creencias y expectativas de una mayor autonomía. La interacción humana entre los valores de la sociedad instituyente y la imaginación democrática puede expresarse mediante retroalimentaciones progresivas, generando un nuevo proyecto de reforma radical. Existe la posibilidad de un poderoso movimiento social hacia la democratización y la solidaridad, capaz de fomentar una acción instituyente mediante vectores creativos alimentados tanto de las fuerzas de la cooperación como de los conflictos permanentes en los de abajo y los de arriba (4). Un movimiento consciente de que sus defectos y virtudes dependen de las fuerzas sociales en juego.

Una propuesta completa de radicalización democrática solo puede ser producto de un movimiento social. Cualquier exposición rigurosa sobre sus posibilidades y su consistencia sería necesariamente muy compleja. En este texto no se pretende nada parecido, sino meramente describir las coordenadas posibles, los protocolos mínimos, los ejes esenciales que hoy parecen poder articular ese tipo de propuesta. Todos los aspectos que se expondrán a continuación son ya promovidos separadamente por movimientos, asociaciones o intelectuales, aunque aún estamos muy lejos de la perspectiva de una gran alianza para la reforma democrática, que está asociada posiblemente a la emergencia de una tercera izquierda (5), en un sentido ideológico y no necesariamente orgánico.

Los siguientes protocolos pretenden ser íntimamente congruentes y, asumidos conjuntamente, representan un intento con pretensión de coherencia de ubicar al ciudadano contemporáneo en un mundo que pueda controlar más de lo que hoy se le permite. En concreto, se propone la reflexión sobre la base de los siguiente ocho protocolos de una radicalización de la democracia.


1. El ejercicio directo creciente de los derechos de ciudadanía

Las tecnologías de la información y de la comunicación actualmente existentes permiten establecer un ágora y una ecclesia virtuales en los cuales todos los ciudadanos puedan obtener información, transmitir opiniones y expresar directamente votos (6). En un horizonte próximo, la próxima década, se pueden crear las condiciones para que todos los ciudadanos europeos puedan tener acceso a los instrumentos de una red democrática que permita un ejercicio directo creciente de los derechos de ciudadanía, integrando mecanismos propios de la democracia directa en los actuales modelos políticos

Mediante un sistema desterritorial, coordinado y computerizado puede crearse la red democrática virtual que permita disponer de toda la información, opinar y, finalmente, decidir mediante un voto ejercido electrónicamente. Mientras se crea esa nueva red, podrían combinarse métodos tradicionales de voto y las redes existentes para avanzar en el mismo sentido de ejercicio directo de derechos democráticos.

En concreto, este protocolo sugiere:

  • Un voto directo ciudadano respecto a las leyes más importantes que se pretenda aprobar por los órganos legislativos.
  • Posibilidad de censura popular de cargos políticos mediante un voto directo.
  • Posibilidad de una iniciativa popular legislativa.
  • Posibilidad de votar no sólo por sistema de referéndum (que es de suma-cero al permitir únicamente el si o el no) sino por ordenación de las preferencias.

Las críticas básicas al ejercicio directo de los derechos de ciudadanía fueron en el pasado básicamente los problemas de practicabilidad, es decir que el tamaño de las sociedad modernas no lo permitía. Actualmente eso es completamente falso. Existe la tecnología que permite, si se quiere desarrollar en ese sentido, la participación directa: ¿qué justifica entonces negar a los ciudadanos la posibilidad de votar las leyes, proponerlas o poder censurar a cargos políticos?

La introducción de mecanismos de una democracia directa virtual significaría una transformación política sustantiva de los actuales sistemas pues limitaría el poder y la endogamia de las élites burocráticas que no podrían adoptar decisiones de gran importancia sin apelar a la ciudadanía. El papel de los representantes políticos sería la preparación de las normas en condiciones que permitan la libre decisión popular, así como el control del gobierno y la aprobación de todas las leyes de segundo nivel.

Los motivos de oposición básica a este protocolo de ejercicio directo de los derechos de ciudadanía son de orden elitista. Se argumentará en contra del ejercicio directo el carácter técnico de las normas y que la mayoría de las ciudadanos no tienen la información, los conocimientos o la preparación para decidir. Precisamente para evitar el dominio de una tecnocracia se hace necesario que el contenido fundamental de las normas sea aquello sobre lo que se opine. Elaborar leyes es una labor técnica, aprobarlas no. Además, queremos una ciudadanía activa, capaz de informarse y de opinar y el mecanismo para ello es tener el derecho de hacerlo. Una segunda crítica situará el énfasis en la apatía y desinterés de la gente. Eso es una mera extrapolación de la situación actual. Una ciudadanía responsable posiblemente consideraría parte de su responsabilidad decidir las leyes.

Realmente la oposición elitista a la introducción de fórmulas de democracia directa expresan el miedo a la libertad de quienes piensan que los ciudadanos votarían mal. Es inevitable que el voto directo produzca leyes que no nos gusten, pero eso también ocurre a través de los mecanismos partitocráticos y seudoparlamentarios. Lo que no tiene ninguna base racional es pensar que necesariamente serán leyes peores.

Indudablemente, un régimen democrático con mecanismos de democracia directa virtual sería más complejo que el actual, es decir, más adaptado a la propia complejidad de la sociedad contemporánea. Permitiría un control muy superior de los gobiernos y de los representantes políticos. Sobre todo, podría ser un modelo útil para la recuperación de la ciudadanía responsable, informada y activa.


2. Una reforma del modelo electoral y representativo

Muchas de las ideas de quienes desean reformar las instituciones políticas giran en torno a dos ejes: garantizar la separación de poderes y evitar la concentración de la capacidad de decisión en los aparatos de los partidos políticos.

En el marco que estamos planteando, donde las decisiones más trascendentales se someten a la opinión popular directa, se dan las condiciones para una rehabilitación del papel de los representantes políticos y una mayor autonomía del legislativo respecto al gobierno, garantizando, por tanto una mayor separación de poderes. La voz de los electos no puede ser simplemente el eco de las decisiones de los dirigentes del aparato burocrático partidista que les incluyó en las listas, de los que se sienten representantes en mayor medida que del pueblo votante. Por otra parte, los representantes deberían ser cada vez más ciudadanos que no son profesionales de la política, lo que exige estrictas limitaciones a la permanencia en cargos públicos.

En un modelo de radicalización democrática los mecanismos de la democracia directa pueden coexistir con el reforzamiento de la representación. Conjuntamente ello permitiría socializar parte del poder que ahora reside en el gobierno y en las cúpulas de los aparatos de los partidos. Un gobierno menos poderoso es necesario para que la sociedad pueda ser más libre.

Se trata de pensar una reforma del modelo político institucional tendente a disminuir el profesionalismo político, mejorar las leyes electorales y reformular el papel de los representantes políticos. Para avanzar en esa dirección de reforma del modelo electoral y representativo parecen medidas a debatir las siguientes:

  • Elección de representantes mediante listas completamente abiertas.
  • Limitación temporal estricta del derecho de representación a una o dos legislaturas.
  • Reforzamientos de los derechos de las minorías políticas en el Parlamento.
  • Paridad efectiva entre hombres y mujeres en todas las instituciones políticas.
  • Reforma electoral que permita la combinación de los instrumentos de representación estrictamente proporcional en el ámbito nacional, evitando la sobrerrepresentación de territorios, con la introducción en las elecciones para ámbitos territoriales inferiores (especialmente corporaciones locales) de la representación uninominal o binominal de determinadas circunscripciones.


3. La democratización de los partidos políticos (y las asociaciones cívicas)

Los partidos políticos deben transformarse progresivamente en redes democráticas, en meras asociaciones de ciudadanos que comparten ideas, proyectos y elaboran conjuntamente programas políticos, manteniendo una burocracia mínima. Actualmente, los aparatos de los partidos son cada vez en mayor medida meros instrumentos para asegurar el control y el poder de una oligarquía. Pero, al mismo tiempo, son cada vez menos funcionales, han perdido progresivamente las funciones que en su momento pudieron justificarlos y se han convertido en una de las más poderosas rémoras para el saneamiento ético y la democratización de la sociedad. Unos partidos jerárquicos y poco democráticos cooperan en la instauración de un modelo político menos democrático de lo posible y más burocrático de lo deseable.

La democratización de los partidos requiere el desarrollo de corrientes democratizadoras que luchen contra el sistemático control burocrático sobre los afiliados que ejercen prácticamente todos sus aparatos. Ese mismo objetivo puede perseguirse desde nuevos partidos virtuales organizados desde su inicio como redes democráticas.

Hablar de la democratización de los partidos políticos implica una reflexión sobre las siguientes cuestiones:

  • Conversión de los partidos en redes ciudadanas virtuales y disolución progresiva de gran parte de sus actuales aparatos burocráticos.
  • Libre acceso a toda la información de las organizaciones políticas para sus miembros.
  • Garantía de los derechos de los miembros ejercida mediante el voto preferencial y cada vez en mayor medida por instrumentos virtuales.
  • Elecciones primarias abiertas.
  • Estricta limitación temporal del ejercicio de los cargos directivos.


4. La democratización de las organizaciones económicas y sociales

La extensión de los valores de libertad e igualdad al seno de las organizaciones económicas y sociales es una tarea pendiente del proceso de democratización de los últimos siglos. La vieja cuestión de la democracia industrial y de la autogestión resucita bajo nuevas formas. Ahora que muchas organizaciones pueden ser redes y entenderse como redes, el problema de la distribución del poder en su seno resurge con fuerza (7).

Nuestra sociedad es un magma de organizaciones (empresas, asociaciones, estructuras conectadas, etc.) y en cada una de ellas siempre existe el problema del poder. Reducir la democratización a las macroinstituciones es renunciar a la humanización y mejora de las microinstituciones donde vivimos, trabajamos y actuamos. Frente a la opacidad, la alternativa de los ciudadanos es más transparencia y más democracia.

Cuando se habla de extensión de la democracia siempre aparece el fantasma de la oligarquía. La supuesta ley de hierro de Robert Michels puede y debe ser combatida. Organizaciones donde el poder sea más explícito, más transparente y más controladas siempre serán menos oligárquicas que las actuales, caracterizadas en gran medida por la más completa opacidad, la ausencia de control y de mecanismos democráticos. Incluso allí donde no se pueda ir más lejos, preferimos una oligarquía sometida a controles electorales a la oligarquía que domina desde la sombra. Todas las organizaciones deben respetar el principio democrático y el principio de los intereses afectados.

¿Qué debemos entender por democratización de las organizaciones? Yo lo resumiría en cuatro reglas:

  • Democratización significa voto allí donde es posible y consistente ejercerlo.
  • Democratización significa formas de control de los dirigentes de las organizaciones realizada por instrumentos independientes de ellos.
  • Democratización significa reconocimiento pleno de los derechos de los ciudadanos en el seno de las organizaciones.
  • Democratización significa reconocimiento de los derechos de los afectados a influir sobre las decisiones que les alcanzan mediante mecanismos regulados y transparentes.


5. Defensa del pluralismo y control democrático de las redes de información y comunicación

Una ciudadanía democrática sólo es posible en el marco del acceso a una comunicación e información libre y plural que permita un debate público abierto e informado. Junto a la educación, los medios de comunicación son el factor esencial para hacer posible una ciudadanía responsable.

En lugar de considerar a los seres humanos del nuevo milenio como los prisioneros de una mercantilización impetuosa y como piezas modeladas por los nuevos instrumentos comunicativos y tecno-informativos debemos vernos a nosotros y a los demás como los portadores de las potencialidades creativas de lo emergente. La misma tecnología que hace posible una manipulación superior a cualquiera del pasado es la que tiene las máximas potencialidades liberadoras.

La democracia occidental nunca ha conseguido asimilar adecuadamente la influencia del medio televisivo, que se ha convertido en el elemento favorito de las élites políticas para controlar la opinión pública, empobreciendo los debates colectivos. Entender las estructuras de comunicación e información como una propiedad más, sometida al libre arbitrio de su propietario es una perversión pura. En una democracia es inaceptable que esos medios estén sometidos a usos patrimonialistas que desprecian sistemáticamente a la ciudadanía receptora. Ello se convierte en trascendental en el marco de la actual revolución de la información.

Una sociedad democrática tiene que asegurar la libertad por medio de controles democráticos:

  • Limitación legal efectiva de la concentración de los medios de comunicación.
  • Las televisiones y las redes deben estar al servicio del pluralismo y el debate público.
  • Garantía pública de unos protocolos de comunicación libres en las nuevas redes.
  • Fomento de nuevas publicaciones, emisoras, canales y formas de expresión.


6. La propuesta de una renta de ciudadanía

El establecimiento de un nuevo tipo de ciudadanía social a través de una renta de ciudadanía o salario universal incondicional es una de las propuestas más importantes de las últimas décadas (8).

La democracia política sólo puede ser ejercitada adecuadamente por personas que se encuentran en un estado de ciudadanía. Por eso el ciudadano político debe ser primero un ciudadano social.

El establecimiento de una renta de ciudadanía universal, que afectaría a todos los ciudadanos cualquiera que fuera su situación social o económica puede establecerse a través de diferentes formulas, entre ellas la de un impuesto negativo que asegure a todos como mínimo la renta de ciudadanía preestablecida. Para quienes tienen rentas superiores, la renta de ciudadanía podría ser renta no sometida a tributación.

La consistencia de la propuesta de una renta de ciudadanía deriva, entre otros factores, de su viabilidad presupuestaria, pues su coste sería perfectamente integrable en un escenario macroeconómico sin una mutación radical, sobre todo si se tiene en cuenta que permitiría suprimir numerosos controles de la burocracia tradicional y absorber numerosos fondos públicos ya existentes. La diferencia fundamental respecto a los actuales subsidios, pensiones, ayudas asistenciales, etc. es el carácter incondicional que le configura como un instrumento mucho más adecuado a asegurar la dignidad humana y la libertad individual.

Esta propuesta tiende a crear un tipo de ciudadano más libre y más seguro, que tiene asegurado por la sociedad no sólo el derecho a la educación y a la sanidad, sino también una renta básica de subsistencia vital y cultural. Es decir, el tipo de ciudadano capaz de actuar políticamente como un ser responsable.

La trascendencia política de esta propuesta no ha pasado inadvertida a sus enemigos capitalistas y elitistas, que la vinculan casi siempre a la ingobernabilidad y pérdida de incentivos al trabajo. El capitalismo desrregulado necesita individuos fragmentados, atemorizados frente al mañana, pauperizados. En cambio, el modelo social de la democracia, basado en el derecho igual al ejercicio del poder requiere instrumentos que aseguren una ciudadanía efectiva.


7. Un horizonte posburocrático para las organización del estado

El estado contemporáneo administra aproximadamente entre el 35% y el 60% del Producto Interior Bruto, según los países. A pesar de sucesivas reformas administrativas y del crecimiento enorme de su estructura, ha conservado muchos de los rasgos del estado gendarme. La organización del estado mantiene unas estructuras burocráticas, jerarquizadas y poco eficientes en muchos de sus estratos. Los procedimientos de la burocracia son, en demasiadas ocasiones, rígidos y dilapidadores de tiempo y de dinero. Esas estructuras burocráticas suponen una pesada carga para el desarrollo de nuestras sociedades.

El Estado como administrador de servicios debe configurarse con estructuras de red, más flexibles, desjerarquizadas y orientadas en línea al servicio al ciudadano. El objeto de unas organizaciones posburocráticas abarca no sólo diseño de nuevas estructuras más permeables a las necesidades de los ciudadanos sino la utilización de nuevas técnicas presupuestarias anti-incrementalistas orientadas a la evaluación democrática de las políticas públicas.


8. Ampliación de los derechos y libertades individuales

La democracia es el régimen de la autonomía colectiva e individual. Una sociedad libre debe eliminar las cortapisas al desarrollo del individuo. Como afirmaba John Stuart Mill, "La única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien, por nuestro camino propio, en tanto no privemos a los demás del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo. Cada uno es el guardián de su propia salud, sea física, mental o espiritual" (9).

La libertad implica necesariamente conceder siempre al individuo el derecho último sobre todas las decisiones que no afecten a otra esfera de derechos individuales. Eso comprende evidentemente los derechos negativos y positivos existentes, pero existe aún un largo camino pendiente para conquistar el respeto a los derechos y libertades individuales, por ejemplo, el respeto efectivo a la libre opción sexual, pero también al derecho a una muerte digna o la eliminación de la tutela del estado sobre el consumo de drogas. Reproduzco a continuación un fragmento de un editorial de la revista Iniciativa Socialista donde se detallan un conjunto de campañas de defensa de la libertad individual merecedoras de todo nuestro apoyo y que, conjuntamente consideradas, reflejan la lucha por una carta libertaria de los derechos y libertades individuales (10) que no es ninguna idea abstracta sino un conjunto de necesidades por las que luchamos:

  • Protección efectiva de los derechos individuales en el seno de las asociaciones, agrupaciones, confesiones religiosas, familias y núcleos de convivencia voluntaria.
  • Defender Europa como territorio laico. (Eliminación de los privilegios de la Iglesia católica o de otras confesiones. Prohibición del adoctrinamiento religioso dentro de las escuelas. Derecho de los niñ@s a una educación para ser ciudadan@s de una sociedad plural, laica y democrática).
  • Derecho a la libertad sexual y afectiva de los ciudadan@s con el único límite del respeto a la libertad de los demás. (Fin de toda discriminación para homosexuales y lesbianas. Educación para la libertad sexual y afectiva de los niñ@s).
  • Derecho a la eutanasia libremente decidido por las personas en uso de su razón.
  • Reconocimiento de derechos civiles y políticos a los inmigrantes.
  • Derecho de las mujeres al aborto libre y gratuito.
  • Contra la prohibición de las sustancias calificadas como drogas (estamos en contra del proteccionismo del estado, que sólo fomenta el mercado negro y la mafia, pero, sobre todo, negamos radicalmente la restricción de los derechos individuales que supone y la histeria policial que la acompaña)".

La libertad individual es la medida última de todo régimen político. Una democracia va adquiriendo rasgos libertarios cuanto más se fundamente en el derecho efectivo de los individuos a decidir sobre su forma de vivir. Sólo tiene sentido hablar de una sociedad más libre si los individuos son más libres, autónomos y conscientes.


VIII

Aunque el capitalismo y la democracia han tenido un amplio desarrollo en Occidente, forman parte de dos proyectos sustancialmente diferentes, como ya hemos indicado anteriormente. El capitalismo es la última expresión del sueño del crecimiento ilimitado, mientras que la democracia es la expresión del proyecto de autonomía.

La democracia puede ser perfectamente compatible con el mercado, pero más dudosamente con un capitalismo basado en enormes corporaciones de inmenso poder económico y político, acostumbradas a corromper y a comprar a los políticos y al resto de los miembros de la élite gobernante. Todo ello sin olvidar el fomento de la desigualdad social y política que conlleva.

La nueva escala de los valores imaginarios de la democracia radical se basa en el deseo de constituir una nueva ciudadanía social y democrática. El objeto de la política de la autonomía no puede ser otro que crear la instituciones que interiorizadas por los individuos, faciliten lo más posible el acceso a su autonomía individual y su posibilidad de participación efectiva en todo poder explícito existente en la sociedad (11). Queremos los instrumentos democráticos por ellos mismos pero también para poder afrontar los retos humanos de nuestro tiempo, cuya magnitud, complejidad y diversidad, exige una concentración de la imaginación democrática y la inteligencia humana superior a cualquiera que se haya conocido en el pasado.

La democracia no consiste únicamente en una mera serie de instrumentos, mecanismos y procedimientos, es fundamentalmente un régimen político capaz de transformarse y de hacer posible una sociedad de ciudadanos libres, autónomos y responsables. La democracia es una forma de organizarse para afrontar los problemas, pero efectuada por ciudadanos conscientes y no por oligarquías políticas o económicas.


IX

La democracia es el único régimen político capaz de organizar una sociedad libre y compleja. Los demócratas son, esencialmente, personas que creen que un conjunto de ciudadanos libres y responsables decidiendo colectivamente son más eficientes, menos egoístas y menos ciegos que una élite de burócratas, tecnócratas y oligarcas.


X

"¿Quienes somos, nosotros, para tomar una decisión por todo el mundo? Dejemos que el mundo tome sus propias decisiones. ¿Quiénes somos para ocultar cosas al mundo? Dejemos que el mundo conozca y decida por sí mismo"

(Alfred Bester, Las estrellas, mi destino)

NOTAS

(1) Cornelius Castoriadis, "Naturaleza y valor de la igualdad", en Los dominios del hombre, Madrid, Gedisa, 1988, p.141.

(2) Destacaría el texto "La polis griega y la creación de la democracia" (incluido en Los dominios del hombre, op. cit.) y el libro publicado póstumamente Sur Le Politique de Platon (Paris, Éditions du Seuil, 1999).

(3) Datos tomados del libro de Robert Dahl, La democracia (Una guía para los ciudadanos), Madrid, Taurus, 1999.

(4) "Abordar el proyecto de la izquierda en términos de democracia radical y plural es cargar el énfasis en la dimensión hegemónica indisociable de las relaciones sociales en la medida en que siempre se las construye según formas asimétricas de poder" (Chantal Mouffe, El retorno de lo político (Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical), Barcelona, Ediciones Paidós, 1999, p.24).

(5) José María Mendiluce, "...¿Y ahora, qué?", en el libro escrito conjuntamente con Daniel Cohn-Bendit, Por la tercera izquierda, Barcelona, Planeta, 2000.

(6) "Distingamos entre el oikós, los asuntos enteramente privados; el ágora, la esfera privada/pública, el "lugar" de encuentro de los ciudadanos fuera del ámbito político; y la ecclesía, la esfera pública/pública, es decir en un régimen democrático, el lugar donde se delibera y decide sobre los asuntos comunes. En el ágora, yo discuto con otros, o compro libros, o cualquier otra cosa, estoy en un espacio público pero que al mismo tiempo es privado, pues en él no puede tomarse ninguna decisión política (legislativa, gubernativa o judicial); la colectividad, mediante su legislación, nos asegura solamente la libertad de este espacio. En la ecclesía en el sentido amplio del término, incluyendo tanto la "asamblea del pueblo" como el "gobierno" y los tribunales, me hallo en un espacio público/público: delibero con los demás para decidir, y estas decisiones son sancionadas por el poder público de la colectividad. La democracia puede definirse también como el hacerse verdaderamente pública la esfera pública/pública, que, en los otros regímenes, es más o menos privada. (Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable, Ed. Cátedra, Madrid, 1999, p.149)

(7) Juan Manuel Vera, "Organización y dominación", en La izquierda a la intemperie, Madrid, Libros de la catarata, 1997.

(8) Entre la abundante bibliografía pueden destacarse los siguientes libros ordenados cronológicamente: Arguing for basic income (Philippe Van Parijis, Verso, 1992), L´allocation universelle: pour un revenue de citoyenneté (Jean-Marc Ferry, Les Editions du Cerf, 1995), Libertad real para todos (Pilippe Van Parijis, Editorial Piados, 1996), El derecho ciudadano a la renta básica (José Iglesias Fernández, Libros de la catarata, 1998); El derecho a la existencia (Daniel Raventós, Ariel, 1999), ¡Renta básica, ya! (José Iglesias Fernández –coordinador-, Virus editorial, 2000).

(9) John Stuart Mill, Sobre la libertad, Madrid, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p.99.

(10) "Izquierda como cultura, izquierda como gobierno", Iniciativa Socialista nº 55, invierno 1999-2000.

(11) Cornelius Castoriadis, "Naturaleza y valor de la igualdad", en Los dominios del hombre, op. cit..