Los migrantes que se buscan la vida con la venta ambulante por las calles de Barcelona advierten desde sus redes sociales [1] de que esta última semana de julio ellos y sus organizaciones han sufrido fuertes medidas represivas. Se enlazan dos crónicas que informan de la situación: Issa Seye, vendedor ambulante durante diez años y acosado por la policía en múltiples ocasiones, ha sido encerrado en el CIE de Zona Franca a la espera de su deportación a Senegal [2]; cuatro personas -entre ellas Lamine Sarr, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes- , han sido detenidas por la Guardia Urbana en una operación trasmitida por medios de masas [3] y se hallan en prisión preventiva por delito contra la propiedad intelectual.
La publicación anarquista 'Todo por hacer' ha traído a colación los antecedentes de estos hechos en su número de julio de 2016 [4]: El pasado 19 de mayo Sidil Moctar ingresaba en prisión preventiva, a la espera de juicio por agredir a un guardia urbano durante un altercado en el metro de Barceloneta. Tras varias semanas de incesante represión policial hacia el colectivo de manteros del que forma parte, Sidil se encontraba en la salida de metro de Barceloneta con otros 5 compañeros, cuando se produjo un enfrentamiento con la guardia urbana que les había estado esperando.
Mientras trataban de decomisar sus pertenencias consiguieron aislarle y propinarle varios porrazos, a lo cual respondió devolviendo un golpe a uno de los policías, escena que fue grabada por las cámaras. Esta grabación fue empleada como prueba, por supuesto sin mostrar las imágenes previas en las cuales la policía golpeaba a los manteros al salir del metro, sesgando la información. Se le acusa de violento, obviando la violencia a la que se ven sometidos Sidil y sus compañeros en cada persecución.
La prisión preventiva es una herramienta represiva establecida en este caso por existir “un grave riesgo de fuga”, a pesar de que en este caso Sidil lleva 11 años residiendo en Barcelona. La frecuencia con la que se aplica esta medida, utilizada el doble de veces en población migrante, demuestra el evidente racismo que marca todo el proceso judicial, así como todos aquellos abusos a los que se ven expuestos trabajadoras y trabajadores en las calles de Barcelona que se han endurecido en los últimos meses a raíz de la modificación del Código Penal en Julio de 2015, cuyo artículo 274.4 desde entonces establece que: “La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años. No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días”.
Cabe destacar que a pesar de que desde 2010 a 2015 la actividad del Top Manta constituía una falta, el acoso policial siempre estuvo presente. La violencia racista por parte de guardias urbanos, los insultos y provocaciones, forman y formaron siempre parte de la vida de los manteros que a raíz de la reforma de 2015 empezaron a organizarse a través del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, así como con la plataforma Tras la manta, que trabaja sin descanso por extender la solidaridad con la lucha de los manteros. Mientras, los medios de comunicación se centran en desprestigiar la imagen de vendedoras y vendedores ambulantes, buscando generar alarma social y justificando así una represión policial que va en aumento.
Como respuesta en las calles se multiplican las reacciones de protesta mediante manifestaciones y, entre otras acciones, la creación de mercadillos rebeldes cuyo objetivo principal es visibilizar la situación vivida por éste colectivo, impulsando así la lucha por la libertad de Sidil bajo el lema “Sobrevivir no es delito, ser mantero tampoco”.
En un comunicado titulado Han renunciado a dar la batalla contra nuestra pobreza y el racismo, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes [5] advertía el 17 de julio de maniobras del ayuntamiento de Barcelona destinadas a impedir la actividad de "venta ilegal" de los manteros: "El pasado viernes el gobierno del cambio nos despertó con un macro operativo conjunto entre la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra para impedir que los inmigrantes pobres de esta ciudad puedan trabajar (desalojando la zona tolerada del paseo Joan de Borbó) y, en su lugar, han instalado un parque para patinadores. La instalación del parque tiene como único objetivo contentar a los grandes empresarios y los medios, además demuestra que la ciudad refugio es perfectamente compatible con la limpieza social, sin que ello despierte ningún síntoma de contradicción. Cuando de la venta ambulante se trata se dejan de lado los principios y la coherencia, la prioridad es mantener la gobernabilidad y la gobernabilidad parece entenderse como no molestar a los poderes de siempre
... Nosotros consideramos que para resolver el problema tienen que reconocernos, considerarnos y preguntarnos. Somos parte directamente implicada en la situación actual, pero se nos niega el reconocimiento por ser negros y migrantes... Esperamos de verdad que este gobierno no se convierta en la mano izquierda de la derecha racista, que sólo nos ofrece dolor y cárcel".
El comunicado se cerraba anunciando que el sindicato "realizará asambleas y charlas para dar a conocer las siguientes acciones, que nos permitan resistir la limpieza de la ciudad refugio y luchar por un trabajo digno y contra la discriminación y el racismo que vivimos todos los días".
La misma semana en que se publicaba este comunicado, SOS Racismo hacía público un informe [6]en que se detallan 36 casos -entre 2010 y la actualidad- de abusos y agresiones contra manteros, "con componentes racistas", por parte de miembros de la Guardia Urbana de Barcelona; y en las mismas fechas un joven mantero senegales era operado de una grave lesión en la pierna [7] que le obliga a dos meses de baja, producida, según su denuncia, durante una carga de la Guardia Urbana.
La protesta por la situación de los manteros y por las detenciones comentadas al principio de este artículo se hizo presente el 29 de julio en la inauguración institucional, con la presencia de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, de un monumento -el "Comptador de la vergonya" [8]- de homenaje a las 3.034 fallecidos este año en el intento de encontrar refugio en Europa. La primera fila del acto institucional estaba reservada para el primer teniente de alcalde Gerardo Pissarello, el ex alcalde Xavier Trias, el alcalde y el Secretario de inmigración de la Generalitat Oriol Amorós. Oscar Camps, de la ONG Proactiva Open Arms y el músico Jordi Savall también esperaban su turno para hablar. Según la información de 'La directa' [9], "la discordia y los gritos fueron constantes a lo largo de los treinta minutos de ceremonia", procedentes de una concentración realizada simultáneamente en la que participaban miembros de los colectivos Espai de l'Immigrant, Tras la Manta, Papers per Tothom y de la CUP de Barcelona. "Esta catarsis es desagradable para todos, pero era necesario; las cosas han ido demasiado lejos", declaró uno de los manifestantes.
La crónica de opinión "Los números de la Hipocresía en Común" [10] -juego de palabras con el nombre de la candidatura electoral de la alcaldesa, 'Barcelona en Comú'- propone el siguiente balance de la situación:
Una manifestación convocada el domingo 31 a las 17.00 horas pide poner fin a la represión y que las organizaciones de los vendedores ambulantes y manteros puedan seguir trabajando por el diálogo que han pedido desde el primer momento [11]. El canal de vídeo que tienen en Youtube permite conocer, de forma tan rápida y directa como talentosa, su visión de las cosas que estos días se les están volviendo tan agresivas: https://www.youtube.com/channel/UC6O0zzd1TErZE8RDGMwG45w
#LibertadManteros
#SobrevivirNoEsDelito
@sindicatomanter
