Volvemos a las andadas. Nuevo gobierno y ya tenemos nueva ley educativa (en este caso la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Poco han esperado para lanzarla pero claro es lo que tiene la mayoría absoluta, que ni se molestan en guardar las formas.
Esto no es nada nuevo, cada
gobierno ha lanzado su reforma educativa, cada una con sus matices ideológicos (por supuesto jamás poniendo en tela de juicio el orden establecido). Sin embargo, estos matices son los que sirven para encender la mecha del “debate político” y dejar de lado lo importante de la cuestión.
A todo esto hay que añadir el recorte radical que sufre el presupuesto dedicado a educación y lo que esto conlleva: menos profesorado, más alumnos por aula, no cubrir bajas, el despido de miles de interinos, la reducción de las rutas de transporte, de las becas, del servicio de comedor (la polémica de los tuppers es demencial). Como gran novedad incluye un bufón como ministro de educación.
Llevamos mucho tiempo defendiendo un sistema público de educación frente al modelo privatizador por el que aparentemente apuesta el neoliberalismo. Hemos creado plataformas para ello, hemos tragado salir con los sindicatos pactistas y con otros que claramente trabajan para la patronal, hemos gritado, nos hemos asambleado y hemos hecho mil y una acciones para defender esa educación pública. Sin embargo, no debemos perder de vista que ese sistema de educación pública que defendemos no es más que una engrasada maquinaria de fabricar millones de peones desechables para el sistema y un buen puñado de obreros especializado y mandos intermedios que en un futuro serán los modernos cipayos de nuestra sociedad.
Hay diferentes estrategias para conseguir que defendamos un sistema que no es perjudicial, se mire como se mire. En los últimos años, con la llegada de ese capitalismo salvaje llamado neoliberalismo, ha sido el fantasma de la privatización del servicio. Esta estrategia ha forjado la idea de que la educación va a ser exclusivamente para ricos (siempre dentro del esquema educación igual a escolarización) y, por tanto, favorece el surgimiento de la protesta popular a favor del sistema educativo público para regocijo del Estado que contempla complacido cómo nos dedicamos como posesos a defender su sistema de adoctrinamiento favorito.
La educación es algo en lo que hemos dado el brazo a torcer desde hace mucho tiempo. Hemos aceptado la ecuación que propone el poder de que educación es igual a escolarización, permitiendo de esta manera que sea el Estado el que decida qué conocimientos, valores y actitudes debe poseer cada persona. Por supuesto, la decisión es totalmente favorable a sus intereses y convierte el sistema educativo en el arma más poderosa de dominación y transmite el mensaje de la necesidad que tenemos las personas de ser enseñadas y aleccionadas en las cosas supuestamente más importantes para nosotras. Todo este mecanismo de dominación lo envuelve el poder con el manto del Estado social, bajo el pretexto del derecho universal a la educación, sin embargo, lo que realmente pretende y consigue es que el pueblo crea que no es posible la educación sin el sistema educativo estatal. Y, así, convierte este derecho en el derecho universal al sometimiento. De esta forma se consigue que las personas nos desentendamos de la responsabilidad de nuestro propio desarrollo y deleguemos en el Estado paternalista. Junto a esta enseñanza, también nos inicia en una sociedad en la que todo (valores, capacidades, necesidades, realidades…) es susceptible de ser producido y medido. Lo que nos lleva irremediablemente a la aceptación de toda clase de clasificaciones jerárquicas, incluso a dar por válida y natural una sociedad estratificada en la que tu posición depende de valores totalmente mesurables. La escuela nos instruye para ocupar el lugar que el poder nos tiene reservado dentro de nuestro sistema social y para saber aceptar que esa posición no depende de cada uno de nosotros; sino que está en función de una serie de parámetros (económicos, étnicos, origen social,…) que la maquinaria estatal se encarga de medir y catalogar.
Por supuesto, como he dicho anteriormente, hay que defender la educación pública. Pero hay que ir más allá en esa defensa. Hay que crear una verdadera educación pública basada en la participación de todos frente al modelo de expertos vigente. Hay que cambiar el paradigma actual en el que es imprescindible la acreditación estatal de cualquier habilidad para poder ejercerla como si el único lugar donde se puede aprender fuera la escuela. Hay que apostar por una gestión colectiva y por un papel protagonista de las personas que desean aprender independientemente de la edad que tengan. Y, sobre todo, hay que dejar que sea cada cual el que decida su camino y a qué ritmo quiere recorrerlo.