Castigados por hablar su idioma
Los prejuicios aún lastran a quienes usan su idioma propio en las comunidades bilingües
Público.es
La difusión del Manifiesto por una lengua común, cuyos promotores vienen a sostener que los castellanohablantes viven sojuzgados en las tres comunidades con lengua propia Catalunya, País Vasco y Galicia empieza a tener un efecto bumerán.
Un rosario de estadísticas y de casos concretos apunta en la dirección contraria a la señalada por el Manifiesto, de cuyo contenido ya se ha descolgado el poeta Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006: son los hablantes de los otros idiomas cooficiales quienes con frecuencia se ven forzados a emprender una defensa numantina de su derecho netamente civila expresarse en la lengua materna.
A punto de cumplirse 30 años del nacimiento de la Constitución que consagra tal cooficialidad, la inercia centralista anclada en el franquismo aún perdura. El prejuicio o elcastigo a lo que no sea la norma castellana sigue vivo.
La quimera de vivir plenamente en catalán
Vivir plenamente en catalán es una quimera en Catalunya. Hay ámbitos donde el catalán tiene la presencia casi vetada. Pasa en la Justicia (donde los avances son testimoniales) pero también en el etiquetaje de productos o los prospectos de los medicamentos. Las leyes obligan con el castellano pero no pueden hacer lo mismo con el catalán.
Hay quejas pero, a menudo, quedan en nada y cada vez que una empresa no respeta a los catalanohablantes y es multada por ello (en 2006 se recaudaron 55.000 euros) siempre tiene quien la defienda. Así pasó cuando en un debate electoral con Zapatero, Mariano Rajoy tiró de la supuesta persecución del castellano por un expediente a Fincas Nevot.
La 'Plataforma per la Llengua' es una entidad que se dedica al fomento del catalán en todos los ámbitos, singularmente en el del consumo. Cada día recibe quejas de ciudadanos que no pueden ser atendidos en catalán o que son vejados por exigir su derecho. Sus responsables explican que son pocos los que llegan a los tribunales y que, rara vez, las quejas llegan a la Agència Catalana del Consum, que se ocupa de estos asuntos.
Los casos son variopintos y no todos salen a la luz, como ocurrió hace unas semanas con Air Berlin, que dio un sonoro portazo al Gobierno balear cuando este le pidió sensibilidad hacia el catalán.
Las historias van desde los problemas de ONO a quien quiera ser atendido en una lengua oficial distinta al castellano a las largas esperas en los servicios técnicos de Telefónica. Incluso en el ámbito autonómico hay problemas. La Plataforma acaba de recibir una queja porque los autobuses del aeropuerto de El Prat, regulados por la Entidad Metropolitana del Transporte y la Generalitat, sólo informan de sus horarios en castellano.
LAS CIFRAS:
149
> NORMAS PARA EL CASTELLANO
Hasta 149 leyes y Reales Decretos del Estado o las comunidades obligan a incluir "al menos, en castellano" en el etiquetado, embalaje o las instrucciones de uso de cualquier producto.
1
> LEY PARA EL CATALÁN
En el caso del catalán su uso sólo es obligatorio, según la Ley de Política Lingüística vigente del año 1998, en los productos con denominación de origen y en los productos artesanales que sólo se vayan a distribuir en Catalunya.
9,1
> MILLONES DE HABITANTES
El catalán se habla en una área geográfica donde viven 13 millones y medio de personas. Lo hablan 9,1 millones y lo entienden 11.
Las mil y una desventuras de un gallego en Galicia
Carlos Outeiro necesitó una intérprete para poder casarse en un juzgado. En Ferrol, Galicia, España, en el año 2005, cuando la Constitución que declaró el carácter cooficial de la lengua gallega tenía ya edad de mileurista: 27 años. Otro Carlos, Carlos Callón, dice desde el otro lado del teléfono: Todavía suceden las mismas cosas que hace más de 20 años.
Callón es el líder de la Mesa por la Normalización Lingüística, una ONG gallega con más de 3.200 socios que desde hace más de dos décadas defiende los derechos de los gallegohablantes, que vienen siendo la mayoría de los gallegos, según el CIS. Y el escritor Suso de Toro dice: La cultura española no se ha adecuado a los valores de la Constitución, al carácter co-oficial de las lenguas.
Los hechos dan la razón a Suso de Toro. No hay noticia, en Galicia, de ejemplos de vulneración de derechos de quienes se expresan en castellano. Sí que se conocen los problemas de los gallegohablantes. Como necesitar un intérprete para casarse. O como el caso de Xesús da Torre Martín, políglota hasta la médula: domina siete idiomas.
A principios de 2008, Xesús fue a una entrevista de trabajo en el Hotel Ciudad de Vigo. Desde el comienzo de la entrevista, el director del hotel se fue a la cuestión lingüística. Prohibido hablar en gallego, con clientes y con compañeros. La presión fue tal que Xesús decidió buscar trabajo en otro sitio.
Al fin y al cabo, si hubiese aceptado podría haberle pasado lo mismo que a Montse Irago, que perdió su empleo en una asesoría de Pontevedra por hablar en su idioma. O de otra trabajadora de una pizzería a la que le pasó tres cuartos de lo mismo. Sin empleo por hablar en gallego. 30 años después de la proclamación de la Constitución.
LAS CIFRAS:
65%
> PORCENTAJE DE HABLANTES
Cerca del 65% de la población gallega habla siempre en gallego o más en gallego que en castellano. Sólo el 18% de la población censada es monolingüe en castellano, según los datos oficiales.
20%
> BAJÓN ENTRE LOS JÓVENES
Ese porcentaje, 20%, es lo que ha retrocedido el gallego entre la juventud en las últimas décadas. La enseñanza -principalmente en castellano- y los medios de comunicación dificultan la transmisión oral de la lengua.
8%
> SENTENCIAS EN GALLEGO
Sólo el 8% de las sentencias que se dictan en Galicia están redactadas en gallego. Un grupo de magistrados creó hace pocos días una asociación para la promoción del gallego en la Administración de Justicia.
Los euskaldunes, como extranjeros en su tierra
Cualquiera que viva en el País Vasco y Navarra sabe que hablando en castellano se puede realizar cualquier gestión en la Administración sin el menor problema. Porque al otro lado de la ventanilla todos conocen el idioma.
La vida cotidiana es mucho más complicada para los euskaldunes (vascoparlantes) que desean vivir en euskara con absoluta normalidad, pues ni siquiera las instituciones públicas les garantizan siempre el derecho de poder expresarse en euskara.
Se trata de una carencia que se percibe en el día a día, especialmente en aquellas comarcas donde el porcentaje de ciudadanos vascoparlantes es menor. Ni siquiera en las zonas provistas de mayores servicios públicos por concentrar la mayor parte de la población del territorio, como es el caso del Bilbao metropolitano en Vizcaya o Vitoria en Álava, el vascoparlante puede recibir siempre servicios en euskara al dirigirse al ayuntamiento, al médico, a la Ertzaintza, al juzgado... La normalización lingüística sigue siendo una asignatura pendiente 30 años después de la aprobación del Estatuto. Según recogía el artículo 6.2, las instituciones deberán garantizar el uso de las dos lenguas euskara y español.
La mayor parte de los vascoparlantes asumen esta desigualdad con resignación, pero hay quienes se quejan. A lo largo de 2007, el Gobierno vasco recibió 200 quejas de ciudadanos por no haberse podido expresar en euskara en distintas administraciones públicas. Las denuncias en el caso del castellano se redujeron a seis.
Precisamente, el Ejecutivo vasco aprobó ayer otro plan de normalización del uso del euskara en la administración para el periodo 2008-2012. También dio luz verde a un decreto dirigido a regular el uso de la lengua vasca en los comercios en un plazo de cuatro años.
LAS CIFRAS:
1.121
> DENUNCIAS EN 2007
El Observatorio de Derechos Lingüísticos (Behatokia) elaboró un informe paralelo al del Gobierno vasco. En 2007, recibió 1.121 quejas de ciudadanos que no habían podido expresarse en euskara en Euskadi, Navarra y el País Vasco francés.
39%
> EN NAVARRA
Casi cuatro de cada diez personas que comunicaron su queja a Behatokia eran de Navarra, donde el Gobierno de UPN ha recibido muchas críticas por su falta de apoyo al euskara.
649
> QUEJAS A LAS INSTITUCIONES
De las 1.121 quejas, 649 fueron contra la Administración: las instituciones del Estado tuvieron 109, el Gobierno vasco 129 y el Gobierno navarro 130. El resto correspondieron a diputaciones y, sobre todo, consistorios (222).
http://www.publico.es/131099/castigados/hablar/lengua 
