La mañana del miércoles 17 se ha celebrado la vista oral de la demanda que interpuso el colectivo ciudadano Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos [1] contra la delegación del Gobierno de Madrid por vulneración de derechos fundamentales. Brigadas, que documenta desde 2009 en Madrid las llamadas “redadas racistas” efectuadas por la policía nacional [2]en busca de personas en situación irregular, ha recibido 3.500 euros en multas por supuesta obstrucción en el trabajo de los funcionarios de policía. La vista oral celebrada en los juzgados de lo contencioso administrativo de Gran Vía ha durado cerca de 50 minutos y ha incluído las declaraciones de las tres testigos de la acusación, sin que se hayan presentado ni la fiscalía ni agentes de policía.

El Tribunal Contencioso Administrativo admitió a trámite en enero la demanda de Brigadas [3], basada en la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación en las que este colectivo piensa que ha incurrido la Delegación del Gobierno de Madrid por motivo de las 14 sanciones que le ha impuesto desde que comenzó su actividad. No obstante, una activista de Brigadas y también abogada ha precisado a DIAGONAL que formalmente la demanda del colectivo se basa en sólo una de las sanciones, dado que el procedimiento no permite incluir más.

La sanción incluida en la demanda, la primera recibida por las Brigadas Vecinales, se produjo por unos hechos ocurridos en el barrio madrileño de Lavapiés el 21 de diciembre de 2010, cuando según Brigadas la policía nacional llevó a cabo dos controles por perfil racial que afectaron a sendos grupos de vecinos de origen magrebí y subsahariano. La policía identificó a las personas de Brigadas que presenciaron este control y que días después recibieron una sanción por obstruir el trabajo de los funcionarios de policía y por insultar a los agentes, en una pauta que se repetiría más tarde en otras 13 ocasiones. El documento que presentó Brigadas en septiembre de 2012 incluye además la copia de los expedientes por el resto de las sanciones y un dossier de declaraciones ante la prensa de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que demuestran según el colectivo que la actuación policial que originó la intervención sancionada en diciembre de 2010 "no es un caso aislado".

Irónicamente, uno de los motivos que ha llevado al colectivo a seleccionar esta sanción en concreto para incluirla en la demanda es la existencia de cámaras de videovigilancia en este barrio. "Hemos pedido que se aportara como prueba la grabación de las cámaras de ese día, dado que la policía está obligada a custodiar esas imágenes en caso de que se haya registrado una infracción", cuenta la activista de Brigadas. La petición no ha sido atendida, lo cual prueba para el colectivo pro derechos humanos que "o la policía ha incurrido en un error de custodia o en mala fe". Por su parte, además de no presentarse en la vista oral los agentes de policía no se ratificaron en su denuncia después de que el colectivo rechazara las acusaciones. El comisario en jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid sí incluyó en el expediente administrativo abierto tras la sanción unas declaraciones en las que afirmaba que "las denominadas Brigadas Vecinales están orientadas y tienen como finalidad principal obstaculizar la labor policial creando un clima hostil, entrometiéndose en las labores policiales y haciendo creer a los ciudadanos que se están vulnerando los derechos humanos".

Si se diera  una sentencia contra la delegación del Gobierno, se trataría de un nuevo golpe judicial contra la actuación del departamento dirigido por Cristina Cifuentes. Recientemente el organismo ha sido sancionado por ordenar identificaciones indiscriminadas [4] en una concentración de protesta . Asímismo, la Audiencia Provincial de Madrid ha citado a un agente de las Unidades de Intervención Policial para que declare sobre la posible existencia de una base de datos con manifestantes. [5] Tras la vista oral y la interrupción de la actividad de los juzgados en agosto, la sentencia debería llegar en septiembre.

1.850 redadas por perfil racial documentadas en dos años

Las Brigadas Vecinales salen a la calle desde el año 2009 para documentar e informar a la población sobre los controles de identidad por perfil racial, una práctica que consideran racista y que ha sido negada tanto por el ministerio de Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) como en la etapa actual. El colectivo ciudadano ha elaborado dos informes (correspondientes a 2010-2011 [6] y 2011-2012 [7]) en los que ha documentado mediante observación directa 1.850 controles de este tipo. En 2012, una circular de la Dirección General de Policía volvía a declarar la ilegalidad de esta práctica [8] , si bien según Brigadas y otros colectivos de Madrid y del resto del Estado ésta se sigue produciendo [9].

------------------

[Fotos] Brigadas Vecinales de Observación de DDHH denuncia a la Delegación de Gobierno por vulneración de Derechos Fundamentales.

EL 17 DE JULIO LAS BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEMANDAN A DELEGACIÓN DE GOBIERNO POR VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y TUTELA JUDICIAL.

Las BVODH somos un grupo de personas que damos una respuesta colectiva y organizada a los controles de identidad por perfil étnico que realiza la policía. Nuestro objetivo principal es acabar con ellos, el de visibilizar estas prácticas y expresar nuestro rechazo a este mecanismo de control social que diferencia, separa y criminaliza a muchas de las personas que viven en nuestros barrios.

Además del trabajo de calle a través de la observación, la denuncia y la creación de alianzas con gran parte de nuestros vecinos/as, (tenemos documentados más de 2.800 controles racistas, xenófobos y clasistas) hemos realizado dos Informes  (2010/2011 [6] y 2011/2012 [10]) que son el resultado de la observación colectiva de este tipo de redadas y reflejan la realidad cotidiana que venimos viviendo en Madrid.

En diciembre de 2010  como consecuencia del ejercicio de  nuestra actividad en el espacio público (intercambiadores, bocas de metro, parques…), se nos interponen las primeras sanciones administrativas por parte de delegación de gobierno como un medio para obstaculizar la respuesta ciudadana ante estos controles de identidad racistas.

Entendemos estas sanciones,  y las que vendrían después,  dentro de un contexto creciente de políticas de violación de derechos sociales a las que tenemos que hacer frente en la calle y en los tribunales y los valoramos como una clara vulneración de derechos ejercida por el Ministerio de Interior a través de la Delegación de Gobierno, que insiste en discriminar ilegalmente a una parte de la población y criminalizar a quienes denuncian el racismo institucional que ejerce.

Por todo ello presentamos una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra delegación de gobierno ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

Dicha demanda se cristaliza en una vista oral que tendrá lugar el día 17 de julio de 2013 a las 11:15 en los juzgados de Gran vía 19, ante lo que consideramos:

1. una vulneración del derecho a la libertad de expresión e información porque emitimos opiniones políticas basada en hechos reales, ciertos y conocidos como son las redadas racistas,
2. una vulneración del derecho de asociación pues se nos coacciona como colectivo visible en la denuncia de estas prácticas policiales que atentan contra los derechos más básicos de las personas,
3. así como una vulneración de otros derechos como el derecho a la tutela judicial efectiva, la utilización de los medios de prueba pertinentes y la presunción de inocencia, porque consideramos que la actuación de delegación va encaminada con sus sanciones (si juntamos todas las multas recibidas por BVODH suman más de 3500€) a silenciar nuestra respuesta, hostigar al colectivo y de esta manera frenar las reacciones ciudadanas de solidaridad y apoyo mutuo.

Una solidaridad que nos permitió no sentirnos solas ni cuando tuvimos un juicio penal del que salimos absueltas, ni cuando iniciamos nuestra denuncia pública contra las sanciones en 2011, ya que estuvimos arropados por más de 80 colectivos que pedían: “el cese de la práctica ilegal de los controles de identidad por perfil racial y el cese del acoso a las y los defensores de los derechos humanos [11]”.