Lista de incidencias en represión
Re: Lista de incidencias en represión
¿Y el juez ese quién es, de dónde sale?
Lo que se gana en velocidad, se pierde en potencia. Lo que se gana en potencia, se pierde en velocidad.
Re: Lista de incidencias en represión
Llevaba un caso diferente al del 4F del que trata la película, el "caso Macedonia" - sobre implicación de policías en el narcotráfico.
Re: Lista de incidencias en represión
Ah, o sea, que se expone ese trozo para mostrar la pasta de que estaba hecho el funcionario.
Lo que se gana en velocidad, se pierde en potencia. Lo que se gana en potencia, se pierde en velocidad.
Re: Lista de incidencias en represión
Fuente: http://www.eldiario.es/alternativasecon ... 25282.htmlCatalunya Caixa está ofreciendo a clientes que no pueden afrontar los pagos de la hipoteca un “ acuerdo de espera” para permanecer en la vivienda unos meses a cambio de un pago de entre 300 y 400 euros mensuales. Pero con un pequeño detalle: el firmante, que no resuelve su drama sino que este solo se aplaza unos meses, se compromete a cambio a “no iniciar ni directa ni indirectamente ningún tipo de acción contra el banco”. -- Es decir: el mero hecho de participar en alguna acción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) puede significar el inicio inmediato del desahucio. Si protestas, te desahuciamos hoy.
... Estos contratos se están ofreciendo con extrema discreción hasta el punto de que no se permite a los clientes sacarlo de la oficina ni siquiera para consultar con abogados. Carlos Macías, de la PAH, apunta el porqué: “Se trata de un gran abuso: o firmas o te echan de casa”. Y añade: “Además, si firmas te comprometes a pagar y callar, renunciando incluso a un derecho tan fundamental como el de manifestación, sin que se resuelva absolutamente nada porque en unos meses estarás en las mismas”.
Re: Lista de incidencias en represión
http://www.elcritic.cat/entrevistes/jes ... iguez-2372
Jesús Rodriguez es periodista de la Directa y uno de los guionistas del documental Ciudad Muerta. Comenzó a investigar el caso 4F hace nueve años cuando, ante la puerta de los juzgados, conoció a la familia de uno de los detenidos y, entre lágrimas, le aseguraban que se trataba de una injusticia. Los cinco minutos censurados del documental Ciudad Muerta, producido por Metromuster y emitido por Televisión de Cataluña, corresponden a su intervención. Esta opinión le ha costado una demanda del ex jefe de información de la Guardia Urbana de Barcelona, Víctor Gibanel, que lo denuncia por una supuesta violación de su derecho al honor ya la propia imagen. La demanda exige 45.000 euros de indemnización.
"La justicia no ha investigado nunca el caso 4F. Nunca. Ninguna unidad de policía investigó qué pasó. Sólo tienen la versión de dos agentes"
la Directa
¿Por qué han censurado tu fragmento en el documental Ciudad Muerta?
Lo que querían era que pidiendo la censura de aquellos cinco minutos fuera la excusa para censurar todo el documental. El objetivo era evitar el pase por TV3. Durante más de un año ha pasado a 150 locales la versión íntegra y nunca se consideró un agravio para nadie. En el momento que saben que se emitirá por TV3 ponen la demanda. Pero, además, los cinco minutos concretos censurados probablemente dan pistas y alertan de cómo funcionan las cloacas del sistema. Explican mucho sobre cómo se mercadea con la información por parte de ciertos grupos y de unidades policiales. Estos grupos utilizan información policial de forma interesada. Incluso utilizan información que afecta a jueces o políticos. Si un jefe de información policial habla de esa manera sobre un juez ... ¿Qué dirá de una persona cualquiera? Esta es la alarma. Ese fragmento descalifica tanto la imagen de la policía que se ven con la necesidad de censurar, no sé si como agravio personal o como problema corporativo.
Tienes una denuncia judicial por lo que dices en el documental. ¿Qué puede pasar?
La denuncia inicial era contra mí, la productora del documental Metromuster y Televisión de Cataluña. La demanda estaba fundamentada en la emisión de un contenido concreto con imágenes del expediente del caso Macedonia y por la emisión de opiniones por mi parte. Si se retiraba el contenido, no continuaría la demanda contra TV3 y Metromuster. El demandante, pues, ha retirado la acción judicial contra ellos pero la mantiene contra mí por la emisión de una opinión. Me piden una indemnización de 45.000 euros. Ahora el juzgado ha puesto en contacto conmigo y me ha comunicado que tengo 20 días para personame ante el Secretario judicial a la espera de que la juez decida si convoca o no juicio.
Crees que la policía puede tener a ti ya otros periodistas en el punto de mira debido a tus investigaciones como periodista?
Sí, sí, es evidente que algunos policías me tienen en su punto de mira. He sufrido en mi tarea de periodista de calle, cuando hago seguimiento de abusos policiales o cuando cubro manifestaciones por la Directa, muchos problemas y obstáculos con la policía. Por ejemplo, en algunas manifestaciones ha habido agresiones a periodistas porque sabían quiénes eran, por qué medio trabajaban y qué trabajo hacían. Cuando publiqué las investigaciones sobre el caso Macedonia, donde había implicados agentes de policía nacional, Mossos y Guardia Urbana, donde se investigaba si tenían relaciones con una banda de narcotraficantes, un agente de la Guardia Urbana que pertenece a la misma unidad de lo que ahora me ha denunciado me detuvo por la calle y me dijo literalmente: "Te cortaremos el cuello". Hay un seguimiento específico sobre periodistas que hacemos investigaciones que ellos quieren ocultar. No es que lo crea, sino que lo tengo demostrado. Es una práctica habitual.
¿Qué presiones has recibido?
Recuerdo como un agente de los Mossos llamó el nombre de un periodista justo antes de dispararle un proyectil de foam. ¡Sabían cuál era su nombre! Esto lo hemos visto muchas veces. Yo, aparte de amenazas o de agresiones graves, he tenido que sufrir un tipo de acoso más pequeñas presiones durante los últimos años. Me han tenido retenido en manifestaciones durante quince minutos registrandome y diciendo que era algo rutinario aunque sabían perfectamente quién era y que estaba trabajando como periodista. Usan lo que les permite la ley de manera discrecional contra gente específica. La ley los ampara para retenerme durante 5 o 10 minutos cuando quieran. No le hacen todos. Pero así evitan que un periodista pueda ver cosas que no debe ver. Te retienen y no puedes hacer nada. Luego no te denuncian ni te hacen nada. Yo creo que es un abuso de autoridad.
- Tú has estado investigando el caso que denuncia el documental Ciudad Muerta desde 2006. ¿Por qué empezaste a dudar de la versión oficial de la policía y del ayuntamiento?
Justo en la misma puerta del juzgado en 2006, cuando me encontré por primera vez con toda la familia del Rodrigo, uno de los acusados. Estaban llorando y deshechos. Vi que algo raro estaba pasando. Ellos estaban convencidos de que era un montaje. He visto muchas detenciones en muchos casos pero su convicción de que eran inocentes era muy palpable. Después empezamos a investigar, hablamos con vecinos y comerciantes de la calle Sant Pere més Baix y empezamos a entrever contradicciones en la versión oficial. Tras algunos vecinos nos cuentan que la Guardia Urbana hablaba con los organizadores de aquella fiesta, una tendera nos dice que ella vio el tiesto roto que habría caído sobre el guardia urbano, el movimiento okupa se demarca de los hechos y explica que lo que se hacía en ese edificio estaba sirviendo para justificar los planes urbanísticos del ayuntamiento ...
- Pero el gobierno del Ayuntamiento decía: la justicia de forma independiente condenó unas personas ante las pruebas existentes en ese momento; si ahora no hay pruebas nuevas, no se puede reabrir un caso ya juzgado. Qué responderías?
La justicia no ha investigado nunca el caso 4F. Nunca. Ninguna unidad de policía investigó qué pasó. Simplemente dos agentes que estaban delante del edificio afirmaron que el objeto que hirió al guardia urbano fueron piedras lanzadas desde la calle, y no desde la casa. Pero no hay testigos, ni ninguna otra denuncia. Todo apuntaba en dirección contraria. Excepto la versión de los dos agentes. Cada prueba que se presentaba a la juez que investigara era rechazada sistemáticamente por ella. La justicia renunció a investigar el caso 4F. Necesitaban una cabeza de turco.
- ¿Crees que hay censura en la prensa catalana en los casos de denuncias por represión, torturas o acusaciones relacionadas con Guardia Urbana y Mossos?
Hay un excesivo dirigismo por parte de los gabinetes de prensa de los cuerpos policiales. La palabra de los gabinetes de prensa va a misa. Los periodistas no cuestionan nada. Han renunciado a hacer periodismo sobre información policial. Cuando hay una rueda de prensa o comparecencias policiales, no hay preguntas por parte de los periodistas. Hay mucha dejadez. Esto nos debería hacer pensar en la profesión. Además hay un problema más perverso aún: hay un mecanismo de puertas giratorias entre periodistas de medios y los gabinetes de prensa de los ayuntamientos, de la Generalidad o de la policía donde se cobra mucho mejor que haciendo de periodista. Esto es el entierro de la profesión del periodista.
- ¿Cuáles son las otras ciudades Muerta? Ponme ejemplos de casos investigados y denunciados por la Directa que no hayan llegado aún a salir publicados con suficiente contundencia a los grandes medios.
Si la Directa no hubiera investigado el caso Esther Quintana y los movimientos sociales no hubieran perseverado en la denuncia todo esto habría quedado sepultado por la maquinaria de los gabinetes de prensa. La policía decía que no había habido lanzamiento de balas de goma y nosotros lo fuimos investigando. Al final la consejería tuvo que cambiar varias veces de versión oficial. El problema es que la redacción recibimos muchos casos con indicios, pistas o denuncias sobre abusos pero no siempre hemos tenido capacidad humana para hacer la investigación. Debería ser la administración quien investigue y tire del hilo. No puede ser que una persona o un colectivo sólo tenga la opción de llamar a la puerta de la Directa. Hay otros 4F que nadie ha investigado nunca ni se han visualizado nunca. Pero desde hace muchos años hay un silencio muy grande entre periodistas sobre los abusos contra los derechos humanos. Y, entonces, el problema es la impunidad. La nuestra es un trabajo de hormiguita y perseverancia que debería extenderse a todos los grandes medios de comunicación.
Jesús Rodriguez es periodista de la Directa y uno de los guionistas del documental Ciudad Muerta. Comenzó a investigar el caso 4F hace nueve años cuando, ante la puerta de los juzgados, conoció a la familia de uno de los detenidos y, entre lágrimas, le aseguraban que se trataba de una injusticia. Los cinco minutos censurados del documental Ciudad Muerta, producido por Metromuster y emitido por Televisión de Cataluña, corresponden a su intervención. Esta opinión le ha costado una demanda del ex jefe de información de la Guardia Urbana de Barcelona, Víctor Gibanel, que lo denuncia por una supuesta violación de su derecho al honor ya la propia imagen. La demanda exige 45.000 euros de indemnización.
"La justicia no ha investigado nunca el caso 4F. Nunca. Ninguna unidad de policía investigó qué pasó. Sólo tienen la versión de dos agentes"
la Directa
¿Por qué han censurado tu fragmento en el documental Ciudad Muerta?
Lo que querían era que pidiendo la censura de aquellos cinco minutos fuera la excusa para censurar todo el documental. El objetivo era evitar el pase por TV3. Durante más de un año ha pasado a 150 locales la versión íntegra y nunca se consideró un agravio para nadie. En el momento que saben que se emitirá por TV3 ponen la demanda. Pero, además, los cinco minutos concretos censurados probablemente dan pistas y alertan de cómo funcionan las cloacas del sistema. Explican mucho sobre cómo se mercadea con la información por parte de ciertos grupos y de unidades policiales. Estos grupos utilizan información policial de forma interesada. Incluso utilizan información que afecta a jueces o políticos. Si un jefe de información policial habla de esa manera sobre un juez ... ¿Qué dirá de una persona cualquiera? Esta es la alarma. Ese fragmento descalifica tanto la imagen de la policía que se ven con la necesidad de censurar, no sé si como agravio personal o como problema corporativo.
Tienes una denuncia judicial por lo que dices en el documental. ¿Qué puede pasar?
La denuncia inicial era contra mí, la productora del documental Metromuster y Televisión de Cataluña. La demanda estaba fundamentada en la emisión de un contenido concreto con imágenes del expediente del caso Macedonia y por la emisión de opiniones por mi parte. Si se retiraba el contenido, no continuaría la demanda contra TV3 y Metromuster. El demandante, pues, ha retirado la acción judicial contra ellos pero la mantiene contra mí por la emisión de una opinión. Me piden una indemnización de 45.000 euros. Ahora el juzgado ha puesto en contacto conmigo y me ha comunicado que tengo 20 días para personame ante el Secretario judicial a la espera de que la juez decida si convoca o no juicio.
Crees que la policía puede tener a ti ya otros periodistas en el punto de mira debido a tus investigaciones como periodista?
Sí, sí, es evidente que algunos policías me tienen en su punto de mira. He sufrido en mi tarea de periodista de calle, cuando hago seguimiento de abusos policiales o cuando cubro manifestaciones por la Directa, muchos problemas y obstáculos con la policía. Por ejemplo, en algunas manifestaciones ha habido agresiones a periodistas porque sabían quiénes eran, por qué medio trabajaban y qué trabajo hacían. Cuando publiqué las investigaciones sobre el caso Macedonia, donde había implicados agentes de policía nacional, Mossos y Guardia Urbana, donde se investigaba si tenían relaciones con una banda de narcotraficantes, un agente de la Guardia Urbana que pertenece a la misma unidad de lo que ahora me ha denunciado me detuvo por la calle y me dijo literalmente: "Te cortaremos el cuello". Hay un seguimiento específico sobre periodistas que hacemos investigaciones que ellos quieren ocultar. No es que lo crea, sino que lo tengo demostrado. Es una práctica habitual.
¿Qué presiones has recibido?
Recuerdo como un agente de los Mossos llamó el nombre de un periodista justo antes de dispararle un proyectil de foam. ¡Sabían cuál era su nombre! Esto lo hemos visto muchas veces. Yo, aparte de amenazas o de agresiones graves, he tenido que sufrir un tipo de acoso más pequeñas presiones durante los últimos años. Me han tenido retenido en manifestaciones durante quince minutos registrandome y diciendo que era algo rutinario aunque sabían perfectamente quién era y que estaba trabajando como periodista. Usan lo que les permite la ley de manera discrecional contra gente específica. La ley los ampara para retenerme durante 5 o 10 minutos cuando quieran. No le hacen todos. Pero así evitan que un periodista pueda ver cosas que no debe ver. Te retienen y no puedes hacer nada. Luego no te denuncian ni te hacen nada. Yo creo que es un abuso de autoridad.
- Tú has estado investigando el caso que denuncia el documental Ciudad Muerta desde 2006. ¿Por qué empezaste a dudar de la versión oficial de la policía y del ayuntamiento?
Justo en la misma puerta del juzgado en 2006, cuando me encontré por primera vez con toda la familia del Rodrigo, uno de los acusados. Estaban llorando y deshechos. Vi que algo raro estaba pasando. Ellos estaban convencidos de que era un montaje. He visto muchas detenciones en muchos casos pero su convicción de que eran inocentes era muy palpable. Después empezamos a investigar, hablamos con vecinos y comerciantes de la calle Sant Pere més Baix y empezamos a entrever contradicciones en la versión oficial. Tras algunos vecinos nos cuentan que la Guardia Urbana hablaba con los organizadores de aquella fiesta, una tendera nos dice que ella vio el tiesto roto que habría caído sobre el guardia urbano, el movimiento okupa se demarca de los hechos y explica que lo que se hacía en ese edificio estaba sirviendo para justificar los planes urbanísticos del ayuntamiento ...
- Pero el gobierno del Ayuntamiento decía: la justicia de forma independiente condenó unas personas ante las pruebas existentes en ese momento; si ahora no hay pruebas nuevas, no se puede reabrir un caso ya juzgado. Qué responderías?
La justicia no ha investigado nunca el caso 4F. Nunca. Ninguna unidad de policía investigó qué pasó. Simplemente dos agentes que estaban delante del edificio afirmaron que el objeto que hirió al guardia urbano fueron piedras lanzadas desde la calle, y no desde la casa. Pero no hay testigos, ni ninguna otra denuncia. Todo apuntaba en dirección contraria. Excepto la versión de los dos agentes. Cada prueba que se presentaba a la juez que investigara era rechazada sistemáticamente por ella. La justicia renunció a investigar el caso 4F. Necesitaban una cabeza de turco.
- ¿Crees que hay censura en la prensa catalana en los casos de denuncias por represión, torturas o acusaciones relacionadas con Guardia Urbana y Mossos?
Hay un excesivo dirigismo por parte de los gabinetes de prensa de los cuerpos policiales. La palabra de los gabinetes de prensa va a misa. Los periodistas no cuestionan nada. Han renunciado a hacer periodismo sobre información policial. Cuando hay una rueda de prensa o comparecencias policiales, no hay preguntas por parte de los periodistas. Hay mucha dejadez. Esto nos debería hacer pensar en la profesión. Además hay un problema más perverso aún: hay un mecanismo de puertas giratorias entre periodistas de medios y los gabinetes de prensa de los ayuntamientos, de la Generalidad o de la policía donde se cobra mucho mejor que haciendo de periodista. Esto es el entierro de la profesión del periodista.
- ¿Cuáles son las otras ciudades Muerta? Ponme ejemplos de casos investigados y denunciados por la Directa que no hayan llegado aún a salir publicados con suficiente contundencia a los grandes medios.
Si la Directa no hubiera investigado el caso Esther Quintana y los movimientos sociales no hubieran perseverado en la denuncia todo esto habría quedado sepultado por la maquinaria de los gabinetes de prensa. La policía decía que no había habido lanzamiento de balas de goma y nosotros lo fuimos investigando. Al final la consejería tuvo que cambiar varias veces de versión oficial. El problema es que la redacción recibimos muchos casos con indicios, pistas o denuncias sobre abusos pero no siempre hemos tenido capacidad humana para hacer la investigación. Debería ser la administración quien investigue y tire del hilo. No puede ser que una persona o un colectivo sólo tenga la opción de llamar a la puerta de la Directa. Hay otros 4F que nadie ha investigado nunca ni se han visualizado nunca. Pero desde hace muchos años hay un silencio muy grande entre periodistas sobre los abusos contra los derechos humanos. Y, entonces, el problema es la impunidad. La nuestra es un trabajo de hormiguita y perseverancia que debería extenderse a todos los grandes medios de comunicación.
Lo que se gana en velocidad, se pierde en potencia. Lo que se gana en potencia, se pierde en velocidad.
Re: Lista de incidencias en represión
Me alegro muchísimo de todo el jaleo que se está montando gracias a que "Ciutat Morta" se emitió por TV. Mis felicitaciones a todos quienes han hecho posible la película y su emisión. Pero ayer por la radio no escuchaba más que a periodistas convertidos en el 7º de caballeria, dispuestos a denunciar estos hechos... diez años después. Puestos así, algún caso tienen ahora a mano, la verdad. Es un consuelo saber que si la policía te destroza la vida, diez años después estos individuos acudirán en tu ayuda. ¿Sólo existe lo que sale en TV?
Enlace: "Es triste ver la respuesta nueve años más tarde cuando la información del 4-F ha estado ahí"
Enlace: "Es triste ver la respuesta nueve años más tarde cuando la información del 4-F ha estado ahí"
Este lunes muchos opinadores se han retractado de su posición respecto al 4-F, mucha gente que en su momento ignoró el caso o criticó a los condenados que protagonizan el documental. ¿Que mensaje les daríais a estas personas?
X.O.: La verdad es que es un poco triste ver la respuesta que hay hoy, nueve años más tarde, cuando toda la información del 4-F ha estado ahí, al alcance de todo el mundo para sacar este caso a la luz, y que tenga que ser una emisión masiva en televisión la que al final destape todas las mentiras. Yo pediría que hubiese un poco más de rigor periodístico, más profesionalidad y estar más atento a lo que pasa a la gente en la calle.
Queda cuestionada la manera de hacer periodismo.
X.O.: Creemos que el periodismo de investigación hace tiempo que ha dejado de existir y ahora son los nuevos medios, los medios alternativos, lo medios en las redes los que hacen ese trabajo.
Ahora tenéis otro proyecto que es Idrissa, un documental para hablar del drama de los Centros de Internamiento de Extranjeros, un tema que ha aparecido algo más en los medios. ¿Qué queréis aportar con este nuevo proyecto?
X.O.: Lo mismo. Salimos con esta línea de denuncia. Denunciar una muerte que se produjo bajo circunstancias sospechosas en el CIE de Barcelona el 5 de enero del 2012, de un chico de Guinea Conakri del que no sabemos nada, y como no sabemos nada esto nos va a permitir hacer hipótesis de quién era Idrissa, de dónde vino, cómo vino, para en realidad mirarnos a nosotros mismos, los europeos, que somos los responsables del problema migratorio. Hacer balance de cuáles son las políticas de control migratorio europeo y porqué están ahí.
Re: Lista de incidencias en represión
Está claro que si lo mueve la tele adquiere credibilidad, y más y más cuanto más se mueve en los medios. Cuando pasó esto, juicio, criminalización, suicidio, intenté difundirlo lo que pude... Nada.
Me cabreó muchísimo la actitud de los policías en los foros policiales. Ni UN SOLO JUSTO, puso en duda que de alguna o de otra manera, Patricia Heras se lo había buscado. Dios dicen que destruyó Sdoma y Gomorra por algo parecido.
Por supuesto en la prensa de la época, la noticia escueta. Nadie del buen gremio democrático animándose a pedir responsabilidades. Lo que escribí a la prensa del caso... Ni caso.
Así que como para estar contento. Gente en la cárcel, una joven se suicida, los responsables torturan, mienten, falsifican actúan dentro de la ley.
Me cabreó muchísimo la actitud de los policías en los foros policiales. Ni UN SOLO JUSTO, puso en duda que de alguna o de otra manera, Patricia Heras se lo había buscado. Dios dicen que destruyó Sdoma y Gomorra por algo parecido.
Por supuesto en la prensa de la época, la noticia escueta. Nadie del buen gremio democrático animándose a pedir responsabilidades. Lo que escribí a la prensa del caso... Ni caso.
Así que como para estar contento. Gente en la cárcel, una joven se suicida, los responsables torturan, mienten, falsifican actúan dentro de la ley.
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CapitalCriminal
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Re: Lista de incidencias en represión
Si, la verdad es que es bastante triste que la gente solo se crea o se indigne con casos represivos solamente cuando lo ven en televisión años y años más tarde y no cuando sucede. Lo que comentas de la policía, ese corporativismo enfermizo es bastante característico de su gremio. Para ellos todos son honrados y cumplen con su trabajo de forma intachable, y de cara al público echan a las manzanas podridas del cesto, pero por detrás sindicatos recorren, altos cargos presionan y compañeros encubren. Por ejemplo, en el caso de los 2 guardias urbanos que cometieron torturas al joven de Trinidad y Tobago, nadie que trabajase en esa comisaria, desde el funcionario con la tarea más simple e inofensiva hasta el mayor responsable policial dijeron ni denunciaron nada de este tipo de prácticas que se cometían en su puesto de trabajo, que para la naturalidad con las que las cometían debían ser bien conocidas por sus compañer@s.
"Dios, o más bien la ficción de Dios, es la consagración de todas las autoridades que existen sobre la Tierra, y éstas no serán eliminadas hasta que se haya extinguido la creencia en un amo celeste"
Mijaíl Bakunin, Dios y el Estado.
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Re: Lista de incidencias en represión
Por agresión leve a un cargo público, dos años de prisión.
Una mujer aceptó dos años de prisión y una multa de 360 euros por agredir a la alcaldesa del municipio jiennense de Arroyo del Ojanco, Manuela Carrasco, y a una trabajadora social en el Ayuntamiento de la localidad, donde acudió para solicitar un anticipo de la nómina de su marido.
De esta forma, la procesada -que había pagado previamente la correspondiente indemnización- evitó el juicio que estaba previsto que se celebrara este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén, en la que se cerró un acuerdo de conformidad entre las partes.
El escrito de acusación de la Fiscalía detalla que los hechos tuvieron lugar el 7 de abril de 2014, cuando la acusada se personó en el Consistorio y se dirigió a la trabajadora social para pedirle el mencionado anticipo. Tras contestar la empleada que el asunto no era de su competencia, sino de la alcaldesa, la mujer comenzó a increparla, diciéndole: «si tú no sabes na, reventá [sic], me cago en tus muertos, mal dolor te dé». Después, la acusada «se abalanzó» contra la alcaldesa «y la agredió con una zapatilla», después de que ésta le pidiera que aguardara su turno.
Lo que se gana en velocidad, se pierde en potencia. Lo que se gana en potencia, se pierde en velocidad.
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CapitalCriminal
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Re: Lista de incidencias en represión
"Dios, o más bien la ficción de Dios, es la consagración de todas las autoridades que existen sobre la Tierra, y éstas no serán eliminadas hasta que se haya extinguido la creencia en un amo celeste"
Mijaíl Bakunin, Dios y el Estado.
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Re: Lista de incidencias en represión
Multa de 300 euros para activistas atrincherados contra un desahucio
La protesta se produjo en octubre de 2013 en el tejado de una corrala en Málaga
El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga ha condenado al pago de una multa de 300 euros a cada uno de los tres activistas que se atrincheraron en el tejado de un edificio en el transcurso del desahucio de la corrala Buenaventura, en la capital malagueña, que tuvo lugar en octubre de 2013. Según la sentencia, queda probado que lo hicieron para impedir la actuación policial y que desobedecieron las órdenes.
Los miembros de la plataforma Stop Desahucios "protagonizaron una manifestación por el desalojo judicial en el tejado, una zona peligrosa dada la prolongada pendiente", dice la sentencia, que destaca la desobediciencia de los activistas, que se negaron a bajar, siendo necesaria la intervención de los agentes del grupo GOES de la Policía Nacional.
http://www.diariodesevilla.es/article/a ... hucio.html
La protesta se produjo en octubre de 2013 en el tejado de una corrala en Málaga
El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga ha condenado al pago de una multa de 300 euros a cada uno de los tres activistas que se atrincheraron en el tejado de un edificio en el transcurso del desahucio de la corrala Buenaventura, en la capital malagueña, que tuvo lugar en octubre de 2013. Según la sentencia, queda probado que lo hicieron para impedir la actuación policial y que desobedecieron las órdenes.
Los miembros de la plataforma Stop Desahucios "protagonizaron una manifestación por el desalojo judicial en el tejado, una zona peligrosa dada la prolongada pendiente", dice la sentencia, que destaca la desobediciencia de los activistas, que se negaron a bajar, siendo necesaria la intervención de los agentes del grupo GOES de la Policía Nacional.
http://www.diariodesevilla.es/article/a ... hucio.html
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Re: Lista de incidencias en represión
El juez ordena la puesta en libertad de todas las personas en prisión de la Operación Pandora
Javier Gómez Bermúdez comunica a los abogados que hoy se dictarán los autos de libertad condicional con fianza de 3.000 para cada una de ellas.
Fueron detenidas el 16 de diciembre y hoy abandonarán la cárcel. Habrán pasado un mes y medio entre rejas después de que los Mossos d'Esquadra asaltaran sus domicilios en el marco de una macro operación llamada Pandora y que, según el consejero de Interior Ramón Espadaler, tenía como objetivo la desarticulación de una presunta organización de “terrorismo anarquista”. Fuentes judiciales han confirmado la liberación inmediata que, casualmente, coincide con el día en que el departamento de prensa de los Mossos d'Esquadra han emitido un comunicado en el que se detallan las acusaciones contra las personas detenidas.
En el comunicado, los Mossos acusan a los detenidos de formar parte del “grupo criminal” GAC, que, según ellos, estaría “adscrito a los postulados de la organización terrorista FAI/FRI” y de haber puesto artefactos explosivos en cajeros de La Caixa y del BBVA. Los Mossos también afirman que se relacionan con los consoladores bomba que recibieron el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, y el director de un centro educativo vinculado a los Legionarios de Cristo en Madrid a finales de 2012. También les vincula con cartas bombas parecidas recibidas por una empresa italiana con sede en Catalunya y otra carta “con un artefacto explosivo simulado” recibida en una empresa valenciana. Sólo en uno de los casos hubo un herido: la carta enviada al director del centro educativo, que explotó en la oficina de Correos causando heridas leves a una de las funcionarias.
A pesar de que la policía catalana quería que se mantuviera el secreto de sumario de las actuaciones hasta el próximo 22 de febrero, ayer, repentinamente, el juez cambió de criterio, rechazó prolongar las investigaciones y dio por acabada la reclusión de los siete presos. Está previsto que puedan abandonar las celdas de los centros penitenciarios de Estremera, Soto del Real, Aranjuez y Valdemoro, todos ellos situados en la periferia de Madrid, hoy a media tarde.
Las muestras de apoyo a estos jóvenes no se han detenido desde diciembre. El mismo día de los registros y las detenciones, una manifestación de más de 3.000 personas recorrió las calles del barrio de Gràcia y, en plenas fiestas de Navidad, más de 1.500 personas recorrieron el centro de Barcelona y el paseo de Gràcia tras una pancarta en la que se leía “Terrorista és qui ens condemna a una vida de misèria, no que es rebel·la contra ella”. En Madrid, cientos de personas participaron también en una manifestación espontánea que tuvo lugar el mismo día. Las convocatorias en solidaridad con los detenidos en la Operación Pandora se repitieron en Valencia, Girona, Tarragona, Salamanca y Valladolid, entre otras ciudades.
https://www.diagonalperiodico.net/liber ... ndora.html
Javier Gómez Bermúdez comunica a los abogados que hoy se dictarán los autos de libertad condicional con fianza de 3.000 para cada una de ellas.
Fueron detenidas el 16 de diciembre y hoy abandonarán la cárcel. Habrán pasado un mes y medio entre rejas después de que los Mossos d'Esquadra asaltaran sus domicilios en el marco de una macro operación llamada Pandora y que, según el consejero de Interior Ramón Espadaler, tenía como objetivo la desarticulación de una presunta organización de “terrorismo anarquista”. Fuentes judiciales han confirmado la liberación inmediata que, casualmente, coincide con el día en que el departamento de prensa de los Mossos d'Esquadra han emitido un comunicado en el que se detallan las acusaciones contra las personas detenidas.
En el comunicado, los Mossos acusan a los detenidos de formar parte del “grupo criminal” GAC, que, según ellos, estaría “adscrito a los postulados de la organización terrorista FAI/FRI” y de haber puesto artefactos explosivos en cajeros de La Caixa y del BBVA. Los Mossos también afirman que se relacionan con los consoladores bomba que recibieron el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, y el director de un centro educativo vinculado a los Legionarios de Cristo en Madrid a finales de 2012. También les vincula con cartas bombas parecidas recibidas por una empresa italiana con sede en Catalunya y otra carta “con un artefacto explosivo simulado” recibida en una empresa valenciana. Sólo en uno de los casos hubo un herido: la carta enviada al director del centro educativo, que explotó en la oficina de Correos causando heridas leves a una de las funcionarias.
A pesar de que la policía catalana quería que se mantuviera el secreto de sumario de las actuaciones hasta el próximo 22 de febrero, ayer, repentinamente, el juez cambió de criterio, rechazó prolongar las investigaciones y dio por acabada la reclusión de los siete presos. Está previsto que puedan abandonar las celdas de los centros penitenciarios de Estremera, Soto del Real, Aranjuez y Valdemoro, todos ellos situados en la periferia de Madrid, hoy a media tarde.
Las muestras de apoyo a estos jóvenes no se han detenido desde diciembre. El mismo día de los registros y las detenciones, una manifestación de más de 3.000 personas recorrió las calles del barrio de Gràcia y, en plenas fiestas de Navidad, más de 1.500 personas recorrieron el centro de Barcelona y el paseo de Gràcia tras una pancarta en la que se leía “Terrorista és qui ens condemna a una vida de misèria, no que es rebel·la contra ella”. En Madrid, cientos de personas participaron también en una manifestación espontánea que tuvo lugar el mismo día. Las convocatorias en solidaridad con los detenidos en la Operación Pandora se repitieron en Valencia, Girona, Tarragona, Salamanca y Valladolid, entre otras ciudades.
https://www.diagonalperiodico.net/liber ... ndora.html
Lo que se gana en velocidad, se pierde en potencia. Lo que se gana en potencia, se pierde en velocidad.
Re: Lista de incidencias en represión
La proyección de Ciutat Morta en la televisión pública catalana ha puesto el foco mediático sobre la actuación de la policía y sistema judicial en el caso 4-F, un supuesto montaje policial que llevó a tres personas a pasar por la cárcel con condenas de entre tres y cuatro años, prisión preventiva incluida, por unos hechos que siempre aseguraron no haber cometido, y que se saldaron con el suicidio de una de las condenadas.
Cuando se cumplen 9 años de la noche en la que comenzó la historia narrada por Ciutat Morta, varios casos recientes que guardan similitudes con el 4-F han sido puestas en tela de juicio. Detenciones arbitrarias, largas estancias en prisión preventiva, resoluciones basadas únicamente en testimonios policiales o el uso político de actuaciones judiciales son acusaciones que han venido reiterándose en los últimos años. Estos son algunos de los más polémicos.
Isma y Dani, 34 días en preventiva tras una huelga
Carmen García Martínez, la jueza que dictó la prisión preventiva para 3 de los acusados del 4-F, fue quien en 2012 decidió el mismo destino para Ismael Benito y Daniel Ayyash. Estudiantes en la Universidad de Barcelona, uno de Física e Ingeniería y de Física y Matemáticas el otro, ambos fueron detenidos cuando volvían de la manifestación celebrada por la mañana en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Los policías que les detuvieron les acusaban de haber cortado el tráfico en la avenida Diagonal mediante la quema de contenedores.
En aquella jornada de la huelga general hubo varios disturbios en el centro de Barcelona. Un grupo de personas incendió una cafetería y hubo contenedores quemados en varias calles del Eixample. Pero todo esto sucedió por la tarde, cuando Isma y Dani ya se encontraban en los calabozos tras su detención. Pese a que ellos siempre sostuvieron que su participación en la huelga fue pacífica, la jueza dio veracidad al testimonio policial, asegurando que los jóvenes pertenecían a "un grupo de personas que pretendían alterar la paz" con "alto peligro criminal".
Los dos jóvenes fueron trasladados a la cárcel de Cuatro Caminos, donde pasaron 34 días. Ninguno de los dos tenía antecedentes y varios profesores, decanos y hasta el rector de su Universidad enviaron cartas de apoyo. De nada sirvió, porque el destino de los dos era permanecer en prisión hasta pasada la cumbre del Banco Central Europeo, un evento para el que Barcelona se blindó.
"Ha habido que forzar el ordenamiento jurídico para que ingrese en prisión alguna persona", reconoció el ministro del Interior al hablar de su caso. Jorge Fernández Díaz tuvo este ataque de sinceridad para justificar su propuesta de reforma para rebajar las condiciones de la prisión provisional. Ilustró la necesidad de esta modificación por los incidentes ocurridos el día que detuvieron a Dani e Isma cuando, en palabras del ministro, "se utilizaron técnicas de guerrilla urbana" para incendiar una cafetería y agredir a los bomberos. Durante la huelga hubo 79 detenidos en Barcelona, pero solo 4 pasaron a prisión preventiva. Ente ellos estaban los dos estudiantes de la Universidad de Barcelona, que habían sido detenidos horas antes de los incidentes a los que aludía Fernández Díaz.
La jueza mantuvo la preventiva hasta pasada la cumbre del BCE, cuando la Audiencia de Barcelona invalidó su auto, dejando a los dos estudiantes en libertad sin fianza. Tres años después, Isma y Dani esperan el juicio, que se celebrará el próximo marzo, y en el que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat se personan. Piden para ellos casi 9 años de cárcel.
Juzgados por las protestas en Can Vies
A tres años y nueve meses de prisión asciende la condena de uno de los primeros juzgados por la manifestación que tuvo lugar tras el desalojo del centro social ocupado de Can Vies de Barcelona. El juzgado de lo penal condenó este lunes a cuatro de las 5 personas acusadas de participar en los altercados que se produjeron durante la semana de movilizaciones que siguió al asedio de la institución okupa, imponiendo penas de entre 8 y 45 meses de prisión. La sentencia más dura la recibió Quim, que según la sentencia lanzó una litrona que impactó en el escudo de un mosso d'esquadra, y al que se le aplica el agravante de haberlo hecho con el rostro tapado por una bufanda.
Paula es otra de las personas condenadas por la misma manifestación. En su caso, la pena asciende a un año de prisión por atentado contra la autoridad, al considerar el juez que lanzó una piedra pequeña contra un agente de paisano. Según el testimonio de la acusada, ella se encontraba esa noche en el barrio de Sants realizando un reportaje fotográfico cuando hizo una instantánea a un grupo de agentes de paisano, con los que mantuvo una discusión y que le terminaron deteniendo. "Había un montón de testigos que corroboraban su versión, vecinos que ni la conocían, y aún así el juez no la ha creído", explica su abogada, Anaïs Franquesa.
La letrada indica que la única prueba contra Paula es el testimonio de los agentes. "La sentencia es curiosa porque deja claro que no puede aceptar la idea de que haya podido haber un montaje policial, una mentira o ni siquiera un error, solo se basa en la palabra de la policía pese a que hay testigos que la contradicen y ni siquiera es capaz de aportar la piedra como prueba".
Basarse en únicamente en la versión policial es un aspecto que destaca otro de los abogados defensores de los detenidos de Can Vies, Andrés García Berrio, quien explica que en el juicio de Quim tampoco se aportó la botella o la bufanda que sirve como agravante. "Este caso pone en duda que hay detenciones arbitrarias y atestados no del todo ciertos, muestra que casos como el 4-F se pueden volver a repetir si no se actúa con la máxima profesionalidad desde todos los cuerpos y los jueces siguen avalando la versión policial", indica García Berrio.
La mayoría de los detenidos por las manifestaciones de Can Vies no pasaron por la prisión preventiva, pero Sergi Rubia no corrió la misma suerte. Él acudió a la cacerolada en protesta por el desalojo del centro social y fue detenido el miércoles de una semana en la que tanto las manifestaciones como la violencia policial fue a más en el barrio barcelonés de Sants. El lunes los detenidos apenas fueron media docena. El miércoles, hasta 30. De ellos, solo Sergi pasó 23 días por la prisión preventiva, acusado en un primer momento de quemar un contenedor, aunque luego en el juicio los policías declararon que arrastró uno hasta otro que ya se quemaba.
Finalmente Sergi fue absuelto por la contradicción entre los testimonios de la policía y los testigos, y al no encontrar el juez pruebas de su actuación. Él defendió desde el primer momento que fue detenido de forma aleatoria y debido a su aspecto.
"Se hace un mal uso de la preventiva", afirma tajante la abogada Anaïs Franquesa. "Antes por este tipo de hechos nunca se pedían preventivas, pero en la huelga general de 2012 empezaron. Las peticiones de preventiva se realizan de acuerdo a las directrices que llegan a la fiscalía, con una carga bastante política. Se intenta crear una alarma social como aviso al resto de personas que salen a movilizaciones para que sepan que hay riesgos".
7 personas detenidas bajo ley antiterrorista
11 personas fueron detenidas el pasado diciembre en la llamada "operación Pandora", una actuación que la policía calificó de antiterrorista y que se desarrolló principalmente en el centro ocupado de La Kasa de la Muntanya, aunque también se realizaron detenciones en otros domicilios de Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid. El despliegue de efectivos de la policía catalana sobrepasó los 400 antidisturbios, en una operación mediáticamente vistosa encabezada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermudez.
El secreto de sumario no fue suficiente para evitar que trascendieran algunos de primeros indicios que se esgrimían para justificar la operación. El magistrado acusaba a detenidos de "constituir, promover, liderar y pertenecer a una organización terrorista", a lo que sumaba un delito de daños y estragos. Fundamentaba la decisión de enviar a 7 de los 11 detenidos a prisión preventiva en un informe policial que afirmaba que los detenidos pertenecen a los GAC (Grupos Anarquistas Coordinados) y que estos son una organización terrorista. La policía encontró diecisiete cartuchos de camping-gas en una de las entradas, que su propietario afirmaba usar para cocinar, y el juez explicó que varios de los detenidos "usaban correos con medidas de seguridad extremas, como riseup.net" y que tenían un libro cuya autoría se atribuye a los GAC.
Pese a la debilidad de los indicios y que el juicio aún no ha sido celebrado, las personas detenidas en la Operación Pandora han pasado un mes y medio en prisión preventiva bajo legislación antiterrorista, que permite la incomunicación durante 120 horas, la dispersión de los presos preventivos a diferentes cárceles del Estado –los de Pandora han estado en las inmediaciones de Madrid pese a haber sido detenidos en Barcelona– y un régimen especial en el centro penitenciario que permite el aislamiento del interno.
Después de 45 días en preventiva, el pasado jueves la policía catalana dio a conocer las acusaciones que se formulaban. El mismo día el juez daba por concluidas las investigaciones y dejaba en libertad con cargos a todos los detenidos bajo fianza de 3.000 euros. En los registros practicados, los Mossos d'Esquadra aseguraron haber decomisado "material informático, cartas y manuscritos vinculados al GAC, elementos para la fabricación de artefactos, manuales sobre la fabricación de explosivos, documentación de identidad falsa y dinero en efectivo".
La policía relacionaba a este grupo con atentados contra sucursales de bancos italianos, la colocación de un artefacto explosivo casero en la madrileña catedral de La Almudena en 2013 y con una bomba hecha con un camping-gas que explotó en la basílica del Pilar de Zaragoza sin causar heridos el mismo año. Los investigadores esgrimen que desde que el GAC se presentara en 2012 "el número de atentados de carácter anarquista ha aumentado exponencialmente". El abogado Benet Salellas denunció que la resolución judicial no era capaz de relacionar a los detenidos con ninguno de los hechos cometidos, y aseguró que se utiliza la asistencia de los imputados a reuniones como pruebas de su pertenencia a las GAC.
Partidos como ICV-EUiA y la CUP, sindicatos como CNT o CGT y diversos grupos antirrepresión vincularon la Operación Pandora con la ley mordaza, una reforma que endurecía la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada solo cinco días antes en el Congreso. David Companyon, diputado de ICV-EUiA aseguró que "la redada" se había producido con el fin de "justificar, en un momento en que no hay terrorismo en el Estado, la necesidad de una norma que ha suscitado fuertes críticas también en Europa".
http://www.eldiario.es/catalunya/4-f-co ... 65580.html
Cuando se cumplen 9 años de la noche en la que comenzó la historia narrada por Ciutat Morta, varios casos recientes que guardan similitudes con el 4-F han sido puestas en tela de juicio. Detenciones arbitrarias, largas estancias en prisión preventiva, resoluciones basadas únicamente en testimonios policiales o el uso político de actuaciones judiciales son acusaciones que han venido reiterándose en los últimos años. Estos son algunos de los más polémicos.
Isma y Dani, 34 días en preventiva tras una huelga
Carmen García Martínez, la jueza que dictó la prisión preventiva para 3 de los acusados del 4-F, fue quien en 2012 decidió el mismo destino para Ismael Benito y Daniel Ayyash. Estudiantes en la Universidad de Barcelona, uno de Física e Ingeniería y de Física y Matemáticas el otro, ambos fueron detenidos cuando volvían de la manifestación celebrada por la mañana en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Los policías que les detuvieron les acusaban de haber cortado el tráfico en la avenida Diagonal mediante la quema de contenedores.
En aquella jornada de la huelga general hubo varios disturbios en el centro de Barcelona. Un grupo de personas incendió una cafetería y hubo contenedores quemados en varias calles del Eixample. Pero todo esto sucedió por la tarde, cuando Isma y Dani ya se encontraban en los calabozos tras su detención. Pese a que ellos siempre sostuvieron que su participación en la huelga fue pacífica, la jueza dio veracidad al testimonio policial, asegurando que los jóvenes pertenecían a "un grupo de personas que pretendían alterar la paz" con "alto peligro criminal".
Los dos jóvenes fueron trasladados a la cárcel de Cuatro Caminos, donde pasaron 34 días. Ninguno de los dos tenía antecedentes y varios profesores, decanos y hasta el rector de su Universidad enviaron cartas de apoyo. De nada sirvió, porque el destino de los dos era permanecer en prisión hasta pasada la cumbre del Banco Central Europeo, un evento para el que Barcelona se blindó.
"Ha habido que forzar el ordenamiento jurídico para que ingrese en prisión alguna persona", reconoció el ministro del Interior al hablar de su caso. Jorge Fernández Díaz tuvo este ataque de sinceridad para justificar su propuesta de reforma para rebajar las condiciones de la prisión provisional. Ilustró la necesidad de esta modificación por los incidentes ocurridos el día que detuvieron a Dani e Isma cuando, en palabras del ministro, "se utilizaron técnicas de guerrilla urbana" para incendiar una cafetería y agredir a los bomberos. Durante la huelga hubo 79 detenidos en Barcelona, pero solo 4 pasaron a prisión preventiva. Ente ellos estaban los dos estudiantes de la Universidad de Barcelona, que habían sido detenidos horas antes de los incidentes a los que aludía Fernández Díaz.
La jueza mantuvo la preventiva hasta pasada la cumbre del BCE, cuando la Audiencia de Barcelona invalidó su auto, dejando a los dos estudiantes en libertad sin fianza. Tres años después, Isma y Dani esperan el juicio, que se celebrará el próximo marzo, y en el que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat se personan. Piden para ellos casi 9 años de cárcel.
Juzgados por las protestas en Can Vies
A tres años y nueve meses de prisión asciende la condena de uno de los primeros juzgados por la manifestación que tuvo lugar tras el desalojo del centro social ocupado de Can Vies de Barcelona. El juzgado de lo penal condenó este lunes a cuatro de las 5 personas acusadas de participar en los altercados que se produjeron durante la semana de movilizaciones que siguió al asedio de la institución okupa, imponiendo penas de entre 8 y 45 meses de prisión. La sentencia más dura la recibió Quim, que según la sentencia lanzó una litrona que impactó en el escudo de un mosso d'esquadra, y al que se le aplica el agravante de haberlo hecho con el rostro tapado por una bufanda.
Paula es otra de las personas condenadas por la misma manifestación. En su caso, la pena asciende a un año de prisión por atentado contra la autoridad, al considerar el juez que lanzó una piedra pequeña contra un agente de paisano. Según el testimonio de la acusada, ella se encontraba esa noche en el barrio de Sants realizando un reportaje fotográfico cuando hizo una instantánea a un grupo de agentes de paisano, con los que mantuvo una discusión y que le terminaron deteniendo. "Había un montón de testigos que corroboraban su versión, vecinos que ni la conocían, y aún así el juez no la ha creído", explica su abogada, Anaïs Franquesa.
La letrada indica que la única prueba contra Paula es el testimonio de los agentes. "La sentencia es curiosa porque deja claro que no puede aceptar la idea de que haya podido haber un montaje policial, una mentira o ni siquiera un error, solo se basa en la palabra de la policía pese a que hay testigos que la contradicen y ni siquiera es capaz de aportar la piedra como prueba".
Basarse en únicamente en la versión policial es un aspecto que destaca otro de los abogados defensores de los detenidos de Can Vies, Andrés García Berrio, quien explica que en el juicio de Quim tampoco se aportó la botella o la bufanda que sirve como agravante. "Este caso pone en duda que hay detenciones arbitrarias y atestados no del todo ciertos, muestra que casos como el 4-F se pueden volver a repetir si no se actúa con la máxima profesionalidad desde todos los cuerpos y los jueces siguen avalando la versión policial", indica García Berrio.
La mayoría de los detenidos por las manifestaciones de Can Vies no pasaron por la prisión preventiva, pero Sergi Rubia no corrió la misma suerte. Él acudió a la cacerolada en protesta por el desalojo del centro social y fue detenido el miércoles de una semana en la que tanto las manifestaciones como la violencia policial fue a más en el barrio barcelonés de Sants. El lunes los detenidos apenas fueron media docena. El miércoles, hasta 30. De ellos, solo Sergi pasó 23 días por la prisión preventiva, acusado en un primer momento de quemar un contenedor, aunque luego en el juicio los policías declararon que arrastró uno hasta otro que ya se quemaba.
Finalmente Sergi fue absuelto por la contradicción entre los testimonios de la policía y los testigos, y al no encontrar el juez pruebas de su actuación. Él defendió desde el primer momento que fue detenido de forma aleatoria y debido a su aspecto.
"Se hace un mal uso de la preventiva", afirma tajante la abogada Anaïs Franquesa. "Antes por este tipo de hechos nunca se pedían preventivas, pero en la huelga general de 2012 empezaron. Las peticiones de preventiva se realizan de acuerdo a las directrices que llegan a la fiscalía, con una carga bastante política. Se intenta crear una alarma social como aviso al resto de personas que salen a movilizaciones para que sepan que hay riesgos".
7 personas detenidas bajo ley antiterrorista
11 personas fueron detenidas el pasado diciembre en la llamada "operación Pandora", una actuación que la policía calificó de antiterrorista y que se desarrolló principalmente en el centro ocupado de La Kasa de la Muntanya, aunque también se realizaron detenciones en otros domicilios de Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid. El despliegue de efectivos de la policía catalana sobrepasó los 400 antidisturbios, en una operación mediáticamente vistosa encabezada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermudez.
El secreto de sumario no fue suficiente para evitar que trascendieran algunos de primeros indicios que se esgrimían para justificar la operación. El magistrado acusaba a detenidos de "constituir, promover, liderar y pertenecer a una organización terrorista", a lo que sumaba un delito de daños y estragos. Fundamentaba la decisión de enviar a 7 de los 11 detenidos a prisión preventiva en un informe policial que afirmaba que los detenidos pertenecen a los GAC (Grupos Anarquistas Coordinados) y que estos son una organización terrorista. La policía encontró diecisiete cartuchos de camping-gas en una de las entradas, que su propietario afirmaba usar para cocinar, y el juez explicó que varios de los detenidos "usaban correos con medidas de seguridad extremas, como riseup.net" y que tenían un libro cuya autoría se atribuye a los GAC.
Pese a la debilidad de los indicios y que el juicio aún no ha sido celebrado, las personas detenidas en la Operación Pandora han pasado un mes y medio en prisión preventiva bajo legislación antiterrorista, que permite la incomunicación durante 120 horas, la dispersión de los presos preventivos a diferentes cárceles del Estado –los de Pandora han estado en las inmediaciones de Madrid pese a haber sido detenidos en Barcelona– y un régimen especial en el centro penitenciario que permite el aislamiento del interno.
Después de 45 días en preventiva, el pasado jueves la policía catalana dio a conocer las acusaciones que se formulaban. El mismo día el juez daba por concluidas las investigaciones y dejaba en libertad con cargos a todos los detenidos bajo fianza de 3.000 euros. En los registros practicados, los Mossos d'Esquadra aseguraron haber decomisado "material informático, cartas y manuscritos vinculados al GAC, elementos para la fabricación de artefactos, manuales sobre la fabricación de explosivos, documentación de identidad falsa y dinero en efectivo".
La policía relacionaba a este grupo con atentados contra sucursales de bancos italianos, la colocación de un artefacto explosivo casero en la madrileña catedral de La Almudena en 2013 y con una bomba hecha con un camping-gas que explotó en la basílica del Pilar de Zaragoza sin causar heridos el mismo año. Los investigadores esgrimen que desde que el GAC se presentara en 2012 "el número de atentados de carácter anarquista ha aumentado exponencialmente". El abogado Benet Salellas denunció que la resolución judicial no era capaz de relacionar a los detenidos con ninguno de los hechos cometidos, y aseguró que se utiliza la asistencia de los imputados a reuniones como pruebas de su pertenencia a las GAC.
Partidos como ICV-EUiA y la CUP, sindicatos como CNT o CGT y diversos grupos antirrepresión vincularon la Operación Pandora con la ley mordaza, una reforma que endurecía la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada solo cinco días antes en el Congreso. David Companyon, diputado de ICV-EUiA aseguró que "la redada" se había producido con el fin de "justificar, en un momento en que no hay terrorismo en el Estado, la necesidad de una norma que ha suscitado fuertes críticas también en Europa".
http://www.eldiario.es/catalunya/4-f-co ... 65580.html
Lo que se gana en velocidad, se pierde en potencia. Lo que se gana en potencia, se pierde en velocidad.
Re: Lista de incidencias en represión
Carlos Cano, condenado por participar en un piquete, entra en prisión voluntariamente
Fue condenado junto a Carmen Bajo a tres años y un día de cárcel porparticipar en un piquete durante la huelga General de 2012.
Sus abogados han intentado recurrir su ingreso en prisión sin éxito.
"Confío en la gente y espero que se haga justicia", dice antes de entregarse voluntariamente.
http://www.eldiario.es/andalucia/Carlos ... 21869.html
Carlos Cano se ha entregado en prisión por voluntad propia este lunes en Granada, tras la providencia que emitió el pasado viernes el Juzgado de lo Penal nº1 apremiando la ejecución de su sentencia, por su participación en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Así lo ha hecho saber a través de una nota de prensa durante esta madrugada.
La condena impuesta a Carlos Cano (Castro del Río, 1989) y a Carmen Bajo (León 1958) es de tres años y un día de prisión, más una multa de 3.655 € a cada uno. Además se le impuso a Carlos una indemnización de 767 euros, que ya ha pagado a los propietarios del local en el que fueron identificados.
Carlos ha ordenado sus asuntos personales y se ha despedido de sus seres queridos más cercanos. Sus padres y algunos amigos lo han acompañado junto con su abogado hasta la misma puerta del centro penitenciario.
“Mis padres, mis hermanos, toda mi familia y amigos han estado a mi lado en todo momento. Veo que hay un enorme apoyo social, que la gente entiende que esta medida es injusta. Siento que no estoy solo, me da fuerza ver personas de todo color político apoyándome. Es ese apoyo lo que me salva de lo que significa la cárcel. En quien confío es en la gente y lo que espero es que se haga justicia”, dice Carlos.
En el comunicado, su familia agradece todo el apoyo recibido para evitar el ingreso de Carlos en prisión. “Incluso con todo el aliento que nos da saber que está tan entero y que hay tanto apoyo ciudadano, se trata de un trance agotador, en muchos sentidos”, dice su hermano Pedro.
Judicialmente, tanto por parte de Carlos como de Carmen, hasta ahora se ha recurrido la sentencia a la Audiencia Provincial, que la ratificó el día 20 de mayo. Además, se presentaron sendas apelaciones de incidente de nulidad de actuaciones que fueron inadmitidos a trámite. Carlos y Carmen aún están a la espera de la aceptación a trámite del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que reclamaban medidas cautelares de suspensión a la ejecución de su condena hasta finalizar el tramite. Y, si agotan todas esas vías judiciales posibles, recurrirían a la petición del indulto.
Fue condenado junto a Carmen Bajo a tres años y un día de cárcel porparticipar en un piquete durante la huelga General de 2012.
Sus abogados han intentado recurrir su ingreso en prisión sin éxito.
"Confío en la gente y espero que se haga justicia", dice antes de entregarse voluntariamente.
http://www.eldiario.es/andalucia/Carlos ... 21869.html
Carlos Cano se ha entregado en prisión por voluntad propia este lunes en Granada, tras la providencia que emitió el pasado viernes el Juzgado de lo Penal nº1 apremiando la ejecución de su sentencia, por su participación en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Así lo ha hecho saber a través de una nota de prensa durante esta madrugada.
La condena impuesta a Carlos Cano (Castro del Río, 1989) y a Carmen Bajo (León 1958) es de tres años y un día de prisión, más una multa de 3.655 € a cada uno. Además se le impuso a Carlos una indemnización de 767 euros, que ya ha pagado a los propietarios del local en el que fueron identificados.
Carlos ha ordenado sus asuntos personales y se ha despedido de sus seres queridos más cercanos. Sus padres y algunos amigos lo han acompañado junto con su abogado hasta la misma puerta del centro penitenciario.
“Mis padres, mis hermanos, toda mi familia y amigos han estado a mi lado en todo momento. Veo que hay un enorme apoyo social, que la gente entiende que esta medida es injusta. Siento que no estoy solo, me da fuerza ver personas de todo color político apoyándome. Es ese apoyo lo que me salva de lo que significa la cárcel. En quien confío es en la gente y lo que espero es que se haga justicia”, dice Carlos.
En el comunicado, su familia agradece todo el apoyo recibido para evitar el ingreso de Carlos en prisión. “Incluso con todo el aliento que nos da saber que está tan entero y que hay tanto apoyo ciudadano, se trata de un trance agotador, en muchos sentidos”, dice su hermano Pedro.
Judicialmente, tanto por parte de Carlos como de Carmen, hasta ahora se ha recurrido la sentencia a la Audiencia Provincial, que la ratificó el día 20 de mayo. Además, se presentaron sendas apelaciones de incidente de nulidad de actuaciones que fueron inadmitidos a trámite. Carlos y Carmen aún están a la espera de la aceptación a trámite del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que reclamaban medidas cautelares de suspensión a la ejecución de su condena hasta finalizar el tramite. Y, si agotan todas esas vías judiciales posibles, recurrirían a la petición del indulto.
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Re: Lista de incidencias en represión
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDeta ... I.facebook
UGT consigue la absolución de un afiliado condenado a cárcel por participar en un piquete
MCA-UGT | jueves, 5 de febrero de 2015
MCA-UGT Madrid ha conseguido que la Audiencia Provincial de Madrid absuelva al compañero Ángel Pablo Triguero Fernández, afiliado al sindicato y condenado a seis meses de cárcel por participar en un piquete informativo durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. La Audiencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el afiliado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 26 de Madrid que le condenaba a seis meses de cárcel como autor de un delito de resistencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal.
La Audiencia modifica los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal al considerar que el afiliado "lanzó una piedra contra un vehículo que se encontraba en el lugar, tras impactar contra el mismo rebotó y alcanzó al policía municipal, no resultado acreditado que pretendiera golpear al agente para menoscabar el principio de autoridad que en ese momento representaba ni que estuviera insultando a los agentes mientras lanzaba la piedra".
La sentencia considera, además, que "no cabe inferir la intención del autor del hecho de lanzar la piedra contra el agente con ánimo de menoscabar el principio de autoridad que la Policía Municipal representaba". Por el contrario, "puede entenderse que el propósito del recurrente era golpear el automóvil, y que sin tener intención de ello, la piedra rebotó y alcanzó al policía que se encontraba cerca, no teniendo el mismo lesión alguna por este hecho". A este respecto, la Audiencia entiende que es ésta la interpretación que debe realizarse de los hechos, "y en aplicación del principio in dubio pro reo la misma excluye la intención de lesionar el principio de autoridad, y por lo tanto la comisión por parte del afiliado del delito de resistencia por el que ha sido condenado, por lo que con estimación del recurso, procede su libre absolución".
El fallo de la Audiencia Provincial es firme y contra él no cabe recurso alguno.
La sentencia da la razón a las tesis de UGT
De esta forma, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid está en la línea de las tesis mantenidas por UGT en su campaña en defensa de la libertad sindical y del derecho de huelga. La criminalización de los piquetes informativos ha supuesto que más de 300 sindicalistas tengan procesos abiertos por su participación en huelgas generales, y de estos, más de 85 son afiliados a UGT. Los piquetes informativos están reconocidos y avalados constitucionalmente. El propio Tribunal Constitucional declara su actividad “con funciones de información, propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar trabajando”, y forma parte del contenido esencial del derecho de huelga.
Recientemente, cinco sindicalistas de MCA-UGT de ArcelorMittal han sido condenados a una pena conjunta de 21 años de prisión por atentar supuestamente contra el derecho de los trabajadores en unos sucesos similares ocurridos en la factoría de Veriña-Gijón durante la huelga general del 29 de mayo de 2012 (ver noticia).
A este respecto recordar que el próximo martes 10 de febrero, MCA-UGT y los Comités de Empresa de ArcelorMittal han convocado una concentración en Oviedo a las 18 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno en defensa de los cinco sindicalistas de ArcelorMittal condenados a prisión y en protesta por la criminalización que está haciendo el Gobierno del PP del derecho a la libertad sindical y del derecho de huelga.
Sentencia Nº 35/2015 de la Audiencia Provincial de Madrid
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UGT consigue la absolución de un afiliado condenado a cárcel por participar en un piquete
MCA-UGT | jueves, 5 de febrero de 2015
MCA-UGT Madrid ha conseguido que la Audiencia Provincial de Madrid absuelva al compañero Ángel Pablo Triguero Fernández, afiliado al sindicato y condenado a seis meses de cárcel por participar en un piquete informativo durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. La Audiencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el afiliado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 26 de Madrid que le condenaba a seis meses de cárcel como autor de un delito de resistencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal.
La Audiencia modifica los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal al considerar que el afiliado "lanzó una piedra contra un vehículo que se encontraba en el lugar, tras impactar contra el mismo rebotó y alcanzó al policía municipal, no resultado acreditado que pretendiera golpear al agente para menoscabar el principio de autoridad que en ese momento representaba ni que estuviera insultando a los agentes mientras lanzaba la piedra".
La sentencia considera, además, que "no cabe inferir la intención del autor del hecho de lanzar la piedra contra el agente con ánimo de menoscabar el principio de autoridad que la Policía Municipal representaba". Por el contrario, "puede entenderse que el propósito del recurrente era golpear el automóvil, y que sin tener intención de ello, la piedra rebotó y alcanzó al policía que se encontraba cerca, no teniendo el mismo lesión alguna por este hecho". A este respecto, la Audiencia entiende que es ésta la interpretación que debe realizarse de los hechos, "y en aplicación del principio in dubio pro reo la misma excluye la intención de lesionar el principio de autoridad, y por lo tanto la comisión por parte del afiliado del delito de resistencia por el que ha sido condenado, por lo que con estimación del recurso, procede su libre absolución".
El fallo de la Audiencia Provincial es firme y contra él no cabe recurso alguno.
La sentencia da la razón a las tesis de UGT
De esta forma, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid está en la línea de las tesis mantenidas por UGT en su campaña en defensa de la libertad sindical y del derecho de huelga. La criminalización de los piquetes informativos ha supuesto que más de 300 sindicalistas tengan procesos abiertos por su participación en huelgas generales, y de estos, más de 85 son afiliados a UGT. Los piquetes informativos están reconocidos y avalados constitucionalmente. El propio Tribunal Constitucional declara su actividad “con funciones de información, propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar trabajando”, y forma parte del contenido esencial del derecho de huelga.
Recientemente, cinco sindicalistas de MCA-UGT de ArcelorMittal han sido condenados a una pena conjunta de 21 años de prisión por atentar supuestamente contra el derecho de los trabajadores en unos sucesos similares ocurridos en la factoría de Veriña-Gijón durante la huelga general del 29 de mayo de 2012 (ver noticia).
A este respecto recordar que el próximo martes 10 de febrero, MCA-UGT y los Comités de Empresa de ArcelorMittal han convocado una concentración en Oviedo a las 18 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno en defensa de los cinco sindicalistas de ArcelorMittal condenados a prisión y en protesta por la criminalización que está haciendo el Gobierno del PP del derecho a la libertad sindical y del derecho de huelga.
Sentencia Nº 35/2015 de la Audiencia Provincial de Madrid
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