Mensaje
por Invitado » 27 Ago 2003, 17:25
«Los españoles también hemos sido emigrantes»
Dicen que las mentiras más grandes son las verdades a medias, y eso ocurre con esta afirmación. Es verdad que los españoles han emigrado, principalmente a Latinoamérica y, tras la segunda guerra mundial, a otros países de Europa. Pero hay diferencias sustanciales con los actuales flujos inmigratorios con destino a España:
Los españoles, en su mayoría, emigraban de acuerdo a la ley, tanto española como del país de destino. No cruzaban clandestinamente las fronteras, burlando a las autoridades. Los servicios consulares en colaboración con el ministerio de trabajo cooperaban, en la medida de sus posibilidades, con el país de acogida con vistas a regular el trabajo de los españoles, y éstos, también en su gran mayoría, no pasaban a engrosar las filas de la economía sumergida, sino que desempeñaban trabajos debidamente dados de alta en la seguridad social, cotizando y pagando los correspondientes impuestos. Sin embargo, la inmigración masiva que padece España está compuesta en buena parte por inmigrantes sin papeles, que burlan los controles fronterizos de las autoridades españolas, incrementan las filas de la economía sumergida, que no paga impuestos, al tiempo que los gobiernos de sus países de origen se desentienden de ellos y apenas cooperan con las autoridades españolas, ya sea para regular el trabajo de sus ciudadanos, para impedir la actuación en su territorio de las mal llamadas “mafias de la inmigración” que atentan contra los legítimos derechos de España, o para la repatriación de los indocumentados.
2º) Los países a los que se dirigían los españoles necesitaban mano de obra, ya fuera en América, continente con múltiples posibilidades, o en la Europa de la posguerra, que había visto reducida su población masculina e iniciaba las políticas de reconstrucción. Sin embargo, España es el país de la CEE con mayor índice de paro, y resulta absurdo pretender traer mano de obra extranjera mientras un 10% de la población activa se encuentra en situación de desempleo.
3º) Las diferencias culturales y sociológicas de los emigrantes españoles y de la población de acogida no tienen comparación con los de buena parte de la población inmigrante que llega a España, y por tanto los problemas de asimilación eran bastante menores. Los españoles que emigraban a Francia, Suiza o Alemania compartían con la población de dichos países unos mismos valores socioculturales procedentes de su historia común y de su identidad religiosa cristiana. Nada de esto sucede con la inmigración procedente de China, del magreb, del área subsahariana, etc.
«Los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren realizar»
Quien esto afirma viene a decir que los españoles somos muy finos y se nos caen los anillos trabajando como peones agrícolas o de la construcción, empleadas del hogar, personal de limpieza, ayudantes de bar y de cocina, y en general, trabajos de baja remuneración. Lo cierto es que todo trabajo, mientras sea honrado, es digno, lo cual se olvida fácilmente en una sociedad eminentemente capitalista que alienta lo material y lo superficial. En cualquier caso, la realidad es que los españoles quieren trabajar de acuerdo a las conquistas sociales de los últimos decenios, es decir, llevando a cabo una jornada laboral adecuada, en unas condiciones laborales adecuadas y por un salario adecuado. En el caso de una empleada del hogar, deseará la jornada laboral que marca el convenio, en las condiciones que marca el convenio y por el salario que marca el convenio. Pero siempre habrá una inmigrante que esté dispuesta a hacer más horas, por menos dinero y sin alta en seguridad social, de ahí que pocas españolas estarán dispuestas a renunciar a los derechos laborales que tanto tiempo y esfuerzo han costado al pueblo español y adaptarse a las pretensiones más humildes de la población inmigrante. En el campo no faltan españoles dispuestos a realizar las tareas agrícolas, pero siempre habrá inmigrantes que aceptarán jornadas de diez horas, seis días a la semana, por menos dinero, sin seguro agrario y en invernaderos insalubres y desprotegidos frente a los pesticidas. Y así podemos seguir con el resto de trabajos. Y aún cuando se cumpla a rajatabla la normativa laboral, siempre habrá inmigrantes de sobra para cubrir esos puestos, de forma que al sobrar la mano de obra los empresarios no necesitan incentivar a los trabajadores aumentando los salarios y por consiguiente elevando su poder adquisitivo. Los salarios bajos permiten que los de siempre tengan más beneficios que nunca. Los perjudicados son, una vez más, los españoles que componen la clase trabajadora, es decir, la mayoría de la población.
«Los inmigrantes aportan riqueza al conjunto del Estado»
Esta es una visión muy simplista que se basa únicamente en las cotizaciones a la seguridad social y el gasto sanitario y en pensiones que ocasionan los inmigrantes. Aún cuando es prematuro extraer resultados concluyentes, y dada la presión gubernamental y empresarial por incrementar el número de inmigrantes, es difícil dar credibilidad a estos datos, pues es sabido que primero se decide qué se quiere demostrar y a continuación se aportan los datos estadísticos que refuerzan esa tesis y se ocultan aquéllos que la debilitan, podemos aceptar en principio que es posible que hoy por hoy los inmigrantes aporten a la Seguridad Social más dinero que el gasto que producen en materia de sanidad y pensiones, pero resulta imperativo hacer las siguientes matizaciones:
La población inmigrante es todavía eminentemente joven y por tanto razonablemente sana. Habrá que esperar dentro de unos años un fuerte incremento en sus necesidades sanitarias y en materia de pensiones. Podemos decir que sus cotizaciones representan para el pueblo español pan para hoy y hambre para mañana. Pero ya que hablamos del gasto sanitario, digamos toda la verdad, puesto que también es necesario mencionar la tristemente conocida alta tasa de portadores del virus VIH en África, así como el hecho de que una parte importante de mujeres inmigrantes se dedica a la prostitución, con el correspondiente riesgo para la salud pública.
Los inmigrantes no sólo ocasionan gastos con cargo a la seguridad social, también hay que incrementar la dotación del ministerio de Trabajo y de Interior para atender a sus necesidades y regular su estancia (ya hay un secretario de Estado para la Inmigración, y no sería sorprendente que en un futuro cercano se cree un ministerio para tal fin). Dada la fuerte natalidad de los inmigrantes y ya que hay que proceder a la escolarización de sus hijos, es necesario resaltar que muchos de éstos precisan, ya sea por dificultades idiomáticas o de integración, de planes pedagógicos especiales que requieren de una parte no despreciable del presupuesto educativo. Muchos de los inmigrantes, documentados o no, tienen problemas de adaptación o viven en bolsas de marginalidad, por lo que consumen buena parte de los recursos del ministerio de Asuntos Sociales y de los departamentos asistenciales de comunidades y ayuntamientos, así como de ONGs de subvención estatal. Los extranjeros, con o sin papeles, protagonizan el 30% de los crímenes cometidos en España [El País, 6 de Agosto de 2000], y representan buena parte de la población reclusa española. Asimismo, y en lo que respecta a la lucha contra la inmigración ilegal, ésta supone un coste colosal (crecientes dotaciones policiales, costosísimas vallas fronterizas en Ceuta y Melilla, helicópteros, patrulleras, gastos de expulsión...).
Buena parte del dinero que obtienen los inmigrantes es enviado a sus países de origen para el mantenimiento de sus familias. Nadie se ha molestado en evaluar el dinero que por este motivo sale de España. Muchas veces se nos informa de las precarias condiciones de vida de los inmigrantes, como el hecho de que muchos viven hacinados o en infraviviendas pese a contar con un trabajo digno, y se nos quiere vender como ejemplo del racismo de los españoles el que estas personas no encuentren a nadie que les quiera alquilar un piso. Esto es cierto sin duda en algunos casos, pero es igualmente cierto que en otros casos el motivo viene dado por el deseo del inmigrante de gastar lo mínimo para poder enviar la mayor cantidad posible de dinero a sus familias.
Por último, no cabe hablar sólo de la riqueza que aportan, también es menester dar a conocer aquélla que impiden crear. Su masiva incorporación a la fuerza laboral posibilita el crecimiento cero de los salarios; al no crecer el poder adquisitivo de los trabajadores, tampoco crece el consumo interior, lo que perjudica a todas las empresas que no se dedican a la exportación (es decir, la mayoría de las empresas, en especial el pequeño comercio). Por desgracia, muchos de los inmigrantes, aún con papeles, engrosan las filas de la economía sumergida, que no paga impuestos y por consiguiente su aportación a la riqueza del conjunto de los españoles es harto discutible. Mientras exista una alta tasa de paro en España, es evidente que la inmigración extranjera dificulta la resolución de este problema, por lo que el Estado deberá seguir destinando una fuerte dotación presupuestaria para satisfacer las prestaciones por desempleo, dotación que podría ser empleada en educación, sanidad, infraestructuras...
«Los inmigrantes son necesarios dada la baja natalidad española»
Aquí se evidencia la mala fe de los apóstoles de la inmigración. Desde el inicio de la transición se ha venido ridiculizando la política de natalidad alentada por el régimen franquista, a la que se ha achacado como la causante de innumerables males, desde el aumento del paro al crecimiento de los índices de delincuencia y drogadicción de los ochenta. Ahora resulta que la carencia de una política de natalidad pone en peligro las pensiones del futuro. Lo que antes era malo ahora es bueno, y los mismos que antes vituperaban con sorna la política que fomentaba la existencia de familias numerosas, afirman hoy su necesidad de forma solemne y sin rubor alguno. Como quiera que a los españoles se nos ha inculcado en el último cuarto de siglo que ya no están los tiempos para tener muchos hijos (como si durante la época de nuestros padres y abuelos los panes venían llovidos del cielo), y que eso es síntoma de un atraso cultural alentado por la Iglesia para perpetuar a la mujer en su rol de madre y mantenerla aprisionada en el hogar, ahora resulta difícil dar un giro de 180 grados, por lo que afortunadamente y para salvación nuestra ahí tenemos a los inmigrantes, que carentes de complejos mantienen una alta tasa de natalidad. En definitiva, parece que de lo que se trata es de que nazcan pocos niños de españoles y muchos niños de inmigrantes, de forma que España pierda algún día su razón de ser y pueda fusionarse dócilmente a otras “ex_naciones”.
Si el problema es que nacen pocos niños, lo lógico es que el Estado fomente e incentive las familias numerosas, pero lo cierto es que esa política es prácticamente inexistente. Los partidos políticos en el poder, fieles a los intereses de las multinacionales, lejos de apostar por una política de natalidad preconizan una política inmigratoria, y para ello meten miedo a la población afirmando que hacen falta más cotizantes para poder garantizar el mantenimiento de las pensiones. Si hacen falta más cotizantes, podrían empezar por buscar empleo al 15% de la población activa en paro, pero en cualquier caso, si las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones, no hay ninguna ley que prohíba destinar alguna partida presupuestaria para reforzar las prestaciones sociales de nuestros mayores. Parece que existe un principio universal por el cual es imprescindible que la seguridad social se sostenga por sí misma, pero lo cierto es que este principio no se aplica prácticamente a ninguna otra rama del Estado (no hay nadie que sufrague la pretensión de que la educación se autofinancie, o la seguridad ciudadana, o la política de defensa ..., sin embargo, por algún motivo esotérico incomprensible para el común de los mortales, resulta imprescindible que la seguridad social no sea deficitaria). Pero es que además se omite el hecho de que la alta tasa de nacimientos entre los inmigrantes sólo se produce durante la primera generación, tal como sucede en los países que nos “aventajan” en materia de experiencia inmigratoria (Francia, Reino Unido, Holanda ...), sus hijos, una vez adoptan nuestras “costumbres”, pasan a tener un bajo índice de natalidad, lo cual les va de maravilla a los políticos mundialistas, puesto que les permite mantener la política inmigratoria de forma indefinida.
«El rechazo a la inmigración alienta el racismo y la xenofobia»
Este es el último recurso de los grupos de presión que pretenden imponernos su política inmigratoria. Si alguien no queda convencido con los clichés habituales en materia de extranjería (los inmigrantes desempeñan los trabajos que nosotros no queremos, aportan riqueza, garantizan nuestras pensiones y nos recuerdan que nosotros también fuimos emigrantes), debe guardarse para sí su opinión puesto que cualquier duda sobre las bondades de la inmigración puede alentar sentimientos de rechazo, y eso está muy feo. En definitiva, si no estás de acuerdo, te callas. Este es un chantaje moral claramente inmoral (valga la redundancia) que no podemos aceptar, y que además, parte de una premisa falsa consistente en hacernos sentir culpables de un problema del que somos ajenos, y que nos impide identificar a los auténticos culpables: los inmigrantes ilegales (que no los refugiados políticos) que han despreciado las leyes de nuestro país para promocionarse económicamente; los políticos españoles que con su dejadez y aquiescencia han fomentado la actual situación; los gobiernos de los países de origen, que consienten políticas de exclusión social y corrupción, y que posibilitan la existencia de una minoría que sustenta el poder y acapara para sí los recursos de la nación al tiempo que crea una ingente bolsa de pobreza, y por último, un sistema económico mundial que prima la riqueza de las multinacionales en detrimento de la riqueza de las naciones.
Denunciar la demencial y tiránica política inmigratoria no alienta “el racismo y la xenofobia” (una prueba de la machacona propaganda financiada por los círculos del poder es la ridícula unión de “racismo” y “xenofobia”; prácticamente nadie sabría decir cuál es la diferencia entre las dos palabras, y obviamente, nadie conoce a nadie que se califique de racista, pero no de xenófobo, o viceversa), sino que es un derecho soberano del pueblo español. Tengamos presente que la inmigración en cualquier caso no supone un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un determinado fin. El sistema democrático español nos permite discutir o discrepar las decisiones políticas, y al igual que podemos alabar o criticar las medidas fiscalizadoras o educativas, nada nos impide hacer lo mismo con las relativas a inmigración. No permitamos que se nos imponga una visión monolítica que por otra parte no responde a los legítimos intereses del pueblo español. Recordemos a quien haga falta que existe una tímida ley de extranjería –que ya sabemos que a pesar de su moderación apenas se cumple- aprobada por el parlamento, es decir, por la mayoría de la representación soberana del pueblo español. Defender las leyes, en especial las emanadas del parlamento, no puede convertirse en motivo de vergüenza. Exijamos por tanto que se cumpla la ley, en especial, que se destinen los fondos necesarios para la protección de nuestras fronteras y para financiar la expulsión de los extranjeros que pretenden burlar nuestra soberanía, que no es otra que la emanada de la voluntad mayoritaria del pueblo español expresada libremente en las urnas. La libertad que ampara a los defensores de abrir las fronteras es la misma que permite a los ciudadanos afirmar la necesidad de protegerlas. Aquéllos que desean regularizar a todos los ilegales tienen la posibilidad de lograrlo votando a los partidos que sustentan dicha petición, y no les debería resultar difícil puesto que cuentan con el apoyo de la banca (“El BBVA estima que la economía precisa 300.000 inmigrantes al año”, El País, 30 de Junio del 2000), las altas finanzas y las multinacionales, así como de los medios de comunicación, todos ellos participados en mayor o menor medida por éstas. Pero mientras no logren esa mayoría, la obligación democrática de todo español es la de hacer cumplir las leyes emanadas del parlamento. Así pues, a los que nos acusen de “xenófobos” respondámosles calificándolos de dictadores.
No consintamos que nos dobleguen con el falso debate de que los inmigrantes también son personas, que sufren penalidades y que en su mayoría son buenas personas. Nadie lo pone en duda, y es por ello que el pueblo español destina a través de los presupuestos generales del Estado ayudas al desarrollo de sus países de procedencia. Es ahí donde cabe encontrar la solución y los españoles hace muchos años que contribuimos a ella. Pero al igual que si llegamos un día a nuestra casa y nos encontramos una habitación ocupada por un extraño, procederemos a llamar a la policía sin importarnos si el intruso es una buena persona que pasa un mal momento y sin preocuparnos de que nadie por ello se atreva a acusarnos de “excluyentes”, con la misma determinación hemos de proteger nuestra casa común que es España. Resulta triste que el individualismo de la sociedad de consumo sólo nos permita ver nuestra propiedad particular y nos haga insensibles ante la propiedad colectiva. Esos seres “bondadosos” que abren las fronteras del país a todos los necesitados pero que les cierran las de su casa recuerdan a los del viejo chiste de aquél que se autocalificaba de comunista-conservador: comunista de lo ajeno y conservador de lo propio.
Tengamos siempre presente que si hoy los españoles gozamos de prestaciones sociales no es por casualidad, sino por el esfuerzo de todos aquellos españoles que nos precedieron y que posibilitaron mediante su trabajo, y en ocasiones dando su vida por ello, que sus descendientes tuvieran una vida más llevadera. Defender el logro de nuestros antepasados es una necesidad y una obligación. Claudicar, callar, agachar la cabeza para que no nos acusen falsamente de insolidarios es una cobardía indigna de las esperanzas de nuestros padres y abuelos. Frente a la visión totalitaria de las bondades de la inmigración, hemos de alzar nuestra voz inconformista y proclamar nuestro derecho a la discrepancia.
8)
