Página 1 de 1

Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 07 Ene 2019, 01:30
por Aitor Mena
Cogiendo como ejemplo un caso concreto como el de La Naval de Sestao, se pueden extraer las principales vias que pueden tener los gobiernos para rescatar actividades viables o promover en general una política industrial activa para potenciar sectores industriales, cambiar el modelo productivo, etc. También qué papel e impulso pueden tener los sindicatos, en este caso uno importante
El comité de La Naval dice que ni la compra de activos ni entrar en el accionariado son ayudas de Estado

El comité de La Naval dice que ni la compra de activos ni entrar en el accionariado son ayudas de Estado

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - El informe jurídico de expertos en Competencia encargado por el comité de La Naval concluye que ni la compra de activos del astillero a la administración concursal por parte de los gobiernos central y vasco ni la aportación de dinero para una empresa con capital público serían consideradas ayudas de Estado por parte de la Unión Europea siempre que "siga el principio del inversor privado en una economía de mercado"

(...)

El integrante del comité del astillero ha acusado al Ejecutivo Vasco de "incumplir su compromiso de elaborar un informe jurídico como el que ha encargado el comité" y "hemos tenido que ser los trabajadores quienes lo hemos encargado y presentado ante la inacción del gobierno".

https://www.europapress.es/economia/not ... 23140.html
Comité de La Naval propone capitalizar las indemnizaciones para entrar en el accionariado y evitar el cierre

calcula que podrían adquirir el 40% del astillero y emplaza a los Gobiernos central y vasco a que pongan el 60% restante

VITORIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Comité de La Naval propone capitalizar las indemnizaciones para entrar en el accionariado y evitar el cierre

El comité de empresa de La Naval ha propuesto a la plantilla del astillero de Sestao que utilice su indemnización para presentarse como inversores, poniendo "alrededor de cuatro o cinco millones de euros, y conseguir así el 40% del accionariado", y ha emplazado al Gobierno Vasco y al Gobierno central a que pongan el 60% restante. "Empecemos a andar, espero respuesta", ha indicado.

https://www.europapress.es/economia/not ... 33205.html
ELA exige al Gobierno vasco que asuma de manera urgente el control público en La Naval

En la Asamblea General de trabajadores y trabajadoras de La Naval, previa a la última reunión del periodo de consultas del ERE, se ha sometido a votación la aceptación o no de un acuerdo para el ERE de Extinción.

El resultado ha sido el siguiente:

Votos a favor del acuerdo 36
Votos en contra del acuerdo 89
Votos nulos 2

En consecuencia, los y las trabajadoras de La Naval han rechazado mayoritariamente el ERE de extinción planteado por la Administración Concursal.

En este sentido, desde ELA exigimos:

- A la Administración Concursal: que no lleve a efecto el ERE de extinción, y que ponga todos los medios necesarios para que en esta coyuntura entre capital público en La Naval, con el fin de mantener vivo el astillero y todos sus puestos de trabajo.

- Al Gobierno vasco, en concreto al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras: que dote de financiación al astillero, de manera urgente. El rechazo mayoritario del ERE por parte de la asamblea supone un mensaje muy claro para nuestras instituciones. No es aceptable el inmovilismo que han tenido hasta la fecha, esperando en todo momento a que se lleve a cabo la extinción de todos los contratos de trabajo. Exigimos al departamento dirigido por Arantza Tapia que actúe como lo han hecho diferentes gobiernos en la Unión Europea en situaciones similares, y que no deje tirados a los y las trabajadoras de La Naval y a la industria de Ezkerraldea.

https://www.ela.eus/es/ezkerraldea-kada ... n-la-naval
ELA exige que no se lleve a cabo el ERE de extinción de La Naval y que entre el Gobierno vasco en el capital público

El 11 de diciembre se ha celebrado la cuarta reunión del periodo de consultas del ERE de extinción de La Naval. En dicha reunión, ELA ha exigido al administrador concursal que no haga efectivo el ERE. Si se llevase a efecto el ERE previsto desaparecerían definitivamente los 177 puestos de trabajo de La Naval y los 1.800 del personal subcontratado.

ELA había exigido en anteriores reuniones que la administración concursal realizase las gestiones necesarias ante el Gobierno vasco para que éste entrase con capital público en La Naval antes de la finalización del periodo de consultas del ERE. En este sentido, la administración concursal, a pesar de que ha reconocido de que en esta fase del concurso está actuando de manera coordinada con el Gobierno vasco, señaló que sus gestiones para la entrada del capital público han fracasado hasta la fecha por la falta de voluntad de la administración vasca.

Por otra parte, en el periodo de consultas, el comité de empresa planteó tener una reunión con los diferentes inversores que estén interesados en La Naval. La administración concursal respondió que esa petición no era posible; nos parece una decisión muy grave.

ELA exige al Gobierno vasco, y en concreto al departamento de Desarrollo Económico, que actúe ahora, antes de que se pueda aplicar el ERE y se plantee una solución para toda la plantilla de La Naval, con la entrada de capital público y financiación para el astillero. Si no se hace antes de la aplicación del ERE, La Naval desaparecerá.

https://www.ela.eus/es/ezkerraldea-kada ... erno-vasco
La Consejera Tapia está jugando un papel activo a la hora de impulsar el cierre definitivo de La Naval

ELA quiere señalar que en los últimos años desde las instituciones se han impulsado procesos de liquidación, que supuestamente facilitarían la llegada de nuevos inversores, y que lo único que han generado han sido cierres y despidos. ELA defiende firmemente que La Naval es estratégica para Euskal Herria y que, conociendo la actividad y los proyectos a ejecutar, es indispensable garantizar una financiación adecuada, tal como ocurre en los Astilleros de este tipo en todo el mundo.

El Departamento de Desarrollo Económico e infraestructuras del Gobierno de Gasteiz ha trasladado al Comité de La Naval un informe de la asesoría jurídica del propio Departamento. El citado informe busca avalar la posición del citado Departamento y pretende justificar su inacción.

En resumen, el citado informe señala lo siguiente:

- "No pueden concederse ayudas de apoyo regional en base al carácter de zona desfavorecida en la que desempeña su actividad, dado que se trata de una empresa en crisis"

- "No son factibles ayudas que pudieran concederse al amparo de las Directrices de ayudas de salvamento y reestructuración de empresas, ante la disolución de la sociedad".

- "No parece que las ayudas que pudieran concederse a la sociedad puedan encajar en el principio del inversor privado, ante el (indiciario) poco interés que han demostrado los agentes privados en el apoyo al proyecto".

- "Es altamente improbable que se pueda considerar factible un nuevo apoyo público".

Mediante estas conclusiones el citado departamento cierra todas las puertas a una involucración pública que garantice el futuro de la Naval. A día de hoy se apuesta por la aprobación del ERE, que supondría el despido de todos los y las trabajadoras, pero sin que exista proyecto efectivo alguno. La Consejera repite la necesidad de contar con un "inversor serio", pero pasa por alto que La Naval ha contado con una dirección encabezada por Ingeteam y Astilleros Murueta, que no han recibido censura alguna por parte del Departamento.

ELA quiere señalar que en los últimos años desde las instituciones se han impulsado procesos de liquidación, que supuestamente facilitarían la llegada de nuevos inversores, y que lo único que han generado han sido cierres y despidos. ELA defiende firmemente que La Naval es estratégica para Euskal Herria y que, conociendo la actividad y los proyectos a ejecutar, es indispensable garantizar una financiación adecuada, tal como ocurre en los Astilleros de este tipo en todo el mundo.

En una nota difundida el pasado mes de septiembre, ELA planteaba que ante situaciones de este tipo "la Consejera ha respondido con una frenética actividad mediática para desviar la atención, sin aportar solución alguna". Desgraciadamente, continuamos con el guión establecido. Añadiendo el grave hecho del abandono por parte de la Consejera de una reunión con el Comité ante las críticas recibidas, reacción de desprecio que solo se produce ante representantes de los y las trabajadoras, nunca ante responsables patronales o empresariales.

https://www.ela.eus/es/industria-eta-er ... e-la-naval

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 07 Ene 2019, 11:19
por Aitor Mena
Añado un par de intervenciones que también inciden en la cuestión del corsé neoliberal que impone la Unión Europea en cuanto a la posibilidad de realizar una política industrial activa
Costas Lapavitsas: el socialismo empieza en casa. Entrevista

(...)

Calderbank: ¿Te sorprende como se están desarrollando los debates en la izquierda británica? Los sindicatos apuntan, por ejemplo, a la base al menos vestigial de protecciones sociales, económicas o ambientales que acompañan a la UE. Argumentan que, incluso aunque hayan sido atacados por ella, todavía tienen un margen de acción amplio respecto al experimento ultra-neoliberal encarnado por la era de Trump y los Anglófilos; y que mantener algún tipo de relación con Europa –incluso aunque se limite a una unión aduanera o al mercado único– es necesario para proteger los trabajos. ¿Cómo responderías a esto?

Lapavitsas: Hay que atender a una serie de cuestiones. Una tiene que ver con los derechos y las condiciones laborales, y la otra con la habilidad para negociar con Europa. Obviamente, el mercado único tiene algo que ver con ambas. Pero, primero, déjeme decir que las reacciones de la izquierda y los sindicatos en Gran Bretaña me sorprenden. Es como si el movimiento sindical se hubiera quedado anclado a finales de los 80, cuando Jacques Delors se dirigió a la conferencia del Trade Union Congress (TUC) y les contó todas aquellas cosas buenas que iban a ocurrir en Europa. Esto no tiene nada que ver con la UE actual.

La lógica de la UE desde Maastricht ha sido la lógica del mercado único. El mercado único es, básicamente, un mecanismo de homogeneización que busca acomodar el neoliberalismo. Se trata de un conjunto de acuerdos y principios que sistemáticamente promueven el neoliberalismo a través de la búsqueda de estrategias que fortalezcan el capital cada vez que surge un problema. El mercado único es un mecanismo muy poderoso, y uno de los motores que lo hace funcionar es el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE).


La gente no entiende la importancia del Tribunal de Justicia. Para que los mercados funcionen tiene que existir un marco legal adecuado, y el marco legal europeo se ha creado, sin pausa, durante las últimas décadas. Ha sido creado por el Consejo de Ministros, que presenta la mayoría de las leyes, y por el Tribunal de Justicia, que las interpreta y que también tiene capacidad para crear jurisprudencia. Este mecanismo es neoliberal de principio a fin. No hay intereses populares expresados en esta configuración. Los sistemas legales nacionales individuales, específicos de cada país, están obligados a cumplir con el acervo comunitario, la ley europea, que ahora se ha convertido en un vasto sistema legal. Mientras sea así, la izquierda puede olvidarse de los desafíos radicales a las relaciones entre el capital y el trabajo. Tan pronto como la izquierda acepte el mercado único, todo esto está acabado, debe ser olvidado.


Calderbank: Si un gobierno de Corbyn fuera elegido partiendo de premisas como la anterior, ¿de qué manera podría enfrentarse a las restricciones de la membresía en el mercado único?

Lapavitsas: A través de una variedad de formas que emanan del marco legal así como de las prácticas que rodean al mercado único. Recientemente he realizado algunos trabajos sobre las subvenciones y las contrataciones estatales. Un gobierno de izquierdas, un gobierno radical como el que Reino Unido necesita, debe usar las subvenciones y las contrataciones con criterio, con el fin de apoyar a la industria, crear puestos de trabajo e infraestructuras industriales. El marco del mercado único actual está diseñado de tal manera que detiene la intervención decisiva en estos campos por parte de un hipotético gobierno de izquierda radical. Es posible otorgar ayudas estatales y utilizar la contratación pública, pero dentro de límites estrechos. Estos límites serían demasiado restrictivos para un gobierno radical como el que Jeremy Corbyn quiere instalar.

(...)

http://www.sinpermiso.info/textos/costa ... entrevista
En esta entrevista también se apunta esta cuestión, en relación a la siderurgia inglesa y la politica industrial neoliberal de la UE. El sector siderurgico está si cabe, más restringido e imposibilitado de recibir apoyos estatales. Min 38 en adelante
Otra Vuelta de Tuerka - Pablo Iglesias con Paul Mason

https://www.youtube.com/watch?v=FHU9AIvavPI

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 12 Ene 2019, 11:49
por Aitor Mena
El Estado francés pone dinero para evitar el cierre de empresas

«Hecha la ley, hecha la trampa». Un aserto que puede convalidad el Estado francés al interpretar como le conviene ciertas limitaciones impuestas por las normativas de la Unión Europea. Mientras el Gobierno español y el Ejecutivo de Lakua no dejan de poner pegas a la intervención pública para salvar La Naval, el Gobierno francés se muestra abierto a estudiar las «soluciones más originales» para evitar el cierre de una acería o de una factoría de Ford.

El de los «chalecos amarillos» no es el único frente abierto que tiene el Gobierno francés en el ámbito socioeconómico. Otro que le está dando muchos quebraderos de cabeza es el del posible cierre de fábricas con un marcado simbolismo para buena parte de la sociedad gala.

Pero no siempre llegan malas noticias para el Gabinete del presidente Emmanuel Macron. Esta misma semana, ha respirado aliviado al conocer que el Tribunal de Gran Instancia de Estrasburgo ha dado luz verde a la adquisición de la acería Ascoval, ubicada en Saint-Saulve, por el grupo franco-belga Altifort.

«Es una buena noticia para la industria y para el empleo», remarcó el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en un comunicado firmado junto a la secretaria de Estado Agnès Pannier-Runacher. «Deseo mostrar mi admiración, en particular, al compromiso de los trabajadores con su empresa y su actitud responsable a lo largo de este periodo de incertidumbre», añadió Le Maire.

Esta operación, con 281 empleos en juego, ha sido posible por el acuerdo alcanzado entre el Estado, la Región Hauts-de-France y las empresas Vallourec y Schmolz+Bickenbach, que ha permitido mantener la actividad de la acería durante este 2018, según subrayó el ministro.

La adquisición de Ascoval, por un montante de 152 millones de euros, se desglosa en 47 millones de fondos públicos «en forma de préstamos» (25 millones del Estado, 12 de la Región y 10 de la Metrópolis de Valenciennes), 35 millones aportados por Altifort, 40 millones de un arrendamiento financiero para un futuro tren de laminado y otros 30 millones de factoring.

Fundada en 1975 por Vallourec y convertida en Ascoval en 2017, esta acería esperaba un comprador desde la liquidación judicial del grupo Asco Industries. A finales del pasado mes de enero, la suiza Schmolz+Bickenbach adquirió la mayoría de los activos de Asco, sin incluir a Ascoval, que tuvo que salir a buscar su propio comprador.

La «traición» de Ford

Más complicado se ve en estos momentos el futuro de la planta de Ford en Blanquefort, cerca de Burdeos. En este caso, Bruno Le Maire no descarta una compra provisional de la fábrica por el Estado. El miércoles se mostró abierto «a las soluciones más originales» para salvarla después de que Ford rechazara una oferta de compra presentada por el grupo franco-belga Punch Powerglide. «¿Por qué no? Estoy dispuesto a este tipo de soluciones», comentó al ser preguntado en las cadenas BFMTV y RMC por la posibilidad de que el Estado francés compre la fábrica para revenderla a continuación a Punch, que se había comprometido a preservar 400 de los actuales 800 puestos de trabajo.

Le Maire reveló que la víspera había mantenido una conversación telefónica con el presidente de Ford para Europa, Steven Armstrong, la segunda tras el anuncio del rechazo a la oferta de Punch, realizado el 13 de diciembre. Ese día, el ministro denunció la «traición» del fabricante estadounidense. Después, el propio presidente Macron calificó la decisión de Ford de «hostil» e «inaceptable».

Informe favorable a la inversión pública en La Naval

En el marco de la enésima movilización realizada en lo que va de año, el pasado jueves el secretario del comité de empresa de La Naval, Juanjo Llordén, acusó a los gobiernos estatal y autonómico de «estar engañando» a los trabajadores ya que «parece que no quieren hacer nada» y añadió que «todo es un poco extraño porque dicen que trabajan en buscar una solución pero resultados, ninguno hasta la fecha; la situación, lamentablemente, empeora y la plantilla no ve ya vías de solución».

Esta misma semana se ha hecho público un informe jurídico, apoyado por el comité, que concluye que las instituciones pueden comprar los activos de La Naval y que es posible «relanzar la actividad» del astillero de Sestao «con una nueva empresa con capital público». El informe indica que no serían consideradas ayudas de Estado ni la compra de activos a la administración concursal por parte de los gobiernos, ni la aportación de recursos financieros públicos.

https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara ... e-empresas

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 13 Ene 2019, 10:25
por Aitor Mena
¿El rescate público de empresas es de "países comunistas"? Ejemplos europeos que muestran que no es así

Alcoa, La Naval o Isowat; tres cierres de empresas en los que casi la única posibilidad de salvar a los trabajadores es el rescate del Gobierno que lo ha rechazado alegando que este no es un "régimen comunista".

12/01/2019 14:12 Actualizado: 12/01/2019 20:58

beatriz asuar gallego @beaasuargallego

Alcoa, La Naval o Isowat; tres cierre de empresas en los que casi la única posibilidad de salvar a los trabajadores es el rescate del Gobierno. Para el primero, quedan pocos días para el desenlace final que mantiene en vilo a los 700 trabajadores. El 15 de enero termina el tiempo de negociación sobre el ERE de sus plantas en A Coruña y Avilés. El ministerio de Industria sólo ha intervenido en la negociación pero trabajadores, agentes sociales y partidos políticos le piden que vaya más allá.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, rechazó la intervención el pasado noviembre alegando que "no estamos en un régimen comunista". La multinacional estadounidense es la única productora de aluminio, teniendo el monopolio de un sector estratégico para el país y para Europa. El sector se privatizó hace veinte años por el Gobierno de José María Aznar y la multinacional se quedó con el monopolio por lo que se perdería la producción. El rescate de este sector, si miramos a los países vecinos de la Unión Europa, vemos que es una intervención común en países que lejos están de poder compararse con un régimen comunista. En algunos casos, para evitar el cierres de industrias similares.

La respuesta de Valerio vino ante las múltiples peticiones de los trabajadores, sindicatos y el grupo confederal de Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea. Estos agentes han reclamado ante el Gobierno que la intervención que salvaría estos puestos de trabajo no contradice la normativa europea que permite la compra de la unidad productiva o los activos en liquidación por medio de una empresa de capital público, bien de participación mayoritaria o minoritaria. Además, el artículo 128 de la Constitución reconoce "la iniciativa pública en la actividad económica". "Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", dicta.

Francia es uno de los mejores empleos. Aunque Emmanuel Macron ha anunciado una ola de privatizaciones, hasta el momento el Estado posee capital propio en 81 compañías francesas que van desde Alstom a Renault. También tiene participaciones en el principal operador del país, France Telecom; en la compañía aérea Air France y en la primera empresa eléctrica; Electricité de France. Según informó el Financial Times, el valor de estas empresas es de 100.000 millones de euros y generan 1,7 millones de puestos de trabajo.

El Gobierno francés adquirió las acciones de los astilleros franceses STX para evitar la venta a una empresa italiana y perder la gestión total

En comparación con los casos españoles, destaca la intervención en el astillero STX France el pasado julio. El Estado francés adquirió en 2017 las acciones de los astilleros franceses STX, antigua filial de STX Korea, en liquidación, para evitar la venta a una empresa italiana y poder seguir con las negociaciones para compartir la gestión.

Sobre esta operación, Margrethe Vestager, comisaria de competencia, indicó: "Las normas del Tratado sobre la neutralidad de la propiedad pública o privada permiten la propiedad y el control en última instancia por parte de Italia o de Francia mediante la adquisición de las acciones existentes propiedad de STX Korea, en liquidación, sin que ello sea objeto de examen a la luz de la normativa sobre ayudas estatales, puesto que la adquisición de acciones existentes en poder de un tercero no aporta, en sentido estricto, nuevos recursos del Estado a la empresa. Esas normas tampoco se oponen a la realización de inversiones públicas posteriores en condiciones de mercado, lo que sería aceptable para un operador privado".

Alemania también tiene participaciones en varias empresas que llegan al productor de automóviles, el Grupo Volkswagen; de nuevo en las comunicaciones, al igual que en el país galo, con parte de accionariado de Deutsche Telekom; también en RWE, el segundo productor de energía del país; y en Salzgitter, un conglomerado dedicado a la industria siderúrgica. Lo mismo ocurre en Italia con ENEL, la compañía eléctrica más importante del país; la principal petrolera italiana o Finmeccanica, un holding industrial con inversiones en energía, transporte, aeronáutica y electrónica.

De hecho, en Gobierno italiana ha intervenido en una empresa de Alcoa es la isla de Cerdeña. La empresa de la multinacional que cerró en 2012 volverá a tener actividad por la compañía suiza Siders Alloy. La venta se realiza tras un largo período de negociaciones del Gobierno italiano y la empresa. Según explica La Opinión A Coruña, el reparto de los 135 millones de euros que, aproximadamente, costará el arranque será: 84 millones proceden de un préstamo subsidiado a devolver en ocho años, 20 de Alcoa, 10 serán los que invierta Siders Alloy para construir una planta de alambrón, ocho los aporta la región de Cerdeña y el resto de la compañía suiza. La agencia italiana para el desarrollo (Invitalia) tendrá un peso del 20% en el accionariado.

Otro ejemplo lo tenemos aún más cercano y de la mano del Gobierno español. Desde los 90 con el Gobierno de Aznar comenzó la oleada de privatizaciones de sectores estratégicos para el país, pero el Ejecutivo ha tenido que rescatar varias de las empresas. Uno de los últimos casos es el rescate de las autopistas, que supune para Fomento una inversión de 317 millones de euros.

https://www.publico.es/politica/alcoa-i ... an-no.html

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 13 Ene 2019, 10:29
por Aitor Mena
“Que apliquen el 155 a Alcoa”: el doble rasero de la intervención del Estado en la economía

El cierre de las plantas de la multinacional Alcoa en Avilés y Coruña resucita el debate: ¿para qué sirve un Ministerio de Industria?, ¿por qué el Estado solo rescata empresas cuando Florentino Pérez está de por medio?

Martín Cúneo @MartinCuneo78

2019-01-13 06:00:00

“No somos un régimen comunista”, fue la respuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, cuando los representantes de los casi 700 trabajadores de las plantas de Alcoa en Aviles y Coruña demandaron en noviembre de 2018 la intervención estatal para salvar sus empleos.

Un mes antes, el 17 de octubre, la multinacional estadounidense del aluminio había anunciado el cierre de estas dos fábricas. La réplica del comité de empresa de la planta de Avilés a la ministra no tardó: “Estamos seguros de que no es soviética, dudamos que sea socialista”.

El presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, se refirió al comentario de la ministra de Trabajo con sorna: “Francia o Italia han intervenido de una u otra manera en crisis de fábricas. Me parece que ni uno ni otro países son comunistas, pero lo tengo que mirar”.

El Estado italiano intervino en la fábrica sarda de Portovesme, que Alcoa había abandonado en 2012 con calcadas motivaciones y salvó los 500 empleos

En efecto, no son comunistas, y el Estado italiano intervino en la fábrica sarda de Portovesme, que Alcoa había abandonado en 2012 con calcadas motivaciones y salvó los 500 empleos. En el caso francés, El Eliseo intervino una fábrica de Arcelor-Mittal para garantizar la continuidad de la actividad y de los empleos.

La falta de respuesta del Gobierno español en el caso de Alcoa no se debe a incompatibilidades con la normativa comunitaria, señala a El Salto el diputado de Podemos por Asturias Segundo González, ni a una supuesta ilegalidad: el artículo 128 de la Constitución permite la intervención de empresas “cuando así lo exigiere el interés general”.

Segundo González, diputado de Podemos por Asturias: “Es simplemente una cuestión de voluntad política. No vale de nada tener un Ministerio de Industria si no tiene competencia”

“Es simplemente una cuestión de voluntad política. El Gobierno no tiene voluntad de dar un paso adelante para impulsar o mantener la actividad industrial. No vale de nada tener un Ministerio de Industria si no tiene competencia”, denuncia el diputado de Podemos. Para González, el Gobierno de Sánchez, como sus predecesores populares y socialistas, siguen la máxima fijada por el exministro Carlos Solchaga, hoy consultor y consejero de grandes empresas: “La mejor política industrial es la que no existe”.

La fuga de Alcoa no es un caso aislado. El conflicto en la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León), el cierre anunciado de la multinacional mexicana Cemex en Gádor (Almería), el ERE en Siemens Gamesa o el reciente anuncio de una ola de despidos en las factorías europeas de Ford —solo en Almussafes, Valencia, trabajan 7.800 personas— son una muestra reciente de un fenómeno que viene de lejos. El sindicalista José Manuel Gómez de la Uz lo resume de esta forma poniéndose en la carne del patrón: “Si puedo ganar más dinero haciendo lo que hago en otro sitio, pues lo hago”.

Para el diputado Segundo González, la razón que hay detrás del cierre de Alcoa en España es la intención de la multinacional de trasladar la producción de aluminio a Arabia Saudí, donde la energía es mucho más barata. “La negativa o las dificultades que está poniendo Alcoa para llegar a una solución relativa a la venta o la posibilidad de que entre otro inversor se basan en evitar que haya competencia que pueda entrar a producir aluminio en España”.

Algo va mal en la política industrial en España cuando una empresa con beneficios, que ha recibido 1.000 millones en ayudas del Estado, puede cerrar sus fábricas en el país y aún así conservar el monopolio de la venta de aluminio

Algo va mal en la política industrial en España, señala González, cuando una empresa que ha recibido ayudas del Estado y ha obtenido beneficios en los ejercicios anteriores puede cerrar sus fábricas en el país y aún así conservar el monopolio de la venta de aluminio en España.
Rescates buenos vs. rescates “comunistas”

Que una intervención del Estado para rescatar una empresa, los puestos de trabajo y las comarcas sea “comunista”, según palabras de la ministra Valerio, es más que discutible. A menos que los Gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero puedan calificarse como tal.

Sin ir más lejos, el Estado llevaba décadas interviniendo en favor de Alcoa con ayudas en la factura de la luz de la multinacional por valor estimado de 1.000 millones de euros. Unas ayudas, recuerda el diputado Segundo González, que no están atadas a ninguna condición de continuidad de la actividad ni de los puestos de trabajo. Cuando la multinacional anunció el cierre de la plantas, el Gobierno se mostró “sorprendido” dado que la empresa “abona cuatro céntimos por kilovatio/hora frente a los nueve del resto de la industria o los 23 de los hogares domésticos”, según recogió el periódico Abc.

Entonces, ¿cuándo un rescate estatal es adecuado y proporcionado y cuándo es “comunista”?

González esboza una respuesta contundente al enigma: un rescate es bueno cuando “beneficia a los poderes económicos de este país”. Las intervenciones que se produjeron en las últimas décadas, señala el diputado de Podemos, siguieron la lógica de “privatizar las ganancias” —la pública Inespal fue vendida por unos 200 millones en 1998 a Alcoa— y “socializar las pérdidas”, como ha ocurrido en los casos del rescate de la banca, de las autopistas y de otras infraestructuras sobredimensionadas como el almacén de gas del Proyecto Castor.

El rescate de la banca

El rescate de las cajas de ahorro y la nacionalización de Bankia tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, producida entre otras razones por el lanzamiento masivo de productos “tóxicos” y fraudulentos por estos mismos bancos, terminó costando 60.600 millones de dinero público, según cifras del Banco de España, en momento de graves recortes sociales.

“Me gustaría especificarlo muy claramente, aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles”, dijo Luis de Guindos en 2012 cuando anunció el rescate de la banca. Hoy, el Banco de España da por perdido el 80% de ese dinero.

“Ahí no se puso ningún problema en que el Estado asumiera ese papel de inversor en la economía para rescatar empresas quebradas”, recuerda Segundo González.

El rescate de las autopistas

Tampoco pareció haber demasiado problema cuando el Gobierno de Rajoy decretó en sus últimos años de gobierno el rescate de nueve autopistas quebradas con un gasto de entre 2.000 —según el Estado— y 4.500 millones de euros —según los acreedores—. Son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto que une la capital con el aeródromo de Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda, que une Cartagena y Vera, la Circunvalación de Alicante, y la AP-41 Madrid-Toledo.

Todas comparten una misma historia: fueron sobredimensionadas por grandes constructoras y donantes a la caja B del Partido Popular (ACS, Sacyr, Abertis), entraron en quiebra por la más que previsible falta de clientes y, gracias a las cláusulas firmadas, se aseguraron millonarias indemnizaciones.

“Nos vuelven a mentir, a ocultar la realidad, porque sería durísimo para la sociedad española, que está sufriendo recortes, saber del rescate a las autopistas”, denunció el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato.

A raíz del programa de Salvados sobre el rescate de las infraestucturas fantasma, un tuitero daba con la receta para hacerse rico con el negocio de las autopistas:

1) Construye una autopista.
2) Calcula muy por arriba el número de coches que la usarán.
3) Que el Estado te pague la diferencia.

Al fin y al cabo, ¿quién quiere utilizar una autopista de pago cuando hay una Nacional gratuita de más de tres carriles justo al lado? No es culpa de las empresas, llegaron a decir desde las constructoras, sino de la Nacional, que hacía “competencia desleal”, según las palabras de José Antonio López Casas, entonces director general de Accesos de Madrid, la concesionaria que gestiona la R3 y la R5.

Entre los más beneficiados por la operación figura ACS y su presidente Florentino Pérez, también protagonista de la siguiente historia para no dormir.

El rescate de Florentino y el Castor

Iba a ser el quinto y más grande depósito de gas de España y terminó siendo una auténtica ruina para el Estado, que decidió rescatar de urgencia con 1.700 millones de euros a la constructora ACS, una cifra que pagarán los españoles en la factura del gas hasta 2044.

Un proyecto lanzado y firmado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, según sus críticos, era megalómano e innecesario, diseñado con técnicas obsoletas en su tiempo. El Proyecto Castor estaba participado en un 66% por la empresa de Florentino Pérez.

Unos 500 terremotos detectados entre 2012 y 2013 terminaron de convencer al Gobierno que tal vez no había sido una buena idea.

Mucho tuvo que ver el estudio de impacto ambiental. Según señala Josep Nualart, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el estudio —que por supuesto sufragó la propia empresa— analizaba de forma separada el impacto de las tres partes del proyecto: la planta terrestre, el gasoducto y la plataforma marítima. Si se hubiera analizado el impacto del proyecto en su conjunto, señala Nualart, el resultado hubiera sido muy diferente. La responsabilidad no es solo de la empresa, dice el responsable de energía del ODG, sino también del Gobierno de Zapatero, que aprobó el estudio de impacto ambiental, y del Banco Europeo de Inversión, que subvencionó la construcción.

Entre los factores más “sorprendentes”, apunta este investigador del ODG, figura que el Gobierno no exigiera un estudio sísmico para un almacén de gas subterráneo situado en las cercanías de la falla de Amposta.

Pero la letra —no tan pequeña— ya estaba firmada: “Una abracadabrante cláusula por la cual el Estado español se obligaba a indemnizar a Escal UGS [la empresa participada al 66% por ACS] en caso de que esta concesión se rescindiera aun en presencia de ‘dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria’”, según escribía el economista liberal Juan Ramón Rallo en El Confidencial .

En los próximos días se resolverá la incógnita: si el Gobierno de Sánchez va a continuar con la política de “dejar hacer” cuando hay solo empleos de por medio e intervenir cuando los daminificados son los poderes fácticos del país. “Ahí está la hipocresía en la que se mueven tanto los gobiernos del PP como del PSOE, del que esperábamos un poco más, especialmente en la actual situación, pero vemos que sigue de momento la misma estela”, resume Segundo González. El presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos López Corbacho, explicaba a su manera las contradicciones y dobles discursos sobre la intervención estatal: “Que apliquen el 155 a Alcoa”.

https://www.elsaltodiario.com/industria ... una-aviles

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 13 Ene 2019, 11:26
por Joreg
Si el problema viene ya de los los setenta y ochenta, con la imposición paulatina de medidas jurídicas neoliberales y desarme del movimiento obrero... ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda sindical y partidista, que no solo ha aceptado, si no también colaborado con la implantación de medidas de mercado liquidando parte del sector público (que sigue teniendo un amplio peso económico)? Las quejas, estudios, protestas sectoriales y concretas de un comité de empresa, pueden poco contra las políticas generales de sus respectivas federaciones de industria y comités confederales, que viven una realidad tan ajena a los trabajadores, como puede tenerla un diputado en España de sus electores (y viceversa). Por ponerlo claro, actualmente el PSOE manda en el Gobierno y no hace nada al respecto de cierres empresariales. Pero es que la izquierda representada por Podemos e IU, que en la actualidad andan apoyando el presupuesto, no intentan incidir en estas cuestiones de inversión pública. No lo hacen en sanidad, no lo hacen en educación... No existe una estrategia para plantar cara a estas situaciones, que se ven desde las reconversiones industriales de finales de los setenta y años ochenta... Ni existe estrategia política y sindical al respecto, ni hay ganas de tenerla. Las organizaciones y las militancias viven completamente subsumidas a la lógica general, y de ahí no hay quien las saque. No lo digo por esimismo, si no porque es lo que veo que pasa. Ya podemos hacer virguerías en sectores concretos o en empresas determinadas, que la lógica general, es aplastante, utilitarista.

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 22 Ene 2019, 11:26
por Aitor Mena
Joreg escribió:
13 Ene 2019, 11:26
Si el problema viene ya de los los setenta y ochenta, con la imposición paulatina de medidas jurídicas neoliberales y desarme del movimiento obrero... ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda sindical y partidista, que no solo ha aceptado, si no también colaborado con la implantación de medidas de mercado liquidando parte del sector público (que sigue teniendo un amplio peso económico)? Las quejas, estudios, protestas sectoriales y concretas de un comité de empresa, pueden poco contra las políticas generales de sus respectivas federaciones de industria y comités confederales, que viven una realidad tan ajena a los trabajadores, como puede tenerla un diputado en España de sus electores (y viceversa). Por ponerlo claro, actualmente el PSOE manda en el Gobierno y no hace nada al respecto de cierres empresariales. Pero es que la izquierda representada por Podemos e IU, que en la actualidad andan apoyando el presupuesto, no intentan incidir en estas cuestiones de inversión pública. No lo hacen en sanidad, no lo hacen en educación... No existe una estrategia para plantar cara a estas situaciones, que se ven desde las reconversiones industriales de finales de los setenta y años ochenta... Ni existe estrategia política y sindical al respecto, ni hay ganas de tenerla. Las organizaciones y las militancias viven completamente subsumidas a la lógica general, y de ahí no hay quien las saque. No lo digo por esimismo, si no porque es lo que veo que pasa. Ya podemos hacer virguerías en sectores concretos o en empresas determinadas, que la lógica general, es aplastante, utilitarista.
Responsabilidad toda, una parte mucho más que otra, y en cuanto al ámbito sindical también.

Seguramente no exista estrategia en la izquierda sindical y política, pero el solo hecho de plantear propuestas de este tipo, hace que parezca que se trata de articular. En cualquier caso, la idea del hilo no es solo hacer las criticas necesarias si no dejar apuntadas las propuestas que podría ser de interés desarrollar y debatir sobre ellas.

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 17 Abr 2019, 22:18
por Aitor Mena
Industria vasca, el naufragio permanente

La industria vasca ha pasado de 423.000 empleos en 1975 a 194.000 en la actualidad. Una pérdida del 54% que continúa ahogando al sector con políticas neoliberales. Fagor, Xey, CEL y La Naval son ejemplos recientes de mala gestión del Gobierno y las diputaciones vascas.

Euskal Herria es a veces considerada un referente en relación a la forma de articular la política industrial, lo que se supone que atañe a la intervención de los gobiernos forales y autonómico en el apoyo a las actividades industriales. Pero la crisis industrial de las últimas cuatro décadas es un proceso inequívoco, y algunos casos recientes de gestión por parte del Gobierno Vasco demuestran que la inacción y la defensa patronal son la norma de actuación.

La crisis económica de finales de los 70 y 80, unido a las imposiciones de la Unión Europea, llevaron a los gobiernos del PSOE y PNV a impulsar un perfil de política industrial neoliberal acelerando la destrucción de empleo y reestructuración de grandes sectores industriales y empresas emblemáticas, con fortísimo impacto sobretodo en Bizkaia. Los sectores más afectados fueron la siderurgia integral (Altos Hornos de Vizcaya), aceros especiales (Echevarría, Olarra, Aceros de Llodio, Pedro Orbezogo, Forjas Alavesas, Tubacex y Tubos Reunidos), construcciones mecanicas (Babcock Wilcox, Mecánica La Peña), construcciones eléctricas (Westinghouse, General Eléctrica), construcción naval (astilleros Euskalduna, La Naval, Astilleros Reunidos del Nervión), química (Dow Chemical), electrodomésticos línea blanca (Fabrelec, entre otras). En muchos de estos casos los despidos o cierres estuvieron sujetos a políticas estatales, por ser grandes sectores del Estado, que perjudicaron mucho más al tejido empresarial vasco frente al de otros territorios.

Según datos del último trimestre de 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ha pasado de suponer un 49% del Producto Interior Bruto (PIB) en 1977 a un 29% en 2007, situándose en el 24% en 2018. El empleo industrial pasó de 423.000 empleos en 1975 a 274.000 en 1986 y 194.000 en 2018, lo que supone una pérdida de 229.000 empleos netos en este periodo. Desde entonces, los niveles de paro oficial y ampliado —los desempleados que ya no buscan trabajo—, el subempleo, la exclusión social y la pobreza se mantienen estructuralmente altos, a falta de tomar medidas más allá de leves paliativos.

Al inicio de la última crisis, la industria vasca se encontraba ya en un naufragio permanente, con causas que van más allá de una política gubernamental que no ha implementado acciones eficaces para detener el proceso de desindustrialización. De hecho, la última década perdida se salda con 24.000 personas ocupadas menos en la industria gipuzkoana, 20.000 en la bizkaina, 10.000 en la alavesa y 12.000 en la navarra. Habiéndose dado una mayor pérdida de empleos hasta 2014, la mitad de los puestos de trabajo industriales se recuperaron en 2015 y 2016, inducidos por la demanda internacional, el relajo de la austeridad troikana y el bloqueo legislativo y gubernamental. En 2017 y 2018, sin embargo, la industria bizkaína ha vuelto a perder 16.000 puestos de trabajo, siempre según el INE, anulando buena parte de la recuperación en solo dos años, mientras que Navarra sumaba casi 8.000 empleos industriales adicionales en el mismo periodo. Las recientes caídas en Gipuzkoa y Araba han sido más moderadas, como también lo fue la mejora anterior.

Intervención pública

Los datos expuestos son la consecuencia de un modelo de política económica en la que los procesos de inversión y desinversión son gobernados por el mercado capitalista y las patronales, no por las potencialidades industriales del territorio, las necesidades de una estructura económica y modelo de desarrollo endógeno ni la implementación de mejoras sociales. El fracaso de la política industrial del PNV se resume en un modelo de intervención soft que no pueda perjudicar los intereses capitalistas y su control empresarial. Esto provoca destrucción de empleo y pérdida de dinero público. Asimismo, bloquea la capacidad de influir en la marcha de las empresas con una política industrial activa que conlleve un control de los sectores y empresas estratégicas de la economía vasca.

Entre las muchas dimensiones que tiene la política industrial, es determinante para el mantenimiento de la industria aquella que interviene en los procesos de anticipación al cambio económico y de crisis empresarial, tengan estos una dimensión sectorial o de empresa. Así pues, el Gobierno Vasco por medio del Departamento de Desarrollo Económico y sus organismos específicos de Industria, elabora programas y propuestas de actuación en relación con las empresas en dificultades coyunturales y promueve teoricamente su relanzamiento para el mantenimiento de puestos de trabajo y actividad industrial, además de intervenir en zonas con especiales necesidades de reindustrialización y de promover una política de clústers sectoriales.

La buena política industrial de anticipación consiste en hacer un seguimiento de la situación de las empresas para la determinación de ayudas, avales o préstamos posibles. Igualmente, requiere una búsqueda de nuevos inversores industriales, existiendo la opción de entrada en el accionariado de las empresas por parte de los gobiernos. Es necesario para ello hacer un seguimiento de estas inversiones, así como una supervisión de los planes de viabilidad industrial. En teoría, todo ello se completa con compromisos por parte de las empresas de devolver los créditos, de no cerrar plantas ni realizar deslocalizaciones de la producción y de mantener el empleo y las condiciones de negociación colectiva.

La política industrial del PNV, sin embargo, carece de un protocolo para la detección temprana de empresas en dificultades, estableciendo muy poca comunicación con los sindicatos y un escaso apoyo a los mismos. Se realiza, además, en ausencia de coordinación entre los propios Departamentos gubernamentales y direcciones de Industria, Trabajo (e Inspección de Trabajo), eventualmente Economía Social, con nula voluntad de intervención en los procesos de concurso de acreedores desde el inicio y en sus diferentes fases. Otro patrón de comportamiento en los últimos años ha sido la falta de apoyo efectivo a las empresas en crisis, en vez de intervenir activamente vía los mencionados instrumentos públicos disponibles. Es más, en empresas donde existe participación de capital público o préstamos del Gobierno Vasco, la supervisión y seguimiento de las mismas es deficiente y negligente. Por el contrario, existe una tendencia de desprenderse de participaciones industriales de origen público con el visto bueno del Ejecutivo. A todo lo anterior hay que sumar que tampoco la política clúster tiene una dimensión de defensa del tejido industrial en riesgo, pese al abundante dinero público que reciben los clusters en el País Vasco, ni tan solo tienen un papel relevante en este cometido las Agencias de Desarrollo Local o Comarcal, con el objetivo de anticipar y gobernar el cambio económico con defensa de los intereses de la mayoría social trabajadora.

En los últimos años, este modelo de gestión arroja una serie de ejemplos de cierres de centros de trabajo, deslocalización de la producción y despidos en empresas industriales viables que no han encontrado en el Gobierno Vasco y las Diputaciones vascongadas una oposición real. Es el caso de las plantas de Arkema (Alonsotegi), General Electric (Ortuella), Zardoya-Otis (Mungia), Eaton (Derio), Foseco (Izurtza), Productos Tubulares y Tubos Reunidos (Sestao-Trápaga y Amurrio), Laminaciones Arregui -Celsa Group- (Gasteiz y Urbina), Aernova Estructuras, Industrias Galycas y BSH Electrodomésticos (Gasteiz), Arcelor-Mittal (Zumarraga), Candy Hoover (Bergara), Ingemar (Usurbil) o TS Fundiciones y GRI Castings (Zestoa), y varias más. Otras con préstamos de dinero público o con participación en capital público del propio Gobierno Vasco, como pueden ser Cegasa (Gasteiz), Alfa (Eibar), Grupo Gallardo Corrugados (Azpeitia), Baltogar (Mungia), Vicrila (Leioa) o Troquenor (Sondika), también se han dejado caer siendo viables.

Recordemos, especialmente, la pésima gestión con Fagor Electrodomésticos y la entrega en situación de preconcurso a la compañía de 40 millones de euros, vía los fondos públicos Ekarpen y Socade, que no se han recuperado. El Departamento de Desarrollo Económico no ha jugado ningún papel para el mantenimiento del empleo ante la segunda crisis del grupo catalán CNA, que adquirió la actividad de Fagor, llevando al despido a toda la plantilla que se mantenía en producción. Además, en los últimos años, empresas con accionariado público vasco han pasado a manos de compañías extranjeras, como Acería Compacta de Bizkaia (Arcelor-Mittal Sestao), Gamesa, Euskaltel, ITP, Cementos Lemona o Naturgas. Su puesta en marcha se ha dado con grandes inversiones de dinero público que han terminado beneficiando intereses de capital privado, algo que ha sucedido también en muebles Xey, la papelera CEL y el astillero La Naval, entre otras muchas.

FRAUDE

La empresa Xey de Zumaia, con 170 personas en plantilla, se dedicaba a la fabricación y venta de muebles. En el verano de 2017, la plantilla fue despedida después de varios meses en los que el empresario dejó de pagar las nóminas. La mala gestión provocó el colapso de una empresa en la que el Gobierno vasco tenía el 30% del accionariado por valor de 2,2 millones de euros y préstamos otorgados. El Departamento de Desarrollo Económico ni detectó ni denunció ninguna irregularidad. No realizó ningún seguimiento de la empresa previo a la presentación del concurso de acreedores. El pasado 3 de enero de 2019, el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Donostia publicó sentencia por la cual califica de culpable el concurso de la empresa Xey y lo que supondrá, a falta de resolución de recursos de las partes, tres años de inhabilitación al empresario.

Los principales motivos para declarar la culpabilidad empresarial en Xey son, según información del sindicato ELA, irregularidades contables relevantes, inexactitudes graves documentales en inventario, derechos de cobro de clientes y tesorería, además de salidas ilegales de bienes. Se completa con una descapitalización fraudulenta, a través de una serie de sociedades vinculadas a los gestores de la concursada. El Gobierno vasco no aportó ninguna alegación al informe de la administración concursal, ni analizó las cuentas, ni la actuación de la dirección. Tanto en su papel de accionista como en el de acreedor de dinero público ha actuado con negligencia y corresponsabilidad en la culpabilidad del concurso.

NEGLIGENCIA

La papelera CEL, con 62 millones de facturación y un resultado operativo positivo de 1,2 millones en 2016, contaba en la comarca de Enkarterri más de 254 empleos directos, 300 si sumamos las contratas. El Gobierno vasco tenía la propiedad de un 40% de las acciones. La dirección decide dejar de pagar las facturas de la luz a principios de 2017, provocando el bloqueo de la actividad. Un atropello que ni la propiedad, ni el Ejecutivo, ni la Diputación de Bizkaia resolvieron. En este contexto, el Gobierno decidió desprenderse de las acciones el 18 de mayo de 2017 a un precio irrisorio. Los préstamos pendientes de cobro abocaron a la empresa al concurso de acreedores a falta de un inversor industrial que continuara con la actividad. La plantilla se enteró dos semanas después y por la empresa, pese a haber tenido una reunión con el Departamento de Desarrollo Económico justo después de esa venta.

El proceso de concurso de acreedores continuó y la administración concursal planteó un despido colectivo ante la falta de actividad e inversión. Finalmente, el sindicato ELA y el grupo italiano Lucart llegaron a un acuerdo y se adjudicaron las plantas al mismo, con 183 empleos de inicio y una bolsa de empleo para quienes habían sido despedidos. Ante todo ello, los sindicatos denunciaron que la Diputación foral de Bizkaia, propietaria de algunas máquinas, no se había implicado, y que el Gobierno vasco no había cumplido con su función y responsabilidad de intermediación para la búsqueda y acompañamiento de inversores industriales.

LA NAVAL

Después del proceso de privatización impuesto por la Unión Europea en los años 2000, con una aplicación por parte del gobierno del PSOE en aquellos astilleros de construcción naval civil, las empresas propietarias de La Naval privatizada pasaron por diferentes fases. En la última hay fuertes indicios de descapitalización del astillero por parte de sus principales accionistas —Ingeteam y Astilleros Murueta—. El colapso financiero produjo su cierre en un momento en que la empresa tenía suficiente carga de trabajo, ante la falta de inversores industriales serios que le permitieran seguir con la actividad.

Arantza Tapia y el Gobierno Vasco apoyaron la rescisión de los contratos de construcción vigentes a principios de 2017, para encarar la liquidación del astillero sin interferencias. Tanto el PNV como el PSE negaron la posibilidad de rescate de la actividad, de la compra pública de los activos para blindarlos para su uso industrial, o de crear eventualmente una empresa pública con la que relanzar la actividad. Se ampararon en una supuesta limitación “europea”, pese a que la Dirección de la Competencia de la UE negó esa limitación en reuniones con Podemos y el sindicato de astilleros CAT.

La coalición Elkarrekin Podemos ha tratado de que el Gobierno Vasco tuviera una implicación real, empezando por promover la posibilidad de compra pública del astillero ya en septiembre de 2017. El Ejecutivo se ha negado a implicarse en el concurso, así como a apoyar la elaboración de un plan de viabilidad para el mantenimiento de la actividad. Tampoco se ha mostrado dispuesto a realizar una búsqueda activa de nuevos inversores industriales o a intervenir como Departamento de Trabajo (PSE) en el despido colectivo para evitar vulneraciones de derechos laborales y fraudes mercantiles. Lo mismo se puede decir de la actitud del Gobierno español del PSOE y la ministra de Industria Reyes Maroto.

Una vez más, han sido los sindicatos con presencia en el astillero, principalmente CAT y ELA, y la izquierda vasca los que han defendido de forma activa la intervención con control público del astillero, para mantener los más de 2.000 empleos directos e indirectos que genera en Ezkerraldea. Los trabajadores han llegado incluso a proponer la compra de acciones con el dinero de las indemnizaciones. También el sindicato CAT encargó un informe jurídico que acotara las posibilidades de intervención pública, cuya realización fue incumplida por el Gobierno Vasco.

https://www.elsaltodiario.com/industria ... permanente

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 18 Abr 2019, 17:19
por Joreg
A mí este artículo me deja perplejo. Por un lado se reprocha a la administración que no haya aportado fondos, ayudas o apoyos a empresas en declive. Por otro se nos dice que hay un estudio que afirma que comprar acciones y tener peso en los consejos de administración de empresas en caída no es subvencionarlas, siempre que el inversor siga las reglas del Mercado. De otro lado se señala que se ha dado una millonada en ayudas a empresas que se han ido a la porra, lo cual parece poco congruente con la primera parte, que dice que se ha dejado ir a la industria vasca a hacer puñetas. Y por último tenemos a La Naval, cuyos sindicatos:
principalmente CAT y ELA, y la izquierda vasca los que han defendido de forma activa la intervención con control público del astillero, para mantener los más de 2.000 empleos directos e indirectos que genera en Ezkerraldea
Es que resulta que las elecciones las ganó la UGT, la presidencia del comité supongo que la tendrá esa central, y se andaban movilizando contra el ERE y están en una situación muy delicada de la que no sé más que lo poco que va diciendo la prensa. Ese sesgo de decir que ELA lo borda, me llama siempre mucho la atención, porque... ¿Acaso han aparecido ahora y no tienen responsabilidad en lo que ha ido pasando? Pero esto es una reflexión sin mayor importancia, porque lo que me llama la atención más es esto.

Hace unos cuantos años leí un artículo del ICEA que hablaba de la crisis en Yugoslavia y cómo ese país colapsó. El artículo, si mal no recuerdo, mostraba que era ir a la catástrofe pretender un control estatal con autogestión obrera dentro de una economía abierta al Mercado..., porque te hundía la competencia. O algo de eso recuerdo al respecto. Entonces no me cuadra, que se considere aceptable que el Estado o el Gobierno Vasco compren acciones e intervengan de alguna manera el astillero, buscando mercados, invirtiendo sabiamente o qué sé yo, y siempre que el inversor se comporte como un inversor privado (como el de Zara por ejemplo), cuando resulta que hay un precedente enorme que muestra que esa política es desastrosa.

O lo mismo es que mi venerada madre no deja de hablarme mientras reflexiono, de cómo se cuecen las judías verdes.

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 19 Abr 2019, 08:20
por Aitor Mena
Se mezclan varias cuestiones

El articulo, no voy a repetir su argumento porqué ya está expuesto, expone cómo la forma de intervenir en la política industrial de los gobiernos neoliberales como el del PNV es, o bien, dar dinero sin control e intervenir cuando le interesa (por los motivos que sea, que nunca són casualidad), o bien no intervenir. Es una constatación con hechos y casos.

Creo que mezclas la cuestión de los criterios de la Dirección de la Competencia de la UE para la entrada de capital publico mayoritario en empresas industriales privadas sin que sea considerada ayuda de Estado, prohibida y objeto de multa millonaria y retirada de la misma, que es un debate operativo a corto plazo sobre si se puede o no rescatar la actividad y en base a los contratos existentes o potenciales tener actividad rentable, que en el caso de La Naval era posible. El Gobierno Vasco (PNV, PSE), español (PSOE), la UGT, dicen que no, los sindicatos y partidos que están a su izquierda dicen que sí. Otra cuestión es si esto es sostenible a largo plazo en el marco de la UE para tener una política industrial activa que defienda la propia industria y el empleo, es decir, si se está de acuerdo con ese corsé neoliberal o hay que salir de la UE también por estos motivos (imponen la destrucción de la industria). Esto creo que se mezcla también con qué alternativas de gestión e intervención (publica, privada, cooperativa, etc) existen para una gran empresa estratégica, internacionalizada, con requerimientos importantes de inversión y capital circulante para su funcionamiento. Cualquier propuesta es bienvenida que sea aceptable para mantener la actividad industrial y el empleo. Si estas variables no importan un pimiento, cualquier posición es util, desde luego.

Luego mezclas lo anterior con lo que se puede exponer en el articulo de un miembro de ICEA sobre yugoslavia y un debate sobre planificación central, modelos de socialismo de mercado y el grado de apertura, comercio internacional y todo lo que implica para una industria nacional. Un argumento (que es de tesis doctoral de Catherine Samary) es que los mecanismos de mercado, a la interna, debilitan la autogestión. A la externa, en ese caso, que tratar de competir en mercados internacionales y hacer frente a las inversiones extranjeras, también. Puedo estar de acuerdo, esto refleja la dificultad de establecer "islas" de socialismo y colectivización en un mundo sin aliados (conviene recordar que Yugoslavia rompió con el bloque de la URSS y trató de impulsar el denominado "movimiento de paises no alineados" con paises "menos desarrollados" precisamente por carecer de alianzas internacionales en el bloque capitalista o socialista). Es un problema que también tuvieron las colectivizaciones durante la guerra civil.

Centrando en caso de La Naval, viene de lejos, y evidentemente UGT gana historicamente las elecciones, CCOO tiene poca presencia, igual que ELA y el CAT tiene algo más de presencia y lleva el peso de facto. Los sindicatos tendrán todos alguna parte de responsabilidad de por qué motivo se llega a la situación de colapso. El artículo constata quien se ha posicionado publicamente a favor del rescate público y ha criticado la inacción del gobierno vasco, cuando no la actuación para facilitar el cierre del astillero. Cualquier sindicato puede posicionarse publicamente para tratar de defender con acciones concretas el mantenimiento de 2000 potenciales empleos y solo lo han hecho estos dos con presencia en el astillero, coincide que fueron los sindicatos que se opusieron y no firmaron los acuerdos de privatización en La Naval de Sestao. Los sindicatos que apoyaron la privatización CCOO y UGT no se han posicionado a favor del rescate de la actividad y en el caso de UGT se ha posicionado con el PNV sobre la imposibilidad del mismo.

A mi lo que me deja perplejo es que siendo la función principal de los sindicatos de clase defender el empleo y la industria, se trate de poner el dedo en el ojo a aquellos que tratan de enfrentar las políticas empresariales y gubernamentales que destruyen la industria y el empleo, en vez de poner el dedo en el ojo en aquellas organizaciones que por acción u omisión (por qué no se posicionan o por qué estan a otros intereses y debates) avalan esas políticas.

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 19 Abr 2019, 10:26
por Joreg
Aitor Mena escribió:
19 Abr 2019, 08:20
El articulo, no voy a repetir su argumento porqué ya está expuesto, expone cómo la forma de intervenir en la política industrial de los gobiernos neoliberales como el del PNV es, o bien, dar dinero sin control e intervenir cuando le interesa (por los motivos que sea, que nunca són casualidad), o bien no intervenir. Es una constatación con hechos y casos.
Al parecer tanto la intervención dando dinero, como la no intervención, son nefastas. No me extraña que se acabe apostando por no intervenir desde el gobierno, dado que es más barato.
Aitor Mena escribió:Si estas variables no importan un pimiento, cualquier posición es util, desde luego.
No, sí que importan, únicamente intento entenderlas. Ya hubo ayudas creo recordar que la Naval o alguien tuvo que devolver. No sé cómo lo harían. Lo que me ha llamado la atención es que se hable de entrar en el accionariado manteniendo la lógica del inversor privado. ¿No lleva eso a un callejón sin salida, o a tener que estar haciendo todo el día malabarismos judiciales? Sé que otras empresas europeas reciben apoyos de uno u otro tipo, y no acabo de entender bien por qué aquí es imposible y la UE acaba machacando.
Aitor Mena escribió:A mi lo que me deja perplejo es que siendo la función principal de los sindicatos de clase defender el empleo y la industria, se trate de poner el dedo en el ojo a aquellos que tratan de enfrentar las políticas empresariales y gubernamentales que destruyen la industria y el empleo, en vez de poner el dedo en el ojo en aquellas organizaciones que por acción u omisión (por qué no se posicionan o por qué estan a otros intereses y debates) avalan esas políticas.
Hombre, lo que habrán dicho CCOO y UGT ahora mismo no lo sé. El comité de empresa en el que la mayoría es de UGT y CCOO, sí que ha pedido el rescate público. Ciertamente no sigo al dedillo la crisis en el Pais Vasco, pero algo me suena. Por supuesto tiene mucho mérito estar en contra de las políticas de destrucción de empleo y habría que ver cómo articulan sus propuestas, que vienen a ser una inyección de dinero público, con una buena gestión empresarial, renovación tecnológica y búsqueda de carga de trabajo. O eso es lo que he entendido en resumen. Por cierto, ¿en qué estado están ahora los trabajadores tras el despido habido, en febrero o marzo fue?
Aitor Mena escribió:ELA y el CAT tiene algo más de presencia y lleva el peso de facto
Pues menudo papelón. Perder la elecciones y llevar el peso... Suena regular.

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 19 Abr 2019, 10:32
por Joreg
Puedo estar de acuerdo, esto refleja la dificultad de establecer "islas" de socialismo y colectivización en un mundo sin aliados (conviene recordar que Yugoslavia rompió con el bloque de la URSS y trató de impulsar el denominado "movimiento de paises no alineados" con paises "menos desarrollados" precisamente por carecer de alianzas internacionales en el bloque capitalista o socialista). Es un problema que también tuvieron las colectivizaciones durante la guerra civil.
Es que la URSS, que tenía multitud de aliados, también se fue al diablo en medio de una crisis sorprendente.

El único modelo que ha tenido desarrollo de ese mundillo ha sido el chino, que demuestra que es posible un capitalismo dirigido por un partido hegemónico comunista. Siempre se había dicho que el capitalismo necesitaba democracia para ser eficaz, y no, resulta que es perfectamente compatible y exitoso con una dictadura de ese tipo.

De autogestión, nada de nada.

Y la pregunta que me hago es: si Yugoslavia colapsó, y un motivo fue el carecer de aliados, y si aquí se sigue una política industrial social que acaba sacándonos de la UE... ¿Quiénes van a ser nuestros aliados? El gobierno de Maduro parece estar con el agua al cuello, y no parece que Rusia, China, Turquía o Irán, vaya a serle de mucha ayuda. Aguantarán, probablemente, como en Cuba. Lo que no veo claro es qué beneficio tiene la población.

Da la impresión, que hay poco margen de maniobra.

Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Publicado: 08 Jun 2019, 16:48
por Aitor Mena
“La política industrial del Gobierno Vasco es nefasta, fraudulenta y, en el mejor de los casos, negligente”

Imagen

Jon Bernat Zubiri Rey, doctor en Economía y profesor de la facultad de Relaciones Laborales de la UPV

Asistimos al proceso de liquidación de La Naval. ¿Hay alternativas al cierre?

Inequívocamente sí. Una primera opción es que los gobiernos intervengan en dos fases: por un lado, comprando los activos industriales (terrenos, construcciones e instalaciones) por medio de un fondo público, blindándolos ante especuladores, mientras en una fase en paralelo, impulsan una empresa pública vasca desarrollando un plan de viabilidad industrial a medio plazo recuperando la carga de trabajo que tenía La Naval antes de entrar en concurso. No hay limitación europea a que haya capital mayoritario público mientras exista un plan de viabilidad industrial a medio plazo (3-5 años de carga de trabajo/pedidos).

La segunda opción sería que la empresa pública “Navantia” recuperase la negociación de la draga y, alquilando a la administración concursal las instalaciones del astillero, retomara la actividad. Son alternativas factibles desde todos los puntos de vista (legal-juridico, económico-financiero y laboral), pero exigen la implicación del sector público, algo que tanto PNV como PSOE han rechazado.

¿Qué razones esgrimen para su inacción?

Es una cuestión de modelo. La Consejería de Industria ha apostado por liquidar la actividad de manera que la empresa pueda ser más atractiva a un capital que no busque el relanzamiento de la actividad a nivel local, sino que busque absorber a la empresa en sus bienes intangibles. Esta opción es claramente antisocial y profundiza el desmantelamiento del tejido industrial de la comarca.

Euskal enpresak atzerriko kapitalei saltzen ari zaizkie (Gamesa eta Euskaltel) eta enpresaburu eta kapitalista pribatuen interesak lehenesten ari dira, ixteko zorian edo kinka larrian diren enpresetako langileen interesen gainetik.

El cierre de esta emblemática empresa vuelve a poner en la palestra el imparable proceso de desindustrialización que sufre la Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones... ¿Qué diagnóstico haces de la situación?

Esta comarca forma parte de un país que ha vivido un proceso de desindustrialización muy fuerte durante las últimas décadas. La situación de la industria vizcaína es muy grave. Según datos del INE, en los dos últimos años -con crecimiento económico- se han destruido más de 13.000 empleos industriales; y Ezkerraldea está muy insertada en esa caída del tejido industrial.

Un dato que refleja claramente la desindustrialización que sufre el país: la industria de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ha pasado de suponer un 49% del Producto Interior Bruto en 1977, a un 29% en 2007; situándose en el 24% en 2018. El empleo industrial ha ido reduciéndose de manera imparable: de 423.000 empleos en 1975, a 274.000 en 1986, y a 188.000 en marzo de 2019.

Imagen

¿Quiénes son los responsables?

En primer lugar, un empresariado vasco que se ha instalado en una posición cada vez más rentista e internacionalizada, es decir, busca rentabilidad para sus capitales de forma totalmente desligada del territorio. Esto está llevando a Euskal Herria a una desinversión muy importante. Y todo ello, con la connivencia de las instituciones vascas, con el PNV al mando.

Más allá de la responsabilidad nacional del empresariado y la clase política gobernante, hay que señalar también a los factores de contexto de la regulación neoliberal europea, las limitaciones para la política de gasto e inversión pública que se plantean desde la Troika, la ausencia de soberanía monetaria, las dificultades para proteger sectores estratégicos de nuestra economía por atentar contra la competencia...

¿Qué valoración haces de la política industrial del Gobierno Vasco?

La política industrial del Gobierno Vasco se puede calificar de nefasta, fraudulenta y, en el mejor de los casos, negligente. Hay casos paradigmáticos que nos permiten afirmar que el Gobierno Vasco no solo no interviene en los casos de empresas en dificultades donde el capital privado tiende a la desinversión y a la destrucción de empleo, sino que tampoco lo hace en los casos en que hay participación pública en el accionariado o préstamos públicos comprometidos.

Ahora mismo, la política industrial del Ejecutivo de Gasteiz no tiene rumbo, en términos de renovación del tejido productivo. Arantza Tapia no puede dar cuenta de un solo éxito en materia de política industrial.

Errentagarritasuna eta nazioartera ateratzea bilakatu dira euskal enpresaburuan helburu nagusiak, hau da, euren kapitalaren errentagarritasuna bermatu nahi dute, beti ere, lurraldeari lotu gabe. Horrek ondorio larriak izan ditu Euskal Herrian: berton egiten diren inbertsioak asko murriztu dira. Eta hori euskal erakundeen babesarekin egin dute, EAJ buru dela.

¿Cuáles son los principales errores que está cometiendo?

Muchos: no existe un protocolo para la detección temprana de empresas en dificultades; hay poca o nula comunicación con los sindicatos; es manifiesta la descoordinación entre los propios Departamentos gubernamentales y direcciones de Industria y Trabajo; falta apoyo efectivo a las empresas en crisis; hay una supervisión y seguimiento deficiente y negligente de las empresas con participación de capital público o préstamos; vemos una tendencia a desprenderse de participaciones industriales de origen público con el visto bueno del Ejecutivo; la política de clúster no tiene una dimensión de defensa del tejido industrial en riesgo, pese al abundante dinero público que reciben; tampoco tienen un papel relevante en este cometido las Agencias de Desarrollo Local o Comarcal.

También me parece nefasta la política de internacionalizacion: se están vendiendo empresas vascas a capitales extranjeros (Gamesa y Euskaltel) y se están salvaguardando los intereses de los empresarios y de los capitalistas privados por encima de los de las plantillas de las empresas en riesgo de cierre o de ajuste.

La lista de fiascos del Ejecutivo en empresas concretas es larga...

Pondré sólo tres ejemplos. En primer lugar, es muy clara la pésima gestión realizada con Fagor Electrodomésticos y la entrega en situación de preconcurso a la compañía de 40 millones de euros, -vía fondos públicos Ekarpen y Socade- que no se han recuperado. El Departamento de Desarrollo Económico no ha jugado ningún papel para el mantenimiento del empleo ante la segunda crisis del grupo catalán CNA, que adquirió la actividad de Fagor, llevando al despido a toda la plantilla que se mantenía en producción.

Otro caso es el de Xey, de Zumaia. La mala gestión provocó el colapso de una empresa en la que el Gobierno Vasco tenía el 30% del accionariado, por valor de 2,2 millones de euros, y préstamos otorgados. El Departamento de Desarrollo Económico ni detectó ni denunció ninguna irregularidad.

Finalmente, en la papelera CEL, el Gobierno Vasco tenía la propiedad de un 40% de las acciones cuando la dirección dejó de pagar las facturas de la luz a principios de 2017, provocando el bloqueo de la actividad. En este contexto, decidió desprenderse de las acciones a un precio irrisorio. Los préstamos pendientes de cobro abocaron a la empresa al concurso de acreedores, y la administración concursal planteó un despido colectivo ante la ausencia de actividad e inversión. Finalmente, gracias a un acuerdo entre el sindicato ELA y el grupo italiano Lucart, estos se adjudicaron las plantas y retomaron la actividad con 183 empleos de inicio y una bolsa de empleo para quienes habían sido despedidos. La planta, a día de hoy, está funcionando, y no gracias precisamente al saber hacer del Gobierno Vasco.

Son sólo tres de una larga lista, la mayoría con desenlace de miles de puestos de trabajo perdidos: Arkema, Arcelor Mittal Zumarraga, BSH, Ingemar, Candy, Eaton, Laminaciones Arregui, Aernova, Gallardo Corrugados, Troquenor, Baltogar...

Etorkizunean aldaketa klimatikoa guztiz gauzatzen denean eta baliabide fosilak agortzen direnean ontzigintza errepide bidezko garraioari gailenduko zaio. Ontziak izatea eta bazkidetza publikoan oinarritutako sektorea izatea giltzarria izango da hurrengo hamarkadetan.

¿Es posible otra política industrial? ¿Cuáles deberían se sus ejes?

Es urgente la puesta en marcha de una efectiva política industrial de anticipación realizando un seguimiento real de la situación de las empresas para la determinación de ayudas, avales o préstamos posibles. Evidentemente, también hace falta control, para garantizar que esas inversiones llegan a buen puerto, se canalizan en una renovación del tejido industrial, en nuevas inversiones y en un aumento del empleo.

La captación y búsqueda de nuevos inversores industriales es también vital, sin descartar la opción de entrada en el accionariado de las empresas por parte de los gobiernos. El Gobierno Vasco actualmente hace lo contrario, cuando la participación de capital público en empresas estratégicas reduciría el poder de las multinacionales sobre la economía vasca.

También es fundamental la supervisión de los planes de viabilidad, que son la clave en todas las situaciones de crisis así como diseñar planes específicos por subramas de la industria.

Todo este apoyo gubernamental para relanzar actividades, para consolidar tejido productivo y mantener el empleo debe completarse con compromisos por parte de las empresas de devolver los créditos, de no cerrar plantas ni realizar deslocalizaciones de la producción, de mantener el empleo y garantizar unas condiciones de negociación colectiva y de relaciones con los sindicatos, que también deberían de estar en el centro de las preocupaciones del gobierno, cosa que actualmente no sucede.

Sin perder de vista, en ningún momento, que esa política industrial alternativa que los economistas de izquierdas defendemos tiene que aplicarse desde unos criterios de renovación social, ecológica y feminista del modelo productivo.

Finalmente, ¿tiene Ezkerraldea futuro industrial?

Sí. Pero hace falta un plan. Es necesario que los gobiernos hagan un diagnóstico realista de cuáles son las ramas en las cuales es posible una renovación, cuáles son las actividades estratégicas para poder seguir manteniendo y generando nuevos empleos. Sería estratégico, por ejemplo, volver al pleno rendimiento en la Acería de Bizkaia y apuntalar las empresas existentes, incluyendo La Naval, porque en un futuro de cambio climático y de agotamiento de los recursos fósiles el sector marítimo va a salir reforzado frente al transporte por carretera. Tener barcos y una industria naval con participación pública va a ser vital en las décadas futuras.

Por último, es necesario hacer un plan de choque por comarcas con dotación presupuestaria suficiente. La nueva industria que viene tiene que ser limpia y social, es decir, con participación de los trabajadores y trabajadoras y con salarios dignos. Frente al modelo de la competitividad por la devaluación salarial hay que apostar por una política de buenos salarios, por una política de inversiones suficientes y por una política de innovación político social.

https://www.ela.eus/alda/ezkerraldea-ha ... igente201d