Limites y posibilidades de una política industrial activa

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Aitor Mena
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Limites y posibilidades de una política industrial activa

Mensaje por Aitor Mena » 07 Ene 2019, 01:30

Cogiendo como ejemplo un caso concreto como el de La Naval de Sestao, se pueden extraer las principales vias que pueden tener los gobiernos para rescatar actividades viables o promover en general una política industrial activa para potenciar sectores industriales, cambiar el modelo productivo, etc. También qué papel e impulso pueden tener los sindicatos, en este caso uno importante
El comité de La Naval dice que ni la compra de activos ni entrar en el accionariado son ayudas de Estado

El comité de La Naval dice que ni la compra de activos ni entrar en el accionariado son ayudas de Estado

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - El informe jurídico de expertos en Competencia encargado por el comité de La Naval concluye que ni la compra de activos del astillero a la administración concursal por parte de los gobiernos central y vasco ni la aportación de dinero para una empresa con capital público serían consideradas ayudas de Estado por parte de la Unión Europea siempre que "siga el principio del inversor privado en una economía de mercado"

(...)

El integrante del comité del astillero ha acusado al Ejecutivo Vasco de "incumplir su compromiso de elaborar un informe jurídico como el que ha encargado el comité" y "hemos tenido que ser los trabajadores quienes lo hemos encargado y presentado ante la inacción del gobierno".

https://www.europapress.es/economia/not ... 23140.html
Comité de La Naval propone capitalizar las indemnizaciones para entrar en el accionariado y evitar el cierre

calcula que podrían adquirir el 40% del astillero y emplaza a los Gobiernos central y vasco a que pongan el 60% restante

VITORIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Comité de La Naval propone capitalizar las indemnizaciones para entrar en el accionariado y evitar el cierre

El comité de empresa de La Naval ha propuesto a la plantilla del astillero de Sestao que utilice su indemnización para presentarse como inversores, poniendo "alrededor de cuatro o cinco millones de euros, y conseguir así el 40% del accionariado", y ha emplazado al Gobierno Vasco y al Gobierno central a que pongan el 60% restante. "Empecemos a andar, espero respuesta", ha indicado.

https://www.europapress.es/economia/not ... 33205.html
ELA exige al Gobierno vasco que asuma de manera urgente el control público en La Naval

En la Asamblea General de trabajadores y trabajadoras de La Naval, previa a la última reunión del periodo de consultas del ERE, se ha sometido a votación la aceptación o no de un acuerdo para el ERE de Extinción.

El resultado ha sido el siguiente:

Votos a favor del acuerdo 36
Votos en contra del acuerdo 89
Votos nulos 2

En consecuencia, los y las trabajadoras de La Naval han rechazado mayoritariamente el ERE de extinción planteado por la Administración Concursal.

En este sentido, desde ELA exigimos:

- A la Administración Concursal: que no lleve a efecto el ERE de extinción, y que ponga todos los medios necesarios para que en esta coyuntura entre capital público en La Naval, con el fin de mantener vivo el astillero y todos sus puestos de trabajo.

- Al Gobierno vasco, en concreto al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras: que dote de financiación al astillero, de manera urgente. El rechazo mayoritario del ERE por parte de la asamblea supone un mensaje muy claro para nuestras instituciones. No es aceptable el inmovilismo que han tenido hasta la fecha, esperando en todo momento a que se lleve a cabo la extinción de todos los contratos de trabajo. Exigimos al departamento dirigido por Arantza Tapia que actúe como lo han hecho diferentes gobiernos en la Unión Europea en situaciones similares, y que no deje tirados a los y las trabajadoras de La Naval y a la industria de Ezkerraldea.

https://www.ela.eus/es/ezkerraldea-kada ... n-la-naval
ELA exige que no se lleve a cabo el ERE de extinción de La Naval y que entre el Gobierno vasco en el capital público

El 11 de diciembre se ha celebrado la cuarta reunión del periodo de consultas del ERE de extinción de La Naval. En dicha reunión, ELA ha exigido al administrador concursal que no haga efectivo el ERE. Si se llevase a efecto el ERE previsto desaparecerían definitivamente los 177 puestos de trabajo de La Naval y los 1.800 del personal subcontratado.

ELA había exigido en anteriores reuniones que la administración concursal realizase las gestiones necesarias ante el Gobierno vasco para que éste entrase con capital público en La Naval antes de la finalización del periodo de consultas del ERE. En este sentido, la administración concursal, a pesar de que ha reconocido de que en esta fase del concurso está actuando de manera coordinada con el Gobierno vasco, señaló que sus gestiones para la entrada del capital público han fracasado hasta la fecha por la falta de voluntad de la administración vasca.

Por otra parte, en el periodo de consultas, el comité de empresa planteó tener una reunión con los diferentes inversores que estén interesados en La Naval. La administración concursal respondió que esa petición no era posible; nos parece una decisión muy grave.

ELA exige al Gobierno vasco, y en concreto al departamento de Desarrollo Económico, que actúe ahora, antes de que se pueda aplicar el ERE y se plantee una solución para toda la plantilla de La Naval, con la entrada de capital público y financiación para el astillero. Si no se hace antes de la aplicación del ERE, La Naval desaparecerá.

https://www.ela.eus/es/ezkerraldea-kada ... erno-vasco
La Consejera Tapia está jugando un papel activo a la hora de impulsar el cierre definitivo de La Naval

ELA quiere señalar que en los últimos años desde las instituciones se han impulsado procesos de liquidación, que supuestamente facilitarían la llegada de nuevos inversores, y que lo único que han generado han sido cierres y despidos. ELA defiende firmemente que La Naval es estratégica para Euskal Herria y que, conociendo la actividad y los proyectos a ejecutar, es indispensable garantizar una financiación adecuada, tal como ocurre en los Astilleros de este tipo en todo el mundo.

El Departamento de Desarrollo Económico e infraestructuras del Gobierno de Gasteiz ha trasladado al Comité de La Naval un informe de la asesoría jurídica del propio Departamento. El citado informe busca avalar la posición del citado Departamento y pretende justificar su inacción.

En resumen, el citado informe señala lo siguiente:

- "No pueden concederse ayudas de apoyo regional en base al carácter de zona desfavorecida en la que desempeña su actividad, dado que se trata de una empresa en crisis"

- "No son factibles ayudas que pudieran concederse al amparo de las Directrices de ayudas de salvamento y reestructuración de empresas, ante la disolución de la sociedad".

- "No parece que las ayudas que pudieran concederse a la sociedad puedan encajar en el principio del inversor privado, ante el (indiciario) poco interés que han demostrado los agentes privados en el apoyo al proyecto".

- "Es altamente improbable que se pueda considerar factible un nuevo apoyo público".

Mediante estas conclusiones el citado departamento cierra todas las puertas a una involucración pública que garantice el futuro de la Naval. A día de hoy se apuesta por la aprobación del ERE, que supondría el despido de todos los y las trabajadoras, pero sin que exista proyecto efectivo alguno. La Consejera repite la necesidad de contar con un "inversor serio", pero pasa por alto que La Naval ha contado con una dirección encabezada por Ingeteam y Astilleros Murueta, que no han recibido censura alguna por parte del Departamento.

ELA quiere señalar que en los últimos años desde las instituciones se han impulsado procesos de liquidación, que supuestamente facilitarían la llegada de nuevos inversores, y que lo único que han generado han sido cierres y despidos. ELA defiende firmemente que La Naval es estratégica para Euskal Herria y que, conociendo la actividad y los proyectos a ejecutar, es indispensable garantizar una financiación adecuada, tal como ocurre en los Astilleros de este tipo en todo el mundo.

En una nota difundida el pasado mes de septiembre, ELA planteaba que ante situaciones de este tipo "la Consejera ha respondido con una frenética actividad mediática para desviar la atención, sin aportar solución alguna". Desgraciadamente, continuamos con el guión establecido. Añadiendo el grave hecho del abandono por parte de la Consejera de una reunión con el Comité ante las críticas recibidas, reacción de desprecio que solo se produce ante representantes de los y las trabajadoras, nunca ante responsables patronales o empresariales.

https://www.ela.eus/es/industria-eta-er ... e-la-naval
Última edición por Aitor Mena el 23 Ene 2019, 20:27, editado 1 vez en total.
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Aitor Mena
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Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Mensaje por Aitor Mena » 07 Ene 2019, 11:19

Añado un par de intervenciones que también inciden en la cuestión del corsé neoliberal que impone la Unión Europea en cuanto a la posibilidad de realizar una política industrial activa
Costas Lapavitsas: el socialismo empieza en casa. Entrevista

(...)

Calderbank: ¿Te sorprende como se están desarrollando los debates en la izquierda británica? Los sindicatos apuntan, por ejemplo, a la base al menos vestigial de protecciones sociales, económicas o ambientales que acompañan a la UE. Argumentan que, incluso aunque hayan sido atacados por ella, todavía tienen un margen de acción amplio respecto al experimento ultra-neoliberal encarnado por la era de Trump y los Anglófilos; y que mantener algún tipo de relación con Europa –incluso aunque se limite a una unión aduanera o al mercado único– es necesario para proteger los trabajos. ¿Cómo responderías a esto?

Lapavitsas: Hay que atender a una serie de cuestiones. Una tiene que ver con los derechos y las condiciones laborales, y la otra con la habilidad para negociar con Europa. Obviamente, el mercado único tiene algo que ver con ambas. Pero, primero, déjeme decir que las reacciones de la izquierda y los sindicatos en Gran Bretaña me sorprenden. Es como si el movimiento sindical se hubiera quedado anclado a finales de los 80, cuando Jacques Delors se dirigió a la conferencia del Trade Union Congress (TUC) y les contó todas aquellas cosas buenas que iban a ocurrir en Europa. Esto no tiene nada que ver con la UE actual.

La lógica de la UE desde Maastricht ha sido la lógica del mercado único. El mercado único es, básicamente, un mecanismo de homogeneización que busca acomodar el neoliberalismo. Se trata de un conjunto de acuerdos y principios que sistemáticamente promueven el neoliberalismo a través de la búsqueda de estrategias que fortalezcan el capital cada vez que surge un problema. El mercado único es un mecanismo muy poderoso, y uno de los motores que lo hace funcionar es el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE).


La gente no entiende la importancia del Tribunal de Justicia. Para que los mercados funcionen tiene que existir un marco legal adecuado, y el marco legal europeo se ha creado, sin pausa, durante las últimas décadas. Ha sido creado por el Consejo de Ministros, que presenta la mayoría de las leyes, y por el Tribunal de Justicia, que las interpreta y que también tiene capacidad para crear jurisprudencia. Este mecanismo es neoliberal de principio a fin. No hay intereses populares expresados en esta configuración. Los sistemas legales nacionales individuales, específicos de cada país, están obligados a cumplir con el acervo comunitario, la ley europea, que ahora se ha convertido en un vasto sistema legal. Mientras sea así, la izquierda puede olvidarse de los desafíos radicales a las relaciones entre el capital y el trabajo. Tan pronto como la izquierda acepte el mercado único, todo esto está acabado, debe ser olvidado.


Calderbank: Si un gobierno de Corbyn fuera elegido partiendo de premisas como la anterior, ¿de qué manera podría enfrentarse a las restricciones de la membresía en el mercado único?

Lapavitsas: A través de una variedad de formas que emanan del marco legal así como de las prácticas que rodean al mercado único. Recientemente he realizado algunos trabajos sobre las subvenciones y las contrataciones estatales. Un gobierno de izquierdas, un gobierno radical como el que Reino Unido necesita, debe usar las subvenciones y las contrataciones con criterio, con el fin de apoyar a la industria, crear puestos de trabajo e infraestructuras industriales. El marco del mercado único actual está diseñado de tal manera que detiene la intervención decisiva en estos campos por parte de un hipotético gobierno de izquierda radical. Es posible otorgar ayudas estatales y utilizar la contratación pública, pero dentro de límites estrechos. Estos límites serían demasiado restrictivos para un gobierno radical como el que Jeremy Corbyn quiere instalar.

(...)

http://www.sinpermiso.info/textos/costa ... entrevista
En esta entrevista también se apunta esta cuestión, en relación a la siderurgia inglesa y la politica industrial neoliberal de la UE. El sector siderurgico está si cabe, más restringido e imposibilitado de recibir apoyos estatales. Min 38 en adelante
Otra Vuelta de Tuerka - Pablo Iglesias con Paul Mason

https://www.youtube.com/watch?v=FHU9AIvavPI
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Aitor Mena
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Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Mensaje por Aitor Mena » 12 Ene 2019, 11:49

El Estado francés pone dinero para evitar el cierre de empresas

«Hecha la ley, hecha la trampa». Un aserto que puede convalidad el Estado francés al interpretar como le conviene ciertas limitaciones impuestas por las normativas de la Unión Europea. Mientras el Gobierno español y el Ejecutivo de Lakua no dejan de poner pegas a la intervención pública para salvar La Naval, el Gobierno francés se muestra abierto a estudiar las «soluciones más originales» para evitar el cierre de una acería o de una factoría de Ford.

El de los «chalecos amarillos» no es el único frente abierto que tiene el Gobierno francés en el ámbito socioeconómico. Otro que le está dando muchos quebraderos de cabeza es el del posible cierre de fábricas con un marcado simbolismo para buena parte de la sociedad gala.

Pero no siempre llegan malas noticias para el Gabinete del presidente Emmanuel Macron. Esta misma semana, ha respirado aliviado al conocer que el Tribunal de Gran Instancia de Estrasburgo ha dado luz verde a la adquisición de la acería Ascoval, ubicada en Saint-Saulve, por el grupo franco-belga Altifort.

«Es una buena noticia para la industria y para el empleo», remarcó el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en un comunicado firmado junto a la secretaria de Estado Agnès Pannier-Runacher. «Deseo mostrar mi admiración, en particular, al compromiso de los trabajadores con su empresa y su actitud responsable a lo largo de este periodo de incertidumbre», añadió Le Maire.

Esta operación, con 281 empleos en juego, ha sido posible por el acuerdo alcanzado entre el Estado, la Región Hauts-de-France y las empresas Vallourec y Schmolz+Bickenbach, que ha permitido mantener la actividad de la acería durante este 2018, según subrayó el ministro.

La adquisición de Ascoval, por un montante de 152 millones de euros, se desglosa en 47 millones de fondos públicos «en forma de préstamos» (25 millones del Estado, 12 de la Región y 10 de la Metrópolis de Valenciennes), 35 millones aportados por Altifort, 40 millones de un arrendamiento financiero para un futuro tren de laminado y otros 30 millones de factoring.

Fundada en 1975 por Vallourec y convertida en Ascoval en 2017, esta acería esperaba un comprador desde la liquidación judicial del grupo Asco Industries. A finales del pasado mes de enero, la suiza Schmolz+Bickenbach adquirió la mayoría de los activos de Asco, sin incluir a Ascoval, que tuvo que salir a buscar su propio comprador.

La «traición» de Ford

Más complicado se ve en estos momentos el futuro de la planta de Ford en Blanquefort, cerca de Burdeos. En este caso, Bruno Le Maire no descarta una compra provisional de la fábrica por el Estado. El miércoles se mostró abierto «a las soluciones más originales» para salvarla después de que Ford rechazara una oferta de compra presentada por el grupo franco-belga Punch Powerglide. «¿Por qué no? Estoy dispuesto a este tipo de soluciones», comentó al ser preguntado en las cadenas BFMTV y RMC por la posibilidad de que el Estado francés compre la fábrica para revenderla a continuación a Punch, que se había comprometido a preservar 400 de los actuales 800 puestos de trabajo.

Le Maire reveló que la víspera había mantenido una conversación telefónica con el presidente de Ford para Europa, Steven Armstrong, la segunda tras el anuncio del rechazo a la oferta de Punch, realizado el 13 de diciembre. Ese día, el ministro denunció la «traición» del fabricante estadounidense. Después, el propio presidente Macron calificó la decisión de Ford de «hostil» e «inaceptable».

Informe favorable a la inversión pública en La Naval

En el marco de la enésima movilización realizada en lo que va de año, el pasado jueves el secretario del comité de empresa de La Naval, Juanjo Llordén, acusó a los gobiernos estatal y autonómico de «estar engañando» a los trabajadores ya que «parece que no quieren hacer nada» y añadió que «todo es un poco extraño porque dicen que trabajan en buscar una solución pero resultados, ninguno hasta la fecha; la situación, lamentablemente, empeora y la plantilla no ve ya vías de solución».

Esta misma semana se ha hecho público un informe jurídico, apoyado por el comité, que concluye que las instituciones pueden comprar los activos de La Naval y que es posible «relanzar la actividad» del astillero de Sestao «con una nueva empresa con capital público». El informe indica que no serían consideradas ayudas de Estado ni la compra de activos a la administración concursal por parte de los gobiernos, ni la aportación de recursos financieros públicos.

https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara ... e-empresas
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Aitor Mena
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Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Mensaje por Aitor Mena » 13 Ene 2019, 10:25

¿El rescate público de empresas es de "países comunistas"? Ejemplos europeos que muestran que no es así

Alcoa, La Naval o Isowat; tres cierres de empresas en los que casi la única posibilidad de salvar a los trabajadores es el rescate del Gobierno que lo ha rechazado alegando que este no es un "régimen comunista".

12/01/2019 14:12 Actualizado: 12/01/2019 20:58

beatriz asuar gallego @beaasuargallego

Alcoa, La Naval o Isowat; tres cierre de empresas en los que casi la única posibilidad de salvar a los trabajadores es el rescate del Gobierno. Para el primero, quedan pocos días para el desenlace final que mantiene en vilo a los 700 trabajadores. El 15 de enero termina el tiempo de negociación sobre el ERE de sus plantas en A Coruña y Avilés. El ministerio de Industria sólo ha intervenido en la negociación pero trabajadores, agentes sociales y partidos políticos le piden que vaya más allá.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, rechazó la intervención el pasado noviembre alegando que "no estamos en un régimen comunista". La multinacional estadounidense es la única productora de aluminio, teniendo el monopolio de un sector estratégico para el país y para Europa. El sector se privatizó hace veinte años por el Gobierno de José María Aznar y la multinacional se quedó con el monopolio por lo que se perdería la producción. El rescate de este sector, si miramos a los países vecinos de la Unión Europa, vemos que es una intervención común en países que lejos están de poder compararse con un régimen comunista. En algunos casos, para evitar el cierres de industrias similares.

La respuesta de Valerio vino ante las múltiples peticiones de los trabajadores, sindicatos y el grupo confederal de Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea. Estos agentes han reclamado ante el Gobierno que la intervención que salvaría estos puestos de trabajo no contradice la normativa europea que permite la compra de la unidad productiva o los activos en liquidación por medio de una empresa de capital público, bien de participación mayoritaria o minoritaria. Además, el artículo 128 de la Constitución reconoce "la iniciativa pública en la actividad económica". "Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", dicta.

Francia es uno de los mejores empleos. Aunque Emmanuel Macron ha anunciado una ola de privatizaciones, hasta el momento el Estado posee capital propio en 81 compañías francesas que van desde Alstom a Renault. También tiene participaciones en el principal operador del país, France Telecom; en la compañía aérea Air France y en la primera empresa eléctrica; Electricité de France. Según informó el Financial Times, el valor de estas empresas es de 100.000 millones de euros y generan 1,7 millones de puestos de trabajo.

El Gobierno francés adquirió las acciones de los astilleros franceses STX para evitar la venta a una empresa italiana y perder la gestión total

En comparación con los casos españoles, destaca la intervención en el astillero STX France el pasado julio. El Estado francés adquirió en 2017 las acciones de los astilleros franceses STX, antigua filial de STX Korea, en liquidación, para evitar la venta a una empresa italiana y poder seguir con las negociaciones para compartir la gestión.

Sobre esta operación, Margrethe Vestager, comisaria de competencia, indicó: "Las normas del Tratado sobre la neutralidad de la propiedad pública o privada permiten la propiedad y el control en última instancia por parte de Italia o de Francia mediante la adquisición de las acciones existentes propiedad de STX Korea, en liquidación, sin que ello sea objeto de examen a la luz de la normativa sobre ayudas estatales, puesto que la adquisición de acciones existentes en poder de un tercero no aporta, en sentido estricto, nuevos recursos del Estado a la empresa. Esas normas tampoco se oponen a la realización de inversiones públicas posteriores en condiciones de mercado, lo que sería aceptable para un operador privado".

Alemania también tiene participaciones en varias empresas que llegan al productor de automóviles, el Grupo Volkswagen; de nuevo en las comunicaciones, al igual que en el país galo, con parte de accionariado de Deutsche Telekom; también en RWE, el segundo productor de energía del país; y en Salzgitter, un conglomerado dedicado a la industria siderúrgica. Lo mismo ocurre en Italia con ENEL, la compañía eléctrica más importante del país; la principal petrolera italiana o Finmeccanica, un holding industrial con inversiones en energía, transporte, aeronáutica y electrónica.

De hecho, en Gobierno italiana ha intervenido en una empresa de Alcoa es la isla de Cerdeña. La empresa de la multinacional que cerró en 2012 volverá a tener actividad por la compañía suiza Siders Alloy. La venta se realiza tras un largo período de negociaciones del Gobierno italiano y la empresa. Según explica La Opinión A Coruña, el reparto de los 135 millones de euros que, aproximadamente, costará el arranque será: 84 millones proceden de un préstamo subsidiado a devolver en ocho años, 20 de Alcoa, 10 serán los que invierta Siders Alloy para construir una planta de alambrón, ocho los aporta la región de Cerdeña y el resto de la compañía suiza. La agencia italiana para el desarrollo (Invitalia) tendrá un peso del 20% en el accionariado.

Otro ejemplo lo tenemos aún más cercano y de la mano del Gobierno español. Desde los 90 con el Gobierno de Aznar comenzó la oleada de privatizaciones de sectores estratégicos para el país, pero el Ejecutivo ha tenido que rescatar varias de las empresas. Uno de los últimos casos es el rescate de las autopistas, que supune para Fomento una inversión de 317 millones de euros.

https://www.publico.es/politica/alcoa-i ... an-no.html
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Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Mensaje por Aitor Mena » 13 Ene 2019, 10:29

“Que apliquen el 155 a Alcoa”: el doble rasero de la intervención del Estado en la economía

El cierre de las plantas de la multinacional Alcoa en Avilés y Coruña resucita el debate: ¿para qué sirve un Ministerio de Industria?, ¿por qué el Estado solo rescata empresas cuando Florentino Pérez está de por medio?

Martín Cúneo @MartinCuneo78

2019-01-13 06:00:00

“No somos un régimen comunista”, fue la respuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, cuando los representantes de los casi 700 trabajadores de las plantas de Alcoa en Aviles y Coruña demandaron en noviembre de 2018 la intervención estatal para salvar sus empleos.

Un mes antes, el 17 de octubre, la multinacional estadounidense del aluminio había anunciado el cierre de estas dos fábricas. La réplica del comité de empresa de la planta de Avilés a la ministra no tardó: “Estamos seguros de que no es soviética, dudamos que sea socialista”.

El presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, se refirió al comentario de la ministra de Trabajo con sorna: “Francia o Italia han intervenido de una u otra manera en crisis de fábricas. Me parece que ni uno ni otro países son comunistas, pero lo tengo que mirar”.

El Estado italiano intervino en la fábrica sarda de Portovesme, que Alcoa había abandonado en 2012 con calcadas motivaciones y salvó los 500 empleos

En efecto, no son comunistas, y el Estado italiano intervino en la fábrica sarda de Portovesme, que Alcoa había abandonado en 2012 con calcadas motivaciones y salvó los 500 empleos. En el caso francés, El Eliseo intervino una fábrica de Arcelor-Mittal para garantizar la continuidad de la actividad y de los empleos.

La falta de respuesta del Gobierno español en el caso de Alcoa no se debe a incompatibilidades con la normativa comunitaria, señala a El Salto el diputado de Podemos por Asturias Segundo González, ni a una supuesta ilegalidad: el artículo 128 de la Constitución permite la intervención de empresas “cuando así lo exigiere el interés general”.

Segundo González, diputado de Podemos por Asturias: “Es simplemente una cuestión de voluntad política. No vale de nada tener un Ministerio de Industria si no tiene competencia”

“Es simplemente una cuestión de voluntad política. El Gobierno no tiene voluntad de dar un paso adelante para impulsar o mantener la actividad industrial. No vale de nada tener un Ministerio de Industria si no tiene competencia”, denuncia el diputado de Podemos. Para González, el Gobierno de Sánchez, como sus predecesores populares y socialistas, siguen la máxima fijada por el exministro Carlos Solchaga, hoy consultor y consejero de grandes empresas: “La mejor política industrial es la que no existe”.

La fuga de Alcoa no es un caso aislado. El conflicto en la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León), el cierre anunciado de la multinacional mexicana Cemex en Gádor (Almería), el ERE en Siemens Gamesa o el reciente anuncio de una ola de despidos en las factorías europeas de Ford —solo en Almussafes, Valencia, trabajan 7.800 personas— son una muestra reciente de un fenómeno que viene de lejos. El sindicalista José Manuel Gómez de la Uz lo resume de esta forma poniéndose en la carne del patrón: “Si puedo ganar más dinero haciendo lo que hago en otro sitio, pues lo hago”.

Para el diputado Segundo González, la razón que hay detrás del cierre de Alcoa en España es la intención de la multinacional de trasladar la producción de aluminio a Arabia Saudí, donde la energía es mucho más barata. “La negativa o las dificultades que está poniendo Alcoa para llegar a una solución relativa a la venta o la posibilidad de que entre otro inversor se basan en evitar que haya competencia que pueda entrar a producir aluminio en España”.

Algo va mal en la política industrial en España cuando una empresa con beneficios, que ha recibido 1.000 millones en ayudas del Estado, puede cerrar sus fábricas en el país y aún así conservar el monopolio de la venta de aluminio

Algo va mal en la política industrial en España, señala González, cuando una empresa que ha recibido ayudas del Estado y ha obtenido beneficios en los ejercicios anteriores puede cerrar sus fábricas en el país y aún así conservar el monopolio de la venta de aluminio en España.
Rescates buenos vs. rescates “comunistas”

Que una intervención del Estado para rescatar una empresa, los puestos de trabajo y las comarcas sea “comunista”, según palabras de la ministra Valerio, es más que discutible. A menos que los Gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero puedan calificarse como tal.

Sin ir más lejos, el Estado llevaba décadas interviniendo en favor de Alcoa con ayudas en la factura de la luz de la multinacional por valor estimado de 1.000 millones de euros. Unas ayudas, recuerda el diputado Segundo González, que no están atadas a ninguna condición de continuidad de la actividad ni de los puestos de trabajo. Cuando la multinacional anunció el cierre de la plantas, el Gobierno se mostró “sorprendido” dado que la empresa “abona cuatro céntimos por kilovatio/hora frente a los nueve del resto de la industria o los 23 de los hogares domésticos”, según recogió el periódico Abc.

Entonces, ¿cuándo un rescate estatal es adecuado y proporcionado y cuándo es “comunista”?

González esboza una respuesta contundente al enigma: un rescate es bueno cuando “beneficia a los poderes económicos de este país”. Las intervenciones que se produjeron en las últimas décadas, señala el diputado de Podemos, siguieron la lógica de “privatizar las ganancias” —la pública Inespal fue vendida por unos 200 millones en 1998 a Alcoa— y “socializar las pérdidas”, como ha ocurrido en los casos del rescate de la banca, de las autopistas y de otras infraestructuras sobredimensionadas como el almacén de gas del Proyecto Castor.

El rescate de la banca

El rescate de las cajas de ahorro y la nacionalización de Bankia tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, producida entre otras razones por el lanzamiento masivo de productos “tóxicos” y fraudulentos por estos mismos bancos, terminó costando 60.600 millones de dinero público, según cifras del Banco de España, en momento de graves recortes sociales.

“Me gustaría especificarlo muy claramente, aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles”, dijo Luis de Guindos en 2012 cuando anunció el rescate de la banca. Hoy, el Banco de España da por perdido el 80% de ese dinero.

“Ahí no se puso ningún problema en que el Estado asumiera ese papel de inversor en la economía para rescatar empresas quebradas”, recuerda Segundo González.

El rescate de las autopistas

Tampoco pareció haber demasiado problema cuando el Gobierno de Rajoy decretó en sus últimos años de gobierno el rescate de nueve autopistas quebradas con un gasto de entre 2.000 —según el Estado— y 4.500 millones de euros —según los acreedores—. Son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto que une la capital con el aeródromo de Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda, que une Cartagena y Vera, la Circunvalación de Alicante, y la AP-41 Madrid-Toledo.

Todas comparten una misma historia: fueron sobredimensionadas por grandes constructoras y donantes a la caja B del Partido Popular (ACS, Sacyr, Abertis), entraron en quiebra por la más que previsible falta de clientes y, gracias a las cláusulas firmadas, se aseguraron millonarias indemnizaciones.

“Nos vuelven a mentir, a ocultar la realidad, porque sería durísimo para la sociedad española, que está sufriendo recortes, saber del rescate a las autopistas”, denunció el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato.

A raíz del programa de Salvados sobre el rescate de las infraestucturas fantasma, un tuitero daba con la receta para hacerse rico con el negocio de las autopistas:

1) Construye una autopista.
2) Calcula muy por arriba el número de coches que la usarán.
3) Que el Estado te pague la diferencia.

Al fin y al cabo, ¿quién quiere utilizar una autopista de pago cuando hay una Nacional gratuita de más de tres carriles justo al lado? No es culpa de las empresas, llegaron a decir desde las constructoras, sino de la Nacional, que hacía “competencia desleal”, según las palabras de José Antonio López Casas, entonces director general de Accesos de Madrid, la concesionaria que gestiona la R3 y la R5.

Entre los más beneficiados por la operación figura ACS y su presidente Florentino Pérez, también protagonista de la siguiente historia para no dormir.

El rescate de Florentino y el Castor

Iba a ser el quinto y más grande depósito de gas de España y terminó siendo una auténtica ruina para el Estado, que decidió rescatar de urgencia con 1.700 millones de euros a la constructora ACS, una cifra que pagarán los españoles en la factura del gas hasta 2044.

Un proyecto lanzado y firmado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, según sus críticos, era megalómano e innecesario, diseñado con técnicas obsoletas en su tiempo. El Proyecto Castor estaba participado en un 66% por la empresa de Florentino Pérez.

Unos 500 terremotos detectados entre 2012 y 2013 terminaron de convencer al Gobierno que tal vez no había sido una buena idea.

Mucho tuvo que ver el estudio de impacto ambiental. Según señala Josep Nualart, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el estudio —que por supuesto sufragó la propia empresa— analizaba de forma separada el impacto de las tres partes del proyecto: la planta terrestre, el gasoducto y la plataforma marítima. Si se hubiera analizado el impacto del proyecto en su conjunto, señala Nualart, el resultado hubiera sido muy diferente. La responsabilidad no es solo de la empresa, dice el responsable de energía del ODG, sino también del Gobierno de Zapatero, que aprobó el estudio de impacto ambiental, y del Banco Europeo de Inversión, que subvencionó la construcción.

Entre los factores más “sorprendentes”, apunta este investigador del ODG, figura que el Gobierno no exigiera un estudio sísmico para un almacén de gas subterráneo situado en las cercanías de la falla de Amposta.

Pero la letra —no tan pequeña— ya estaba firmada: “Una abracadabrante cláusula por la cual el Estado español se obligaba a indemnizar a Escal UGS [la empresa participada al 66% por ACS] en caso de que esta concesión se rescindiera aun en presencia de ‘dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria’”, según escribía el economista liberal Juan Ramón Rallo en El Confidencial .

En los próximos días se resolverá la incógnita: si el Gobierno de Sánchez va a continuar con la política de “dejar hacer” cuando hay solo empleos de por medio e intervenir cuando los daminificados son los poderes fácticos del país. “Ahí está la hipocresía en la que se mueven tanto los gobiernos del PP como del PSOE, del que esperábamos un poco más, especialmente en la actual situación, pero vemos que sigue de momento la misma estela”, resume Segundo González. El presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos López Corbacho, explicaba a su manera las contradicciones y dobles discursos sobre la intervención estatal: “Que apliquen el 155 a Alcoa”.

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Joreg
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Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Mensaje por Joreg » 13 Ene 2019, 11:26

Si el problema viene ya de los los setenta y ochenta, con la imposición paulatina de medidas jurídicas neoliberales y desarme del movimiento obrero... ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda sindical y partidista, que no solo ha aceptado, si no también colaborado con la implantación de medidas de mercado liquidando parte del sector público (que sigue teniendo un amplio peso económico)? Las quejas, estudios, protestas sectoriales y concretas de un comité de empresa, pueden poco contra las políticas generales de sus respectivas federaciones de industria y comités confederales, que viven una realidad tan ajena a los trabajadores, como puede tenerla un diputado en España de sus electores (y viceversa). Por ponerlo claro, actualmente el PSOE manda en el Gobierno y no hace nada al respecto de cierres empresariales. Pero es que la izquierda representada por Podemos e IU, que en la actualidad andan apoyando el presupuesto, no intentan incidir en estas cuestiones de inversión pública. No lo hacen en sanidad, no lo hacen en educación... No existe una estrategia para plantar cara a estas situaciones, que se ven desde las reconversiones industriales de finales de los setenta y años ochenta... Ni existe estrategia política y sindical al respecto, ni hay ganas de tenerla. Las organizaciones y las militancias viven completamente subsumidas a la lógica general, y de ahí no hay quien las saque. No lo digo por esimismo, si no porque es lo que veo que pasa. Ya podemos hacer virguerías en sectores concretos o en empresas determinadas, que la lógica general, es aplastante, utilitarista.
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Aitor Mena
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Re: Limites y posibilidades de una política industrial activa

Mensaje por Aitor Mena » 22 Ene 2019, 11:26

Joreg escribió:
13 Ene 2019, 11:26
Si el problema viene ya de los los setenta y ochenta, con la imposición paulatina de medidas jurídicas neoliberales y desarme del movimiento obrero... ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda sindical y partidista, que no solo ha aceptado, si no también colaborado con la implantación de medidas de mercado liquidando parte del sector público (que sigue teniendo un amplio peso económico)? Las quejas, estudios, protestas sectoriales y concretas de un comité de empresa, pueden poco contra las políticas generales de sus respectivas federaciones de industria y comités confederales, que viven una realidad tan ajena a los trabajadores, como puede tenerla un diputado en España de sus electores (y viceversa). Por ponerlo claro, actualmente el PSOE manda en el Gobierno y no hace nada al respecto de cierres empresariales. Pero es que la izquierda representada por Podemos e IU, que en la actualidad andan apoyando el presupuesto, no intentan incidir en estas cuestiones de inversión pública. No lo hacen en sanidad, no lo hacen en educación... No existe una estrategia para plantar cara a estas situaciones, que se ven desde las reconversiones industriales de finales de los setenta y años ochenta... Ni existe estrategia política y sindical al respecto, ni hay ganas de tenerla. Las organizaciones y las militancias viven completamente subsumidas a la lógica general, y de ahí no hay quien las saque. No lo digo por esimismo, si no porque es lo que veo que pasa. Ya podemos hacer virguerías en sectores concretos o en empresas determinadas, que la lógica general, es aplastante, utilitarista.
Responsabilidad toda, una parte mucho más que otra, y en cuanto al ámbito sindical también.

Seguramente no exista estrategia en la izquierda sindical y política, pero el solo hecho de plantear propuestas de este tipo, hace que parezca que se trata de articular. En cualquier caso, la idea del hilo no es solo hacer las criticas necesarias si no dejar apuntadas las propuestas que podría ser de interés desarrollar y debatir sobre ellas.
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