Del árbol caído, todos hacen leña. Muertes infantiles por desnutrición el La Guajira, Colombia

Entierro simbólico de niños/as Wayúu en un acto denominado 'Entre mantas y llantos'.
Foto: Elpais.com.co

En Colombia en lo que va de 2016 ha habido más de un centenar de casos de niños/as muertos, se sospecha que por desnutrición. Esto a afectado particularmente a niños/as wayuu de la región de La Guajira. El Ministerio de Salud de Colombia, cuyo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene un programa contra la desnutrición ha estado tirando balones fuera (que los/as niños/as muertos/as no murieron por desnutrición y después de la exhumación que lo demostró, que no pertenecían a su programa). 

Por Jose Camargo. Ex-dirigente sindical de Asodegua y docente en el municipio de Riohacha-Capital-del departamento de la Guajira.

La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.

 La ofensiva mediática y los señalamientos contra el departamento de La Guajira no cesan y antes por el contrario arrecian de tal manera que podemos decir que no queda títere con cabeza. Inicio con la apreciación del Fiscal de la nación Humberto Martínez en contra de los guajiros, dice este “honorable” personaje que: “La Guajira está cerca de ser un departamento fallido. La corrupción es sistémica e incluye a la clase política, al sector privado, a funcionarios judiciales, también a los ciudadanos y a los indígenas”. Cabe la siguiente reflexión: La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación ¿eran unos convidados de piedra, ante esta monumental crisis? Ahora, se implementa la figura de un Fiscal Especial asignado para La Guajira…hasta el momento, puro tilín, tilín y nada de paletas. Los guajiros de bien, que nos contamos por miles, esperamos expectantes que va a suceder.

Continúo con  Ariel Ávila, quien en la revista Semana, categóricamente afirma que: “popularmente se cree que lo que sucede en La Guajira es un tema de abandono estatal, eso es falso”,  este joven investigador complementa su afirmación haciendo una semblanza del narcotráfico y su impacto en La Guajira.  El narcotráfico es un gran negocio (Plan Colombia) pero, además, es un arma letal de guerra. Donde éste logra posesionarse, aniquila todo por completo. Colombia puede dar fe de que esto es cierto. Las historias, que se tejen alrededor de la presencia de narcotraficantes y paramilitares en el Palacio de Nariño y el Congreso de la República es algo escalofriante (se nos olvidó el acuerdo de Ralito) Colombia aún no ha logrado curarse de esta desgracia. La Guajira, fue uno de los primeros laboratorios de esta política, fue algo devastador.  Y dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito-UNODC que los cultivos de coca en Colombia crecieron en el 2015 un 39% y alcanzaron las 96.000 hectáreas, agregándole a esta desgracia, la utilización del glifosato de ingrata recordación.

Prosigo con Adolfo Meisel Roca (2007), quien en el libro La Guajira y el mito de las regalías redentoras menciona que la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, era tan grande, que si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, éstas no eran lo suficientemente grandes como para cerrar esa brecha.

Y termino con el Gobernador encargado de La Guajira Jorge E. Vélez,  este funcionario, declaraba a medios de comunicación, lo siguiente “Soy respetuoso de las creencias, pero no puedo ser respetuoso de que alguien quiera matar a un niño y puede que lo haga por sus creencias, pero tenemos que hacerles entender que esa no es la salida” semejante barbaridad para ocultar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte de miles de niños Wayuu.

Los resultados de los estudios forenses a los restos de los niños que fueron exhumados en la alta y media Guajira, entregan como resultado que habían tenido severos grados de desnutrición. El Gobernador quedo como un zapato.

En el año 2014, cuando se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, Ilva Hoyos, procuradora de Infancia y Familia, mencionaba que La Guajira era un ejemplo de que hace falta mucho para que Colombia sea un Estado Social de Derecho. El Departamento de Prosperidad Social, en su último informe menciona que La Guajira es el segundo departamento con más pobreza en Colombia con un 53,3%, superado por Choco que aparece con un 62,8%. En el 2010, la Guajira registraba un 32.4% de pobreza extrema. El abandono estatal crónico no pertenece a una leyenda urbana, es una realidad.

Los sectores populares y organizaciones sindicales y políticas, hemos librado en este departamento una lucha frontal contra la corrupción a todos los niveles. Esta lucha nos permite tener una acumulada moral importante y una dignidad que nos permite levantar la frente a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales, sin temor de ninguna clase. Es mentira que tenemos que aceptar el colapso del departamento de La Guajira como una realidad inevitable. Seguiremos en el debate público y con la movilización social permanente en defensa de los derechos más nobles de este departamento.