En guerra contra la tierra.

 


En Guerra contra la Tierra.


La destrucción de los espacios naturales de la que puede darse cuenta cualquier observador medianamente atento es la manifestación más dolorosa de cómo el capitalismo salvaje devora la tierra, cada vez más rápido, en su afán por incrementar los beneficios económicos de unos pocos. Ya lo indicó hace unos años el geógrafo David Harvey: “El capitalismo busca permanentemente crear un paisaje social y físico a su propia imagen y de acuerdo con sus propias necesidades en un momento particular del tiempo, e igualmente menoscaba, perturba e incluso destruye ese mismo paisaje en un momento posterior“

La lista de los ejemplos históricos, incluso previos al capitalismo, que confirman esta afirmación es extensa. Pensemos en la isla de Pascua y sus grandes moais de piedra mirando hacia el horizonte en medio de un paisaje sin árboles y sin apenas recursos naturales. La devastación de la isla comenzó al poco de llegar los primeros pobladores hacia el año 1200: explotaron el entorno de forma insostenible y en menos de cuatro siglos hubo un colapso ecológico. Cuando en 1722 llegaron los holandeses no hallaron rastro de los 20 millones de palmeras que llegó a albergar la isla.

La desaparición de la civilización maya clásica también está vinculada, según distintos estudios arqueológicos, al consumo desmedido de los recursos naturales, lo que causó deforestación y daños en el sistema agrícola, impidiendo cultivar la suficiente cantidad de alimentos para mantener a una población que para esa época llegaba alrededor de un millón de habitantes en la zona que hoy ocupan Guatemala y el sur de México.

Pero por desgracia, parece que no hemos sido capaces de aprender de errores pasados, más bien seguimos empecinados en repetirlos como si quisiéramos poner a prueba la capacidad de resistencia de la naturaleza y del planeta. La crisis financiera mundial ha hecho que la crisis ambiental haya pasado a un segundo plano y que cuestiones como el calentamiento global, la contaminación de los mares o la pérdida de biodiversidad se olviden en las negociaciones internacionales. Al igual que la dimensión económica de la crisis es la excusa para privatizar los servicios públicos, la ambiental sirve de excusa para privatizar la naturaleza. Las patentes sobre organismos vivos (especialmente sangrantes cuando privan a culturas indígenas de sus plantas medicinales), la biopiratería, el acaparamiento de tierras en países empobrecidos, la privatización del agua, el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, los organismos modificados genéticamente, la destrucción de selvas y bosques para generar pastos o monocultivos por parte de la industria maderera, ganadera o energética (aceite de palma para biodiésel), la especulación en bolsa sobre los producciones futuras de alimentos,… todo vale para poner precio y hacer negocio con especies y ecosistemas de los que depende nuestra vida como especie humana.

En este contexto, asistimos a la proliferación de solicitudes de permisos para realizar extracciones de petróleo y gases mediante la técnica de fractura hidráulica. Un perverso método que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a presión en el subsuelo para ampliar las grietas en el sustrato rocoso y permitir la liberación de los gases no convencionales o el petróleo, con el consiguiente riesgo de contaminación y agotamiento de acuíferos o de seísmos. Esta técnica, introducida por primera vez en territorio español en 2011 por el Gobierno Vasco presidido entonces por el PSOE, es una de las mayores agresiones al medio con las que nos enfrentamos en la actualidad en nuestro entorno más inmediato. Y ha faltado tiempo para que los monaguillos del poder económico hayan salido en defensa de los agresores en vez de defender a las víctimas. Gobiernos autonómicos, organizaciones empresariales e incluso sindicales, no han dudado en salir a defender a las empresas extractivas con la excusa de la creación de puestos de trabajo, dejando de lado el más mínimo principio de precaución. Por si acaso, los tribunales ya han dictaminado que la competencia para la autorización corresponde al gobierno central, no vaya a ser que nos salga algún territorio “disidente”. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente, tiene desde julio de 2013 un informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España sobre las medidas de corrección y prevención que deben seguir las empresas que pretendan extraer gas mediante la fractura hidráulica, donde se recogen los peligros sobre las sustancias que se inyectan en la perforación, la contaminación de acuíferos, terremotos, etc., que mantiene oportunamente oculto.

Además, continúa vigente el problema que provoca la generación de energía nuclear y los residuos resultantes. Las empresas energéticas, verdaderos grupos de presión, chantajean al Gobierno, con el argumento del mantenimiento de puestos de trabajo, para mantener en funcionamiento instalaciones obsoletas y sobradamente amortizadas, que son un peligro para miles de ciudadanos y para el medio ambiente. Three Miles, Chernobil, Fukushima,… son las evidencias mas conocidas del poder devastador de esta práctica. Pero el modelo es muy rentable para las empresas: los costes externos se trasladan al conjunto de la sociedad, que paga con sus impuestos y su salud los planes de emergencia nuclear, la gestión de residuos, la construcción de “cementerios” nucleares… mientras que los beneficios pasan a engrosar los balances de las empresas.

La forma de afrontar las distintas problemáticas medioambientales no debe ser parcial, tratadas como si fueran cuestiones puntuales de contaminación o destrucción paisajística. Los desastres ecológicos son una manifestación de la ausencia de una auténtica ecología social y el problema ecológico es una las caras de un problema más grave y profundo que es el social. La destrucción y el deterioro de la naturaleza son un fiel reflejo del desprecio y sometimiento del hombre por el hombre. Tenemos que ser capaces de desenmascarar y enfrentar a los poderes económicos que tratan únicamente de incrementar sus beneficios a cualquier precio siempre que lo paguen otros, cómo dictan instrucciones a los representantes políticos para favorecer sus intereses y cómo utilizan los medios de comunicación para tratar de que nos creamos sus mentiras una y mil veces repetidas.

 

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