Una crítica al ciudadanismo desde el anarquismo

La Ciudadanía a través de un bastón de hockey.

Una crítica al ciudadanismo desde el anarquismo.

El 19 de octubre del año 2011, en medio de una manifestación estudiantil que exigía mejoras en el sistema escolar, una mujer de unos cuarenta años de edad, golpea con un bastón de hockey a varios/as jóvenes encapuchados/as que se enfrentaban con carabineros en las afueras de la Universidad de Chile. El hecho ocurrió al finalizar una multitudinaria marcha que convocó a más de cien mil personas a través de un recorrido autorizado por la Intendencia Metropolitana y que adquirió ribetes carnavalescos durante su desarrollo, gracias a los numerosos grupos de baile, música, carros alegóricos y presentaciones teatrales que adhirieron a la actividad.

Los medios de comunicación masivos no tardaron en hacer un festín de estos incidentes, presentando a la osada mujer como el mejor ejemplo del accionar ciudadano, casi como una heroína, que representando los más nobles valores democráticos, más aún, representaría la molestia de las y los manifestantes pacíficos que ven empañadas sus demandas por actos violentistas que escapan del estado de derecho. Extremando los planteamientos de Max Weber1, la acción social de esta mujer, podría entenderse como una prolongación del accionar del Estado, institución que pretende ostentar el monopolio legítimo del uso de la violencia, pues habría utilizado la fuerza, precisamente en su nombre, intentando garantizar el orden público, intentando con ello, detener y/o castigar al “lumpen”.
 
La mujer fue rápidamente identificada y localizada, concedió numerosas entrevistas a los diferentes medios de comunicación, aclaró que ella estaba a favor de las reivindicaciones del movimiento estudiantil, que apoyaba las críticas y propuestas que diferentes sectores movilizados levantaban al respecto, pero que “estaba cansada” del accionar de las y los encapuchados/as. El discurso desde el poder, legitimó el accionar de esta mujer, pese a ser filmada agrediendo a al menos tres jóvenes y reconocerlo públicamente, nunca fue detenida ni formalizada, al Estado no le molesta la violencia ejercida en su nombre.
 
Si bien estos hechos adquirieron gran notoriedad, no han sido los únicos en su tipo. En prácticamente todas las manifestaciones públicas del último tiempo2, es posible observar la tensión, a veces solapada y otras veces explícita, entre quienes asumen la “manifestación ciudadana” (como se ha denominado a las marchas pacíficas, con “resguardo” policial y reguladas desde la intendencia); y quienes asumen la “confrontación directa”, es decir, el uso de la violencia contra las fuerzas represivas y los símbolos del poder (edificios corporativos, mobiliario público, buses del Transantiago, etc.).
 
El Estado y los medios de comunicación (el poder), para referirse a las manifestaciones de confrontación directa, habla de “infiltrados”, “violentistas”, “vándalos”, “lumpen” y por supuesto, “anarquistas”. Normalmente es el subsecretario del interior o el intendente de turno, quien realiza conferencias de prensa para calificar los hechos como “graves” y tildarlos de “delincuencia”. Se amenaza con querellas y la aplicación de “todo el rigor de la ley”. Incluso se hace un llamado explícito a las y los organizadores de marchas y actos, para que “colaboren” con la policía, denunciando e impidiendo el accionar de “los violentistas” que quebrantan el orden público, llaman a las y los convocantes a asumir “su” responsabilidad de dirigir y controlar la manifestación, así como a las y los asistentes. En buenas cuentas, el llamado institucional es a actuar como aquella señora del 19 de octubre, es decir, a transformarse en el último brazo del aparato estatal, un llamado a actuar de forma ciudadana.
 
En este sentido, el debate fue instalado desde el poder en el seno de los movimientos sociales, específicamente, generando la necesidad de definir explícitamente qué se considera acción política y qué no. Dicho de otra forma, distinguir entre lo que es propio de la política y lo que corresponde a delincuencia. Sin embargo, la pregunta de fondo es otra. Lo que interesa profundizar no es la distinción operativa entre una acción y otra. Lo relevante está justo antes de esa disyuntiva, en la definición política del debate mismo. Qué implicancias políticas tiene cada opción, qué política concreta hay detrás de establecer este debate, cómo la definición política del debate promueve o impide que los diferentes “tipos de manifestación” desarrollen capacidad de cuestionar la realidad y redefinirla en un sentido u otro. Las preguntas que se presentan, apelan al status mismo de la política, es decir, al juego de fuerzas que define la realidad. Para profundizar sobre estas interrogantes, resulta necesario revisar críticamente uno de los conceptos claves de las sociedades modernas: la ciudadanía.
 
La noción más recurrente de ciudadanía corresponde a T. H. Marshall, quien analiza la evolución de este concepto como una respuesta frente a las desigualdades propias de la sociedad capitalista. El elemento más importante para la construcción de la ciudadanía, es la pertenencia a una comunidad específica o sociedad, lo que se manifiesta en el reconocimiento y ejercicio de diferentes derechos y deberes, libertades y restricciones, privilegios y obligaciones. Marshall considera la ciudadanía como la acumulación de diferentes derechos y deberes que poseen y ejercen los miembros de una sociedad, de acuerdo a su estado de desarrollo e institucionalidad vigente. Estos derechos intentan terminar algunas de las desigualdades o desequilibrios producidos por la distribución de la riqueza, las dinámicas de libre mercado y la competencia económica, propias del capitalismo, intentando atenuar así, las diferencias existentes entre las clases sociales que componen una sociedad.
 
La ciudadanía se levanta como un principio de igualdad y pertenencia en una sociedad, así como también como un conjunto de derechos y deberes propios de esta pertenencia. Consiste en un criterio ordenador del tejido social, que suponen la igualdad entre individuos independientemente de sus diferencias económicas, culturales y políticas, en definitiva trascendiendo a sus respectivas identidades y diferencias de clase. Este es el principal sinsentido en la construcción de ciudadanía: Intentar ocultar o suspender la estructura social a partir de un status adquirido jurídica e institucionalmente, que no modifica las lógicas de dominio y explotación de las relaciones sociales predominantes en la sociedad capitalista. “El trabajador es, le guste o no, un trabajador todos los minutos de su vida; hasta cuando fornica por placer o por aumentar la prole no es más que fuerza de trabajo de valorización del capital. Como tal, no es igual, ni libre, ni ciudadano, ni propietario. Y ello ¡ni un solo minuto de su vida! No es más que esclavo asalariado. Todavía ni siquiera se le ocurrió organizarse para defender sus intereses de trabajador y ya tiene toda la igualdad, la libertad, la propiedad… contra él”3.
 
El concepto de ciudadanía, como proyecto político, implica asumir el escenario social capitalista como el único escenario posible, pues al negar las diferencias sociales producidas por el propio sistema e intentar instalar la igualdad entre individuos, excluye a las y los ciudadanos/as del quehacer político real, es decir, del juego de fuerzas por mantener o transformar la sociedad. La ciudadanía permite la diferencia de opiniones y el debate, permite la aparición de demandas ciudadanas y reivindicaciones sociales, incluso se fundamenta la existencia de diferentes partidos y agrupaciones gremiales o sociales que presionan sobre determinados temas o demandas específicas, pero ninguna de estas “alternativas” supone realmente pensar y construir (o reconstruir) la realidad. ¿Qué de político tienen estas opciones entonces?
 
El secreto de la democracia y la ciudadanía, está precisamente en presentar como alternativas opciones que realmente no lo son, en permitir supuestas divergencias que simulan el juego de lo político, pero que en el fondo sólo consolidan lo ya existente, la exclusión de muchos en la toma de decisiones, la perdida de control sobre las propias vidas y el entorno. El juego democrático se sustenta en que las diferentes demandas y reivindicaciones son presentadas y asumidas por la misma institucionalidad ya existente, es decir, nunca cuestionado directamente dicha institucionalidad. “La noción misma de estado, se ha entronizado como único modo en que la gente piensa que se puede organizar la vida colectiva”4.
 
Al no reconocer las diferencias de clase, género, generación, etnia, entre otras posibles desigualdades presentes en la sociedad capitalista, la concepción de ciudadanía limita el abordaje político de esos temas, es decir, impide pensarlos y abordarlos concretamente. Más aún, la conformación de sujetos sociales en función de dichas condiciones e identidades colectivas, resulta dificultosa y opuesta al flujo ciudadanista. En la sociedad democrática actual, no se enfrentan explotadores y explotados/as, oprimidas/os y opresores, sino sólo ciudadanos/as iguales en derechos pero diferentes en opiniones frente a un tema u otro. ¡La construcción ideológica es completa!.
 
“Mientras el proletariado ni siquiera se reconoce a sí mismo, cada miembro de la clase trabajadora, cada desposeído, funciona como un buen ciudadano, con libertades, deberes y derechos que derivan de su ciudadanía, y acepta el conjunto de reglas de juego que lo atomizan y lo diluyen en el pueblo, donde sus intereses específicos de clase no tienen ninguna cabida. Como ciudadano, igual a todos; como elector, igual a todos; como vendedor y comprador, libre e igual a todos… no existe como clase. Ésta es precisamente la condición para el funcionamiento de la democracia”5.
 
Específicamente, la democracia moderna se articula como un verdadero simulacro de participación, en el que todas y todos los ciudadanos/as, cumplen los requisitos formales de esa participación, aunque no inciden en nada en la toma de decisiones. Se han perfeccionado y tecnificado al máximo los rituales eleccionarios, establecido los cargos a elegirse, distribuyendo los votantes y candidatos, normando la periodicidad de las elecciones y la temporalidad de las campañas, se subvenciona el gasto de los contendores y se sacraliza el ejercicio mismo del sufragio, todo el “envase” de la participación funciona espléndidamente de acuerdo a derecho, aunque su “contenido” se ha perdido por completo. “No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real”6.
 
Probablemente, en el inicio de las revoluciones burguesas europeas, la democracia representativa constituyó el “reflejo” de la transformación radical desde la sociedad feudal a la capitalista. Sin embargo, este fenómeno también “enmascara y desnaturaliza” ese mismo fenómeno. La transformación social señalada, implica la consolidación de la burguesía como clase dominante, no la apertura del poder político a todos/as las y los ciudadanos/as. Más aún, esa apertura nunca ocurrió, las clases bajas no gozan de privilegios sociales como reparto de la riqueza o capacidad de incidir concretamente en su entorno. Finalmente, el juego democrático se enraizó en los estados nacionales burgueses, como simulacro de participación política. La democracia existente, lejos de fomentar e incluir en la toma de decisiones sobre la vida social, a la mayor parte de los habitantes de una comunidad, excluye a las mayorías y legitima la estructura existente. Incluso genera la invisibilización del verdadero juego de fuerzas, es decir, de la política misma.
 
“La democracia es representativa. El demos se constituye como cuerpo político solamente en el momento del voto, cuando es convocado periódicamente por la ley. La representación contiene una delegación total del poder por todo el periodo del mandato. El voto es secreto. En consecuencia la política no es visible. La escena política es pública, como espectáculo, y oculta en su mayor parte, como asunto de un grupo social especializado, reclutado dentro de la burguesía. Todo ello sabiamente defendido por razón de Estado”7.
 
Los derechos propuestos por Marshall abarcan diferentes ámbitos de la vida social, pero sólo en conjunto configuran una carta ciudadana que pretende limitar las diferencias sociales y económicas. Los derechos civiles garantizan cierta autonomía personal, los derechos políticos una determinada forma de participación en la comunidad y por último, los derechos sociales un nivel en la calidad de vida aceptable socialmente. Su desarrollo se acompaña claramente de la evolución del aparato estatal, y de la institucionalización de diversas prácticas políticas, a través de leyes y normativas que garantizan libertades, establecen deberes y prohíben delitos. “En este espacio la igualdad es entendida como igualdad de derecho, o sea igualdad ante la ley. Igualdad puramente teórica que de hecho es compatible con la jerarquía social”8.
 
Esta articulación jurídica y política de la ciudadanía, supone un ordenamiento racional y legítimo del Estado, denominado “Estado de derecho”, el que supone al menos los siguientes cuatro elementos constitutivos:
  1. Definición explícita de atribuciones y funciones de cada sección del aparato estatal.
  2. Progresivo establecimiento de normas sobre diferentes ámbitos de la vida, redefiniendo el límite entre lo público y privado.
  3. Establecimiento de la democracia representativa como mecanismo de participación política.
  4. Tecnificación de procedimientos y decisiones políticas.
Sin embargo, esta conceptualización del Estado, se presenta de forma ingenua y neutra, es decir, como si se tratase sólo de una entidad técnica y racional que administra los recursos en función de objetivos comunes. Esto constituye claramente otra falacia propia de las teorías liberales9. El “Estado es, fundamentalmente, un paradigma de estructuración jerárquica de la sociedad… es construido a partir de la expropiación que efectúa una parte de la sociedad sobre la capacidad global que tiene todo grupo humano de definir modos de relación, normas, costumbres, códigos, instituciones, capacidad que hemos llamado simbólico – instituyente y que es lo propio, lo que define y constituye el nivel humano de integración social. Esta expropiación no es necesariamente ni exclusivamente un acto de fuerza: ella contiene y exige el postulado de la obligación política o deber de obediencia”10. El Estado lejos de ser neutral, es el principal instrumento político de la sociedad moderna, ha ejercido el rol de articulador de la sociedad capitalista desde sus orígenes, modificando su propia estructura en el desempeñar de esta función.
 
Por su parte, la ciudadanía no es sólo el complemento del Estado de derecho, sino su creación, el fruto de su accionar sistemático. En la actualidad, constituye el tejido social que el propio Estado establece para asentarse y legitimarse constantemente, levantándose como una articulación ideológica y material de las relaciones de dominación. La ciudadanía articula subjetividades y visiones de mundo referentes a la vida social, establece mecanismos de participación institucional, valores y temáticas frente a las que es necesario referirse constantemente. Ciudadanía y Estado de derecho, constituyen dos elementos indisolubles en la sociedad moderna, dos caras de la misma moneda. La primera se levanta como es status de igualdad y pertenencia de cada individuo a determinada sociedad, con su consiguiente adscripción estatal. Mientras el Estado de derecho se levanta como la única forma racional y legitima de ordenamiento político. El garante de todos los derechos y el escenario propio del quehacer ciudadano. La cancha donde este tipo particular de sujeto político se desarrolla y existe. La aparición de esta mujer y su bastón de hockey es el resultado concreto de la política de construcción ciudadana propiciada por el Poder.
 
A las y los Oprimidos no nos interesa ser Ciudadanos/as…

 

Raúl Ortega Mondaca
 
1 Weber, Max, “Economía y Sociedad” Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1995, Pág. 43.
2 Si bien se ha constatado este hecho en las tradicionales marchas del 1 de mayo y 11 de septiembre desde ya varios años (por lo menos desde el 2005), durante el 2011 se presentó en casi todas las manifestaciones estudiantiles, e incluso en la carnavalesca marcha mapuche del 12 de octubre. Durante lo que va del 2012, este fenómeno ya se produjo en la marcha de 8 de marzo que conmemoró el día de la mujer trabajadora y que por primera vez, desde que se realiza, se desarrolló con incidentes violentos.
3 Qarmat, Miriam, “Contra la Democracia”, Ed. Rupturas, 2002, Pág. 13.
4 Méndez, N. y Vallota, A., “El Anarquismo: Una Utopía que Renace”, Ed. Prokaos, Santiago, 2011, Pág. 2.
5 Qarmat, Miriam, “Contra la Democracia”, Ed. Rupturas, 2002, Pág. 10.
6 Baudrillard, Jean, “Cultura y Simulacro”, Ed. Kairós, Barcelona, 1978, Pág. 11.
7 Colombo, Eduardo, “De la Polis y el Espacio Social Plebeto” Ed. Nordam, Montevideo, 1993, Pág. 51.
8 Colombo, Eduardo, “De la Polis y el Espacio Social Plebeto” Ed. Nordam, Montevideo, 1993, Pág. 51.
9 Las teorías contractualistas de Hobbes, Locke y Rousseau son fiel ejemplo de esto.
10 Colombo Eduardo, “El Espacio Político de la Anarquía”, Ed. Nordam, Montevideo, 2000, Pág. 57.
 
Artículo publicado originalmente en el Puñal Negro Nº 7

 

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