La escalada represiva

Con la economía española en cuidados intensivos y el 'sistema' en su globalidad recibiendo su mayor cuestionamiento en décadas, el gobierno del Partido Popular está llevando a cabo una calculada represión contra los sectores más activos en estos últimos tiempos. Está bastante claro que la inesperada irrupción del movimiento del 15M el año pasado ha puesto sobre aviso a la derecha neoliberal que ahora gobierna. Es de creer que esperaban algún tipo de manifestación del descontento popular debido a la crisis. Pero también es de creer que no esperaban que los hechos ocurrieran a la manera que lo hicieron durante el año pasado, en forma de asambleas populares masivas que revitalizaron a, y se retroalimentaron de, los previos movimientos en lucha.

Ante la agudización de la crisis económica (con más de 5 millones de parados y con unas más que oscuras perspectivas de futuro), la generalización de los escándalos de corrupción (sobre todo en la manera de gestionar las fusiones de las cajas de ahorros) e incluso la inesperada crisis interna de la monarquía, hacen que el clima del país entero entre en un estado de crispación que obliga al gobierno a tomar medidas para evitar que en cualquier momento se produzca una situación que se le vaya de las manos. Desde luego que no les ayuda mucho la posibilidad de que la Unión Europea y el BCE tomen el control de la economía española.

 

Entre unas cosas y otras era lógica la escalada de las protestas sociales en el año 2012. No es casual que el Jefe Superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno Piquer, triste protagonista de la represión contra los estudiantes valencianos en febrero, haya ascendido a la categoría de comisario principal, la máxima dentro de la Policía. Entra dentro de la lógica que este hombre hable en clave militar de "enemigos y aliados", ya que nos encontramos ante una militarización de la respuesta policial. El trabajo de final de máster del cabeza de los mossos d'esquadra, David Piqué, es suficientemente explicativo sobre lo que podemos esperar a este respecto. Felip Puig, consejero de interior en Cataluña, ha anunciado que aumentará la dotación de antidisturbios en un 25% de forma inmediata, medida también prevista a nivel estatal.

Y es que desde la huelga general del 29M (como se vio, convocada a desgana por los sindicatos UGT y CCOO, y a remolque de la convocatoria de todos los sindicatos que están a su izquierda) no han parado de sucederse las detenciones. Por ejemplo, en Cataluña la cifra ya ha superado las 100 personas golpeando a prácticamente todos los movimientos políticos y sociales que impulsaron dicha huelga. Desde la CCOO hasta los anarquistas insurreccionalistas, todos los sectores de la izquierda han tenido que lamentar detenciones, la mayoría totalmente injustificadas legalmente. En Valencia el clima de movilizaciones de estudiantes en febrero (que la respuesta a su absurda represión hizo más masivas, si cabe) continuó a raíz de la huelga de marzo. El goteo llega también a junio. Lo mismo que en Navarra, donde las detenciones rondan la treintena. Alrededor de una veintena más hay que lamentar en las Baleares, entre los días de la huelga y la oleada de protestas por diversos motivos que se han dado en el mes de mayo. Lo mismo que Madrid, que también cuenta en decenas las detenciones. En todas partes se dan las detenciones tanto de sindicalistas como de participantes en las luchas sociales.

La escalada represiva suma y sigue, y normaliza y extiende paulatinamente a todo el territorio español el clima que ya viven desde hace años los movimientos populares en Euskal Herria. Toda esta represión se contextualiza en el miedo del Estado a enfrentarse a un pueblo desesperado que sume su rabia a la organización preexistente de los movimientos ya establecidos. En esta lógica se puede comprender que, si bien las detenciones son injustificadas en el terreno legal o incluso policial, están justificadas en lo político. Se trata de una represión orientada a asustar y a desmovilizar a los militantes comprometidos en los movimientos sociales y en las organizaciones y colectivos libertarios y de la izquierda revolucionaria. Quiere la estrategia militarista que nuestro "bando" viva más pendiente de las multas y de la prisión que no de organizar a los nuevos sectores sociales que cada día van saliendo a la calle de forma más decidida. Hoy son los transportistas y mineros, ayer los estudiantes, anteayer trabajadores de la enseñanza y la sanidad... mañana puede ser un barrio, un pueblo o una ciudad entera.

Vemos que la represión solo tendrá éxito en el aislamiento social, cuando las personas que la sufren no tengan a nadie que pueda sacar su caso a la luz, recabar fondos o impulsar un cierto apoyo social. Ante esto la respuesta parece obvia. Dejar a un lado las diferencias y no dejar que ninguna persona reprimida de la forma que sea quede sola, aislada. Denunciar cualquier caso lo máximo posible sacándolo a la luz inmediatamente, para evitar y combatir su criminalización, y proveyendo de fondos económicos para su defensa legal. Contruir un frente anti-represivo sólido y ágil es una manera de guardar nuestra retaguardia (hablando en los términos que usa el policía Antonio Moreno). Evitar el aislamiento es probablemente la mayor salvaguarda a la que podemos aspirar actualmente. Con las espaldas cubiertas podemos seguir pensando en proseguir con nuestra ofensiva social sin miedo.
 

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