Carceles: ¿hacia la reinsercion?
Illart Ortiz
La situación carcelaria estuvo presente en el primer día de las Jornadas Pedro Arrupe. Ernesto Hernández, miembro de Salhaketa, describió una realidad penitenciaria en la que el hacinamiento, marginación, malos tratos y las deficientes situaciones sanitarias son el pan de cada día. Así, abogaron por impulsar una política «más humanizada»
La Universidad de Deusto inició ayer las VIII Jornadas Padre Arrupe, que este año están dedicadas a profundizar en torno «al cuarto mundo», que es la cárcel. Para arrancar con el ciclo de conferencias y mesas redondas, el grupo de Solidaridad Deusto y Ernesto Hernández, miembro de Salhaketa, ofrecieron un charla que bajo el título ‘‘La cárcel en cifras’’ dio un repaso a la «lamentable realidad penitenciaria que hoy en día vivimos».
«La cárcel es una herramienta de castigo y venganza social contra pobres y personas heterodoxas con el marco legal», así de tajante se mostraba Hernández a la hora de definir estos espacios. Y es que, consideró que actualmente pobreza y cárcel «forman un inquebrantable circulo vicioso».
Consecuencias directas de esta política penitenciaria es que cada vez hay más presos, en el Estado español en 2000 había 45.000 reclusos y hoy en día la cifra se ha situado en 60.000, y que no se aplican políticas de reinserción y socialización. Muy al contrario, «numerosos presos son más peligrosos para la sociedad después de pasar por los centros penitenciarios».
Hernández subrayó que la vida «es extremadamente dura» en las prisiones, «lo que multiplica el rencor del recluso hacia la sociedad, que es la que le ha privado de libertad». Un ejemplo claro de las condiciones extremas de vida son los problemas sanitarios. Los índices de enfermedad son más altos en prisión, «dolencias como la tuberculosis o la sarna, que en la calle se dan en un bajo porcentaje, son bastante frecuentes en la cárcel».
Los malos tratos conforman otra de las patas sobre las que se asienta la actual política penitenciaria. Desde Salhaketa denunciaron que es una práctica «más común de lo que muchos piensan». Además, destacaron que se agrava cuando el preso está en régimen de primer grado, donde se vive una situación de «la cárcel dentro de la cárcel», ya que el prisionero «se pasa 22 horas al día encerrado y no tiene derecho absolutamente a nada».
El pasado año murieron 51 personas en las cárceles del Estado español, y Hernández explicó que «todavía no sabemos la causa de la mitad de los casos». Así, el «oscurantismo» que se vive en torno a las prisiones sigue estando presente. «Los muros de los centros además de privar de libertad a los reclusos, sirven para impedir que desde afuera sepamos que está pasando dentro».
Hernández aseguró que este secretismo «hace actuar a los funcionarios de prisión con total impunidad». Al respecto, señaló que «existen pocos casos de sentencias condenatorias contra funcionarios. La palabra de éstos frente a la de un recluso es la ley. Además, los presos que denuncian alguna irregularidad suelen recibir represalias de todo tipo».
Desde Salhaketa apostillaron que «no interesa cambiar de política», ya que, entre otros factores, «la cárcel es un negocio». «Muchos reclusos sufren situaciones de explotación laboral en los talleres penitenciarios. Se han dado casos de personas que han estado trabajando durante ocho años y al salir a la calle se encuentran que sólo han cotizado dos meses». Asimismo, recalcaron que hay muchas empresas con intereses en los centros penitenciarios.
Por otra parte, cuando un preso termina la condena, «comienza otra distinta en el mundo libre», resaltaron desde el grupo Solidaridad Deusto. «Un ex preso no es tan libre como el resto, pues le supondrá una lacra encontrar trabajo o relacionarse con otras personas».
Nuevas alternativas
Hernández destacó que es necesario buscar nuevas alternativas en la política penitenciaria, «avanzando hacia la extinción de la cárceles». Pero consideró que es un objetivo lejano, por lo que apostó por medidas intermedias.
En primer lugar, abogó por acabar con la tortura «terminado con el aislamiento y grabando todos los interrogatorios». También solicitó la excarcelación de los presos con enfermedades terminales y aplicar una política «más humanizada, en la que el entorno familiar esté más cerca de los reclusos».
gara.net
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-Texto en debate: Delito y castigo en la sociedad libertaria
http://www.alasbarricadas.org/forums/vi ... highlight=
Carceles: ¿hacia la reinsercion?
gracias por el texto Sabot. Tengo que hacer un pequeño trabajo junto a unos compañeros y trata sobre los problemas psicosociales y laborales de la reinserción social en España asi que me vendrá bien este pequeño texto. si alguien puede echar una mano y pasar información sobre este tema les estaré agradecido.
salud!
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"Queremos personas capaces de destruir, de renovar sin cesar los medios y de renovarse ellas mismas; personas cuya independencia intelectual sea su mayor fuerza, que jamás estén ligados a nada... aspirando a vivir vidas múltiples en una sola vida".
Francisco Ferrer i Guardia
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Rosa de Foc
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“Si me preguntaran qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el
basurero de un proyecto socio-económico determinado, al cual arrojan todas
aquellas personas que molestan dentro de la sociedad: por eso la cárcel alberga
principalmente pobres...”
Xosé Tarrío, preso FIES , muerto de cárcel.
Hay muchas mentiras sobre las cárceles, que hábilmente repetidas con la única intención de manipularnos, han llevado a la inmensa mayoría de la sociedad a creer que las cárceles están llenas de violadores y asesinos y que son muy necesarias para la sociedad. Para empezar solo el 5,5% (en la CAV, en Navarra es del 2%) de la población reclusa lo es por delitos contra libertad sexual y un 6% lo es por asesinato (en Navarra 4,5%). Un 78% lo son contra la salud publica y la propiedad (Navarra 82,2%). Esto deja bien a las claras como las cárceles han sido creadas para encerrar en ellas aquellas personas victimas de la exclusión social –se calcula que casi el 95% de los presos lo son por esta razón- y que lo único que se busca con su encierro es echarlas a una fosa en la que se vallan pudriendo poco a poco, porque, al contrario de lo que te repiten los políticos, los voceros del estado y pone en la constitución española, las cárceles, no sirven para reinsertar ni persiguen una labor social ya que la Tasa de Reincidencia (datos de 2004) es del 68’3%. A esto podemos sumar que en los últimos 15 años la población reclusa se ha doblado (1990à33.035 presos y presas; 14-oct-2005à61.217).
La única verdad que te puedes encontrar en la cárcel es que “los ricos nunca entran y los pobres nunca salen”, miseria (entre el 40% y el 60% sin graduado escolar, 30% de analfabetismo, 60% de politoxicómanos), torturas, insalubridad (el 97% de los encuestados declaró tener miedo de contraer alguna enfermedad grave en la cárcel), enfermedad (40% con SIDA, 60% con hepatitis C), muerte (mas de 200 al año) y podríamos seguir y no acabar.
PORQUE NO SON LA SOLUCIÓN
SINO PARTE DEL PROBLEMA
CARCELES DEMOLICIÓN
Link del autor Homepage:: http://www.asanbladalibertaria.tk
http://euskalherria.indymedia.org/es/20 ... 3320.shtml
basurero de un proyecto socio-económico determinado, al cual arrojan todas
aquellas personas que molestan dentro de la sociedad: por eso la cárcel alberga
principalmente pobres...”
Xosé Tarrío, preso FIES , muerto de cárcel.
Hay muchas mentiras sobre las cárceles, que hábilmente repetidas con la única intención de manipularnos, han llevado a la inmensa mayoría de la sociedad a creer que las cárceles están llenas de violadores y asesinos y que son muy necesarias para la sociedad. Para empezar solo el 5,5% (en la CAV, en Navarra es del 2%) de la población reclusa lo es por delitos contra libertad sexual y un 6% lo es por asesinato (en Navarra 4,5%). Un 78% lo son contra la salud publica y la propiedad (Navarra 82,2%). Esto deja bien a las claras como las cárceles han sido creadas para encerrar en ellas aquellas personas victimas de la exclusión social –se calcula que casi el 95% de los presos lo son por esta razón- y que lo único que se busca con su encierro es echarlas a una fosa en la que se vallan pudriendo poco a poco, porque, al contrario de lo que te repiten los políticos, los voceros del estado y pone en la constitución española, las cárceles, no sirven para reinsertar ni persiguen una labor social ya que la Tasa de Reincidencia (datos de 2004) es del 68’3%. A esto podemos sumar que en los últimos 15 años la población reclusa se ha doblado (1990à33.035 presos y presas; 14-oct-2005à61.217).
La única verdad que te puedes encontrar en la cárcel es que “los ricos nunca entran y los pobres nunca salen”, miseria (entre el 40% y el 60% sin graduado escolar, 30% de analfabetismo, 60% de politoxicómanos), torturas, insalubridad (el 97% de los encuestados declaró tener miedo de contraer alguna enfermedad grave en la cárcel), enfermedad (40% con SIDA, 60% con hepatitis C), muerte (mas de 200 al año) y podríamos seguir y no acabar.
PORQUE NO SON LA SOLUCIÓN
SINO PARTE DEL PROBLEMA
CARCELES DEMOLICIÓN
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http://euskalherria.indymedia.org/es/20 ... 3320.shtml
Funcionarios de Navalcarnero no contestan al teléfono de la prisión en horario de petición de visitas
x CEIVAR (traducción especial para La Haine)
Según venimos comprobando de modo reiterativo, los funcionários del centro penitenciário de Navalcarnero o Madrid-IV, donde se encuentra preso Ugio Caamanho, descuelgan sistematicamente el teléfono del centro en horário de petición de visitas a los presos y presas
Tal práctica se suma a la de no responder durante horas -aunque se encuentren em horário administrativo-, o descolgar el auricular colocandolo inmediatamente en su sítio para evitar que el teléfono siga sonando.
La práctica irregular de los carcereiros madrileños está dificultando gravemente la concertación de las visitas semanales y los vis-a-vis a que tiene derecho el preso independentista galego, dado que ambos deben ser solicitados telefonicamente cada semana durante un horário determinado. Tal modo de actuación se suma a la contínua mudanza de trámites que cada semana se imponen con el objetivo aparente de hacer imposible que el preso disfrute del régimen de visitas a que tiene derecho por ley.
Desde Ceivar queremos denunciar esta actividad ilegal y el incumplimiento de sus funciones “profesionales” por parte de los carceleros de Madrid-IV.
El régimen de visitas de Ugio Caamanho es un derecho jurídico que corresponde al preso independentista galego, no una “concesión” que los funcionários de este centro penitenciário puedan tolerar o negar arbitrariamente.
Exigimos desde aqui, por tanto, el respeto por parte de los funcionários del Estado español em Navalcarnero de los derechos de que es sujeto nuestro companheiro Ugio Caamanho y el cumplimiento de sus funciones de mediación para hacer posibles las visitas al patriota galego preso.
El teléfono de Navalcarnero es el 918116042.
-----------------------
siempre dando por saco a quienes menos culpa tienen: los familiares. La dispersión mata.
x CEIVAR (traducción especial para La Haine)
Según venimos comprobando de modo reiterativo, los funcionários del centro penitenciário de Navalcarnero o Madrid-IV, donde se encuentra preso Ugio Caamanho, descuelgan sistematicamente el teléfono del centro en horário de petición de visitas a los presos y presas
Tal práctica se suma a la de no responder durante horas -aunque se encuentren em horário administrativo-, o descolgar el auricular colocandolo inmediatamente en su sítio para evitar que el teléfono siga sonando.
La práctica irregular de los carcereiros madrileños está dificultando gravemente la concertación de las visitas semanales y los vis-a-vis a que tiene derecho el preso independentista galego, dado que ambos deben ser solicitados telefonicamente cada semana durante un horário determinado. Tal modo de actuación se suma a la contínua mudanza de trámites que cada semana se imponen con el objetivo aparente de hacer imposible que el preso disfrute del régimen de visitas a que tiene derecho por ley.
Desde Ceivar queremos denunciar esta actividad ilegal y el incumplimiento de sus funciones “profesionales” por parte de los carceleros de Madrid-IV.
El régimen de visitas de Ugio Caamanho es un derecho jurídico que corresponde al preso independentista galego, no una “concesión” que los funcionários de este centro penitenciário puedan tolerar o negar arbitrariamente.
Exigimos desde aqui, por tanto, el respeto por parte de los funcionários del Estado español em Navalcarnero de los derechos de que es sujeto nuestro companheiro Ugio Caamanho y el cumplimiento de sus funciones de mediación para hacer posibles las visitas al patriota galego preso.
El teléfono de Navalcarnero es el 918116042.
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siempre dando por saco a quienes menos culpa tienen: los familiares. La dispersión mata.
kuando los ke mandan pierden la vergüenza, los ke obedecen pierden el respeto
http://www.pititako.net
Menos personas presas y no más cárceles
Cesar Manzanos Bilbao.
Profesor de Sociología en la UPV, miembro de Salhaketa.
El actual gobierno nos trata de vender una reedición actualizada de su viejo Plan de amortización y construcción de cárceles de la era Múgica y Asunción, aprobando en el último Consejo de Ministros millonarias inversiones de dinero público para que empresas privadas y particulares se lucren durante los próximos seis años con el negocio de encarcelar principalmente a pobres y extranjeros.
Lo presentan como si fuera el gran remedio para acabar con las cada vez más graves y terribles violaciones de los derechos humanos que se vienen produciendo en las “cárceles de la democracia”: muertes no naturales sin esclarecer, suicidios inducidos, malos tratos, así como coacciones sexuales a mujeres presas denunciadas, hacinamiento, condiciones extremas e infrahumanas de encarcelamiento en muchas prisiones, etcétera.
Culpan al anterior gobierno del incremento progresivo e imparable de la población recluida y le responsabilizan de que las medidas penales tomadas por el mismo como el alargamiento de las penas en los principales tipos de delitos por los que se encuentra la gran mayoría de la población encarcelada, o el haber modificado la legislación penitencia creando grandes dificultades para acceder a permisos de salida, cumplimiento en tercer grado o acceso a la libertad condicional está en el origen del problema.
Pero se olvidan de que ellos fueron quienes en el año 95 crearon el llamado “Código penal de la democracia” en el que se sentaron las bases de una sociedad que apuesta por “solucionar” los conflictos mediante al recurso sistemático a una justicia vengativa y penalizadora, y que además, también modificaron la legislación penitenciaria institucionalizando los regímenes más severos de aislamiento y eliminando la reducción de penas por el trabajo, sentando así las bases para que el gobierno del Partido Popular tuviera la alfombra roja puesta para utilizar al estado de derecho, y al propio derecho, como arma para hacer una política de guerra, criminalizando a pobres, extranjeros, vascos y demás infieles.
Ahora, la solución sería simplemente volver a la situación existente antes del año 95, reconociendo que la penalización ha fracasado y que lejos de resolver los conflictos, no contribuye más que ha agudizarlos. El remedio más eficaz y económico sería buscar alternativas al uso desproporcionado, inútil e innecesario al derecho penal, flexibilizar las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios y a las excarcelaciones, acercar a las personas presas al lugar donde tienen su residencia habitual o arraigo familiar evitando sufrimientos añadidos. Sin embargo el perverso remedio, con terribles efectos nocivos secundarios es continuar con el recurso a la “justicia vengativa”, al encarcelamiento y para ello a construir más cárceles.
En lugar de vaciar las cárceles de drogodependientes acusados por distribución a pequeña escala de drogas ilegalizadas o de cometer pequeños robos y hurtos para conseguir el dinero necesario para su dosis (65% de quienes están cumpliendo condenas en prisión residentes en la CAPV) creando servicios y centros tratamiento alternativo a la prisión, o de apostar sin ambigüedades por la resolución del llamado conflicto político vasco dando una salida a la situación de las personas presas que han cometido sus delitos por motivos políticos (25% de quienes están cumpliendo condenas en prisión residentes en la CAPV), la apuesta es por reforzar las “Políticas de Ley y Orden y de Tolerancia Cero” importadas de los EEUU, que se ensañan con el 1% de quienes delinquen y encubren el 99% de la delincuencia con mayúsculas que jamás es perseguida y penalizada, siendo además ese 1% los mismos de siempre. Como en otros tiempos, a esto se le llama combatir el cólera a cañonazos.
Pero lo que tenemos que tener claro quienes lo que queremos es vivir tranquilamente y en condiciones de seguridad para toda la ciudadanía, es que esta apuesta porque haya más personas encarceladas y, por invertir dinero público en construir más cárceles para que unos cuantos hagan negocio y vivan de excluir y mantener encerrados a esos mismos de siempre, lo que ha provocado y seguirá provocando es más inseguridad ciudadana, más marginación puesto que los problemas que afectan a ese 1% de delincuencia que justifica la inflación policial, penal y carcelaria a la que asistimos durante las dos últimas décadas se han de enfrentar en el ámbito de la política social y no de la política criminal.
Y dado que una imagen o ejemplo vale más que mil palabras: si sumamos lo que hoy cuesta una plaza carcelaria al año incluyendo todos los conceptos (pago a funcionarios, gastos corrientes, inversiones, etcétera) nos sale alrededor de 30 mil euros al año, es decir, nos gastamos unos 5 millones al año de las antiguas pesetas por cada plaza: ¿ustedes se han parado a pensar que, si hubiéramos destinado esos 30 mil euros anuales por cada recluido a políticas laborales, educativas o asistenciales la gran mayoría de estas personas jamás hubieran cometido los delitos por los que se encuentran en situación de reclusión?, pero claro esos 30 mil euros que hoy nos gastamos en mantener una plaza carcelaria al año no repercuten en nada en la mejora de la calidad de vida de la persona procesada y encarcelada.
Por el contrario, de éste gasto se beneficia mucho “ciudadano de bien”. Efectivamente, de mantener encerrada a una persona presa viven además de funcionarios de ejecución penal, empresas que construyen y prestan servicios de mantenimiento en las cárceles, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Pero además, de perseguirlas, detenerlas y vigilarlas viven las policías, y de procesarlas viven los operarios del derecho como jueces o abogados. Si hacemos el cálculo posiblemente el salario mensual de más de dos o tres “trabajadores de la industria penal” es posible gracias a mantener presa a una persona. Desde aquí se entiende la apuesta por construir más cárceles y no por liberarnos de la necesidad de la cárcel y avanzar hacia una sociedad donde cada vez haya menos personas presas, aplicando alternativas sociales que sustituyan a la reclusión penal, alternativas que existen y venimos poniendo en práctica frecuentemente sin el suficiente apoyo institucional muchas entidades asociativas que trabajamos con las personas recluidas y sus familias dentro y fuera de la prisión.
Este mismo artículo se puede leer en euskera
http://www.ikusbide.net/files/051121.pdf
Menos personas presas y no más cárceles
Cesar Manzanos Bilbao.
Profesor de Sociología en la UPV, miembro de Salhaketa.
El actual gobierno nos trata de vender una reedición actualizada de su viejo Plan de amortización y construcción de cárceles de la era Múgica y Asunción, aprobando en el último Consejo de Ministros millonarias inversiones de dinero público para que empresas privadas y particulares se lucren durante los próximos seis años con el negocio de encarcelar principalmente a pobres y extranjeros.
Lo presentan como si fuera el gran remedio para acabar con las cada vez más graves y terribles violaciones de los derechos humanos que se vienen produciendo en las “cárceles de la democracia”: muertes no naturales sin esclarecer, suicidios inducidos, malos tratos, así como coacciones sexuales a mujeres presas denunciadas, hacinamiento, condiciones extremas e infrahumanas de encarcelamiento en muchas prisiones, etcétera.
Culpan al anterior gobierno del incremento progresivo e imparable de la población recluida y le responsabilizan de que las medidas penales tomadas por el mismo como el alargamiento de las penas en los principales tipos de delitos por los que se encuentra la gran mayoría de la población encarcelada, o el haber modificado la legislación penitencia creando grandes dificultades para acceder a permisos de salida, cumplimiento en tercer grado o acceso a la libertad condicional está en el origen del problema.
Pero se olvidan de que ellos fueron quienes en el año 95 crearon el llamado “Código penal de la democracia” en el que se sentaron las bases de una sociedad que apuesta por “solucionar” los conflictos mediante al recurso sistemático a una justicia vengativa y penalizadora, y que además, también modificaron la legislación penitenciaria institucionalizando los regímenes más severos de aislamiento y eliminando la reducción de penas por el trabajo, sentando así las bases para que el gobierno del Partido Popular tuviera la alfombra roja puesta para utilizar al estado de derecho, y al propio derecho, como arma para hacer una política de guerra, criminalizando a pobres, extranjeros, vascos y demás infieles.
Ahora, la solución sería simplemente volver a la situación existente antes del año 95, reconociendo que la penalización ha fracasado y que lejos de resolver los conflictos, no contribuye más que ha agudizarlos. El remedio más eficaz y económico sería buscar alternativas al uso desproporcionado, inútil e innecesario al derecho penal, flexibilizar las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios y a las excarcelaciones, acercar a las personas presas al lugar donde tienen su residencia habitual o arraigo familiar evitando sufrimientos añadidos. Sin embargo el perverso remedio, con terribles efectos nocivos secundarios es continuar con el recurso a la “justicia vengativa”, al encarcelamiento y para ello a construir más cárceles.
En lugar de vaciar las cárceles de drogodependientes acusados por distribución a pequeña escala de drogas ilegalizadas o de cometer pequeños robos y hurtos para conseguir el dinero necesario para su dosis (65% de quienes están cumpliendo condenas en prisión residentes en la CAPV) creando servicios y centros tratamiento alternativo a la prisión, o de apostar sin ambigüedades por la resolución del llamado conflicto político vasco dando una salida a la situación de las personas presas que han cometido sus delitos por motivos políticos (25% de quienes están cumpliendo condenas en prisión residentes en la CAPV), la apuesta es por reforzar las “Políticas de Ley y Orden y de Tolerancia Cero” importadas de los EEUU, que se ensañan con el 1% de quienes delinquen y encubren el 99% de la delincuencia con mayúsculas que jamás es perseguida y penalizada, siendo además ese 1% los mismos de siempre. Como en otros tiempos, a esto se le llama combatir el cólera a cañonazos.
Pero lo que tenemos que tener claro quienes lo que queremos es vivir tranquilamente y en condiciones de seguridad para toda la ciudadanía, es que esta apuesta porque haya más personas encarceladas y, por invertir dinero público en construir más cárceles para que unos cuantos hagan negocio y vivan de excluir y mantener encerrados a esos mismos de siempre, lo que ha provocado y seguirá provocando es más inseguridad ciudadana, más marginación puesto que los problemas que afectan a ese 1% de delincuencia que justifica la inflación policial, penal y carcelaria a la que asistimos durante las dos últimas décadas se han de enfrentar en el ámbito de la política social y no de la política criminal.
Y dado que una imagen o ejemplo vale más que mil palabras: si sumamos lo que hoy cuesta una plaza carcelaria al año incluyendo todos los conceptos (pago a funcionarios, gastos corrientes, inversiones, etcétera) nos sale alrededor de 30 mil euros al año, es decir, nos gastamos unos 5 millones al año de las antiguas pesetas por cada plaza: ¿ustedes se han parado a pensar que, si hubiéramos destinado esos 30 mil euros anuales por cada recluido a políticas laborales, educativas o asistenciales la gran mayoría de estas personas jamás hubieran cometido los delitos por los que se encuentran en situación de reclusión?, pero claro esos 30 mil euros que hoy nos gastamos en mantener una plaza carcelaria al año no repercuten en nada en la mejora de la calidad de vida de la persona procesada y encarcelada.
Por el contrario, de éste gasto se beneficia mucho “ciudadano de bien”. Efectivamente, de mantener encerrada a una persona presa viven además de funcionarios de ejecución penal, empresas que construyen y prestan servicios de mantenimiento en las cárceles, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Pero además, de perseguirlas, detenerlas y vigilarlas viven las policías, y de procesarlas viven los operarios del derecho como jueces o abogados. Si hacemos el cálculo posiblemente el salario mensual de más de dos o tres “trabajadores de la industria penal” es posible gracias a mantener presa a una persona. Desde aquí se entiende la apuesta por construir más cárceles y no por liberarnos de la necesidad de la cárcel y avanzar hacia una sociedad donde cada vez haya menos personas presas, aplicando alternativas sociales que sustituyan a la reclusión penal, alternativas que existen y venimos poniendo en práctica frecuentemente sin el suficiente apoyo institucional muchas entidades asociativas que trabajamos con las personas recluidas y sus familias dentro y fuera de la prisión.
Este mismo artículo se puede leer en euskera
http://www.ikusbide.net/files/051121.pdf