Quisiera algo más de información acerca de la directiva europea Bolkstein y de la posición de los sindicatos anartquistas ante la misma.
Gracias
directiva bolkstein
La Directiva Bolkestein: “Dumping” social y desafíos internacionales
La tira de papel: http://www.cnt.es/latiradepapel/n33.html
Laure Akai
El movimiento obrero parece que ha encontrado un tema común en torno al cual movilizarse a nivel internacional: la Directiva sobre Servicios en el Mercado Interno, también conocida como Directiva Bolkestein. La directiva, que aboliría las fronteras en la provisión de servicios entre Estados miembros, es criticada sobre todo por su “principio del país de origen”. Bajo este principio, las empresas registradas en cualquier Estado integrante de la Unión Europea no sólo podrían operar en cualquier otro, sino también emplear a trabajadores para prestar dichos servicios permaneciendo sujetos a las leyes del país en el que estuvieran registradas dichas empresas.
Se teme que el mundo del capital use esta ley para aprovecharse de la permisiva legislación laboral y ambiental de algunos países en otros donde esos baremos sean más altos. Se iniciaría de este modo una inevitable carrera cuesta abajo.
La estrategia de Lisboa y la erosión del modelo social
Los intereses de capitalistas y trabajadores están llamados a enfrentarse, ya que lo que mueve el mundo de los negocios es la ley del beneficio. Al tiempo que la patronal, tanto de la industria como de los servicios, trata de reducir costes; los trabajadores, en particular en los países “en vías de desarrollo” y en otras zonas con bajos salarios, tratan de ganar más. Los que viven en entornos más afortunados, por otra parte, tratan de mantener sus niveles de vida y combaten cualquier ataque contra ellos.
Siendo la destrucción del capitalismo una opción que cada vez menos gente baraja, se abre ante nosotros un repertorio bastante pobre de posibles escenarios, cada uno de ellos repleto de problemas ineludibles. Hay quien nos ofrece proteccionismo nacional con un fuerte intervencionismo en la economía, pero esta solución suele olvidar que los niveles de desarrollo del capitalismo han sido alcanzados a través de décadas, e incluso siglos, de uso sistemático del capital, de imperialismo económico, de explotación económica y ambiental. Otros aceptan la globalización como un hecho inevitable y nos animan a responder a este desafío siendo más “competitivos”. Y, por último, están los equilibristas que tratan de hallar una solución intermedia, con algunas maniobras tendentes a la competitividad en el mercado global pero manteniendo un nivel de proteccionismo lo suficientemente elevado como para asegurarse de que el Estado (y, aún más importante, las corporaciones) no tenga que enfrentarse a ninguna revolución social.
Es en este contexto que la Unión Europea, dominada por algunos de los países más ricos del mundo, se enfrenta a las realidades económicas y políticas no sólo de un mundo globalizado, sino también de un creciente número de ciudadanos dentro de sus propias fronteras.
Esos gobiernos que se proclaman “defensores del modelo social” están, en los hechos, realizando una especie de representación teatral ya que, a pesar del considerable pluralismo político existente en la UE, ésta está desde hace mucho tiempo empeñada en erosionar ese modelo y sustituirlo por otro, más competitivo, más enfocado hacia la extracción de plusvalía.
La Agenda de Lisboa es un plan que afecta, desde hace bastante tiempo, a la fuerza de trabajo de la UE, pero el movimiento obrero y la izquierda no han dado el toque de alerta; incluso algunos han dado la bienvenida a la estrategia. (1)
Ha sido malinterpretada debido a la capacidad del capitalismo en usar un lenguaje seductor: el paro obrero ha sido transformado en “pausas en la vida laboral” y tener que dejar tu hogar para obtener un empleo se ha convertido en “libertad”. La flexibilidad laboral es necesaria para “crear empleo” y la “paz social” significa que negociarán la lenta erosión de tus condiciones de trabajo con las burocracias sindicales y pondrán por escrito algunas leyes sobre “protección de los trabajadores” que te ahorrarán algunas molestias, pero no el inevitable deslizamiento hacia la competitividad global por la supervivencia.
Bolkestein
Si el lenguaje de la Agenda de Lisboa era demasiado ambiguo como para despertar demasiadas alarmas, al menos la Directiva Bolkestein ha llamado más la atención. Ha habido protestas masivas relacionadas con ella y hay una campaña en marcha en muchos países europeos.
Desgraciadamente, el debate tomó muchas veces un cariz xenófobo y proteccionista, como ocurrió con la propaganda sobre el “fontanero polaco”, relacionado no sólo con la ampliación de la UE, sino también con la Directiva. Esto nos lleva a hacernos una serie de preguntas, como qué es lo que se propone como alternativa y cómo una UE sin Directiva podría resolver las diferencias salariales.
El primer aspecto de la Directiva Bolkestein, la libertad de establecimiento, ha sido una demanda empresarial durante al menos los últimos 30 años y se ha convertido parcialmente en realidad con la adopción del Registro de Empresa Europeo (SE) en el año 2004. Con el SE, una empresa registrada y que opere fuera de un país (siempre que tenga su sede física en ese país), puede cambiar su lugar de operaciones sin liquidar la empresa original ni registrarse de nuevo. Este modo de establecimiento tiene muchas limitaciones, incluidas algunas al capital, dado que esto no se hace extensivo a la mayoría de autónomos (como nuestro amigo el fontanero), muchos de los cuales están limitados también por regulaciones relativas al reconocimiento de la cualificación profesional, etc…
Sin embargo, es el principio del país de origen el que ofrece mayores ventajas para los empresarios, ya que permitiría evitar los salarios mínimos locales, esos incómodos devoradores de márgenes de beneficio.
Los ponentes de la Directiva han sido por supuesto rápidos en apuntar que un país puede recurrir a numerosas excepciones. Los artículos 17-19 (además de permitir a los gobiernos mantener al margen de la Directiva algunos servicios, como los de correos) permiten a los gobiernos adoptar cláusulas de excepción por razones de seguridad y de sanidad públicas o por motivos medioambientales. Dicho de otro modo, estas “libertades” económicas pueden ser (y serán) reguladas selectivamente por los Estados miembros.
Esto no significa que los gobiernos vayan a hacer uso de ellas, aunque parece que así será, especialmente en zonas con fuertes tendencias proteccionistas o grandes y activos sindicatos obreros.
Dichas medidas, sin embargo, no ofrecen ninguna solución a los problemas básicos de disparidad salarial, ni a nivel global ni a nivel europeo.
Los ponentes de la Bolkestein también apuntan que uno de los objetivos de la directiva es que haya cierta armonización de la UE en áreas estratégicas. En otras palabras, afirman que si los baremos en ciertas áreas estuvieran armonizados, el principio del país de origen no sería un instrumento para aprovecharse de los baremos más bajos. Sólo que no vemos ningún esfuerzo concreto de armonización en muchas cuestiones esenciales; la armonización de la que se habla es la referida a la liquidación de deudas, a la homologación de la contabilidad, a la protección de los consumidores y a la sanidad. Y, aunque lo último pueda parecer una garantía, la experiencia de la UE ha demostrado que la homologación de baremos conduce a adoptar baremos más bajos en muchos países. (2)
El único área donde podría producirse un cambio revolucionario es en el de la equiparación salarial: por ejemplo, salarios mínimos para toda la Unión Europea y para cada ramo. El motivo por el cual un salario mínimo de la UE no sería por sí solo suficiente y serían necesarios los salarios mínimos por ramo es porque, por ejemplo, podemos encontrar actualmente expertas enfermeras y dentistas polacas trabajando en el norte de Inglaterra por el salario mínimo, lo está lejos de la paga habitual en estas profesiones, constituye una grave explotación y rebaja los salarios. Pero esto nunca será propuesto por los burócratas y es previsible que tampoco lo sea por ciertos sectores sindicales, que sin duda prevén que se verán forzados a negociar a la baja, o por algunos de los trabajadores con menores salarios, que verán cómo desaparece uno de los incentivos que tenían los empresarios para contratarlos.
¿Qué soluciones se presentan, pues? Una migración controlada de la fuerza de trabajo es una de las soluciones políticas posibles, pero no sólo sería una solución unilateral, sino también una violación del principio de la libertad de movimientos. Digo que sería una solución unilateral porque se oye decir a menudo que tal o cual país necesita de determinados trabajadores cualificados o que no los necesita; pero la otra cara de la moneda la constituyen unas relaciones de poder en las que un país más rico puede obtener médicos o ingenieros altamente cualificados mientras que el más pobre sufre una fuga de cerebros. En último extremo, la fuga de cerebros y la ausencia de mejoras en los salarios y en las condiciones de vida no harán más que exacerbar el problema.
Muchos de los anti-Bolkestein callan ante esta situación. Del mismo modo que el primigenio movimiento “antiglobalización”, espera reclutar una amplia coalición, y realmente lo ha conseguido.
Aunque los llamamientos a “proteger” la fuerza de trabajo puedan parecer bastante nobles, me gustaría preguntar quién o quiénes serían las fuerzas protectoras (aunque ya sepa que sería el Estado). También estaría interesada en saber exactamente cómo se protegería el modelo social ¿mejorando las condiciones de trabajo y equiparando los salarios de toda la Unión Europea o cerrando el mercado de trabajo y las prestaciones sociales a los extranjeros? ¿O esperan que los gobiernos pongan en marcha medidas para forzar a los capitalistas de la Unión Europea a mantener los altos costes laborales?
Una perspectiva radical
Cuando vemos que una medida minará las condiciones de vida de un trabajador medio, debemos atacarla porque cada concesión al capitalismo es una consolidación de su poder. Por tanto, es perfectamente lógico que nos agrupemos en torno a lemas como “Stop Bolkestein” aunque, como en la mayoría de las campañas por un único objetivo, hasta una victoria puede ser sólo pírrica, porque sólo habríamos prevenido la exacerbación del problema, pero no nos habríamos librado de él. Además de ello, es más que probable que si esa Directiva no saliera adelante, otra llegara luego enfocada al mismo objetivo. Con este cinismo no pretendo desmoralizar, sino llamar la atención para una aproximación y una visión más amplias.
Dentro del contexto de los movimientos de protesta, a menudo encontramos incluso a activistas radicales apelando a la “protección” y los “derechos”, lo que descansa sobre el presupuesto de que existe un organismo, sea el Estado, sea una institución extranacional, que ejerce una regulación por el bien de la sociedad sobre los intereses del capital. Esta ilusión se está tornando cada vez más ingenua; el mundo de los negocios y los intereses capitalistas están firmemente ligados a los gobiernos. Los momentos en los que el Estado juega el papel de protector social no son más que gestos de propaganda barata a costa del dinero público, obtenido gracias a nuestro trabajo, así, la oposición a los estratos superiores puede tener lugar sólo en relación al poder y la riqueza de la sociedad; en esto, algunos Estados-nación tienen una clara desventaja respecto al espectáculo conocido como “protección de sus súbditos”.
Muchos izquierdistas creen que es posible el paso del Estado como detentador de la fuerza y garante del capital al Estado como protector y asegurador social. Mientras esto podría constituir un considerable reforzamiento de su papel, también hay otra perspectiva, la de su abolición y su sustitución por la autogestión de los trabajadores y el federalismo internacional. El principio subyacente, la creación de una sociedad libertaria, supondría poner en marcha mecanismos para la eliminación de las desigualdades materiales y de las privaciones y, lo que es más importante, para la eliminación de sus causas. Dentro de los límites de este artículo no entraré en el análisis del proceso de creación de tal sociedad libertaria, pero estoy convencida de lo siguiente: la clave para dar lugar en el futuro a una sociedad equitativa reside en despojar al capital y al Estado de sus poderes.
Vemos como un desafío para el movimiento obrero internacional (en este caso en particular, el europeo) no la presión para que los mentirosos políticos hagan más promesas vacías, ni siquiera el conseguir echar para atrás la Directiva, sino el concebir las movilizaciones de una manera diferente. En vez de marchar como una masa programada, orquestada, quisiéramos que la gente trabajadora se pusiera en marcha de forma autónoma e interconectada. El desafío no está en conseguir que los burócratas sindicales negocien con el Estado y los funcionarios de la UE, ni en que se entiendan entre ellos, sino en que los trabajadores decidan sus acciones y se organicen de forma horizontal, frente al modo de obrar verticalista en el que quedan como sujetos tutelados. El debate debe empezar a unos niveles más profundos, sobre las posibilidades de coordinación y de acción directa de los movimientos de base, con vistas a la organización y la revolución libertarias.
Con esto, llamamos a quienes piensen de un modo similar a posicionarse frente a la Directiva Bolkestein desde una perspectiva más radical y a promover un punto de vista revolucionario, de autoorganización y autogestión, en el marco de esa campaña. Frenar la Bolkestein no es suficiente. Ni siquiera lo es frenar al capitalismo.
Notas:
(1) Los ministros de trabajo mantienen que la flexibilidad laboral puede coexistir con una seguridad social de alto nivel. Algunos dirigentes obreros parecen haber malinterpretado el contenido de la Agenda, creyendo que se trata de una estrategia para preservar el modelo social. El año pasado, “The Guardian” publicaba un artículo sobre la Agenda de Lisboa en el que líderes como John Monks, de la Confederación Europea de Sindicatos, decían que “habían hecho bien en resucitar la Agenda sólo una semana después de que muchos pensaran que la Europa social estaba muerta”. Para ellos, su implementación parece estar fuera de toda duda. “La Estrategia de Lisboa debe ser implementada de modo que sea económica, social y ecológicamente equilibrada”.
(2) Hay muchos ejemplos, uno es el de los controles alimentarios. Tuvimos ocasión de ver cómo en algunos sectores de la producción alimenticia, cuando Polonia adoptó los estándares europeos, eran mucho más laxos que los locales, especialmente en lo que respecta a la cantidad de aditivos permitidos en la comida.
La tira de papel: http://www.cnt.es/latiradepapel/n33.html
Laure Akai
El movimiento obrero parece que ha encontrado un tema común en torno al cual movilizarse a nivel internacional: la Directiva sobre Servicios en el Mercado Interno, también conocida como Directiva Bolkestein. La directiva, que aboliría las fronteras en la provisión de servicios entre Estados miembros, es criticada sobre todo por su “principio del país de origen”. Bajo este principio, las empresas registradas en cualquier Estado integrante de la Unión Europea no sólo podrían operar en cualquier otro, sino también emplear a trabajadores para prestar dichos servicios permaneciendo sujetos a las leyes del país en el que estuvieran registradas dichas empresas.
Se teme que el mundo del capital use esta ley para aprovecharse de la permisiva legislación laboral y ambiental de algunos países en otros donde esos baremos sean más altos. Se iniciaría de este modo una inevitable carrera cuesta abajo.
La estrategia de Lisboa y la erosión del modelo social
Los intereses de capitalistas y trabajadores están llamados a enfrentarse, ya que lo que mueve el mundo de los negocios es la ley del beneficio. Al tiempo que la patronal, tanto de la industria como de los servicios, trata de reducir costes; los trabajadores, en particular en los países “en vías de desarrollo” y en otras zonas con bajos salarios, tratan de ganar más. Los que viven en entornos más afortunados, por otra parte, tratan de mantener sus niveles de vida y combaten cualquier ataque contra ellos.
Siendo la destrucción del capitalismo una opción que cada vez menos gente baraja, se abre ante nosotros un repertorio bastante pobre de posibles escenarios, cada uno de ellos repleto de problemas ineludibles. Hay quien nos ofrece proteccionismo nacional con un fuerte intervencionismo en la economía, pero esta solución suele olvidar que los niveles de desarrollo del capitalismo han sido alcanzados a través de décadas, e incluso siglos, de uso sistemático del capital, de imperialismo económico, de explotación económica y ambiental. Otros aceptan la globalización como un hecho inevitable y nos animan a responder a este desafío siendo más “competitivos”. Y, por último, están los equilibristas que tratan de hallar una solución intermedia, con algunas maniobras tendentes a la competitividad en el mercado global pero manteniendo un nivel de proteccionismo lo suficientemente elevado como para asegurarse de que el Estado (y, aún más importante, las corporaciones) no tenga que enfrentarse a ninguna revolución social.
Es en este contexto que la Unión Europea, dominada por algunos de los países más ricos del mundo, se enfrenta a las realidades económicas y políticas no sólo de un mundo globalizado, sino también de un creciente número de ciudadanos dentro de sus propias fronteras.
Esos gobiernos que se proclaman “defensores del modelo social” están, en los hechos, realizando una especie de representación teatral ya que, a pesar del considerable pluralismo político existente en la UE, ésta está desde hace mucho tiempo empeñada en erosionar ese modelo y sustituirlo por otro, más competitivo, más enfocado hacia la extracción de plusvalía.
La Agenda de Lisboa es un plan que afecta, desde hace bastante tiempo, a la fuerza de trabajo de la UE, pero el movimiento obrero y la izquierda no han dado el toque de alerta; incluso algunos han dado la bienvenida a la estrategia. (1)
Ha sido malinterpretada debido a la capacidad del capitalismo en usar un lenguaje seductor: el paro obrero ha sido transformado en “pausas en la vida laboral” y tener que dejar tu hogar para obtener un empleo se ha convertido en “libertad”. La flexibilidad laboral es necesaria para “crear empleo” y la “paz social” significa que negociarán la lenta erosión de tus condiciones de trabajo con las burocracias sindicales y pondrán por escrito algunas leyes sobre “protección de los trabajadores” que te ahorrarán algunas molestias, pero no el inevitable deslizamiento hacia la competitividad global por la supervivencia.
Bolkestein
Si el lenguaje de la Agenda de Lisboa era demasiado ambiguo como para despertar demasiadas alarmas, al menos la Directiva Bolkestein ha llamado más la atención. Ha habido protestas masivas relacionadas con ella y hay una campaña en marcha en muchos países europeos.
Desgraciadamente, el debate tomó muchas veces un cariz xenófobo y proteccionista, como ocurrió con la propaganda sobre el “fontanero polaco”, relacionado no sólo con la ampliación de la UE, sino también con la Directiva. Esto nos lleva a hacernos una serie de preguntas, como qué es lo que se propone como alternativa y cómo una UE sin Directiva podría resolver las diferencias salariales.
El primer aspecto de la Directiva Bolkestein, la libertad de establecimiento, ha sido una demanda empresarial durante al menos los últimos 30 años y se ha convertido parcialmente en realidad con la adopción del Registro de Empresa Europeo (SE) en el año 2004. Con el SE, una empresa registrada y que opere fuera de un país (siempre que tenga su sede física en ese país), puede cambiar su lugar de operaciones sin liquidar la empresa original ni registrarse de nuevo. Este modo de establecimiento tiene muchas limitaciones, incluidas algunas al capital, dado que esto no se hace extensivo a la mayoría de autónomos (como nuestro amigo el fontanero), muchos de los cuales están limitados también por regulaciones relativas al reconocimiento de la cualificación profesional, etc…
Sin embargo, es el principio del país de origen el que ofrece mayores ventajas para los empresarios, ya que permitiría evitar los salarios mínimos locales, esos incómodos devoradores de márgenes de beneficio.
Los ponentes de la Directiva han sido por supuesto rápidos en apuntar que un país puede recurrir a numerosas excepciones. Los artículos 17-19 (además de permitir a los gobiernos mantener al margen de la Directiva algunos servicios, como los de correos) permiten a los gobiernos adoptar cláusulas de excepción por razones de seguridad y de sanidad públicas o por motivos medioambientales. Dicho de otro modo, estas “libertades” económicas pueden ser (y serán) reguladas selectivamente por los Estados miembros.
Esto no significa que los gobiernos vayan a hacer uso de ellas, aunque parece que así será, especialmente en zonas con fuertes tendencias proteccionistas o grandes y activos sindicatos obreros.
Dichas medidas, sin embargo, no ofrecen ninguna solución a los problemas básicos de disparidad salarial, ni a nivel global ni a nivel europeo.
Los ponentes de la Bolkestein también apuntan que uno de los objetivos de la directiva es que haya cierta armonización de la UE en áreas estratégicas. En otras palabras, afirman que si los baremos en ciertas áreas estuvieran armonizados, el principio del país de origen no sería un instrumento para aprovecharse de los baremos más bajos. Sólo que no vemos ningún esfuerzo concreto de armonización en muchas cuestiones esenciales; la armonización de la que se habla es la referida a la liquidación de deudas, a la homologación de la contabilidad, a la protección de los consumidores y a la sanidad. Y, aunque lo último pueda parecer una garantía, la experiencia de la UE ha demostrado que la homologación de baremos conduce a adoptar baremos más bajos en muchos países. (2)
El único área donde podría producirse un cambio revolucionario es en el de la equiparación salarial: por ejemplo, salarios mínimos para toda la Unión Europea y para cada ramo. El motivo por el cual un salario mínimo de la UE no sería por sí solo suficiente y serían necesarios los salarios mínimos por ramo es porque, por ejemplo, podemos encontrar actualmente expertas enfermeras y dentistas polacas trabajando en el norte de Inglaterra por el salario mínimo, lo está lejos de la paga habitual en estas profesiones, constituye una grave explotación y rebaja los salarios. Pero esto nunca será propuesto por los burócratas y es previsible que tampoco lo sea por ciertos sectores sindicales, que sin duda prevén que se verán forzados a negociar a la baja, o por algunos de los trabajadores con menores salarios, que verán cómo desaparece uno de los incentivos que tenían los empresarios para contratarlos.
¿Qué soluciones se presentan, pues? Una migración controlada de la fuerza de trabajo es una de las soluciones políticas posibles, pero no sólo sería una solución unilateral, sino también una violación del principio de la libertad de movimientos. Digo que sería una solución unilateral porque se oye decir a menudo que tal o cual país necesita de determinados trabajadores cualificados o que no los necesita; pero la otra cara de la moneda la constituyen unas relaciones de poder en las que un país más rico puede obtener médicos o ingenieros altamente cualificados mientras que el más pobre sufre una fuga de cerebros. En último extremo, la fuga de cerebros y la ausencia de mejoras en los salarios y en las condiciones de vida no harán más que exacerbar el problema.
Muchos de los anti-Bolkestein callan ante esta situación. Del mismo modo que el primigenio movimiento “antiglobalización”, espera reclutar una amplia coalición, y realmente lo ha conseguido.
Aunque los llamamientos a “proteger” la fuerza de trabajo puedan parecer bastante nobles, me gustaría preguntar quién o quiénes serían las fuerzas protectoras (aunque ya sepa que sería el Estado). También estaría interesada en saber exactamente cómo se protegería el modelo social ¿mejorando las condiciones de trabajo y equiparando los salarios de toda la Unión Europea o cerrando el mercado de trabajo y las prestaciones sociales a los extranjeros? ¿O esperan que los gobiernos pongan en marcha medidas para forzar a los capitalistas de la Unión Europea a mantener los altos costes laborales?
Una perspectiva radical
Cuando vemos que una medida minará las condiciones de vida de un trabajador medio, debemos atacarla porque cada concesión al capitalismo es una consolidación de su poder. Por tanto, es perfectamente lógico que nos agrupemos en torno a lemas como “Stop Bolkestein” aunque, como en la mayoría de las campañas por un único objetivo, hasta una victoria puede ser sólo pírrica, porque sólo habríamos prevenido la exacerbación del problema, pero no nos habríamos librado de él. Además de ello, es más que probable que si esa Directiva no saliera adelante, otra llegara luego enfocada al mismo objetivo. Con este cinismo no pretendo desmoralizar, sino llamar la atención para una aproximación y una visión más amplias.
Dentro del contexto de los movimientos de protesta, a menudo encontramos incluso a activistas radicales apelando a la “protección” y los “derechos”, lo que descansa sobre el presupuesto de que existe un organismo, sea el Estado, sea una institución extranacional, que ejerce una regulación por el bien de la sociedad sobre los intereses del capital. Esta ilusión se está tornando cada vez más ingenua; el mundo de los negocios y los intereses capitalistas están firmemente ligados a los gobiernos. Los momentos en los que el Estado juega el papel de protector social no son más que gestos de propaganda barata a costa del dinero público, obtenido gracias a nuestro trabajo, así, la oposición a los estratos superiores puede tener lugar sólo en relación al poder y la riqueza de la sociedad; en esto, algunos Estados-nación tienen una clara desventaja respecto al espectáculo conocido como “protección de sus súbditos”.
Muchos izquierdistas creen que es posible el paso del Estado como detentador de la fuerza y garante del capital al Estado como protector y asegurador social. Mientras esto podría constituir un considerable reforzamiento de su papel, también hay otra perspectiva, la de su abolición y su sustitución por la autogestión de los trabajadores y el federalismo internacional. El principio subyacente, la creación de una sociedad libertaria, supondría poner en marcha mecanismos para la eliminación de las desigualdades materiales y de las privaciones y, lo que es más importante, para la eliminación de sus causas. Dentro de los límites de este artículo no entraré en el análisis del proceso de creación de tal sociedad libertaria, pero estoy convencida de lo siguiente: la clave para dar lugar en el futuro a una sociedad equitativa reside en despojar al capital y al Estado de sus poderes.
Vemos como un desafío para el movimiento obrero internacional (en este caso en particular, el europeo) no la presión para que los mentirosos políticos hagan más promesas vacías, ni siquiera el conseguir echar para atrás la Directiva, sino el concebir las movilizaciones de una manera diferente. En vez de marchar como una masa programada, orquestada, quisiéramos que la gente trabajadora se pusiera en marcha de forma autónoma e interconectada. El desafío no está en conseguir que los burócratas sindicales negocien con el Estado y los funcionarios de la UE, ni en que se entiendan entre ellos, sino en que los trabajadores decidan sus acciones y se organicen de forma horizontal, frente al modo de obrar verticalista en el que quedan como sujetos tutelados. El debate debe empezar a unos niveles más profundos, sobre las posibilidades de coordinación y de acción directa de los movimientos de base, con vistas a la organización y la revolución libertarias.
Con esto, llamamos a quienes piensen de un modo similar a posicionarse frente a la Directiva Bolkestein desde una perspectiva más radical y a promover un punto de vista revolucionario, de autoorganización y autogestión, en el marco de esa campaña. Frenar la Bolkestein no es suficiente. Ni siquiera lo es frenar al capitalismo.
Notas:
(1) Los ministros de trabajo mantienen que la flexibilidad laboral puede coexistir con una seguridad social de alto nivel. Algunos dirigentes obreros parecen haber malinterpretado el contenido de la Agenda, creyendo que se trata de una estrategia para preservar el modelo social. El año pasado, “The Guardian” publicaba un artículo sobre la Agenda de Lisboa en el que líderes como John Monks, de la Confederación Europea de Sindicatos, decían que “habían hecho bien en resucitar la Agenda sólo una semana después de que muchos pensaran que la Europa social estaba muerta”. Para ellos, su implementación parece estar fuera de toda duda. “La Estrategia de Lisboa debe ser implementada de modo que sea económica, social y ecológicamente equilibrada”.
(2) Hay muchos ejemplos, uno es el de los controles alimentarios. Tuvimos ocasión de ver cómo en algunos sectores de la producción alimenticia, cuando Polonia adoptó los estándares europeos, eran mucho más laxos que los locales, especialmente en lo que respecta a la cantidad de aditivos permitidos en la comida.
"Queremos personas capaces de destruir, de renovar sin cesar los medios y de renovarse ellas mismas; personas cuya independencia intelectual sea su mayor fuerza, que jamás estén ligados a nada... aspirando a vivir vidas múltiples en una sola vida".
Francisco Ferrer i Guardia
Francisco Ferrer i Guardia
El paradigma social
Los ciudadanos europeos, más correctamente las personas que vivimos en la Unión Europea, nos encontramos en un punto de inflexión con la votación en el Parlamento europeo (la única institución medianamente democrática de la Unión) de la directiva Bolkestein que pretende “liberalizar” los servicios en los países miembros de la Unión Europea.
Detrás de la retórica “liberal” que los políticos y tecnócratas se gastan, subyace un nuevo ejemplo de como el Estado sirve a los intereses de las grandes empresas capitalistas privilegiadas por el estatismo antes que a los ciudadanos, algo que es posible que hubiese asustado incluso a los liberales más clásicos. La intención de los tecnócratas de la Unión Europea no es otra cosa que liberalizar el mercado de trabajo para que las empresas enriquecidas con el estatismo puedan obtener aún más beneficios y plusvalías más altas a costa de los trabajadores. Según el principio del país de origen, cualquier empresa del sector servicios de la Unión Europea podría regirse en cualquier país de la Unión según las normativas de su país de origen. Esto podría provocar que las empresas se estableciesen sus sedes jurídicas en los países de la Unión con unas normativas menos propicias para los intereses de los trabajadores. A esto lo llaman dumping social y es lo que ha levantado tanta polémica. Los neoliberales hablan mucho de “dar más libertad y regular menos” para que las cosas vayan mejor, lo que no cuentan es la libertad que previamente fue privada a los ciudadanos de a pie y los trabajadores a través de otras regulaciones, ficciones legales y monopolios que fueron la piedra angular sobre la que se basó el enriquecimiento de las actuales clases adineradas. El Estado sirvió para la acumulación original capitalista, tras eso el Estado es un estorbo, parece ser su actitud. También algunas personas han manifestado miedo de que tras las “liberalizaciones” lleguen privatizaciones, aunque no es algo que por sí solo implique la directiva. Pero si llegase a pasar algo así, la consecuencia más que darnos más libertad, nos haría más dependientes de las grandes empresas privadas.
Sin embargo no nos vale con oponernos a esta actuación “liberalizadora” de los políticos porque entonces estaríamos apoyando al Estado y sus instituciones y servicios, que son tan ajenos a los ciudadanos de a pie como los que proporcionan las empresas privadas de los capitalistas. El “Estado del bienestar” no es más que una ficción para ocultar la explotación que subyace en el sistema capitalista. Los sistemas públicos son ineficientes, sujetos a corrupciones y chanchullos y amiguismos, y al mercado de favores entre la clase política y la clase empresarial. Las empresas pueden presionar a los políticos para que hagan leyes a su medida; esto puede ser un problema para la cuestión ecológica. En realidad los sistemas públicos del Estado, son el coto privado de los políticos de carrera que hacen las cosas para el beneficio de los accionistas de las grandes empresas y no para los ciudadanos. Esto lo ven fácilmente los ciudadanos de a pie, ¿quién no ha oído decir la frase alguna vez de “todos los políticos son iguales”? No es cuestión de izquierdas o derechas. Es cuestión de autoridad, delegación y jerarquías. El Estado no es la solución, sino la fuente de los problemas.
Si uno se lo para a pensar detenidamente es posible que llegue a la conclusión de que los servicios sociales, la sanidad o la educación de los niños no es bueno que sean controlados ni por el Estado ni por las empresas privadas. En ambos casos los ciudadanos delegan en otras personas que tienen intereses muy particulares: medrar en su carrera política en unos casos o la maximización de beneficios empresariales en otro. Como alternativa a ambos paradigmas (los llamados comúnmente sector público y sector privado) surgen las viejas ideas de la ayuda mutua y la cooperación, que porque sean viejas, no quiere decir que no sean correctas, útiles y de futuro. Incluso hoy subsisten reminiscencias de estas ideas en la llamada economía social, aunque probablemente las ideas más radicales se han ido cayendo con el tiempo y actualmente se encuentran en pleno proceso de asimilación por parte del capitalismo y el Estado (dos palabras que vienen a implicar lo mismo: autoridad, delegación y jerarquía). Un ejemplo de ello podría ser lo que algunas personas ven una desviación del “espíritu cooperativista” original en el famoso grupo de cooperativas de Mondragón.
“Es importante no delegar en políticos o empresarios las cosas que afectan a la vida de uno”. Es posible que muchas personas que no sean cargos políticos o que naden entre millones hayan pensado algo así alguna vez. A tal efecto, las mutualidades de previsión social o cooperativas de enseñanza podrían ser instituciones en las que los ciudadanos no delegasen en políticos de carrera o ejecutivos y accionistas de empresas capitalistas sobre las decisiones que afectaran a sus intereses, como la salud o la educación de los hijos, sino que éstos podrían participar directamente en la administración de esos servicios y tomar decisiones sobre el rumbo que deben tomar esas instituciones sociales. Los servicios básicos municipales como mantenimiento de jardines, recogida de basuras o transportes públicos, podrían ser administrados por sindicatos o colectivos de trabajadores, que de acuerdo con las indicaciones de las asociaciones de vecinos podrían diseñar las estrategias más oportunas para ofrecer unos servicios más eficaces y satisfactorios para la comunidad.
Hoy una alternativa para millones de trabajadores y ciudadanos europeos a la privatización y la nacionalización es la mutualización [1] de los servicios sociales como propone el anarcosindicalista canadiense Larry Gambone. Por ello el espíritu de oposición a la directiva Bolkestein no debe quedarse en eso, mera oposición. La ecuación se debe completar con la búsqueda de un nuevo paradigma en los servicios sociales que no sea estatal ni privado, y para lograrlo hay que promoverlo activamente para que más personas conozcan que existe una alternativa.
Nota:
[1] http://www.geocities.com/vcmtalk/mutualize
Los ciudadanos europeos, más correctamente las personas que vivimos en la Unión Europea, nos encontramos en un punto de inflexión con la votación en el Parlamento europeo (la única institución medianamente democrática de la Unión) de la directiva Bolkestein que pretende “liberalizar” los servicios en los países miembros de la Unión Europea.
Detrás de la retórica “liberal” que los políticos y tecnócratas se gastan, subyace un nuevo ejemplo de como el Estado sirve a los intereses de las grandes empresas capitalistas privilegiadas por el estatismo antes que a los ciudadanos, algo que es posible que hubiese asustado incluso a los liberales más clásicos. La intención de los tecnócratas de la Unión Europea no es otra cosa que liberalizar el mercado de trabajo para que las empresas enriquecidas con el estatismo puedan obtener aún más beneficios y plusvalías más altas a costa de los trabajadores. Según el principio del país de origen, cualquier empresa del sector servicios de la Unión Europea podría regirse en cualquier país de la Unión según las normativas de su país de origen. Esto podría provocar que las empresas se estableciesen sus sedes jurídicas en los países de la Unión con unas normativas menos propicias para los intereses de los trabajadores. A esto lo llaman dumping social y es lo que ha levantado tanta polémica. Los neoliberales hablan mucho de “dar más libertad y regular menos” para que las cosas vayan mejor, lo que no cuentan es la libertad que previamente fue privada a los ciudadanos de a pie y los trabajadores a través de otras regulaciones, ficciones legales y monopolios que fueron la piedra angular sobre la que se basó el enriquecimiento de las actuales clases adineradas. El Estado sirvió para la acumulación original capitalista, tras eso el Estado es un estorbo, parece ser su actitud. También algunas personas han manifestado miedo de que tras las “liberalizaciones” lleguen privatizaciones, aunque no es algo que por sí solo implique la directiva. Pero si llegase a pasar algo así, la consecuencia más que darnos más libertad, nos haría más dependientes de las grandes empresas privadas.
Sin embargo no nos vale con oponernos a esta actuación “liberalizadora” de los políticos porque entonces estaríamos apoyando al Estado y sus instituciones y servicios, que son tan ajenos a los ciudadanos de a pie como los que proporcionan las empresas privadas de los capitalistas. El “Estado del bienestar” no es más que una ficción para ocultar la explotación que subyace en el sistema capitalista. Los sistemas públicos son ineficientes, sujetos a corrupciones y chanchullos y amiguismos, y al mercado de favores entre la clase política y la clase empresarial. Las empresas pueden presionar a los políticos para que hagan leyes a su medida; esto puede ser un problema para la cuestión ecológica. En realidad los sistemas públicos del Estado, son el coto privado de los políticos de carrera que hacen las cosas para el beneficio de los accionistas de las grandes empresas y no para los ciudadanos. Esto lo ven fácilmente los ciudadanos de a pie, ¿quién no ha oído decir la frase alguna vez de “todos los políticos son iguales”? No es cuestión de izquierdas o derechas. Es cuestión de autoridad, delegación y jerarquías. El Estado no es la solución, sino la fuente de los problemas.
Si uno se lo para a pensar detenidamente es posible que llegue a la conclusión de que los servicios sociales, la sanidad o la educación de los niños no es bueno que sean controlados ni por el Estado ni por las empresas privadas. En ambos casos los ciudadanos delegan en otras personas que tienen intereses muy particulares: medrar en su carrera política en unos casos o la maximización de beneficios empresariales en otro. Como alternativa a ambos paradigmas (los llamados comúnmente sector público y sector privado) surgen las viejas ideas de la ayuda mutua y la cooperación, que porque sean viejas, no quiere decir que no sean correctas, útiles y de futuro. Incluso hoy subsisten reminiscencias de estas ideas en la llamada economía social, aunque probablemente las ideas más radicales se han ido cayendo con el tiempo y actualmente se encuentran en pleno proceso de asimilación por parte del capitalismo y el Estado (dos palabras que vienen a implicar lo mismo: autoridad, delegación y jerarquía). Un ejemplo de ello podría ser lo que algunas personas ven una desviación del “espíritu cooperativista” original en el famoso grupo de cooperativas de Mondragón.
“Es importante no delegar en políticos o empresarios las cosas que afectan a la vida de uno”. Es posible que muchas personas que no sean cargos políticos o que naden entre millones hayan pensado algo así alguna vez. A tal efecto, las mutualidades de previsión social o cooperativas de enseñanza podrían ser instituciones en las que los ciudadanos no delegasen en políticos de carrera o ejecutivos y accionistas de empresas capitalistas sobre las decisiones que afectaran a sus intereses, como la salud o la educación de los hijos, sino que éstos podrían participar directamente en la administración de esos servicios y tomar decisiones sobre el rumbo que deben tomar esas instituciones sociales. Los servicios básicos municipales como mantenimiento de jardines, recogida de basuras o transportes públicos, podrían ser administrados por sindicatos o colectivos de trabajadores, que de acuerdo con las indicaciones de las asociaciones de vecinos podrían diseñar las estrategias más oportunas para ofrecer unos servicios más eficaces y satisfactorios para la comunidad.
Hoy una alternativa para millones de trabajadores y ciudadanos europeos a la privatización y la nacionalización es la mutualización [1] de los servicios sociales como propone el anarcosindicalista canadiense Larry Gambone. Por ello el espíritu de oposición a la directiva Bolkestein no debe quedarse en eso, mera oposición. La ecuación se debe completar con la búsqueda de un nuevo paradigma en los servicios sociales que no sea estatal ni privado, y para lograrlo hay que promoverlo activamente para que más personas conozcan que existe una alternativa.
Nota:
[1] http://www.geocities.com/vcmtalk/mutualize