Pedro Morenés, ministro de Defensa, fue consejero de la empresa de fabricación de armamento Instalaza entre 2005 y 2007. Después ocupó el puesto de representante hasta el 4 de octubre de 2011, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Instalaza fabricaba bombas de racimo.
El 31 de octubre de 2011, el diario Cinco Días reveló que Instalaza había decidido recurrir a los tribunales para pedir que el Gobierno le indemnizara con 40 millones de euros en concepto de desagravio por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo en España como consecuencia de la firma del Tratado de Dublín. Sin embargo, esta empresa ya había anunciado en mayo de 2011, cuando Morenés era su representante, que pediría una compensación económica al Ejecutivo en concepto de "daño emergente y lucro cesante".

Hoy sabemos que Instalaza venderá la deuda a una tercera empresa que a su vez la revenderá y finalmente el Ministro pagará diciendo que no es su empresa la que cobra. El dinero saldrá de los impuestos de todos, naturalmente. Nuestro dinero pagando bombas que mutilan a niños. Porque las submuniciones esparcidas por las bombas fabricadas por Morenés tienen un rango de fallo de entre el 5% y 30%, por lo que pueden quedar bombas enterradas sin explotar siendo peligrosas tiempo después de terminada la guerra. Especialmente para los niños por sus formas llamativas, como pelotitas de tenis o latas de refrescos. Porque es así como las camufla la empresa del Ministro.