Colombia bajo el paramilitarismo

[bo]

Colombia: Fuerza pública arremete contra campamento de campesinas y campesinos en el Cauca
http://www.kaosenlared.net/america-lati ... cauca.html

[bo]

3 campesinos y 1 niño muerto durante violento desalojo de la fuerza pública en el Cauca (+Fotos)
http://www.patriagrande.com.ve/temas/in ... uca-fotos/

[Jove Obrer]

Esta noticia es de ayer, hoy han vuelto a disparara contra La Minga Indígena y Popular
http://prensarural.org/spip/spip.php?article12398

[Jove Obrer]

Mas seguimientos de la Minga: http://congresodelospueblos.org/

[calderero]

Espionaje y violación de los derechos humanos

http://anarkismo.net/article/26374

[calderero]

Van 21 integrantes de la Marcha Patriótica asesinados, en lo que va del año, solamente en el pequeño departamento del Quindío...

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA CAPITULO QUINDIO Y LA BRIGADA JURIDICA EDUARDO UMAÑA MENDOZA

DENUNCIA PÚBLICA

La fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza seccional Eje Cafetero y Tolima y la comisión departamental de derechos humanos del movimiento social y político Marcha Patriótica Quindío, denuncian ante la opinión pública nacional e internacional los siguientes hechos:

Occidente de Colombia, departamento de Quindío, municipios de Génova y Circasia:

1) El día miércoles 30 de octubre del presente año, fue asesinado EDIER OTERO miembro de MARCHA PATRIÓTICA QUINDIO. El hecho tuvo lugar en la vereda Curumal del municipio de Génova, donde se encontraba Edier, quien fue agredido por un hombre que arribo a la Finca Patio Bonito y le disparo en reiteradas ocasiones, ocasionándole la muerte. Vale la pena señalar que LUZ DARY JARAMILLO compañera sentimental del fallecido, había recibido amenazas por su labor como dirigente al frente de LA ASOCIACIÓN DE DESTECHADOS DEL QUINDIO – ASODESQUI.

2) El día de, viernes 1 de noviembre, fue asesinada en el municipio de Circasia la compañera ANA ISABEL VALENCIA, dirigente de Marcha Patriótica en el Quindío e integrante del Comité Patriótico Departamental de dicho departamento, los hechos ocurrieron hacia el mediodía en circunstancias que aún están siendo precisadas.

3) La Comisión Departamental de derechos humanos y la Brigada jurídica trabajan en el ánimo de solicitar ante la Defensoría del pueblo una reunión de carácter urgente para tratar estos temas que preocupan a quienes hacen parte del Movimiento Marcha Patriótica en el departamento.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL:

- Que se investiguen a fondo las circunstancias de modo y lugar sobre el asesinato de EDIER OTERO Y ANA ISABEL VALENCIA.

- Garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y sicológica a los miembros del Movimiento Político y Social MARCHA PATRIOTICA en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que en el transcurso del año han sido asesinados 21 miembros de nuestro proceso organizativo, así como brindar plenas garantías y respetar el derecho a la libre asociación y oposición como señala la constitución política de Colombia.

- A la Fiscalía General de la Nación que investigue y esclarezca los hechos aquí mencionados y adelante las acciones pertinentes frente a los hechos señalados, garantizando Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición para las víctimas y sus familias.

- A la Defensoría del Pueblo pronunciarse y tomar acciones de protección frente a la grave situación de riesgo y posibles violaciones de los derechos humanos a los integrantes y dirigentes del MOVIMIENTO POLITICO Y SOCIAL MARCHA PATRIOTICA, que están desarrollando su trabajo en el departamento del Quindío.

[turiferario]

Comunicado Comunidad de Paz san José de Apartadó

*Quebrantar ordenes y sentencias: practicas cotidianas del gobierno*

Nuevamente nuestra Comunidad de paz, deja constancia de los nuevos hechos
de horror a los que se nos es sometidos diariamente, hechos que dejamos a
juicio ante la humanidad y la historia. No vale que lo digamos en todos los
tonos al alto gobierno, sus instituciones no hacen otra cosa que hacerse
los sordos y ciegos ante tanta ignominia. Los hechos son los siguientes:


*Desde el lunes 28 hasta el miércoles 30 de octubre de 2013*, patrullas del
Ejército estuvieron acampando junto a las vallas de la Comunidad de Paz del
asentamiento de San Josesito y de allí en adelante sobre los bordes de la
carretera que conduce al centro urbano de San José e incluso en veredas
aledañas, en un despliegue de presencia militar intimidante que perturbó
por varios días el desarrollo normal de las actividades civiles, poniendo a
la población como eventual blanco de la insurgencia que siempre busca
adelantarse atacando a quienes hacen presencia para exterminarlos. Una
prueba más de los intentos de poner a la población civil como carne de
cañón en los enfrentamientos, llevando e incentivando el conflicto a los
espacios de vivienda y trabajo de los civiles, desacatando prescripciones
muy concretas y repetidas de la Corte Constitucional.

El *miércoles 30 de octubre de 2013* los pobladores del centro urbano de
San José de Apartadó y los asentamientos del entorno se llenaron de miedo
al percibir un enorme despliegue militar que invadió el antiguo caserío de
San José con helicópteros y camiones militares en los cuales se desplazaban
centenares de soldados. Luego se supo que ese día hizo presencia el
Comandante del Ejército Nacional con la supuesta intención de dar
cumplimiento a una orden del Tribunal Administrativo de Turbo, en sentencia
del 31 de marzo de 2011, en la que ordenaba al Comandante del Ejército
pedir perdón a la familia de la niña Midrey Dayana David Tuberquia, de 3
años de edad, asesinada por el ejército el 18 de marzo de 2003 en la vereda
La Cristalina. Si bien el Magistrado fallador había intentado en repetidas
ocasiones concertar entre la familia, la Comunidad y el Ejército sobre
fechas, sitios y modalidades del acto, los repetidos aplazamientos e
incumplimientos por parte del Ejército hicieron que la concertación se
esfumara. Este día el Ejército decidió hacer el acto sin haber concertado
previamente y en un lugar donde actualmente no hace presencia la Comunidad
de Paz, lo que llevó a los pobladores del caserío a encerrarse en sus
viviendas bajo el impacto del miedo ante tal despliegue militar y a
frustrar el acto que quiso responder a arbitrariedades unilaterales del
Ejército, sin que se llevara a cabo realmente ningún desagravio. Quizás eso
era lo que buscaban, para culpar nuevamente a las víctimas de hacer
fracasar hasta las peticiones de perdón.

El *sábado 2 de noviembre de 2013*, se produjo una explosión en la vereda
Las Claras, muy cerca al asentamiento de La Unión de la Comunidad de Paz,
en la cual se produjo la muerte de un soldado, y otro gravemente herido
según informaciones de los medios locales. Nuevamente la presencia
permanente de los militares en los asentamientos civiles pone en alto
riesgo las vidas de los pobladores, pues dicha presencia atrae a la
insurgencia hacia los asentamientos donde los militares prefieren
enfrentarse poniendo de escudo a la población civil, desacatando
prescripciones muy concretas y explícitas del DIH y de la Corte
Constitucional.


Nuestra comunidad de Paz, no cede a sus principios éticos y morales en
respeto a la vida, ante los sembradores de muerte y horror.



Comunidad de Paz de San José de Apartado

Noviembre 4 de 2013

[turiferario]

*Asesinan a otro miembro del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos Antioquia*

*Mientras el Gobierno Nacional incumple compromiso adquirido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de avanzar en la protección de defensores de derechos ambientales*



El pasado 31 de octubre El Movimiento Ríos Vivos expuso en Washington la gravedad de las amenazas y violaciones a los derechos humanos que hemos tenido que sufrir por la labor de exigencia de derechos que realizamos. En este escenario el gobierno colombiano adquirió el compromiso de adelantar un encuentro el día 21 de noviembre con diversas organizaciones implementar medidas de protección específicas para defensores de derechos ambientales. El gobierno incumplió la cita y hoy lamentamos un nuevo asesinato.


En medio del dolor y la angustia de ver las playas del Cañón del Río Cauca destruidas por retroexcavadoras que con la complicidad y por empresas del Estado Colombiano han ingresado y destruido lo que por siglos ha sido el trabajo ancestral de barequeras y barequeros, las y los integrantes del Movimiento Ríos Vivos por segunda vez en menos de tres meses perdemos a uno de los nuestros que, como todos, asumimos con dignidad y valentía el atrevernos a decir NO a la construcción de la represa más grande de país –HIDROITUANGO-


Robinson David Mazo un joven de 22 años, empeñado en aprender por sus propios medios mecánica, transportador en las protestas, encargado de solucionar asuntos diversos y preocupado por lo que ocurría a su alrededor, recibió siete impactos de bala el día 30 de noviembre a las diez de la mañana aproximadamente, a las afueras del municipio de Toledo norte de Antioquia en el sitio conocido como La Matanza, después del hecho los habitantes de la zona observaron una camioneta y dos motos subir del sitio. Con gran temor se encuentra su madre y hermana con quienes vivía.


Robinson participó de las protestas en el año 2012 en contra de los atropellos de Hidroituango, al igual que lo hizo en marzo de 2013, también salió de la zona por temor a las amenazas proferidas por la fuerza pública y las capturas masivas ocurridas en el corregimiento El Valle municipio de Toledo el 16 de marzo. Llego a Medellín el 20 de marzo y compartió con las más de 300 personas desplazadas por cerca cuatro meses, cuando por la difícil situación económica que atravesaba y por el hecho de ser
responsable de la manutención de su madre y hermana, se vio obligado a regresar a pesar del riesgo, como lo tuvieron que hacer SIN GARANTIAS y aún sin protección el resto de las familias el 25 de octubre de 2013 fecha desde la cual hemos insistido en la URGENCIA de establecer por parte del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, medidas colectivas para las y los integrantes del Movimiento, no obstante la
respuesta recibida por parte de esta entidad fue el no poder realizar nada al respecto por no contar con funcionarios contratados para Antioquia.

*Exigimos:*

1. Verdad, Justicia y Reparación para los asesinatos de Nelson Giraldo y Robinson David Mazo. La investigación sobre el asesinato de Nelson Giraldo aún se encuentra en la fiscalía de Ituango y el Movimiento y la familia desconocemos los avances de la misma.

2. Solicitamos que por la gravedad de los casos las investigaciones sean trasladadas a fiscalías especializadas y se saquen del departamento por la alta incidencia política y económica que tienen los dueños de Hidroituango.

3. Requerimos con carácter urgente que se implementen medidas de protección colectivas para todos y cada uno de los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, tal y como había sido solicitado desde el año 2012 sin excusas por parte del Ministerio del Interior.

4. El cumplimiento de los acuerdos mínimos relacionados con la alimentación suficiente y digna para la población que retornó al Cañón del Cauca, situación en la que faltando a su palabra la Gobernación de Antioquia quien incumplió, rechazamos los paupérrimos mercados que entrega el DAPAR y exigimos respeto en la entrega de las ayudas humanitarias.

[bo]

Colombia, el código de la impunidad
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/27121

[Felino]

Con organización, conciencia y lucha, en las calles de las ciudades, en las veredas, montes, selvas y montañas, el pueblo colombiano forja día a día un futuro mejor para su país, a pesar de los asesinatos, las desapariciones, los encarcelamientos, las ilegalizaciones, las torturas... la guerra sucia en definitiva contra un pueblo digno y soberano.

Desde Chile todo nuestro apoyo y amor revolucionario e internacionalista para lxs compañerxs de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos y todas las expresiones sociales, político-sociales y políticas del pueblo colombiano en lucha.

¡VENCEREMOS!

[bo]

Qué hay detrás de la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá Gustavo Petro

http://www.diagonalperiodico.net/global ... petro.html

[bo]

¡Ni con Petro ni con Ordóñez! Declaración ante la actual coyuntura política de la ciudad de Bogotá.
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/27252

[gato negro]

Editorial del excelente periódico "Desde abajo":

COLOMBIA: LA PROCURADURÍA JUEGA CON CANDELA

“Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de QUINCE años para ejercer funciones públicas” (Ver resolución íntegra más abajo).

Así termina el texto resolutorio por medio del cual el Procurador Alejandro Ordoñez imparte su santa y todopoderosa decisión, esperada y comentada desde hace semanas en todos los círculos sociales de Bogotá. Una vez emitida, previendo protestas en toda la ciudad, mandó a desalojar las oficinas del ente de control.

Como se sabe, desde distintos flancos los sectores más tradicionales de la ciudad (como sus aliados los constructores, negociantes de la salud, y otros que sienten en riesgo sus negocios), erigieron constantes e inmensas presiones contra el proyecto de gobierno encabezado por el destituido alcalde, bajo su bandera: “Bogotá. Humana”.
Las presiones de estos sectores no paran de escucharse. Día tras día, los medios de comunicación le dan espacio, y hacen eco a sus comentarios, enfatizando que la actual es “una alcaldía improvisada”.

El argumento mayor de estos sectores –también retomado en su resolución por el Procurador– es que “[...] se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia [...]“. El sacrosanto “derecho” a la propiedad privada, y el privilegio de ésta sobre la propiedad pública es, por tanto, el factor fundamental que desencadenó el alborotó entre los sectores tradicionales de la ciudad y su campaña por, y decisión para, sacar del edificio Liévano a Petro. El peso de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), afectada en su pretensión de llevar el crecimiento de Bogotá mucho más allá del río Bogotá, especulando con tierra que deja de ser vendida por hectáreas para cotizarse por metro cuadrado, construyendo por debajo de la cota del río del mismo nombre, no hay duda que influyó en la firma de la Procuraduría (ver recuadro otros factores). No hay que olvidar que esta pugna también fue asumida, con abierto liderazgo, por el actual ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona.

La decisión de estos sectores no deja de recordar a quien llegue al gobierno, nacional o municipal (en este caso el capitalino que según el decir público es el segundo puesto del país), que se puede administrar la ciudad -o le país- pero nunca pretender cambiar sus reglamentos fundamentales. Realidad que le recuerda a toda la izquierda que no se puede gobernar con decisión realmente transformadora, que no se puede romper la legislación urdida por los sectores tradicionales del país, sino se marcha codo a codo con las mayorías sociales, es decir, sino se propicia que las mayorías asuman en sus manos su destino. Como dicen los zapatistas: hay que “mandar obedeciendo”.

Para darle cuerpo a su decisión de cortar el actual gobierno capitalino desataron, en primera instancia, la recolección de firmas en procura de una consulta popular que lo revocara, las cuales fueron reunidas y confirmadas por los entes respectivos, pero la cual –como se ha confirmado en todos las consultas de este tipo realizadas en el país– cuenta con pocas posibilidades de éxito.

Quedaba entonces el camino de la Procuraduría, que una y otra vez, bajo la dirección de Ordoñez no ha cejado de tomar decisiones que afectan los derechos de sectores progresistas del país, como las mujeres que luchan por el derecho al aborto, o quienes lo hacen por el matrimonio entre personas del mismo sexo. La persecución de personalidades del país que están por un acuerdo de paz, tampoco ha quedado por fuera de las decisiones tomadas por el todo poderoso Procurador.

Es decir, la pugna que está en curso en Colombia, como quedó dicho en un artículo publicado en esta misma página (“¿Por qué es de derechas el Procurador?“) “se da entre el país institucional y el país social. Y en esta polarización la última palabra –la última– aún, contra todas las apariencias, no está dicha”. Pero el señor Alejandro Ordoñez, al emitir la resolución del 9 de diciembre destituyendo a Petro y quemándolo con los 15 años de sanción como liderazgo alternativo electoral dio otro paso hacia atrás al tratar de golpear de manera frontal a la izquierda, en esta ocasión, midiendo fuerzas con el conjunto de ella, la cual se debe sentir tocada –más allá de sus postulados ante el gobierno de Gustavo Petro– a plenitud.

Ahora la palabra siguiente está en la decisión que tome el pueblo de Bogotá: aceptar de manera pasiva el desconocimiento de su voto –por medio del cual eligió a su actual alcalde– o hacer respetar el mismo. Al momento de escribir esta nota la plaza de Bolívar de Bogotá parece indicar que la pasividad se rompe y la última palabra podría atizar la candela con que juega el Procurador.

Otros factores

La Procuraduría General de la Nación, no hay quien lo niegue en Colombia, es un baluarte de los sectores más retardatarios de Colombia. Sectores que olvidan que la separación entre Estado e Iglesia fue uno de los logros del liberalismo del siglo XIX y XX, así tal logro tardara décadas en llegar a Colombia. Pero también, olvidan estos sectores que el Estado no puede controlar la vida privada de ningún ciudadano.

Esos sectores, añorantes del alcanfor y el incienso, y defensores a ultranza de la desigualdad social, tratan de no perder terreno político ni gabelas económicas, y alistan todas sus baterías para las elecciones al Congreso y a la presidencia por escenificarse en el 2014. Y actúan, al mismo tiempo, para recuperar el bastión Bogotá, perdido para ellos desde hace una década; al tiempo que maniobran para evitar que el proceso de paz tome la forma de un acuerdo entre iguales, sellándose producto del sometimiento de una de las partes. Guerra es lo que desean y auspician.

Es decir, detrás de la decisión del señor Ordoñez se siente la mano política, del “señor de los ocho años”, y de todos sus aliados, los cuales retoman posiciones ante el propio gobierno Santos, que sin dejar de pescar en río revuelto, también termina afectado por esta decisión.

En efecto, todo parecía indicar que Santos compartía la destitución del alcalde capitalino pero para inicios del 2014, pues la misma le restaba bríos a la izquierda sin implicar un nuevo ejercicio electoral, simplemente obligaba a la selección de un sucesor –de terna del mismo partido– del alcalde destituido. Pero la destitución decembrina obliga a citar a nuevos comicios en el curso de los próximos 55 días (contados desde el momento que se surta el fallo definido), es decir, el pronunciamiento del Procurador ante la muy segura interposición de alegato de la parte afectada interfiere en las elecciones citadas para marzo del 2014 en toda Colombia, sin dejar de afectar las de mayo.
Pero al mismo tiempo tiende un inmenso nubarrón sobre las negociaciones de paz en curso en La Habana, y las por abrirse con el eln; sin duda, los insurgentes valorarán esta decisión como un pésimo antecedente para su proyecta participación política sin armas. ¿Qué seguridad brindan los poderes reales en Colombia para quienes demandan democracia, justicia social, igualdad, y otros factores reales que cimentan la democracia de hecho y no de palabra?
La lucha entre movimientos sociales, factores políticos progresistas de distinto orden, la derecha santista y la derecha a ultranza que encabeza el personaje de los “ocho años” se encona, ¿tendrá capacidad la izquierda para no permitir su derrota en el escritorio? ¿Se impondrá la calle al bolígrafo?

Texto de la decisión del procurador General destituyendo al alcalde Petro

La evidente crisis que sufrió la ciudad de Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre del año inmediatamente anterior por la absoluta incapacidad del Distrito en la prestación del servicio público de aseo, suscitó la recepción de más de un centenar de quejas contra el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en su condición de alcalde mayor de Bogotá; las cuales fueron interpuestas por ciudadanos y funcionarios públicos, entre ellos, concejales de la ciudad, congresistas y el señor defensor del Pueblo.

Lo anterior ameritó que la Procuraduría, en ejercicio de la competencia que le atribuyen la Constitución y la Ley vigente colombiana, adelantara actuación disciplinaria en contra del señor alcalde mayor de Bogotá, en donde se garantizaron plenamente sus derechos de defensa y contradicción. Dentro de la investigación, se practicaron pruebas y se escuchó con atención las explicaciones rendidas por el disciplinado en la versión libre, resultado que llevó a que este organismo de control le imputara tres faltas disciplinarias gravísimas relacionadas con la implementación del nuevo esquema de prestación del servicio de aseo decidido por el mandatario distrital.

Así las cosas, una vez se rindieron los descargos, se practicaron otras pruebas, se presentaron los alegatos de conclusión y se analizaron nuevamente las razones del disciplinado, la Procuraduría encontró probado en grado de certeza lo siguiente:

En cuanto al primer comportamiento, se determinó que el señor alcalde mayor de Bogotá de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad. 

Los resultados fueron la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012; la deliberada improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados con evidentes detrimentos al patrimonio público, y, lo más incomprensible, que el Distrito volvió a contratar a los operadores privados de quienes, según lo dicho por el señor alcalde en su momento, pretendía “descartelizar”. 

La determinación intencionada del señor GUSTAVO PETRO URREGO quedó evidenciada en las precisas instrucciones que le dio al entonces gerente del Acueducto de Bogotá, DIEGO BRAVO BORDA, en los meses de julio y agosto de 2012, así como en sus intervenciones en múltiples actos públicos y oficiales, donde asumió como suya la decisión de que un nuevo operador público prestaría el servicio de aseo en el cien por ciento de la ciudad, a pesar de que conocía que el Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá eran totalmente incapaces de prestar el servicio de aseo.

La Procuraduría demostró también en grado de certeza que el señor alcalde mayor, de manera libre, consciente y voluntaria, implementó con el Decreto 564 de 2012 un nuevo modelo de aseo para la ciudad de Bogotá por fuera de la ley. Específicamente, se demostró con suficiencia que con los artículos 6, 8 y 9 del mencionado Decreto, se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia, pues impusieron una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas, distintas a las del Distrito, no prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre de 2012.

La Procuraduría probó que la realización de las conductas referidas fueron cometidas por el señor alcalde de manera consciente y voluntaria, en la medida en que él sabía que sus decisiones eran irregulares, como lo habían advertido en forma oportuna varias entidades nacionales y distritales, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública; la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente.

Uno de los argumentos principales de defensa fue que el señor alcalde mayor de Bogotá actuó por cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional para incluir a la población recicladora. Sin embargo, en el proceso se estableció que lo dispuesto por la Corte no condicionó la adopción de un determinado modelo de aseo, ni mucho menos que dicho modelo estuviera por fuera de la ley, como en efecto ocurrió. Dicho de otro modo, no era indispensable que para cumplir con las órdenes de la Corte se asignara la prestación del servicio de aseo únicamente a entidades del Distrito, y menos aun cuando estas empresas eran absolutamente incapaces de asumirlo.

La Procuraduría igualmente demostró en grado de certeza que el señor alcalde mayor de Bogotá cometió una tercera falta disciplinaria gravísima cuando autorizó la prestación del servicio de aseo con vehículos volquetas, situación que fue antirreglamentaria y que se convirtió en una de las causas por las cuales durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras en la ciudad capital.

En ese orden de ideas, la Procuraduría demostró que la determinación del señor alcalde mayor provocó la crisis y caos en el mes de diciembre de 2012, la incorrecta prestación del servicio de aseo por la utilización de volquetas hasta el mes de julio de 2013 y el riesgo actual de que los vehículos compactadores nuevos que adquirió la ciudad estén a punto de perderse, todo ello atribuible a la manifiesta incapacidad del Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá.

Así mismo, se probó que las decisiones del señor alcalde mayor de Bogotá vulneraron el principio de libertad de empresa y que pusieron en riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá.

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de QUINCE años para ejercer funciones públicas.

[gato negro]

Declaración del Congreso de los Pueblos:

No es sólo una destitución, es un ataque a la democracia

El Congreso de los Pueblos rechaza categóricamente la destitución del cargo e inhabilidad por el término de 15 años, impuesta por el Procurador General de la Nación, contra Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. Este tipo de decisiones niega las garantías políticas para que la oposición participe en la institucionalidad estatal, ya sea en los espacios de gobierno, o en cualquier otra instancia.

La decisión de Ordóñez no es sólo una destitución, constituye una evidencia de la funcionalidad del estado a los intereses del capital, usufructuando lo público justificado en el supuesto derecho de libertad de empresa. A la vez es un acto arbitrario de provocación y violencia contra las mayorías, que en ejercicio del voto popular eligieron a Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá. También es una amenaza para la participación en el poder de las fuerzas políticas de izquierda y democráticas, que le apuestan a la opción de transformar el país a partir de la vinculación a cargos públicos de elección popular.

Exigimos al gobierno nacional coherencia con su discurso sobre la paz; que garantice, como es su deber, las condiciones democráticas para que los gobiernos locales puedan funcionar; garantías y respeto a los gobiernos de los pueblos indígenas; garantías y respeto para los defensores de derechos humanos, los reclamantes de tierra y los militantes de las organizaciones sociales y políticas perseguidos, asesinados, desplazados y encarcelados. Exigimos el desmonte de la política de represión y persecución contra la oposición política y que se sancione a los responsables de las violaciones a sus derechos.

Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse una sociedad en paz sin los cambios políticos, económicos y sociales que superen las raíces del conflicto y nos enrumben hacia un país con vida digna y justicia social, y sin revertir las acciones del Estado que vulneran los derechos de los pueblos, tales como la hegemonía del poder en contra de las voluntades y propuestas políticas populares, las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad, terror estatal, exclusión política, despojos de los recursos minero-energéticos, la destrucción de la naturaleza, la explotación laboral y la opresión económica que condena a millones de colombianos/as a la miseria. Esto niega la paz y la democracia.

Hacemos parte del movimiento popular y de las propuestas por la democratización de la ciudad, como la de Bogotá Humana; por eso nos alineamos en la defensa de lo público y estamos en contra de las privatizaciones y demás políticas neoliberales impuestas por el Estado.

El Congreso de los Pueblos convoca a la movilización social y popular para defender la ciudad, la paz y la democracia que Colombia necesita.

[gato negro]

Artículo de opinión de la compañera Fernanda Espinosa, del Congreso de los Pueblos, sobre las implicancias del caso para la búsqueda del fin al conflicto armado y la participación política de las fuerzas democráticas y de la izquierda:

GENOCIDIOS Y DESTITUCIONES, ¿DEMOCRACIA?

El 13 de marzo de 1988, los y las colombianas pudimos acudir por primera vez a las urnas para elegir por voto popular y directo a las autoridades más cercanas: los alcaldes municipales. En los años ochentas, la izquierda del país, es decir, movimientos como A Luchar, la Unión Patriótica (UP), el Frente Popular y el Partido Comunista Marxista Leninista habían mantenido como parte de sus banderas la descentralización y la necesidad del aumento del poder local y regional. Tenían, entonces, un interés por la descentralización administrativa y el fortalecimiento de las regiones del país, de la cultura popular, de la participación de las bases y de las periferias, así como la intención de fomentar el pluralismo y reforzar la sociedad civil. La elección popular de alcaldes fue un derecho del pueblo colombiano adquirido con la movilización popular.

La primera elección popular de alcaldes en Colombia fue el efecto tardío del movimiento descentralizador de la década de los setentas y ochentas en la mayoría de países de Europa occidental y América Latina, al tiempo que fue una respuesta a la nueva y conflictiva geografía económica y social que se estaba conformando en el país. Adicionalmente, fue un periodo de ascenso de la protesta social regional. La presencia de importantes movimientos sociales y la expansión de la protesta urbana y los paros cívicos, habían desbordado la capacidad de manejo y control del Estado. Esto también motivó el reajuste de las instituciones de poder local, a través del cual el Estado buscó fortalecerse en los territorios.

Estos mismos movimientos políticos (A Luchar, la UP y el Frente Popular), que entre otras tantas cosas lucharon por la elección popular de alcaldes, fueron víctimas de genocidio político, puesto que durante este periodo se generaron contra ellos una serie de acciones violentas desde las fuerzas militares y paramilitares; acciones que estuvieron compuestas de señalamientos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.

La década de los ochentas se caracterizó por una fuerte violencia política en Colombia, no sólo contra la UP sino contra la oposición política en general (A Luchar, el Frente Popular, el sindicalismo, etc.). Hoy se habla de 3.026 víctimas de la UP y 3.600 muertos del sindicalismo. Las víctimas de esta violencia política, en su mayor proporción, eran de la izquierda, especialmente de la UP, aunque A Luchar también sufrió el embate de la violencia política. Los hostigamientos que se hicieron al movimiento A luchar fueron constantes, pero aumentaron a partir de 1988. En este año se reportaron persecuciones de la fuerza pública en Barrancabermeja, Sincelejo y Bogotá contra militantes de este movimiento político.

Este genocidio se expresó de diversas maneras. En mayo de 1988 aproximadamente más de 80.000 campesinos marcharon en el Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander y Arauca con la conducción de A Luchar. Durante estas marchas fueron asesinados 50 campesinos y hubo más de 500 detenidos. La Operación Relámpago en el Valle del Cauca fue una operación conjunta entre todos los organismos de inteligencia, con el objetivo de liquidar la dirección sindical cercana a A Luchar, quienes fueron víctimas de allanamientos y detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.

Frente al tipo de hechos y crímenes de lesa humanidad contra A Luchar, hay que subrayar que el 80% de los casos son ejecuciones. En un segundo nivel están las amenazas de muerte denunciadas con un 14 % y en un tercer nivel están las desapariciones forzadas.

Estamos así ante la generalización del genocidio político en Colombia. Tanto en el caso de la UP como el de A Luchar hay tres rasgos centrales que configuran la especificidad de la persecución sistemática a la izquierda colombiana. En primer lugar, la intencionalidad de los autores de acabar con grupos políticos, o al menos de expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes y a las bases sociales que han resistido la ola de violencia. En segunda instancia, es notorio que se trata de un proceso de exterminio de fuerzas políticas legales en condiciones de un Estado considerado democrático y en el que se supone la existencia de una institucionalidad ajustada a las normas del derecho. La perpetración del genocidio en sí misma pone en duda tal condición democrática, y cuestiona seriamente esa institucionalidad toda vez que las modalidades de persecución utilizadas han conjugado tanto formas legales -a través de disposiciones de carácter jurídico y administrativo- como medidas ilegales -“guerra sucia”, operaciones encubiertas, campañas de estigmatización oficial, acción paramilitar, etc. En tercer lugar, cabe destacar que los graves hechos de persecución se han llevado a cabo durante un prolongado período, lo que demuestra que la intencionalidad persecutoria ha perdurado en el tiempo.

En la actualidad el Procurador atenta contra nuestro derecho a la elección popular de alcaldes con la destitución y sanción por 15 años del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien fue elegido popularmente. Al igual que su decisión de destituir e inhabilitar a Piedad Córdoba por 18 años, por su supuesta colaboración con grupos al margen de la ley. No son decisiones de control sino decisiones políticas que tienen el mismo efecto que el genocidio: cierran las posibilidades de participación política en un sistema de por sí bastante cerrado y decretan la “muerte política” a estas alternativas de poder.

Es innegable que al igual que el genocidio político que sigue ocurriendo en menor proporción en el país, las destituciones y sanciones dan un mal mensaje a la posibilidad de cierre del conflicto armado. La decisión de Ordoñez pretende desestabilizar las mesas de negociación como han hecho sus amigos de la ultraderecha al dar declaraciones que torpedean los diálogos de paz. Ante una situación en la cual se destituye o asesina a toda posibilidad de alternativa, se afecta la bandera del diálogo y, más aún, la posibilidad a largo plazo de construir la paz.

A la controvertida actuación de Ordoñez como procurador, debido a sus posiciones ultrarreligiosas, el uso político de un ente de control como debería ser la procuraduría, se le suman los crecientes rumores de clientelismo, ofreciendo puestos con apetitosos salarios, o su irrespeto a los derechos de las mujeres con sus posturas ante el aborto y a la comunidad LGBTI con sus actuaciones contra el matrimonio igualitario. Es decir, estamos ante un procurador que no respeta los derechos sociales.

Los votos que eligieron a Piedad y a Petro deberían ser respetados. No debería estar por encima la decisión de un personaje que no fue elegido democráticamente. La movilización popular y la unidad de la izquierda y las fuerzas alternativas son urgentes y necesarias para defender la democracia. Al país le quedan grandes preguntas por resolver ¿retrocedimos a 1988 cuando no podíamos elegir a los alcaldes?, ¿es real y posible la participación política alternativa?, ¿estamos ante una democracia?, ¿los votos de la ciudadanía cuentan?, ¿hay garantías para la participación política o seguiremos cargando muertos (políticos y físicos)?