El deslocalizador

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Super8
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El deslocalizador

Mensaje por Super8 » 02 May 2016, 12:31

Enlace: Abogados Garrigues, el despacho de las deslocalizaciones en Castilla y León
Es el bufete que asesora a Lauki y Dulciora en el desmantelamiento de sus plantas de Valladolid y uno de los preferidos por la Junta de Castilla y León

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Los casos de los cierres de Lauki y Dulciora ocupan en las últimas semanas las noticias de Valladolid. La evidencia de que son plantas rentables, cuyo mantenimiento sigue dando beneficios, muestra una estrategia común de la que ya hay antecedentes. Detrás de ambos casos se encuentra el mismo despacho de abogados: Garrigues.

Un despacho, frecuentemente utilizado por la Junta de Castilla y León al margen de sus servicios jurídicos, especializado en Derecho Mercantil vinculado con una larga familia de juristas, catedráticos de Derecho Mercantil y dedicados a la abogacía, que durante unos años (1997-2002) estuvieron asociados con la multinacional Arthur Andersen (Asesores Legales y Tributarios), antes de que esta fuera acusada de un delito de obstrucción a la Justicia, con motivo de la quiebra de la multinacional Enron el 2 de diciembre de 2001. Con la disolución de Arthur Andersen, el departamento de asesoramiento jurídico volvió a su vieja denominación como Garrigues (mientras los profesionales de auditoría y de asesoramiento fiscal se integraron en Deloitte).

Visto desde hoy, con los dos casos actuales de Valladolid de Lauki y Dulciora, es inevitable observar coincidencias. También fue el despacho Garrigues el que asesoró hace cuatro años a la multinacional norteamericana Jeld Wen (con una potente filial europea en Holanda, Suecia y Francia) cuando quiso liquidar la empresa soriana Puertas Norma como si no fuera parte de su grupo de empresas, a través de cambios en la contabilidad y la recalificación de la deuda de la empresa con la matriz. Entonces le resultó fallido a Jeld Wen, primero porque el juzgado de lo social entendió que la responsabilidad por las deudas salariales era del grupo y no sólo de la empresa aislada, lo que dejaba el caso casi prejuzgado para la declaración de un concurso culpable, con responsabilidades penales para los administradores de Jeld Wen en Puertas Norma. Y después, porque la representación sindical de CCOO llevó en enero de 2013 el caso al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, y la publicidad en Europa de una actuación que aparecía a todas luces como fraudulenta hizo a la multinacional dar marcha atrás. Hasta el punto de negociar y firmar un acuerdo en septiembre de 2013, donde se hacía responsable de las indemnizaciones laborales y hacía una donación de 500.000 euros, para la reflotación de la empresa Puertas Norma, en concepto de ejercicio de su responsabilidad social. Toda la estrategia de liquidación irregular diseñada por el despacho Garrigues se desmanteló. Con todo, cobraron de la administración concursal 430.000 euros en concepto de honorarios, reclamando con posterioridad otros 345.000, entendiendo que debía cumplirse el acuerdo (la ‘Hoja de encargo’) que habían suscrito con los gestores de Puertas Norma por un total de 775.000 euros (Ver “Garrigues demanda a la administración para cobrar 345.000 euros más”). Un hecho insólito del caso, que se cuenta con reservas, fue una llamada de la Embajada de Estados Unidos a un político regional solicitando la mediación de las autoridades de Castilla y León para frenar la intervención sindical.

Antonio Garrigues Walker, actual presidente de honor del despacho y presidente regular desde 1961 hasta octubre de 2014, es miembro de la Trilateral e incluso su introductor en España desde 1981 (Ver “Introductor de la Trilateral en España”). Fue fundador del capítulo de “Transparencia Internacional” en España y es miembro de su Consejo de Dirección; además es premio Cristóbal Gabarrón a una Trayectoria Humana 2010 (fundado en que “ha sabido colocar el Derecho al servicio de la acción humanitaria”) y fue Presidente del jurado que concedió el Premio Príncipe de Asturias 2011 al neoyorquino Bill Drayton, fundador y Director Ejecutivo de Ashoka, una organización que opera en la mercantilización de los movimientos sociales (Ver “Ashoka o cómo el gran capital pacta con los movimientos sociales”).

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La batalla contra los cierres de Lauki y Dulciora es también una batalla legal para hacer lo más económicos y sencillos los cierres a las dos multinacionales, una francesa y otra americana. Una vez más asesora el despacho Garrigues; y no de forma gratuita.

Ejemplos hay de sobra de lo que cuesta este despacho de abogados. Cuatro consejerías de la Junta de Castilla y León gastaron un total de 1.290.832,15 euros de dinero público en pagar distintos trabajos encargados al conocido bufete de abogados Garrigues Walker-J&A Garrigues S.L.P. entre 2010 y 2014.

Así lo puso de manifiesto la documentación oficial de la Junta publicada por últimoCero en diciembre de 2014 y que fue sido remitida a las Cortes para contestar por escrito a dos preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista.

La consejería de Economía y Empleo que entonces dirigía Tomás Villanueva fue, con diferencia, la que más dinero ha pagado a este bufete de abogados, ya que acaparó 598.458,03 euros, frente a los 263.341,66 euros gastados por la Consejería de Fomento, los 217.206,50 euros de la Consejería de Educación o los 211.825,96 euros librados por la Consejería de Cultura

Turismo.

Sólo los “contratos y pagos celebrados por ADE Parques” supusieron un desembolso de 520.053,09 euros. Entre ellos, destacaba uno de 58.166,83 euros, fechado el 28 de diciembre de 2011 por “asesoramiento legal en relación a la situación de ADE Parques”, otro de 44.550 euros por “dirección letrada de ADE Parques en procedimiento judicial” de mayo de 2014 u otros dos de 30.000 euros cada uno por “direcciones letradas en procedimientos ordinarios”.

En el caso de la Fundación Santa Bárbara, el bufete Garrigues se embolsó 21.658,50 euros por la elaboración de un único informe, en octubre de 2012, sobre la “posible extinción de la Fundación y su integración en el ECyL”.

También resultó llamativo el único contrato suscrito con el despacho de abogados por la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación en el Empleo por importe de 15.060,68 euros para “asistencia de asesoría fiscal y elaboración de impuestos” que se fueron pagando fraccionadamente desde septiembre de 2011 a agosto de 2014.

La documentación oficial de la Consejería de Economía y empleo también apuntaba otro contrato de 14.520 euros, firmado por el Ente Regional de la Energía, en concepto de “servicio de asistencia para la elaboración del contenido de un manual-guía sobre contratos de servicios energéticos”.

Fomento y Medio Ambiente

En el caso de la Consejería de Fomento que gestionaba entonces Antonio Silván, los contratos más jugosos estaban fechados en 2012 (30.920 euros por asesoramiento fiscal) y 2013 (32.328 euros por asesoramiento fiscal). El despacho Garrigues, además, se embolsó 6.280 euros en 2012 por “estudio y redacción de contratos Ciudad del Medio Ambiente” y otros 15.000 euros en 2011 por un “informe Operación CYLOG”, amén de otros 5.000 euros, ese mismo año, por otro informe sobre “financiación proyecto producción pellet”.
Educación

En la Consejería de Educación, cuyo titular era Juan José Mateos, en relación con la Fundación Universidades, el más importante por su cuantía fue un contrato de 21.510 euros por asesoramiento en el proceso de fusión de la Fundación para la Enseñanza de las Artes en Castilla y León y la Fundación Universidades de Castilla y León, que finalmente dieron lugar a la Fundación Universidades y enseñanzas Superiores de Castilla y León.

Cultura y Turismo

En el caso de la Sociedad de Promoción del Turismo en Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo que dirigía Alicia García, en 2012 se formalizó un contrato de 29.700 euros (sin IVA) en concepto de “asesoramiento y apoyo de la cesión global de activos y pasivos de SOTUR a favor de la Fundación Siglo”.

Precisamente la Fundación Siglo abonó 182.125,96 euros al bufete Garrigues “por la prestación de servicios para el asesoramiento fiscal, civil y mercantil, así como diversos trámites de carácter judicial”.

Fuentes socialistas consultadas por últimoCero, sin entrar al detalle de los contratos suscritos con este despacho de abogados, se preguntaban ya a finales de 2014: “¿Por qué todos estos trabajos no se han encargado a los servicios jurídicos de la Junta?”.

Documentos adjuntos: Pagos de las consejerías de la Junta al bufete Garrigues

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