CGT y la prevaricacion de jueces
Publicado: 03 May 2010, 13:32
El colectivo anarcosindicalista Justo Fierro, colaborador frecuente en la revista La Campana argumenta su posición sobre las querellas cruzadas “contra el juez Garzón” y “contra los jueces Varela y Saavedra” y en las que, según parece, pretende involucrarse la CGT. Publicado en La Campana nº 11, del 28 de abril 2010.
“LA CGT SE PERSONA EN LA QUERELLA CONTRA LOS JUECES VARELA Y SAAVEDRA”.
Bajo este o similar titular se está difundiendo en diversos medios de comunicación y en la red un texto en el que da cuenta de la decisión de la CGT de personarse en la querella [por prevaricación] contra los magistrados del Tribunal Supremo, Juan Saavedra y Luciano Varela, como principales impulsores de la causa contra este juez [Baltasar Garzón].
Lamentamos profundamente el comunicado de la central sindical en la que militamos, tanto por lo que revela respecto del funcionamiento real de nuestra organización –cada vez más alejado del que prevé nuestro criterio libertario y define nuestros estatutos- como en lo relativo a la ‘personación’ en la querella, pues es decisión incompatible con nuestra filosofía social y sindical y con la negativa consideración que nos merece el aparato judicial (o el legislativo o el gubernativo) estatal.
1º. Alguien, que no es el Comité Confederal de la CGT, decidió por sí mismo lo que la CGT hará y lo proclamó a los cuatro vientos como un hecho decidido. Estamos seguros que no fue el Comité Confederal, único con legitimidad orgánica para adoptar semejante decisión en ausencia de Congreso o Pleno de Confederaciones Territoriales, ya que nada se trató sobre este asunto en la última reunión habida de este organismo.
En nuestra organización, las reuniones del Comité Confederal de la CGT exigen el dictamen previo sobre el orden del día de los Comités Confederales Territoriales y estos, a su vez, la de los Comités Locales. Este sencillo y tradicional procedimiento preserva (aunque, como es obvio, no lo garantice absolutamente) el carácter libertario de nuestra organización y dificulta que en CGT se instalen cúpulas dispuestas a tomar decisiones por cuenta propia en cuestiones de envergadura para, inmediatamente, imponerlas a toda la organización como hechos consumados. Si alguien o algunos aceptan esta conducta en CGT han de saber (y pagar por ello) que sólo podrán llevarla a cabo violentando el funcionamiento normal y estatutario de la CGT. Tal es el caso de quienes aparecen como firmantes de la resolución y texto que comentamos.
2º. Todos los magistrados, ¡absolutamente todos, también los que apellidan Garzón o Varela!, dictan resoluciones injustas, sea a sabiendas o con radical ignorancia de su verdadera función social y política. Pero en este último caso, la ignorancia o ceguera no les exime de la responsabilidad que compete a los jueces como “poder del Estado” que son y que ellos tan gustosamente cumplen. En tanto que pilares esenciales de esa institución para la que, según los anarquistas y también proclaman las organizaciones anarcosindicalistas y libertarias, entre ellas la CGT, no cabe otro adjetivo que el de dañina (por decirlo de modo eufemístico), la actividad de estos actores resulta incompatible con cualquier idea de justicia.
Por otro lado, la consideración negativa que tenemos de la función social y política, histórica y actual, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o, en su conjunto, del aparato estatal de Justicia, sitúa en el mismo plano a los actores principales de semejante tinglado y en otro plano, antagónico, a la sociedad en general, su víctima. No cabe duda que cada juez tiene su personalidad, más o menos cercana a según quien, pues afortunadamente ninguna persona logra ser plena y absolutamente la caricatura de lo humano que exige su condición de alto funcionario, por más arriba que esté en la jerarquía de la infamia. Y ya, en este caso concreto, resulta harto difícil distinguir cual de los dos jueces está más alejado de la humanidad y más cerca del Estado en su fervor justiciero.
Por supuesto que además hubo y habrá jueces que, por la razón que sea (loable o vil), dicten a sabiendas resoluciones que otros magistrados celosos estimen “ilícitas” (prevaricadoras, en su jerga) según la Ley por la que velan y aplican. ¡Allá ellos, pues no hemos de ser nosotros quienes nos alienemos o alineemos en sus miserables querellas!, pues ¿Qué Ley o qué procedimientos procesales son los que esgrimen u otros? No son otra cosa que aquellos que amparan, sino construyen, la injusticia y desastre propios del régimen capitalista y autoritario-estatal que hoy padecemos y al que no nos resignamos.
¿Acaso un juez que dicta una sentencia, pongamos por caso, con “despido improcedente”, ignora que está cometiendo una cínica y legal impostura? Y así en todos los demás casos. Y ¿No es esta impostura, precisamente, lo decisivo para nosotros, para los trabajadores, para los militantes de la CGT que una y otra vez nos vemos obligados a enfrentarnos a la Ley de ellos a poco que defendamos nuestros derechos?
3º. En el texto se recoge “con el procesamiento del juez Garzón no se ataca a un juez sino a las víctimas que confiaron en la reparación de la memoria y la dignidad de sus familiares a través de la vía judicial”.
No dudo que esto pueda ser así para aquellas ‘víctimas’ que renunciaron en favor de la “vía judicial” la reivindicación de la lucha antifranquista y, por supuesto, la acción empeñada por tantos y tantos que yacen aún hoy enterrados en fosas comunes. Pero no lo puede ser para la CGT, cuya acción, decidida y consecuente, no consiste sólo en rememorar y honrar a nuestros compañeros, sacar a la luz la atrocidad de sus verdugos o en determinar la raíz del fascismo nacionalista. También continuamos la lucha empeñada contra los privilegios y el Estado (en particular contra tres de sus principales pilares: Sistema judicial penal, aparato legislativo y camarilla gobernante de turno). Sólo de este modo nos hacemos merecedores de la dignidad nunca perdida de nuestros compañeros habidos. Es a esta acción social reivindicativa, a la que se corta el paso, deliberadamente o no, si se la confía a un juez de la Audiencia Nacional.
Los militantes de la CGT no compartimos las teologías oficialistas que opinan que la verdad social auténticamente objetiva y vertebradora de la sociedad es la que se pronuncia a través del Derecho, por los órganos jurisdiccionales o por los parlamentos. Con absoluta sinceridad, tal ‘doctrina’ la consideramos una insufrible memez, denunciada una y otra vez por los hechos y la experiencia social.
No estamos en este artículo en disposición de analizar los conceptos de Memoria Histórica o Memoria colectiva y su función social y política. Pero sí declarar nuestro absoluto rechazo a aquellas doctrinas que propugnan la reelaboración jurídica de una Memoria colectiva canónica, promulgada por la autoridad e impuesta como oficial a todos los efectos, que vendría a sustituir, dictatorialmente, las variopintas remembranzas y apreciaciones del pasado, aún del inmediato. Por supuesto que la CGT –y toda la sociedad española- están en la obligación de sacar a la luz, recordar e investigar las atrocidades del franquismo, sin que ese deber esté mediatizado o suspendido por cualquier decisión jurídica o parlamentaria. A la CGT, al igual que a todos las demás organizaciones e individuos antifranquistas, le compete esa iniciativa, que es tanto un deber como una exigencia inexcusable.
Pues ¿De qué ‘víctimas’ se está hablando? No pueden ser los muertos en combate o los asesinados, paseados, torturados o castigados de mil modos atroces bajo la dictadura, pues ellos jamás pudieron confiar (y estamos seguros que una gran parte de ellos, dignamente lo desdeñarían) en que su dignidad tuviera que ser reparada por ningún juez, presente o futuro. Y ello por una razón simple. Sabían que la indignidad estaba en el bando de los verdugos y que por más que perdiesen la vida o la libertad, con ello más se acrecentaba que mermaba su dignidad. Recientemente celebramos el cien aniversario del fusilamiento de Ferrer Guardia y también el aniversario de la matanza de decenas de anarquistas en el pueblo de Casas Viejas durante la República. ¿También confiaremos a la Justicia, a algún juez mentecato, la tarea de recordar, defender, amar y llevar a cabo los ideales anarquistas de Ferrer o de Seisdedos?
4º. ¿Un juez de la Audiencia Nacional, merecedor de cualquier tipo de solidaridad? ¿Puede un miembro de este Tribunal representar o simbolizar la dignidad de nadie, de nadie en absoluto? Todos sabemos que la Audiencia Nacional es un Tribunal especial, heredero directo del Tribunal de Orden Público franquista. Solo la inopia de cierta izquierda –ya casi desaparecida, en parte por decisiones como las que comentamos- ignora que las jurisdicciones especiales son la esencia de los regimenes totalitarios y que de este modo antidemocrático, por usar un adjetivo suave, proceden contra los que caen en su banquillo y bajo su competencia.
5º. Pocas frases hay más infamantes para la CGT y para todos los que se rebelaron contra la dictadura y continúan empeñados en reivindicar el fin de toda explotación y opresión como la que se escribe en el texto: “La CGT se pregunta, si no lo juzga la Audiencia Nacional, ¿quién, en España, va a juzgar al franquismo?”.
Llegados a este punto y ante semejante declaración solo nos queda avergonzarnos. Y ni una palabra más relativa al texto. Por lo demás, ¡no renunciemos a la acción, no deleguemos en nuestros adversarios la responsabilidad que nos compete! Dispongámonos a celebrar sin desmayo nuestra buena memoria respecto del pasado y nuestra voluntad transformadora en lo que toca al presente.
Colectivo Justo Fierro
“LA CGT SE PERSONA EN LA QUERELLA CONTRA LOS JUECES VARELA Y SAAVEDRA”.
Bajo este o similar titular se está difundiendo en diversos medios de comunicación y en la red un texto en el que da cuenta de la decisión de la CGT de personarse en la querella [por prevaricación] contra los magistrados del Tribunal Supremo, Juan Saavedra y Luciano Varela, como principales impulsores de la causa contra este juez [Baltasar Garzón].
Lamentamos profundamente el comunicado de la central sindical en la que militamos, tanto por lo que revela respecto del funcionamiento real de nuestra organización –cada vez más alejado del que prevé nuestro criterio libertario y define nuestros estatutos- como en lo relativo a la ‘personación’ en la querella, pues es decisión incompatible con nuestra filosofía social y sindical y con la negativa consideración que nos merece el aparato judicial (o el legislativo o el gubernativo) estatal.
1º. Alguien, que no es el Comité Confederal de la CGT, decidió por sí mismo lo que la CGT hará y lo proclamó a los cuatro vientos como un hecho decidido. Estamos seguros que no fue el Comité Confederal, único con legitimidad orgánica para adoptar semejante decisión en ausencia de Congreso o Pleno de Confederaciones Territoriales, ya que nada se trató sobre este asunto en la última reunión habida de este organismo.
En nuestra organización, las reuniones del Comité Confederal de la CGT exigen el dictamen previo sobre el orden del día de los Comités Confederales Territoriales y estos, a su vez, la de los Comités Locales. Este sencillo y tradicional procedimiento preserva (aunque, como es obvio, no lo garantice absolutamente) el carácter libertario de nuestra organización y dificulta que en CGT se instalen cúpulas dispuestas a tomar decisiones por cuenta propia en cuestiones de envergadura para, inmediatamente, imponerlas a toda la organización como hechos consumados. Si alguien o algunos aceptan esta conducta en CGT han de saber (y pagar por ello) que sólo podrán llevarla a cabo violentando el funcionamiento normal y estatutario de la CGT. Tal es el caso de quienes aparecen como firmantes de la resolución y texto que comentamos.
2º. Todos los magistrados, ¡absolutamente todos, también los que apellidan Garzón o Varela!, dictan resoluciones injustas, sea a sabiendas o con radical ignorancia de su verdadera función social y política. Pero en este último caso, la ignorancia o ceguera no les exime de la responsabilidad que compete a los jueces como “poder del Estado” que son y que ellos tan gustosamente cumplen. En tanto que pilares esenciales de esa institución para la que, según los anarquistas y también proclaman las organizaciones anarcosindicalistas y libertarias, entre ellas la CGT, no cabe otro adjetivo que el de dañina (por decirlo de modo eufemístico), la actividad de estos actores resulta incompatible con cualquier idea de justicia.
Por otro lado, la consideración negativa que tenemos de la función social y política, histórica y actual, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o, en su conjunto, del aparato estatal de Justicia, sitúa en el mismo plano a los actores principales de semejante tinglado y en otro plano, antagónico, a la sociedad en general, su víctima. No cabe duda que cada juez tiene su personalidad, más o menos cercana a según quien, pues afortunadamente ninguna persona logra ser plena y absolutamente la caricatura de lo humano que exige su condición de alto funcionario, por más arriba que esté en la jerarquía de la infamia. Y ya, en este caso concreto, resulta harto difícil distinguir cual de los dos jueces está más alejado de la humanidad y más cerca del Estado en su fervor justiciero.
Por supuesto que además hubo y habrá jueces que, por la razón que sea (loable o vil), dicten a sabiendas resoluciones que otros magistrados celosos estimen “ilícitas” (prevaricadoras, en su jerga) según la Ley por la que velan y aplican. ¡Allá ellos, pues no hemos de ser nosotros quienes nos alienemos o alineemos en sus miserables querellas!, pues ¿Qué Ley o qué procedimientos procesales son los que esgrimen u otros? No son otra cosa que aquellos que amparan, sino construyen, la injusticia y desastre propios del régimen capitalista y autoritario-estatal que hoy padecemos y al que no nos resignamos.
¿Acaso un juez que dicta una sentencia, pongamos por caso, con “despido improcedente”, ignora que está cometiendo una cínica y legal impostura? Y así en todos los demás casos. Y ¿No es esta impostura, precisamente, lo decisivo para nosotros, para los trabajadores, para los militantes de la CGT que una y otra vez nos vemos obligados a enfrentarnos a la Ley de ellos a poco que defendamos nuestros derechos?
3º. En el texto se recoge “con el procesamiento del juez Garzón no se ataca a un juez sino a las víctimas que confiaron en la reparación de la memoria y la dignidad de sus familiares a través de la vía judicial”.
No dudo que esto pueda ser así para aquellas ‘víctimas’ que renunciaron en favor de la “vía judicial” la reivindicación de la lucha antifranquista y, por supuesto, la acción empeñada por tantos y tantos que yacen aún hoy enterrados en fosas comunes. Pero no lo puede ser para la CGT, cuya acción, decidida y consecuente, no consiste sólo en rememorar y honrar a nuestros compañeros, sacar a la luz la atrocidad de sus verdugos o en determinar la raíz del fascismo nacionalista. También continuamos la lucha empeñada contra los privilegios y el Estado (en particular contra tres de sus principales pilares: Sistema judicial penal, aparato legislativo y camarilla gobernante de turno). Sólo de este modo nos hacemos merecedores de la dignidad nunca perdida de nuestros compañeros habidos. Es a esta acción social reivindicativa, a la que se corta el paso, deliberadamente o no, si se la confía a un juez de la Audiencia Nacional.
Los militantes de la CGT no compartimos las teologías oficialistas que opinan que la verdad social auténticamente objetiva y vertebradora de la sociedad es la que se pronuncia a través del Derecho, por los órganos jurisdiccionales o por los parlamentos. Con absoluta sinceridad, tal ‘doctrina’ la consideramos una insufrible memez, denunciada una y otra vez por los hechos y la experiencia social.
No estamos en este artículo en disposición de analizar los conceptos de Memoria Histórica o Memoria colectiva y su función social y política. Pero sí declarar nuestro absoluto rechazo a aquellas doctrinas que propugnan la reelaboración jurídica de una Memoria colectiva canónica, promulgada por la autoridad e impuesta como oficial a todos los efectos, que vendría a sustituir, dictatorialmente, las variopintas remembranzas y apreciaciones del pasado, aún del inmediato. Por supuesto que la CGT –y toda la sociedad española- están en la obligación de sacar a la luz, recordar e investigar las atrocidades del franquismo, sin que ese deber esté mediatizado o suspendido por cualquier decisión jurídica o parlamentaria. A la CGT, al igual que a todos las demás organizaciones e individuos antifranquistas, le compete esa iniciativa, que es tanto un deber como una exigencia inexcusable.
Pues ¿De qué ‘víctimas’ se está hablando? No pueden ser los muertos en combate o los asesinados, paseados, torturados o castigados de mil modos atroces bajo la dictadura, pues ellos jamás pudieron confiar (y estamos seguros que una gran parte de ellos, dignamente lo desdeñarían) en que su dignidad tuviera que ser reparada por ningún juez, presente o futuro. Y ello por una razón simple. Sabían que la indignidad estaba en el bando de los verdugos y que por más que perdiesen la vida o la libertad, con ello más se acrecentaba que mermaba su dignidad. Recientemente celebramos el cien aniversario del fusilamiento de Ferrer Guardia y también el aniversario de la matanza de decenas de anarquistas en el pueblo de Casas Viejas durante la República. ¿También confiaremos a la Justicia, a algún juez mentecato, la tarea de recordar, defender, amar y llevar a cabo los ideales anarquistas de Ferrer o de Seisdedos?
4º. ¿Un juez de la Audiencia Nacional, merecedor de cualquier tipo de solidaridad? ¿Puede un miembro de este Tribunal representar o simbolizar la dignidad de nadie, de nadie en absoluto? Todos sabemos que la Audiencia Nacional es un Tribunal especial, heredero directo del Tribunal de Orden Público franquista. Solo la inopia de cierta izquierda –ya casi desaparecida, en parte por decisiones como las que comentamos- ignora que las jurisdicciones especiales son la esencia de los regimenes totalitarios y que de este modo antidemocrático, por usar un adjetivo suave, proceden contra los que caen en su banquillo y bajo su competencia.
5º. Pocas frases hay más infamantes para la CGT y para todos los que se rebelaron contra la dictadura y continúan empeñados en reivindicar el fin de toda explotación y opresión como la que se escribe en el texto: “La CGT se pregunta, si no lo juzga la Audiencia Nacional, ¿quién, en España, va a juzgar al franquismo?”.
Llegados a este punto y ante semejante declaración solo nos queda avergonzarnos. Y ni una palabra más relativa al texto. Por lo demás, ¡no renunciemos a la acción, no deleguemos en nuestros adversarios la responsabilidad que nos compete! Dispongámonos a celebrar sin desmayo nuestra buena memoria respecto del pasado y nuestra voluntad transformadora en lo que toca al presente.
Colectivo Justo Fierro
y como este no es el hilo para eso.... me callo que la líamos. 
