En Andalucía, por la zona de Jerez de la Frontera durante 1882 y 1883 ocurrieron cuatro asesinatos en circunstancias confusas que nunca fueron aclarados; la solución la halló un policía que se sentó sobre una piedra en el campo y al levantarla vio que debajo estaban los estatutos de una organización terrorista llamada «La Mano Negra».
El diario «el salto» tiene un artículo al respecto:
Las mil personas que el 2 de noviembre de 1882 se reunían desde primeras horas de la mañana frente a la Casa Consistorial de Jerez de la Frontera tenían igual de hambriento el estómago que indignado el pensamiento.
Desde 1879, las cosechas de cereales y leguminosas son catastróficas y el latifundismo andaluz no necesita trabajo. Un ejército de parados rurales nace en la región, y en este invierno de 1882 la situación es tan calamitosa que hasta Leopoldo Alas ‘Clarín’ es enviado como corresponsal para describir esta situación repleta de cientos de familias pidiendo limosna o trabajo por las calles y de cuadrillas de asaltantes de fincas, para los que su hambre está antes que la ley y la propiedad, en busca de harina, huevos o gallinas.
Con la libertad, la asociación
Estos hechos se dan en el marco del Gobierno del Partido Liberal de Sagasta, el cual había restablecido la libertad de asociación en 1881, lo cual fue aprovechado por los sindicalistas de tendencia libertaria, mayoritarios en España, para crear la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). Ésta era la continuación de la Federación Regional Española (FRE), organización que formaba parte de la Internacional antiautoritaria y que había sufrido una tremenda represión desde el golpe militar de 1874, languideciendo en la clandestinidad y sumida en una pugna entre los sectores societarios e insurreccionales.
En su congreso sevillano de 1882, la FTRE contaba ya con 663 secciones y 57.934 federados, de los cuales dos tercios formaban parte de las dos organizaciones comarcales andaluzas (Este y Oeste). En la campiña jerezana, los obreros internacionalistas sumaban 22 canteros, 150 jornaleros, 120 toneleros y 700 viñadores. Cundía el optimismo respecto a la próxima cosecha, como describe una crónica local del momento: “Todos los braceros hablaban con la mayor naturalidad de la Junta, como ellos llamaban a la sociedad a la que pertenecían y confiaban mucho en su triunfo”. El espíritu de asociación se reflejaba incluso en muestras del folklore local: “Le pregunté a mi morena/ Que por qué me despreciaba/ Y me contestó serena/ Que en la asociación entrara”.
Estalla el polvorín rural
Aunque se confiaba en las posibilidades sindicales, la calamidad acuciaba en el invierno de 1882. La concentración jerezana del 2 de noviembre era un jalón más de un ambiente crispado, donde las manifestaciones pacíficas habían dado paso a irrupciones de los obreros en los ayuntamientos de localidades como Arcos o Trebujena en demanda de trabajo y alimentación y a la generalización del robo de pan en Sanlúcar de Barrameda y Jerez.
De esta forma se llegó al 2 de noviembre, cuando la multitud rechazó que sólo se diera trabajo a la mitad de los presentes, exigiendo empleo para todos. No hubo acuerdo, así que muchos optaron por la vía rápida, que significaba asaltar los establecimientos alimentarios de la ciudad gaditana.
El problema social fue abordado desde la tradicional óptica española: ni pan ni trabajo, sino Guardia Civil. Desde poco después de los hechos, se creó el marco del miedo. Las noticias sobre la llamada “Banda Negra”, un grupo obrero del Este de Francia dedicado a atentar contra símbolos burgueses y católicos, se replicaron sin cesar en la prensa del régimen.
De esta forma, las autoridades rápidamente hicieron el “sensacional” descubrimiento de una organización secreta anarquista llamada La Mano Negra. A ella se le atribuyeron cuatro muertes ocurridas en la zona durante 1882 y 1883, ocurridas en circunstancias confusas y cuyas motivaciones políticas no quedaron probadas. La mayoría de historiadores coinciden en señalar que se trató de una fabricación policial y que, en el caso de los documentos utilizados como prueba, podrían haber pertenecido en el mejor de los casos a agrupaciones cuya actividad se remontaba al ya finalizado período de ilegalidad.
Interesadamente, se identificó a La Mano Negra con la FTRE, a pesar de que su Comité Federal se desmarcó claramente de los hechos:
“Se pretende confundir las justas, legales y revolucionarias aspiraciones de la Federación de Trabajadores de la Región Española con los delitos que, dicen, han cometido la Mano Negra y otras asociaciones secretas. Faltaríamos a nuestro deber si no protestáramos en contra de las miserables calumnias de los asalariados de levita que, con sus falsas delaciones, pretenden que los tribunales o el gobierno consideren solidarios a 70.000 trabajadores de los delitos que puedan haber cometido criminales comunes, delitos que somos los primeros en censurar, porque es muy probable que sus víctimas sean dignos y honrados proletarios. […] Nuestra Federación de Trabajadores nunca ha sido partidaria del robo ni del incendio, ni del secuestro, ni del asesinato; sepan también que no hemos sostenido ni sostendremos relaciones con lo que llaman Mano Negra ni con la Mano Blanca, ni con ninguna asociación secreta que tenga por objeto la perpetración de delitos comunes”.
Los procesos judiciales se desarrollaron en 1883. De los cientos de jornaleros inicialmente detenidos, varios fueron condenados a altas penas de cárcel y 12 lo fueron a muerte. El recurso al Tribunal Supremo resultó aún peor, ya que sumó tres más a la pena capital. El Gobierno conmutó la pena a varios, y finalmente siete personas fueron ejecutadas por el método del garrote vil en una plaza de Jerez el 14 de junio de 1884. Tres días después, sus jueces recibían la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. Los presos sólo saldrían de la cárcel 20 años después, para ser desterrados, tras una campaña internacional.
El poder gana a corto plazo
Para la historiadora Clara Lida, las intenciones del complot eran “en primer lugar, frenar drásticamente la creciente fuerza de la Internacional en España. El segundo objetivo era más local: se trataba de imposibilitar la organización de los trabajadores del campo e impedir que una huelga agraria obstaculizara recoger la cosecha”. Los dos se consiguieron. Los choques internos en la FTRE (ésta no se solidarizó con los condenados) rompieron la organización, y el sindicalismo revolucionario español volvió a vivir bajo un clima de represión que hizo que en su lugar imperara la táctica de los atentados preparados por individuos o pequeños grupos. Como movimiento de masas a escala nacional, no volvería a aparecer hasta tres décadas después, más de 20 años después de la fundación de la UGT.
Sin embargo, el problema agrario en Jerez y Andalucía seguiría sin resolver, igual que sus consecuencias en forma de lucha de clases. Sólo diez años más tarde del motín que dio pie a los procesos judiciales, en la noche del 8 al 9 de enero de 1892, una multitud de trabajadores del campo, armados, tomarían la ciudad durante unas horas, al grito de “Muerte a los burgueses, viva la anarquía”.