La juez culpa a la patera del naufragio y exonera a la Guardia Civil
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Pese a haber visto el vídeo del choque entre la embarcación y la patrullera de la Benemérita, cree que la responsabilidad exclusiva es de la barquilla con inmigrantes

EFE Las Palmas de Gran Canaria 13/03/2013 18:35 Actualizado: 13/03/2013 20:05

La juez que investiga el incidente de una patera que naufragó el pasado 13 de diciembre en Lanzarote tras chocar con una patrullera de la Guardia Civil estima que las pruebas disponibles, incluido el vídeo donde está grabado lo ocurrido, indican que "la culpa exclusiva" del accidente fue del patrón de la barquilla.

En un auto dictado el pasado 22 de febrero, cuando ya se había incorporado a la causa el vídeo del accidente grabado por una cámara del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) --gestionado por la propia Benemérita-- desde el litoral de Costa Teguise, a unos 1.200 metros de distancia, la magistrada determina que el cabo primero que pilotaba la patrullera Cabaleiro "no tuvo ninguna responsabilidad en la colisión".

"El accidente se debió a la culpa exclusiva del patrón de la patera, quien realizó dos maniobras de giro a la derecha, además de soltar el timón, lo que provocó que la patera interceptara la trayectoria de la patrullera de la Guardia Civil, que nada pudo hacer para evitar la colisión", argumenta la juez Ángela López-Yuste.

La juez de Instrucción número 3 de Arrecife precisa que se basa para hacer esta afirmación en el informe emitido por el perito que designó el Juzgado, en la declaración como testigo del guardia civil que manejaba la cámara térmica a bordo de la patrullera en el momento de los hechos y en el visionado de las imágenes captadas por el SIVE y por las cámaras de seguridad del Hotel Oasis.

El Juzgado expone estas consideraciones en el auto por el que rechaza citar como imputados a los tripulantes de la patrullera de la Guardia Civil involucrada en este suceso, que tuvo como consecuencia la muerte de uno de los 25 inmigrantes marroquíes que iban en la patera y la desaparición de otros seis.

El auto recoge que el perito judicial determinó que "el accidente se debió a la culpa única y exclusiva del patrón de la patera".

En este sentido, abunda en que el agente que manejaba la cámara térmica de la "Cabaleiro" vio cómo el patrón de la barquilla soltaba el timón, con lo que esta hizo un giro a la derecha, que intentó corregir con una maniobra que interceptó el rumbo de la patrullera.

La juez considera así que no hay indicios para atribuir el accidente a una "imprudencia" del cabo patrón de la embarcación de la Guardia Civil y menos aún al resto de su tripulación.El auto rechaza además la práctica del resto de diligencias solicitadas por los abogados que ejercen la acusación particular en representación de los náufragos supervivientes de la patera, por considerar que son "innecesarias y no arrojan luz sobre los hechos".

La instructora advierte, además, que existe "cierto ánimo por parte de la acusación particular no solo de dilatar y entorpecer la presente instrucción, sino incluso de preconstituir prueba ante una posible demanda contra el Estado por responsabilidad patrimonial".

La juez desestima, asimismo, que se sume a los autos el protocolo suscrito entre Salvamento Marítimo y la Guardia Civil en 2005 sobre las operaciones de rescate de pateras, porque "simplemente" establece unas pautas de actuación que "carecen de eficacia jurídica vinculante y no son de obligado cumplimiento".

Tampoco entiende oportuno comunicar lo ocurrido a la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, ya que carece de competencias sobre este suceso, al tratarse de un buque del Estado. Además, considera innecesario tomar más declaraciones a los supervivientes de la patera y, para ello, se remite a otro auto dictado por ella un día antes, el 21 de febrero.

En esa resolución, la magistrada recuerda que escuchó a los inmigrantes que sufrieron lesiones en el naufragio, asistidos por un intérprete y un abogado, sobre "cuanto quisieron (exponer) respecto al viaje, al accidente y al patrón" y se reafirma en que, para aclarar qué ocurrió, lo "esencial" figura en el dictamen pericial, el informe del SIVE y los vídeos del Hotel Oasis.

También constan las declaraciones de "los cuatro guardias que intervinieron el día de los hechos", de dos náufragos que sufrieron lesiones y de los tres imputados (los inmigrantes de los que se tenían sospechas de que gobernaban la patera), así como de otros cuatro testigos que explicaron "cómo ocurrió el accidente".La juez recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, una vez oído el testimonio de al menos tres testigos sobre un hecho discutido, el instructor puede prescindir de tomar más declaraciones si se considera que con las ya disponibles ha quedado "suficientemente ilustrado".

Asimismo, precisa que el resto de inmigrantes han prestado declaración ante notario y que, si fuera necesario recurrir en el futuro a su testimonio, se puede hacer "mediante los oportunos mecanismos de cooperación internacional".Para la magistrada, resulta "curioso" que la petición de que se tome declaración a todos los inmigrantes se produjera "cuando estaban a punto de ejecutarse las órdenes de devolución" a Marruecos.

Las dos resoluciones son susceptibles de recurso, la del 21 de febrero ante la Audiencia de Las Palmas, y la del 22 de febrero ante la propia instructora en trámite de reforma.

La muerte de ocho personas en las costas canarias tras ser hundida la patera en que viajaban por una patrullera de la Guardia Civil exige la suspensión cautelar de los agentes implicados, una investigación exhaustiva de lo sucedido y la localización de los sobrevivientes que fueron expulsados.

LA CAMPAÑA POR EL CIERRE DE LOS CIE DE VALENCIA EXIGE UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA SOBRE LA MUERTE DE LOS INMIGRANTES ARROLLADOS POR UNA PATRULLERA

Los testigos, igual que en las denuncias de malos tratos en Zapadores, fueron expulsados

La muerte de ocho personas en las costas canarias tras ser hundida la patera en que viajaban por una patrullera de la Guardia Civil exige la suspensión cautelar de los agentes implicados, una investigación exhaustiva de lo sucedido y la localización de los sobrevivientes que fueron expulsados. La Campaña, que aglutina a una treintena de organizacione sociales valencianas, exige que se paralicen las expulsiones de las personas migrantes que denuncian malos tratos para que la justicia pueda actuar.

La noche del 13 de diciembre de 2012, en las inmediaciones de la costa de Teguise (Lanzarote), la patrullera “Cabaleiro”, de la Guardia Civil, colisionaba contra una patera repleta de inmigrantes subsaharianos. El choque fue violentísimo, causando directamente la muerte de uno de los tripulantes de la patera. Otros siete han sido dados por desaparecidos, a día de hoy, y cuatro más presentaban heridas diversas. Toda la escena fue grabada por una cámara del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) instalada en el hotel “Oasis”, situado en las inmediaciones del trágico siniestro.
La versión dada por los patrulleros afirmaba que la culpa fue exclusivamente del conductor de la patera, al realizar una maniobra temeraria, girando bruscamente el timón. Sin embargo, las imágenes grabadas desmentirían dicha versión, demostrando que la patera se había parado previamente al choque y que este pudo ser fácilmente evitado por la patrullera. A pesar de esto, la jueza titular del caso ha desestimado visionar de las grabaciones y no impidió que los 17 sobrevivientes -excepto tres menores- fueran expulsados. Afirma que no es necesario practicar nuevas pruebas ya que el testimonio ofrecido por la Guardia Civil (una de las partes implicadas) le parece bastante esclarecedor.
No se trata de una praxis ni mucho menos nueva: conceder validez absoluta a la versión oficial, dejando en la indefensión absoluta a los ya de por sí indefensos. Parece, por generalización y reiteración, una actitud “automatizada” en los órganos judiciales. La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros ha sido testiga de hechos semejantes. Las personas recluidas en el CIE de Zapadores que denuncian malos tratos por parte de la policía son sistemáticamente expulsadas poco después de formular la denuncia; en muchos casos, la expulsión también se aplica a los testigos de los hechos. La ausencia de las presuntas víctimas provoca que ni siquiera se abra una investigación judicial o las diligencias que se pudieran haber iniciado sean archivadas. De este modo, los responsables policiales afirman que ningún agente ha sido condenado por malos tratos cuando, en realidad, no ha habido posibilidad de dirimir cuál fue la actuación de los funcionarios denunciados.

Recientemente, una jueza de Valencia ha citado a declarar a cinco jóvenes, que denunciaron malostratos en Zapadores, un año después de ser expulsados. Lo mismo ha ocurrido incluso en casos de denuncia de violencia sexual.

Por todo ello, la Campaña exige:

-Una investigación exhaustiva sobre los sucesos que provocaron la muerte de ocho personas frente a las costas de Lanzarote, para lo cual es necesario localizar a las víctimas para que ratifiquen sus testimonios.

-Separación cautelar del servicio de los guardias civiles que estuvieron implicados en el suceso dada la evidente contradicción entre sus testimonios y lo que muestran las grabaciones.

-El ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas migrantes que denuncian malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, impidiendo su expulsión para que se pueda establecer judicialmente la verdad de lo sucedido.

La indiferencia no pesa, pero su sombra existe, de un modo u otro. Se clava en la conciencia colectiva, en la conciencia de todos y de cada uno. Como el mar en los ahogados.