nueva Ley de Seguridad Ciudadana

[Contumacia]

viene a reemplazar a la de la patada en la puerta (Corcuera'92):

El ministro de Interior Jorge Fernández Díaz anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados que ya estaba listo el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que en los próximos días pasará a la Cámara para que sea discutida por los parlamentarios. Viene a sustituir a la anterior legislación, que data de 1992, la denominada Ley Corcuera, en referencia al ministro socialista que la impulsó. Con esta nueva legislación, el Partido Popular pone el punto de mira en la protesta ciudadana contra las políticas de austeridad. Los escraches, manifestarse sin autorización frente al Congreso de los Diputados o la quema de contenedores dejarán de ser considerados como faltas para ser tipificados como infracción, que podrán ser leves, graves o muy graves y que irán acompañadas de un endurecimiento de las sanciones que establece la reforma del Código Penal.

Esto supone una nueva vuelta de tuerca y un blindaje a la acción del Gobierno y la Policía contra los movimientos sociales, una acción que el propio Consejo de Europa ya condenaba recientemente. El pasado mes de octubre el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, llamó la atención al Gobierno de Rajoy después de constatar que las autoridades recurren a un "uso excesivo de la fuerza" contra las manifestaciones ciudadanas, importantes violaciones de los derechos humanos como la tortura o el racismo institucional siguen siendo practicadas por funcionarios públicos y el Gobierno favorece la impunidad policial indultando a agentes condenados en casos de malos tratos y torturas.

Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida en el Congreso, asegura que el objetivo del PP con esta nueva legislación es "dar naturaleza legal" a las actuaciones de las autoridades que han sido denunciadas por los organismos internacionales. En declaraciones a Público, asegura que, ante todo, "lo que tiene que quedar claro es que por encima de la voluntad de cualquier ministro de dificultar y perseguir la protesta ciudadana está la garantía de los derechos constitucionales", porque "manifestarse es un derecho y no está justificada la represión desmedida sólo porque no esté comunicada a Delegación de Gobierno". De esta forma, Sixto recuerda que los propios tribunales españoles dijeron que los escraches son una manifestación como otra cualquiera y, por lo tanto, no cabe castigarlos como un delito. "El ministro quiere poner una mordaza en la boca de cada español que protesta".

Los activistas de los movimientos sociales vienen denunciado esta situación desde hace tiempo. Hasta el momento, desde que comenzaron las movilizaciones en mayo de 2011 se han puesto 1.136 multas administrativas a manifestantes que habían sido identificados por participar en protestas, 230 sólo entre enero y abril de 2012, según los abogados del movimiento. Además, desde la Asamblea de Vivienda, estiman que sólo en Madrid hay un total de 40.000 euros en multas por escraches. El centro de las críticas ha sido la delegada de Gobierno Cristina Cifuentes. Hasta en cuatro ocasiones, los juzgados han desautorizado las multas que imponía la institución que ella dirige al considerar que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia del manifestante.

La comisión de abogados del 15-M ha denunciado en diversas ocasiones que "la práctica de sanciones indiscriminadas contra la ciudadanía que se moviliza obedece a una política de represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta social". Más multas y menos detenidos ante el juez. Y es que en la inmensa mayoría de los casos los jueces no dan por válidas las acusaciones presentadas por la Policía y los arrestados suelen quedar en libertad sin cargos. De hecho, hasta el pasado verano, ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones por los agentes de Policía había sido condenado.

"En los últimos tiempos ha habido un cambio en la forma de represión", explica Ignacio Martín, abogado con experiencia en este tipo de casos, "ahora está más basada en el proceso administrativo, porque han visto que el proceso penal es más garantista y los detenidos siempre quedan absueltos". En este sentido, asegura que "en este momento de paro y precariedad poner muchas multas es más lesivo que una condena de cárcel que nunca se cumple". En cuanto a los efectos que tienen en los activistas detenidos, Martín asegura que las multas generan "miedo a la deuda, una sensación de control del Estado y de indefensión". "El proceso penal asusta más pero el administrativo genera un control más sutil, más basado en el miedo, un control menos espectacular pero más constante" asegura el letrado.

En enero, Amnistía Internacional entregó en el Ministerio de Interior entregar más de 60.000 firmas para pedir al Gobierno que investigue los abusos cometidos en las cargas policiales que se produjeron al final de la manifestación del 25 de septiembre de 2012 en los alrededores del Congreso de los Diputados. En el comunicado, AI también denunciaba que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó pretendía prohibir la difusión de imágenes de agentes de Policía en ejercicio de sus funciones en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana. Dado que el texto aún no se ha hecho público, se desconoce si Fernández Díaz ha incluido finalmente este punto, puesto que el miércoles no hizo referencia al respecto.

Sin embargo, para el ministro "el objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil Policía y fuerzas de seguridad". En cuanto a la criminalización de las protestas pacíficas, se justificó aduciendo que "no estaba contemplado, por ejemplo, las manifestaciones no autorizadas o los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede ser el Congreso, el Senado el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el CGPJ y determinados actos que puedan realizarse al margen de la ley y que puedan ser una amenaza y que no están tipificados como delitos".

Tal es el empeño del Gobierno que, mientras todas las partidas presupuestarias han ido descendiendo, la destinada a Interior no ha parado de subir. El presupuesto para el Ministerio de Fernández Díaz asciende a 8.028 millones de euros, cifra que supone un incremento del 1,3% respecto a los del presente ejercicio, en un momento en el que el conjunto de las partidas generales del Estado ha experimentado un descenso del 4,7%. Para él, esto es una forma de salvaguarda de la seguridad "en todas sus dimensiones".

(Visto en Público.es)

[Contumacia]

[_nobody_]

Me autocito de otro hilo:

El nuevo código penal provocará (si se aprueba) un incremento en la escalada de la lucha social. Ya que si por decirle "feo" a un agente, te caen 30.000 euros (quitando que no diga ante un juez que se lo llamaste de verdad - y como tienen autoridad, cuela) y te arruina la vida, quizás si ves que al vecino lo han jodido con una multa impagable, en vez de insultar se te ocurra otra cosa. Es ley de vida. La escalada de enfrentamientos crecerá con la represión. No sé porqué en el PP no son capaces de ver. Es a propósito?

El estado español se ha venido preparando policialmente en los últimos años. Pero también hay militares que están diciendo en los cuarteles que quieren salir a "poner orden". En los últimos meses ha habido maniobras con soldados en las calles de algunos pueblos y ciudades. Nos quieren someter por el miedo y las multas. Pero creo que después de un año encerrando a gente por chorradas, lo que van a hacer es crear realmente este enemigo que buscan.

[CapitalCriminal]

Traducción: No te puedes manifestar ni grabar abusos policiales, si lo haces, te quitan más del sueldo de todo un año (como mínimo).
Parece que nuestros amigos del PP vuelven de donde salieron, al franquismo más rancio.

[Xell]

LEY ANTI 15-M
Rajoy afirma que su 'ley mordaza' hará más libres a los españoles
http://www.publico.es/483544/rajoy-nieg ... na-mordaza

El excoordinador general de IU, Julio Anguita, ha advertido hoy, en una entrevista en Radio Euskadi, de que el proyecto de ley anunciada por el Gobierno "para mantener el orden publico es la antesala del fascismo y del horror". Anguita ha expresado su impresión de que España está atravesando "un golpe de Estado incruento y a cámara lenta" porque la Constitución, y otros textos que "vertebran la convivencia, están siendo diariamente violados por los distintos poderes".

El anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que ha avanzado el Gobierno y que establece, por ejemplo, que "unos ciudadanos no puedan grabar o fotografiar con sus cámaras lo que hace la policía, nos sitúa en un régimen totalmente policiaco", ha reflexionado Anguita.

Además, ha opinado que cuando hay un "estado de excepción económica, social, político, ético y moral" como el actual, "las elecciones no resuelven nada".

El PP instaura con su 'ley mordaza' el "derecho administrativo del enemigo"
Juristas, policías y movimientos sociales se han posicionado contra el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana
http://www.publico.es/483307/el-pp-inst ... el-enemigo

[Contumacia]

en relación con esto, también la nueva Ley de Seguridad Privada:

Otra vuelta de tuerca: los vigilantes privados podrán identificar y detener en plena calle

La nueva Ley de Seguridad Privada que tramita el Congreso de los Diputados permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles comerciales de las ciudades, una labor que hasta ahora sólo podían ejercer los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además de realizar labores de control en los espacios públicos, también podrán efectuar comprobaciones de identidad, registros y detenciones. Así consta en el informe de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Seguridad Privada que acaba de aprobarse en la Cámara Baja. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, la norma entrará en vigor en un plazo aproximado de dos meses.

La ley actual sólo permite a los vigilantes de seguridad privada actuar en el interior de instalaciones, como empresas, organismos o centros comerciales. Las vías públicas las tienen expresamente vetadas por la legislación actual, con las excepciones de los polígonos industriales y las urbanizaciones privadas. Sin embargo, la nueva ley amplía el ámbito de actuación de estos profesionales, permitiéndoles intervenir en “zonas comerciales peatonales” y en “acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”.

En la práctica, el último punto ya se venía autorizando, por ejemplo, en la comprobación de accesos a conciertos al aire libre o en la vigilancia de los campos de fútbol. De hecho, en los encuentros que se disputan en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, ya participan en su vigilancia más guardias de seguridad privada que policías nacionales. Pero la habilitación para controlar “zonas comerciales peatonales”, como la calle Preciados de Madrid o Las Ramblas de Barcelona, concede por primera vez a las empresas de vigilancia privada competencias hasta ahora reservadas en exclusiva a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los vigilantes de seguridad ya no tendrán que limitarse a controlar el interior de edificaciones o propiedades. Podrán patrullar por las principales calles de las ciudades o en otros “espacios públicos” si así lo determinan las autoridades correspondientes.

Ampliación de facultades

El proyecto de ley también amplía considerablemente las facultades que les concede la Ley de Seguridad Privada vigente, del año 1992. El nuevo texto autoriza a los guardias de seguridad privada a realizar “comprobaciones, registros y prevenciones necesarios” para la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados. En el caso de los controles de los accesos a inmuebles, también concede a los guardias de seguridad la facultad de denegar el acceso a las personas que se nieguen a ser sometidos a un control de identidad o que no admitan un registro de su vehículo o de las mercancías que en ese momento porte.

Hay más cambios. La legislación actual atribuye a los empleados de empresas de seguridad privada el derecho a “evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección”. El nuevo texto va más allá y les permite efectuar, con el fin de evitar los delitos, “las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación”. Es decir, que podrán identificar y registrar a cualquier persona que consideren sospechosa.

Averiguación de datos personales

Asimismo, mientras que la normativa actual obliga a los agentes de seguridad privada a “poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección” y les prohíbe interrogarlos, el nuevo proyecto de ley los faculta para “detener” a delincuentes vinculados con el objeto de su cometido y también los habilita para “averiguar, comprobar o anotar sus datos personales para su comunicación a las autoridades”.

La ponencia de la Comisión de Interior ya ha dado luz verde a todas estas modificaciones. Los partidos de la izquierda del arco parlamentario las han criticado duramente porque creen que el texto abre la puerta a que las empresas de vigilancia privadas comiencen a suplantar progresivamente las labores de seguridad ciudadana que la legislación encomienda únicamente a Policía Nacional y Guardia Civil.

Dos meses de plazo para su entrada en vigor

La patronal del sector, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), cree que estos cambios redundarán en beneficio de todos los ciudadanos. “La habilitación para zonas comerciales y espectáculos deportivos y culturales ya figuraba en el anteproyecto y el proyecto de la ley y esperamos que se mantenga en su redacción definitiva. En los países más avanzados se trata de una facultad de los vigilantes de seguridad privada ya asentada que ha demostrado mejorar la seguridad de las ciudades”, defienden fuentes de Aproser. Fuentes del Ministerio del Interior añaden que la ratio de agentes de seguridad privada por ciudadano de España (200 por cada 100.000 habitantes) está muy lejos de la media europea (271 para la misma cantidad de habitantes).

La Comisión de Interior estudiará el informe de la ponencia el próximo 10 de diciembre. Después, el proyecto de Ley de Seguridad Privada será remitido al Senado para que complete el trámite de la norma. En caso de que la Cámara Alta apruebe algún cambio, el texto deberá volver al Congreso para que sea sometido a una nueva votación. Pero si, como se espera, el Senado da el visto bueno a la redacción de la Cámara Baja, la Ley de Seguridad Privada estará publicada en el Boletín Oficial del Estado en un plazo de sólo dos meses.

[Contumacia]

El anteproyecto al completo