Solidaridad con Patricia

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El 18 de Noviembre de 2011, tuvo lugar en el barrio de Manoteras, el desahucio de una vecina, Azucena, que se vio obligada a abandonar su hogar junto con sus tres hijos, su madre y su abuela, por orden de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

Patricia acudió esa mañana al lugar para mostrar su apoyo a la familia afectada e intentar paralizar la ejecución del desahucio. Aquel día, en víspera de las elecciones generales, había mucha prensa cubriendo la acción. Los/as manifestantes actuaron de forma pacífica, como siempre se ha hecho. La gente allí concentrada se sentaó entrelazada frente al portal hasta que la policía los desalojó a la fuerza.

Una vez desalojados, la mayoría de los/as manifestantes fueron identificados por la policía. Patricia regresó a su domicilio sin haber logrado parar el desahucio de Azucena. Diez horas más tarde, la Policía Nacional se personó en su domicilio y se la llevaron detenida. Se la acusa de atentado contra un agente de la autoridad con resultado de lesiones graves (fractura de brazo). Durante su detención no se respetaron sus derechos, ya que se le negó asistencia letrada. No existe ninguna prueba que apoye la acusación contra Patricia. No existe ninguna grabación en ninguno de los medios que cubrieron la noticia, nadie fue consciente de ninguna agresión ni de ningún policía lesionado. Ni manifestantes, ni periodistas, ni vecinos/as vieron nada parecido.

Desde SOLIDARIOS EN APUROS, consideramos que el caso de Patricia no representa un problema aislado, sino que obedece a una forma de presión y castigo contra los/as ciudadanos/as que deciden tender la mano a sus vecinos/as y no permitir que los intereses económicos pasen sobre los intereses de la personas. Tras las políticas de expolio de nuestros trabajos, nuestros salarios, la sanidad, la educación, acceso a la defensa legal, etc. El último golpe a quién aun lucha consiste en detenerle y acusarle aleatoriamente para limitarle también en sus derechos de expresión y manifestación, además de colocarle en una situación que es económicamente inasumible para nadie, en el actual estado de precariedad en que las políticas previas nos han situado. La única salida que nos queda ante estas políticas de represión consiste en comprender que no se trata de sucesos ajenos a nosotros/as, que el castigo y la víctima son aleatorios, y que solo entendiéndolo como algo común podemos asumirlo e integrarlo como otro aspecto de lucha.

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