http://www.eldiario.es/norte/euskadi/in ... 15471.html
El equipo que prepara el informe sobre la incidencia de la tortura en Euskadi entre 1960 y 2010 ha registrado un total de 3.587 casos denunciados. Se trata de cifras provisionales, a la espera de corroborar su veracidad. Esta es la primera fase del estudio encargado por el Gobierno vasco para determinar el alcance de la tortura en la comunidad autónoma. Ahora, los investigadores se centrarán en analizar una muestra representativa de 200 denuncias con el fin de evaluar su credibilidad y determinar hasta qué punto son ciertas.
El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, y el responsable del estudio y médico forense, Francisco Etxebarria, han presentado los resultados de esta primera aproximación de un trabajo que no estará finalizado hasta septiembre de 2016. De momento, los expertos han recabado información de 140 informes nacionales e internacionales (Amnistía Internacional, Consejo de Europa, Relatores de la ONU, Tribunal Europeo de DDHH, Ararteko, Gobierno Vasco, etc.), 20 sentencias firmes por casos de torturas y las aportaciones de personas afectadas, abogados y colectivos que trabajan en la materia. Las sentencias firmes versan sobre casos denunciados por 31 víctimas y condenaron a diversas a penas 49 personas.
A partir de estas fuentes, se dispone de un censo de 3.587 casos documentados de denuncias de torturas y malos tratos ante los tribunales o la opinión publica. El equipo del Instituto Vasco de Criminología (UPV) que coordina Francisco Etxebarria tiene elaborado un perfil individualizado de cada caso con consideraciones de carecer médico-psicológico y judicial. Un total de 1.183 personas han ratificado ya su denuncia mediante un documento por escrito y, de ellos, 56 han grabado sus testimonios en video.
Algo más del 20% de las denuncias están asociadas a los años 60 y 70; más de la mitad a arrestos de los 80 y 90 y el 21,5% corresponde a los últimos 15 años. De entre los denunciantes, predominan mucho más los hombres (85%) que las mujeres (15%).
Lista de incidencias en represión
Re: Lista de incidencias en represión
Lo que se gana en velocidad, se pierde en potencia. Lo que se gana en potencia, se pierde en velocidad.
Re: Lista de incidencias en represión
Ley mordaza a debate. Manifestaciones en el Estado.
La ley de Seguridad acorrala a quienes dan la cara ante los desahucios
Mientras medio centenar de personas resistía en casa de Elvira, otros 17 se sentaban frente a un juez denunciados por el Ayuntamiento de Madrid por desobediencia a la autoridad
Los que viven a menudo los desahucios desde la primera línea explican las herramientas que utilizan para enfrentarse a situaciones tan extremas: "También sentimos dolor, rabia e impotencia"
La bautizada por los activistas y la oposición como "ley mordaza" plantea una nueva preocupación para el activismo antidesahucios: la amenaza de multas de hasta 30.000 euros.
En casa de Elvira, la noche del miércoles fue noche de guardia. Mientras el barrio de Ciudad Lineal dormía, en la vivienda los activistas y vecinos esperaban la llegada de la policía. Iván aterrizó a las siete de la mañana, una vez más con las pilas cargadas para enseñar al mundo a través de las redes sociales esa porción de realidad, a veces invisible, que son las horas previas a un desahucio.
"Los agentes llegaron muy pronto. Cada vez aparecen antes para romper con ese espacio que tenemos para movilizar a la gente. Vieron que éramos muchos, unos 50, y tras las dos primeras lecheras llegaron otras cinco o seis más, de las que salieron un montón de agentes antidisturbios ya equipados con los cascos. Fue una primera mala señal", relata el activista de la PAH Vallekas.
Después llegaron otros invitados que nunca faltan en un lanzamiento: los nervios, la angustia, el miedo. "Estaban determinados a ejecutar el desalojo. La comisión judicial no quiso negociar, así que solo nos quedaba resistir. Nos amontonamos en un pasillo muy estrecho, tras una puerta de cristal, protegiendo la vivienda ocupada por Elvira y su familia. Un tío apareció con un escudo y una escopeta. Y después vimos la maza", recuerda. Los gritos se ahogaron en el portal, por cuya puerta fueron desfilando uno a uno todos los activistas tras ser identificados. Elvira fue la última.
En la misma ciudad y a la misma hora, 17 personas declaraban ante un juez en Plaza de Castilla denunciados por el Ayuntamiento de Madrid y acusados de desobediencia a la autoridad por irrumpir en el consistorio en busca de una solución para Julia, una mujer de 80 años que iba a ser desahuciada –y efectivamente así fue– por el fondo buitre al que el gobierno municipal vendió más de 1.800 pisos sociales de la EMVS.
Lee el resto en:
http://www.eldiario.es/sociedad/Dar-car ... 64505.html
La ley de Seguridad acorrala a quienes dan la cara ante los desahucios
Mientras medio centenar de personas resistía en casa de Elvira, otros 17 se sentaban frente a un juez denunciados por el Ayuntamiento de Madrid por desobediencia a la autoridad
Los que viven a menudo los desahucios desde la primera línea explican las herramientas que utilizan para enfrentarse a situaciones tan extremas: "También sentimos dolor, rabia e impotencia"
La bautizada por los activistas y la oposición como "ley mordaza" plantea una nueva preocupación para el activismo antidesahucios: la amenaza de multas de hasta 30.000 euros.
En casa de Elvira, la noche del miércoles fue noche de guardia. Mientras el barrio de Ciudad Lineal dormía, en la vivienda los activistas y vecinos esperaban la llegada de la policía. Iván aterrizó a las siete de la mañana, una vez más con las pilas cargadas para enseñar al mundo a través de las redes sociales esa porción de realidad, a veces invisible, que son las horas previas a un desahucio.
"Los agentes llegaron muy pronto. Cada vez aparecen antes para romper con ese espacio que tenemos para movilizar a la gente. Vieron que éramos muchos, unos 50, y tras las dos primeras lecheras llegaron otras cinco o seis más, de las que salieron un montón de agentes antidisturbios ya equipados con los cascos. Fue una primera mala señal", relata el activista de la PAH Vallekas.
Después llegaron otros invitados que nunca faltan en un lanzamiento: los nervios, la angustia, el miedo. "Estaban determinados a ejecutar el desalojo. La comisión judicial no quiso negociar, así que solo nos quedaba resistir. Nos amontonamos en un pasillo muy estrecho, tras una puerta de cristal, protegiendo la vivienda ocupada por Elvira y su familia. Un tío apareció con un escudo y una escopeta. Y después vimos la maza", recuerda. Los gritos se ahogaron en el portal, por cuya puerta fueron desfilando uno a uno todos los activistas tras ser identificados. Elvira fue la última.
En la misma ciudad y a la misma hora, 17 personas declaraban ante un juez en Plaza de Castilla denunciados por el Ayuntamiento de Madrid y acusados de desobediencia a la autoridad por irrumpir en el consistorio en busca de una solución para Julia, una mujer de 80 años que iba a ser desahuciada –y efectivamente así fue– por el fondo buitre al que el gobierno municipal vendió más de 1.800 pisos sociales de la EMVS.
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Re: Lista de incidencias en represión
Cuatro de los seis acusados de lanzar cohetes, tornillos y otros objetos contra la Guardia Civil en una barricada realizada en junio de 2012 en Caborana (Aller), durante la huelga minera, pactaron ayer penas de entre seis meses y año medio de cárcel tras la vista celebrada en el juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo. Los otros dos acusados decidieron seguir adelante con el juicio defendiendo su inocencia. Tras la toma de declaraciones, tanto a ellos como a los testigos, la fiscal decidió retirar la acusación contra uno de ellos, mientras que mantuvo su petición de tres años de cárcel para el último acusado. La abogada defensora pidió la absolución de su cliente.
La vista estaba fijada para las once y media de la mañana, pero no comenzó hasta una hora más tarde. F. V., L. G. A., I. J. y A. J. admitieron los hechos y aceptaron una condena que les evitará entrar en prisión. F. V. y L. G. pactaron un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos, mientras que A. J., que padece un retraso mental leve, lo que le bastó como atenuante, aceptó seis meses de cárcel. Por último, I. J., el único minero de los seis acusados, aceptó una pena de un año de cárcel por el delito de desórdenes públicos y seis meses más por resistencia a la autoridad. Después comenzó el juicio con los dos acusados restantes.
El primero en declarar fue E. L., que en verano de 2012 trabajaba como electricista en una empresa con sede en el polígono de Caborana, junto al pozo Santiago, entorno en el que sucedieron los hechos. El acusado aseguró que "me dirigía a mi trabajo y, al ver la barricada, aparqué el coche esperando a que se abriese la carretera". Según explicó, se pasó toda la mañana en el bar ubicado junto a la explotación minera hasta que se acabaron las cargas policiales y decidió acudir a su trabajo a pie. "Cuando iba por la carretera, a medio camino de mi trabajo, llegó una furgoneta blanca y bajaron dos agentes que me detuvieron". Ya en el interior, tal y como apuntó, los agentes "se iban vanagloriando de que habían detenido a cinco".
El segundo acusado, A. S. que reside en unas viviendas situadas junto al pozo, era estudiante durante ese verano. "Salí de casa y fui al bar junto al pozo, después, no podía regresar a mi casa porque la Policía estaba tirando cargas e intenté ir por otro lado para evitarlas". En ese momento, según su declaración, "llegó un furgón, bajaron los agentes y me detuvieron, les dije que no tenía nada que ver, que era estudiante, y me dijeron que entonces estaba en el lugar equivocado".
Tras declarar los acusados, lo hicieron los testigos. Las primeras en hacerlo fueron dos trabajadoras del pozo Santiago que aseguraron haber visto a E. L. caminando por la carretera en dirección al polígono de Caborana. "Le dijimos que se quitara la carretea, que le iba a coger la policía, pero no nos hizo caso, nos dijo que iba a trabajar, que no había hecho nada", aseguraron las testigos. También acudió el propietario del bar junto al pozo, que aseguró que E. L. había estado en su establecimiento ese día. La misma versión que relató un compañero de trabajo al que le había ocurrido lo mismo que al acusado cuando intentó llegar a su puesto laboral. Por último, declaró un fotógrafo de una agencia de noticias que había hecho una fotografía en la que se veía cómo detenían a A. S., donde se apreciaba que no estaba en las barricadas sino junto al resto de vecinos que habían presenciado los incidentes. Por último declararon los agentes que habían realizado los arrestos. Las declaraciones fueron por videoconferencia con León, Jaén y Menorca. Ninguno de los agentes recordaba los hechos con exactitud y se ciñeron al atestado que habían realizado durante los hechos y en el que aseguraban que los detenidos estaban en el entorno de las barricadas y que les habían lanzado objetos.
En las conclusiones, la fiscal retiró la acusación contra A. S. señalando la imagen realizada por el fotógrafo, en la que se probaba que no estaba en las barricadas, como prueba definitiva de su inocencia. No ocurrió lo mismo con E. L. para el que mantuvo su petición de tres años de cárcel asegurando que las declaraciones de los testigos "sólo ofrecen versiones de hechos puntuales y lo cierto es que estuvo allí y fue detenido". El juicio quedó visto para sentencia.
http://www.lne.es/cuencas/2015/02/10/cu ... 10966.html
La vista estaba fijada para las once y media de la mañana, pero no comenzó hasta una hora más tarde. F. V., L. G. A., I. J. y A. J. admitieron los hechos y aceptaron una condena que les evitará entrar en prisión. F. V. y L. G. pactaron un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos, mientras que A. J., que padece un retraso mental leve, lo que le bastó como atenuante, aceptó seis meses de cárcel. Por último, I. J., el único minero de los seis acusados, aceptó una pena de un año de cárcel por el delito de desórdenes públicos y seis meses más por resistencia a la autoridad. Después comenzó el juicio con los dos acusados restantes.
El primero en declarar fue E. L., que en verano de 2012 trabajaba como electricista en una empresa con sede en el polígono de Caborana, junto al pozo Santiago, entorno en el que sucedieron los hechos. El acusado aseguró que "me dirigía a mi trabajo y, al ver la barricada, aparqué el coche esperando a que se abriese la carretera". Según explicó, se pasó toda la mañana en el bar ubicado junto a la explotación minera hasta que se acabaron las cargas policiales y decidió acudir a su trabajo a pie. "Cuando iba por la carretera, a medio camino de mi trabajo, llegó una furgoneta blanca y bajaron dos agentes que me detuvieron". Ya en el interior, tal y como apuntó, los agentes "se iban vanagloriando de que habían detenido a cinco".
El segundo acusado, A. S. que reside en unas viviendas situadas junto al pozo, era estudiante durante ese verano. "Salí de casa y fui al bar junto al pozo, después, no podía regresar a mi casa porque la Policía estaba tirando cargas e intenté ir por otro lado para evitarlas". En ese momento, según su declaración, "llegó un furgón, bajaron los agentes y me detuvieron, les dije que no tenía nada que ver, que era estudiante, y me dijeron que entonces estaba en el lugar equivocado".
Tras declarar los acusados, lo hicieron los testigos. Las primeras en hacerlo fueron dos trabajadoras del pozo Santiago que aseguraron haber visto a E. L. caminando por la carretera en dirección al polígono de Caborana. "Le dijimos que se quitara la carretea, que le iba a coger la policía, pero no nos hizo caso, nos dijo que iba a trabajar, que no había hecho nada", aseguraron las testigos. También acudió el propietario del bar junto al pozo, que aseguró que E. L. había estado en su establecimiento ese día. La misma versión que relató un compañero de trabajo al que le había ocurrido lo mismo que al acusado cuando intentó llegar a su puesto laboral. Por último, declaró un fotógrafo de una agencia de noticias que había hecho una fotografía en la que se veía cómo detenían a A. S., donde se apreciaba que no estaba en las barricadas sino junto al resto de vecinos que habían presenciado los incidentes. Por último declararon los agentes que habían realizado los arrestos. Las declaraciones fueron por videoconferencia con León, Jaén y Menorca. Ninguno de los agentes recordaba los hechos con exactitud y se ciñeron al atestado que habían realizado durante los hechos y en el que aseguraban que los detenidos estaban en el entorno de las barricadas y que les habían lanzado objetos.
En las conclusiones, la fiscal retiró la acusación contra A. S. señalando la imagen realizada por el fotógrafo, en la que se probaba que no estaba en las barricadas, como prueba definitiva de su inocencia. No ocurrió lo mismo con E. L. para el que mantuvo su petición de tres años de cárcel asegurando que las declaraciones de los testigos "sólo ofrecen versiones de hechos puntuales y lo cierto es que estuvo allí y fue detenido". El juicio quedó visto para sentencia.
http://www.lne.es/cuencas/2015/02/10/cu ... 10966.html
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Re: Lista de incidencias en represión
La Policía detiene a ocho españoles por haber combatido en Ucrania
Los agentes antiterroristas practican detenciones en seis comunidades autónomas
La operación está coordinada por la Audiencia Nacional
La Comisaría General de Información, estructura antiterrorista de la Policía, ha detenido a ocho individuos de nacionalidad española en varias comunidades autónomas por "diversos delitos" relacionados con sus presuntos viajes a la región ucraniana de Donbass para combatir.
La operación está coordinada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Los arrestos se han practicado en Asturias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra. Interior no especifica por el momento los delitos que se les imputan.
http://www.eldiario.es/politica/Policia ... 64011.html
Los agentes antiterroristas practican detenciones en seis comunidades autónomas
La operación está coordinada por la Audiencia Nacional
La Comisaría General de Información, estructura antiterrorista de la Policía, ha detenido a ocho individuos de nacionalidad española en varias comunidades autónomas por "diversos delitos" relacionados con sus presuntos viajes a la región ucraniana de Donbass para combatir.
La operación está coordinada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Los arrestos se han practicado en Asturias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra. Interior no especifica por el momento los delitos que se les imputan.
http://www.eldiario.es/politica/Policia ... 64011.html
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Re: Lista de incidencias en represión
Dos estudiantes se enfrentan a ocho años y nueve meses de cárcel por la huelga general del 29M
Ismael Benito y Daniel Ayyash son acusados de varios delitos por unos incidentes en un lugar en el que aseguran que no estuvieron
Los Mossos les detuvieron horas después en otro barrio y la Fiscalía les acusa de atentado, resistencia y desorden público, entre otros delitos.
La jueza de instrucción es Carmen García Martínez, la misma magistrada del caso que dio lugar al documental 'Ciutat Morta'.
http://www.eldiario.es/economia/estudia ... 64168.html
Ismael Benito y Daniel Ayyash son acusados de varios delitos por unos incidentes en un lugar en el que aseguran que no estuvieron
Los Mossos les detuvieron horas después en otro barrio y la Fiscalía les acusa de atentado, resistencia y desorden público, entre otros delitos.
La jueza de instrucción es Carmen García Martínez, la misma magistrada del caso que dio lugar al documental 'Ciutat Morta'.
http://www.eldiario.es/economia/estudia ... 64168.html
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Re: Lista de incidencias en represión
https://directa.cat/actualitat/uab-inic ... era-vegadaLa UAB inicia diligències penals contra un professor per la seva activitat sindical per primera vegada des del franquisme
La universitat pública es persona com acusació particular en una denúncia penal contra Ermengol Gassiot. Les encausades per l’ocupació del rectorat afirmen que és una “persecució política i sindical”.
La CGT feia pública ahir l’existència d’una denúncia penal cap a Ermengol Gassiot, Secretari General de CGT Catalunya, professor del Departament d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i representant i delegat sindical del Comitè d’Empresa de la mateixa UAB. El seu nom apareix en un sumari, juntament amb el de 25 estudiants i un treballador del Personal d’Administració i Serveis (PAS), sumant un total de 27 persones encausades pels fets relacionats amb l’ocupació del rectorat de la UAB el maig de l’any 2013.
Aquest matí, Gassiot, acompanyat per Mireia Bazaga, advocada i secretaria jurídica de CGT; Tomás Ibáñez, catedràtic d'universitat jubilat i ex-vicerrector de professorat de la UAB; i Jordi Esteve, professor d’història a la UAB i cap de departament, ha comparegut en una roda de premsa molt emotiva davant del rectorat de la Universitat.
L’acte ha començat amb la intervenció de Mireia Bazaga, la qual ha denunciat que sigui la mateixa UAB i l’equip de rectorat les que es presenten com a acusació particular en aquest sumari. A més, ha remarcat el fet que a Ermengol Gassiot no se l’imputa de cap delicte concret; i que la seva presència en el sumari es dóna, doncs, “en termes de persecució política i sindical.”
El sumari, en el qual apareixen diverses persones que formen part de tota la xarxa associativa de persones i col·lectius de la UAB, engloba des del maig de l’any 2012 fins al maig de 2013, període en el qual es va ocupar l’edifici del rectorat. Bazaga ha recordat que “és curiós que el sumari englobi, no només aquest espai temporal de mobilització estudiantil, sinó que remetin fins al maig del 2012, quan hi ha eleccions al rectorat i es presenta una nova candidatura crítica”. Ha afirmat, també, que molts dels col·lectius i persones imputades en aquest procés judicial són aquelles que treballaven i recolzaven la candidatura La Nova UAB, com és el cas, per exemple, de CGT-UAB.
En el sumari s’afirma, literalment, en relació a la secció sindical de la CGT, que “estan totalment coordinats a l’hora de prendre decisions”
En el sumari s’afirma, literalment, en relació a la secció sindical de la CGT, que “estan totalment coordinats a l’hora de prendre decisions, i la ideologia és el lligam entre tots ells”, cita que assenyala, segons les encausades, que les acusacions de l’equip de rectorat de la UAB són de caràcter polític i sindical. A més, s’indica reiteradament que el sindicat CGT-UAB participa en l’activisme al Campus.
Jordi Esteve, ha intervingut en la roda de premsa recalcant el caràcter anacrònic de les acusacions: “com a professor d’història veig que aquest fet té precedents molt llunyans, a mi em remet a quan vaig començar a estudiar a la universitat els anys 70, quan es parlava de muntatges com el contuberni judeomassònic”.
El professor Ermengol Gassiot ha afirmat també que el que aquí s’està atacant “és una manera de fer, i una manera de fer no només sindicalisme, sinó de fer universitat.” Ha declarat que no es tracta només d’un atac penal, sinó que respon a la voluntat de ridiculitzar l’acció sindical i la protesta: “és un intent d’aniquilar, per la raó de la força, la força de la raó.”
“Això mai s’havia fet, excepte en temps del franquisme”
El procediment judicial en el qual es troba imputat Ermengol Gassiot comença amb una acusació concreta per uns fets concrets –l’okupació del rectorat al mes de maig–, i s’amplia al mes de juliol de 2013 arran d’unes declaracions, davant de la policia, de Sílvia Carrasco, vicerectora de la UAB, i de Ferran Sancho, rector de la mateixa universitat. En aquestes declaracions s’afirma que les mobilitzacions estudiantils que es portaven duent a terme durant aquell període eren conseqüència d’un entramat format per la CGT-UAB, la Coordinadora d’Assemblees de Facultat de la UAB (CAF), el SEPC i amb la participació intermitent d’elements de la CUP. És a partir de llavors quan s’identifica a l’acusat, Ermengol Gassiot.
Segons Gassiot el que va detonar l’ampliació del procediment és el trencament de les negociacions entre el Comitè d’Empresa i el vicerectorat del personal acadèmic
Allò que, segons declaracions del mateix Gassiot, va detonar l’ampliació del procediment el juliol del 2013, es tracta del trencament de les negociacions entre el Comitè d’Empresa i el vicerectorat del personal acadèmic. Gassiot ha explicat que les negociacions es van interrompre per una situació laboral que afectava pràcticament 180 professores de la UAB que, a judici del Comitè, estaven contractades de manera fraudulenta. Ermengol ha afirmat, en declaracions a la Directa, que no deixa de ser casual que el sumari es reactivés el desembre de 2014, quan es va començar a fer pública la problemàtica del decret 3+2: “es reactiva el sumari quan tornem a començar-nos a moure”.
La darrera intervenció ha sigut de Tomás Ibáñez, que ha recordat que les ocupacions d’administracions universitàries han format part sempre –i a molts països – de les pràctiques de lluita recurrents pels col·lectius universitaris: “així es va lluitar el maig del 68 a París i així va lluitar el moviment de professors no numeraris, el PNN, durant el franquisme; molts considerem que el fet d'haver participat en ocupacions, si alguna cosa constitueix, és un sentiment d’orgull.” Ha assenyalat que emprendre una lluita sempre exposa a les militants a patir represàlies però que, aquest tipus d’actuacions repressives, anuncien el tipus de règim que s’acosta: “el que mai s’havia fet, excepte en temps del franquisme, és imputar a unes persones en tant que agitadores polítiques.” Ha finalitzat la seva intervenció remarcant la necessitat de valorar el camí que s’està obrint, “perquè si el deixem passar i no reaccionem amb fermesa, ens conduirà progressivament però necessària a l’expulsió de la llibertat de pensament polític de la universitat.”
Finalment, la CGT-UAB, ha fet públiques un seguit d’exigències, com la retirada immediata de la UAB com a acusació particular contra la CGT i els col·lectius que van donar suport a la candidatura electoral La Nova UAB. Alhora la rectificació per part del rector, Ferran Sancho i de tot el seu equip de govern, de les acusacions de caràcter penal que dirigeixen cap al sindicat i cap a Gassiot. Han denunciat, a més, la “pràctica totalitària i dictatorial” que exerceix el rectorat i han remarcat la voluntat política de “continuar denunciant totes les activitats il·legals de l’equip de govern de la universitat, per tots els canals possibles i disponibles.” Des del sindicat també s’està valorant les vies legals per exigir responsabilitats davant el que consideren una pràctica difamatòria.
"Dios, o más bien la ficción de Dios, es la consagración de todas las autoridades que existen sobre la Tierra, y éstas no serán eliminadas hasta que se haya extinguido la creencia en un amo celeste"
Mijaíl Bakunin, Dios y el Estado.
Mijaíl Bakunin, Dios y el Estado.
Re: Lista de incidencias en represión
La Audiencia Nacional ha condenado a 6 años de cárcel a cada uno de los tres responsables de la página web Youkioske por colgar en internet sin autorización el contenido de diarios y revistas, ya que considera que su actividad se enmarca dentro de un delito contra la propiedad intelectual.
Esta es la primera sentencia de este tribunal en aplicación de la nueva ley de propiedad intelectual aprobada por el Gobierno del Partido Popular, que condena por primera vez en España por el delito en su tipo agravado (3 años de cárcel) porque el perjuicio económico a los editores fue, según la sentencia, muy alto (de 3,7 millones de euros).
La Audiencia Nacional recuerda en la sentencia que colgar en internet obras protegidas o usar sistemas de intercambio de archivos constituye una comunicación pública prohibida por la ley, que sería delictiva si se obtiene beneficio económico y generaría solo la responsabilidad civil del internauta en el caso de que no haya lucro de por medio.
En este caso, se condena a los responsables de la web -David González Hernández, Raúl Antonio Luque Gutiérrez y Óscar González Hernández-, alojada en un servidor de Canadá y registrada a nombre de una mercantil domiciliada en Belice, a 3 años de cárcel por el delito contra la propiedad intelectual y otros 3 años por integración en organización criminal.
http://www.eldiario.es/turing/ANacional ... 64319.html
Esta es la primera sentencia de este tribunal en aplicación de la nueva ley de propiedad intelectual aprobada por el Gobierno del Partido Popular, que condena por primera vez en España por el delito en su tipo agravado (3 años de cárcel) porque el perjuicio económico a los editores fue, según la sentencia, muy alto (de 3,7 millones de euros).
La Audiencia Nacional recuerda en la sentencia que colgar en internet obras protegidas o usar sistemas de intercambio de archivos constituye una comunicación pública prohibida por la ley, que sería delictiva si se obtiene beneficio económico y generaría solo la responsabilidad civil del internauta en el caso de que no haya lucro de por medio.
En este caso, se condena a los responsables de la web -David González Hernández, Raúl Antonio Luque Gutiérrez y Óscar González Hernández-, alojada en un servidor de Canadá y registrada a nombre de una mercantil domiciliada en Belice, a 3 años de cárcel por el delito contra la propiedad intelectual y otros 3 años por integración en organización criminal.
http://www.eldiario.es/turing/ANacional ... 64319.html
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Re: Lista de incidencias en represión
Ismael Benito y Daniel Ayyash son dos estudiantes de Físicas de la Universitat de Barcelona conocidos por la opinión pública. El 9 de noviembre la Audiencia de Barcelona los juzgará en un proceso en el que la fiscalía les pide 8 años y 9 meses de prisión por la supuesta participación de los dos en actos vandálicos realizados durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. El Ayuntamiento de Barcelona pide a su vez 4 años y la Generalitat de Catalunya pide 3 años y medio.
El caso de Isma y Dani ha dado lugar a una amplia campaña de solidaridad. Sus compañeros estudiantes, la comunidad universitaria en general, las asociaciones juveniles y los sindicatos han apoyado su causa. Las organizaciones consideran que castigando disturbios lo que se quiere hacer es criminalizar la disidencia y el derecho de huelga.
La entrevista se hace minutos antes de un acto de solidaridad en la facultad de Físicas de Barcelona. Hablamos con Isma que viene de una consulta con su abogado defensor. Se le nota cansado y contenido en sus respuestas.
Sigue leyendo en:
http://www.eldiario.es/catalunya/trabaj ... 14759.html
El caso de Isma y Dani ha dado lugar a una amplia campaña de solidaridad. Sus compañeros estudiantes, la comunidad universitaria en general, las asociaciones juveniles y los sindicatos han apoyado su causa. Las organizaciones consideran que castigando disturbios lo que se quiere hacer es criminalizar la disidencia y el derecho de huelga.
La entrevista se hace minutos antes de un acto de solidaridad en la facultad de Físicas de Barcelona. Hablamos con Isma que viene de una consulta con su abogado defensor. Se le nota cansado y contenido en sus respuestas.
Sigue leyendo en:
http://www.eldiario.es/catalunya/trabaj ... 14759.html
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Re: Lista de incidencias en represión
El sindicato CGT ha denunciado esta mañana el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ferran Sancho, y su equipo de pretender ilegalizar la oposición política en este centro universitario. Lo ha hecho en una rueda de prensa celebrada en el acceso del rectorado de la UAB, donde ha explicado que el rector se ha personado como acusación en el proceso judicial abierto por las movilizaciones estudiantiles de los años 2012 y 2013. En este proceso imputa a veinte y cinco estudiantes y al secretario general de la CGT, Ermengol Gassiot, que es profesor de Arqueología en la UAB. En el expediente judicial no consta, sin embargo, los delitos que le imputan.
http://www.eldiario.es/catalunya/trabaj ... 13694.html
http://www.eldiario.es/catalunya/trabaj ... 13694.html
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Re: Lista de incidencias en represión
Detenidos a punta de pistola 18 activistas antidesahucios http://m.publico.es/sociedad/1905018/de ... desahucios
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Re: Lista de incidencias en represión
Noticia de Castilla y León. - Enlace: “Castigo sin precedentes por defender lo público”
Bajo el lema “todos somos Manolo”, la Plataforma en Defensa de lo Público ha convocado para mañana viernes trece una concentración de apoyo a Manuel Sánchez en Palencia, expedientado por denunciar “las tropelías” de sus superiores
“Han ido a por Manolo pero podíamos haber sido cualquiera”. Este es el llamamiento que hace la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) para que la ciudadanía y los funcionarios se solidaricen con Manuel Sánchez Gorjón -el alma poética de los “Viernes de Negro”- que está a punto de jubilarse, ha pedido el reenganche y se lo han denegado.
“Los argumentos son de traca, claramente nuestros dirigentes le están represaliando por participar en los Viernes de Negro de manera muy activa. Ya varias veces en el pasado año, el Delegado Territorial le amenazó con abrirle un expediente, algo q no pudo llegar a realizar, pero aquí está su venganza despachándose a gusto con razones peregrinas”, sostiene Pladepu, que ha convocado para mañana viernes a las 12 horas en la Delegación Territorial (Avenida Casado del Alisal, 27) de Palencia una concentración de apoyo.
“El único ‘delito’ de Manolo es haber defendido los servicios públicos, haber osado inmiscuirse más allá de lo tolerado por los dirigentes de esta Administración, lo cual ha implicado zancadillas y trastornos a muchas de las tropelías perpetradas tanto contra las personas trabajadoras como administradas en general. Ha sacado los colores a estos ingratos servidores del pueblo y la gente de ‘Viernes Negro’ que hemos denunciado junto a él, nos sentimos apeladas por semejante injusticia, porque podría haberle pasado a cualquiera de Viernes Negro. Ante esta situación y discrepando con las falsas acusaciones vertidas hacia Manolo, quienes abajo firman instamos a la Administración a que presente un solo joven o ciudadano al que Manolo no haya tratado con respeto y profesionalidad, así como apoyaremos cualquier actuación, para desenmascarar las acciones negativas que contra él realice la Administración”, se dice en el escrito que acompaña una plantilla para recoger firmas de apoyo solidario con el funcionario.
En el mismo escrito se recogen frases textuales del expediente abierto al funcionario que ostenta la categoría de Jefe de la Sección de Juventud:
“Ha incumplido las tareas y funciones propias del puesto de trabajo que ocupa, no obedeciendo las instrucciones de sus superiores constatándose un mal uso de la información a la que tiene acceso por su condición de Jefe de Sección de Juventud, así como una conducta profesional que ha derivado en la existencia de un clima de trabajo tenso e inadecuado para el buen funcionamiento de la Administración Pública”.
“En las relaciones normales de trabajo entre el personal de los servicios centrales no han sido infrecuentes las faltas de respeto del solicitante hacia personal de esa Dirección General, hacia las personas titulares de las Jefaturas de Servicio y hacia quien suscribe, impidiendo en muchas ocasiones el normal desarrollo de las citadas reuniones de trabajo, generándose un clima de tensión, crítica y desprecio permanente y reiterado hacia las personas y las actuaciones”.
“Se pone de manifiesto un intento reiterado del solicitante por mantener una conducta profesional mas que inapropiada para el buen funcionamiento de la Sección en la que ejerce la jefatura, con menosprecio a compañeros y superiores de forma pública, manifiesta y notoria, con realización de críticas repetitivas a la gestión y a las personas que establecen las actuaciones a realizar en el ámbito de Juventud, lo que impide el normal rendimiento de la Sección y por supuesto la consecución de los objetivos marcados, actitud que por propia voluntad del interesado deviene en ineptitud para desempeñar el puesto de trabajo”.
Re: Lista de incidencias en represión
El pasado 29 de marzo de 2012, en el marco de la Huelga General convocada en todo el estado español, Diego, antiguo vecino de Leganés, ahora residente en la Sierra Norte de Madrid y militante del Sindicato CNT, fue detenido por las UIP de la Policía Nacional, cuando participaba en el piquete unitario que se realizó en la localidad de Leganés. Fue brutalmente apaleado no solo él, sino gran cantidad de compañerxs que acabaron con múltiples contusiones. La detención se produjo cuando la policía cargó desmesuradamente al pasar el piquete de huelguistas por un establecimiento de la cadena de supermercados Dia, con la excusa de que algunxs manifestantes habían pegado pegatinas en las cristaleras de dicho supermercado.
La acusación de la Fiscalía asciende a 8 MESES DE PRISIÓN POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y 3000€ DE MULTA POR COACCIONES A LXS TRABAJADORXS del supermercado Dia, celebrándose el juicio el próximo 7 de abril de 2015, en los Juzgados de lo Penal de Getafe.
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/33943
La acusación de la Fiscalía asciende a 8 MESES DE PRISIÓN POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y 3000€ DE MULTA POR COACCIONES A LXS TRABAJADORXS del supermercado Dia, celebrándose el juicio el próximo 7 de abril de 2015, en los Juzgados de lo Penal de Getafe.
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/33943
Lo que se gana en velocidad, se pierde en potencia. Lo que se gana en potencia, se pierde en velocidad.
Re: Lista de incidencias en represión
El Supremo revoca la absolución de 8 acusados por el cerco al Parlament y les condena a 3 años
l Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a los acusados del cerco al Parlament de Catalunya y ha condenado a ocho de ellos a tres años de cárcel por un delito contra las altas instituciones del Estado. Los magistrados no contradicen los hechos probados en la primera sentencia, pero consideran que la Audiencia Nacional incurrió en un "patente error" al no jerarquizar el derecho constitucional de participación política –en este caso, la asistencia de los diputados a la Cámara– sobre el derecho a la protesta de los manifestantes.
El Alto Tribunal considera que los acusados contribuyeron a "reforzar la violencia e intimidación sufrida por los diputados autonómicos impidiéndoles el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas". Además, estiman que el lema de la manifestación contra los recortes que se iban a aprobar la jornada del 15 de junio de 2011 –'Aturem el Parlament'– ya concretaba su propósito.
La sentencia incluye el voto particular de Perfecto Andrés, lo que ha provocado que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien redacte el fallo. En principio, iba a ser Andrés el ponente. Los condenados son José María Vázquez Moreno, José López Cobos, Ángela Bergillos, Jordi Raymond, Ciro Morales y Carlos Munter.
La sentencia de la Audiencia Nacional supuso un aval para las nuevas formas de protesta ciudadana surgidas con el 15M. En total, fueron 19 absueltos en un proceso donde coincidieron Parlament, Generalitat y Manos Limpias. Solo fue condenado uno de los acusados por una falta, haber pintado con espray a una diputada.
La sentencia de la Audiencia Nacional ahora anulada hacía la siguiente reflexión: "Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de las personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar".
Por el contrario, el Supremo considera que "paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar, no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático".
Fuentes de la defensa mostraron su sorpresa por el fallo. Aunque temían que la sentencia de la Audiencia Nacional fuera revocada, esperaban la repetición del juicio y no una condena del Tribunal Supremo.
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/33971
l Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a los acusados del cerco al Parlament de Catalunya y ha condenado a ocho de ellos a tres años de cárcel por un delito contra las altas instituciones del Estado. Los magistrados no contradicen los hechos probados en la primera sentencia, pero consideran que la Audiencia Nacional incurrió en un "patente error" al no jerarquizar el derecho constitucional de participación política –en este caso, la asistencia de los diputados a la Cámara– sobre el derecho a la protesta de los manifestantes.
El Alto Tribunal considera que los acusados contribuyeron a "reforzar la violencia e intimidación sufrida por los diputados autonómicos impidiéndoles el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas". Además, estiman que el lema de la manifestación contra los recortes que se iban a aprobar la jornada del 15 de junio de 2011 –'Aturem el Parlament'– ya concretaba su propósito.
La sentencia incluye el voto particular de Perfecto Andrés, lo que ha provocado que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien redacte el fallo. En principio, iba a ser Andrés el ponente. Los condenados son José María Vázquez Moreno, José López Cobos, Ángela Bergillos, Jordi Raymond, Ciro Morales y Carlos Munter.
La sentencia de la Audiencia Nacional supuso un aval para las nuevas formas de protesta ciudadana surgidas con el 15M. En total, fueron 19 absueltos en un proceso donde coincidieron Parlament, Generalitat y Manos Limpias. Solo fue condenado uno de los acusados por una falta, haber pintado con espray a una diputada.
La sentencia de la Audiencia Nacional ahora anulada hacía la siguiente reflexión: "Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de las personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar".
Por el contrario, el Supremo considera que "paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar, no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático".
Fuentes de la defensa mostraron su sorpresa por el fallo. Aunque temían que la sentencia de la Audiencia Nacional fuera revocada, esperaban la repetición del juicio y no una condena del Tribunal Supremo.
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/33971
El Supremo revoca la absolución de 8 acusados por el cerco al Parlament y les condena a 3 años
Considera que la Audiencia Nacional cometió un "patente error" al no jerarquizar el derecho de representación política sobre el de manifestación
Son condenados por un delito contra las altas instituciones del Estado, mientras que otros 11 son absueltos
http://www.eldiario.es/politica/Supremo ... 63656.html
Lo que se gana en velocidad, se pierde en potencia. Lo que se gana en potencia, se pierde en velocidad.
Re: Lista de incidencias en represión
Decenas de detenciones, alrededor de una treintena, cargas policiales, manifestantes heridos al finalizar la marcha por la dignidad del 21 de marzo.
Hasta el momento, la policía ha detenido a 17 personas que han sido trasladadas a Moratalaz y no se descartan nuevas detenciones, según han confirmado a eldiario.es fuentes de la Delegación de Gobierno de Madrid. Según estas mismas fuentes, algunos de los detenidos habían levantado barricadas cerca de la calle Desengaño una vez finalizada la manifestación en Colón. La Delegación del Gobierno asegura que al menos uno de los detenidos se encuentra actualmente procesado judicialmente por las Marchas de la Dignidad del año pasado. Al parecer –según esas mismas fuentes– se trataría de un grupo radical "que no pertenece a los manifestantes" de las Marchas, al que "se esperaba" y que la policía "tenía localizado".
http://www.eldiario.es/sociedad/Miles-M ... 63516.html
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Re: Lista de incidencias en represión
«Non plus ultra»