¿Cuántos de los lectores saben que en España los Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir Policía Nacional, Guardia Civil, policías autónomas e incluso las Fuerzas Armadas, no necesitan una orden judicial para intervenir las comunicaciones telefónicas? A este respecto existe tan solo una normativa, la Ley 11/2002 de 6 de mayo que regula el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia.

Policía y Guardia Civil pincharán desde ahora los teléfonos a espaldas de las operadoras

Interior crea en secreto el programa SITEL para acceder en tiempo real a los mismos datos que las compañíasEl Ministerio del Interior ha invertido alrededor de 36 millones de euros en un potente programa informático que va a permitir a partir de ahora al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil «pinchar» directamente los teléfonos sin tener que contar con las compañías, tal y como se venía haciendo hasta ahora. Con este software, desarrollado tras un concurso declarado secreto en octubre de 2001, los agentes no sólo tendrán acceso a la conversación del pinchado. También a la identidad de su comunicante y al lugar desde donde habla cada uno. Todo ello en tiempo real, a través del ordenador.

El programa SITEL entrará en funcionamiento en las próximas semanas y permitirá al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil intervenir las conversaciones telefónicas sin necesidad de acudir con el mandamiento judicial a las compañías de teléfonos, como venían haciendo hasta ahora. Los agentes dispondrán en tiempo real y a través del ordenador de toda la información digital que procesa una llamada por teléfono. De esta manera, tendrán acceso a la conversación mientras en la pantalla aparece el número y la identidad del comunicante con el que habla el pinchado, así como el lugar casi exacto desde donde ambos están hablando, la compañía de la que son usuarios y el tipo de contrato que poseen, según informaron a LA RAZÓN fuentes de ambos cuerpos.El programa dispone de dos «centros de monitorización», que ya han sido instalados, uno en la Dirección General de la Guardia Civil y otro en la sede central del Cuerpo Nacional de Policía, en la antigua carretera de Canillas. Será aquí donde se intervenga físicamente la línea telefónica para luego ser derivada en su caso a los centros remotos, ubicados en las jefaturas de policía y comandancias de todo el país. Igualmente se podrá acceder al «pinchazo» desde un ordenador portátil si en ese momento la unidad de investigación así lo requiere. Todo el proceso quedará registrado en el disco duro, que será el elemento que ahora solicite el juez.Hasta ahora los investigadores de un asunto criminal en manos judiciales sólo tenían acceso a las conversaciones que mantenía el titular de un teléfono pinchado. A través de un viejo reproductor de cassetes, los agentes escuchaban horas y horas las cintas grabadas en las propias instalaciones policiales a través de una línea clónica derivada por la operadora, previo mandamiento judicial. El sonido nunca era perfecto y a veces los técnicos de las compañías tenían incluso que acudir a los domicilios de los afectados y efectuar la intervención en los alrededores. Si los agentes necesitaban conocer el teléfono o la identidad del comunicante con el que hablaba la persona pinchada, debían solicitarlo a la compañía, encargada de custodiar estos datos. El proceso para obtener esta información, en ocasiones crucial para una detención, se podía a veces demorar varios días. Las operadoras aducían «problemas técnicos». Cuando llegó el «boom» de los móviles este procedimiento se volvió mucho más engorroso, pues los agentes querían conocer también los dos puntos desde donde se entablaba la conversación. Así que los problemas con las operadoras se multiplicaron. Para acabar con esta situación correosa para agentes y empleados de las operadoras, el Ministerio del Interior abrió en agosto de 2001 un concurso declarado secreto para elaborar un sistema informático moderno y avanzado que, además de permitir a los agentes obtener en tiempo real toda la información de las escuchas, fuera capaz de obtener grabaciones de sonido fiables como pruebas ante el juez. En octubre fue adjudicado el concurso con total discreción por un valor aproximado de unos 36 millones de euros, unos seis mil millones de las antiguas pesetas. La empresa, cuya identidad permanece también en secreto, ha tardado un año y medio -lo previsto- en entregar los equipos y ultimar el software, que en estos días se está terminando de instalar en los cuarteles y comisarías. Tanto la Guardia Civil como la Policía han creado grupos específicos para llevar a cabo este cometido. La empresa adjudicataria ya ha llevado a cabo cursos de formación para el uso del software, que tanto en uno como en otro cuerpo tendrá el acceso restringido.

SITEL: un sistema de espionaje sin control judicial.

Tras el atentado de las Torres Gemelas y antes de que el Gobierno de Aznar obtuviera la presidencia semestral de la UE, se encargó este sistema de espionaje a Ericsson, que todavía desconoce el mundo judicial.

02-10-2009 - Héctor Rojo Letón - Periódico Diagonal.- Treinta y seis millones de euros pagó en 2001 el Gobierno de Aznar a la multinacional Ericsson para que desarrollara un sistema de intercepción mde llamadas telefónicas, lo que podría ser una adaptación para el Estado español del Interception Management System. Entonces el Partido Popular lo adquirió, desarrolló e implantó, aunque hasta la llegada de Zapatero a la Moncloa no se “procedió a activar dicho software, y además se generalizó su uso sin debate alguno y casi clandestinamente, no consta acto demostrativo alguno de su puesta en servicio”, explica en un escrito dirigido el 23 de septiembre al Defensor del Pueblo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, para que se inicie una investigación en relación con el funcionamiento del Sistema Legal de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL).

No es la primera vez que una denuncia sobre SITEL llega a alguna de las más altas instituciones del Estado. En 2006, el entonces teniente fiscal de Madrid informaba al fis-cal general del Estado que era imposible un control judicial de este sistema como exige la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, para que las interceptaciones obtenidas mediante estas tecnologías puedan ser utilizadas como medio de investigación y prueba válido jurídicamente.

SITEL “es una tecnología muy poderosa que debe ser regulada bajo controles democráticos y judiciales muy fuertes”

“El disco que contiene la información que se entrega al juez no está acompañado de certificado digital alguno, ni está firmado electrónica-mente, ni cifrado, por la sencilla razón de que no existe autoridad expedidora de tales certificados”, explica Internautas al Defensor del Pueblo. Por ejemplo, Miguel Ángel Gallardo, perito criminalista, denuncia a este periódico: “La Agencia de Protección de Datos (APD) debería garantizar que esta conversación no está intervenida”, pero desde la Agencia no tienen ningún conocimiento sobre el funcionamiento de SITEL, como aseguran a este periódico. Por su parte, el fiscal Martínez hace un llamamiento a que esta agencia sea la responsable de emitir esos certificados digitales, “es una tecnología muy poderosa que debe ser regulada bajo controles democráticos y judiciales muy fuertes, lo debería supervisar el presidente de la Agencia de Protección de Datos”, recalca.

Este sistema de espionaje, responsabilidad del Ministerio de Interior, fue regulado por el Gobierno con un Reglamento “evitando que la opinión pública pudiera tener conocimiento de la puesta en marcha de una herramienta terriblemente invasiva para la intimidad”, denuncia Domingo al Defensor del Pueblo.

Por este modus operandi gubernamental, la Asociación de Internautas decidió recurrirlo, sin saber que ya estaba funcionando, ante el Tribunal Supremo en 2005. Tras varios años de espera, entendidos por esta asociación como tiempo para que el Gobierno pudiera normalizar la situación, se conoció la sentencia que desestimaba la demanda porque durante el desarrollo del proceso había sido promulgada la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación que elevó a rango de ley gran parte del contenido del reglamento. Pero la sentencia no aclara si la Ley ordinaria es suficiente para regular Sitel o no, tal y como defiende Internautas, criterio que también comparte el magistrado discrepante del parecer de la Sala Óscar González que formuló un voto particular.

Según este juez el Tribunal debería de haber elevado la cuestión al Constitucional, para que revisase la ley ya que, según el TC o el TEDH, “el secreto de las comunicaciones no sólo cubre la conversación, sino también la identidad de los interlocutores”, lo cual colisiona con la regulación española.

“Ni siquiera se sabe quiénes son los directores de los centros, ni donde están ubicados”, afirma Martínez, que corresponden al Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil y Policía Nacional, este último operado por Fujitsu España Services, y que según el BOE se encontraría en las instalaciones del Complejo Policial de Canillas. Esta concesión le ha supuesto a la compañía informática unos ingresos de 854.400 euros.

A las denuncias de la facilidad con que se pueden modificar las grabaciones obtenidas por SITEL, se añade su desconocimiento por parte del mundo judicial. “No sabía de la existencia de SITEL, ni de que se haya puesto en marcha plan de formación alguno”, ha denunciado José Luis Requero, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Los ‘pinchazos’ de teléfonos es algo prácticamente del pasado, como sucedió con las llamadas grabadas ilegalmente a empresarios, políticos, periodistas e, incluso, al rey, entre 1983 y 1991 por parte del antiguo CESID, que se conocieron al descubrirse el escándalo de los GAL. Al igual que con la operación Columna, los primeros guardias civiles que intentaron sindicarse también fueron pinchados. Hoy escuchar un teléfono ajeno es mucho más sencillo, con un simple barrido de la señal, y es imposible detectarlo. También se puede utilizar software en las tarjetas SIM, comercializados bajo la excusa del control infantil por parte de sus padres.

Otra forma de espionaje es activar de forma remota el micrófono del móvil que se puede detectar por el mayor consumo de batería, por su calentamiento o por interferencias en otros aparatos como radios o televisiones. Además para poder evitar esta intercepción de las comunicaciones existen páginas webs (cryptosms.org) para cifrar los mensajes de texto.

Mientras tanto, la UE está financiando el Proyecto Indect con 10 millones de libras junto a la policía de Irlanda del Norte y la Universidad de York, entre otras instituciones europeas. Este proyecto, que se desarrollara hasta 2014, tiene previsto crear un software para controlar la información que circula a través de la red.