B.2.5 ¿Quién se beneficia de la centralización?
Ningún sistema social existiría a menos que beneficie a alguien o a algún grupo. La centralización, ya sea en el estado o en la empresa, no es diferente. En todos los casos, la centralización beneficia directamente a los que están en la cima, ya que los pone a resguardo de quienes están abajo, permitiendo el control y el gobierno de éstos de manera más efectiva. Por lo tanto, está en los intereses directos de burócratas y políticos apoyar el centralismo.
En el capitalismo, sin embargo, varios sectores del empresariado también apoyan el centralismo. Tal es la relación simbiótica entre capital y estado. Como se discutirá más adelante (en la sección F.8), el estado juega un papel importante en la “nacionalización” del mercado, i.e. en imponer el “libre mercado” a la sociedad. Al centralizar el poder en manos de los representantes y crear así una burocracia estatal, el pueblo ordinario perdió soberanía y de esta forma se le hizo más difícil interferir en los intereses de los ricos. “En una república,” escribe Bakunin, “el así llamado pueblo, el pueblo jurídico, supuestamente representado por el Estado, suprime y seguirá suprimiendo al pueblo real y viviente” a través del “mundo burocrático” para “el mayor beneficio de las privilegiadas clases propietarias así como para su propio beneficio.” [Op. cit., p. 211]
A lo largo de la historia del capitalismo se pueden observar ejemplos de cómo los intereses de la gran empresa promueven el aumento de la centralización política. “En la América revolucionaria, ‘la naturaleza del gobierno de la ciudad fue objeto de acalorada discusión,’ observa Cerril Jensen … Los cabildos … ‘habían sido un punto focal de la actividad revolucionaria.’ La reacción antidemocrática que surgió luego de la revolución norteamericana estuvo marcada por los esfuerzos en deshacerse del gobierno de asambleas … Hubo intentos de elementos conservadores para establecer una ‘forma corporativa (de gobierno municipal) por medio de la cual las ciudades serían gobernadas por alcaldes y concejos’ elegidos de áreas urbanas … Los comerciantes ‘respaldaron consistentemente la incorporación en su esfuerzo para evitar los cabildos.’” [Murria Bookchin, Towards an Ecological Society, p. 182]
Aquí vemos la política local siendo arrebatada de las manos de la mayoría y centralizada en las manos de pocos (que siempre son los más ricos). Francia ofrece otro ejemplo:
El gobierno encontró … a los paisanos [de todas las familias] ‘demasiado bulliciosos,’ demasiado desobedientes, y en 1787 se les reemplazó por concejos electos, compuestos de un alcalde y de tres a seis síndicos, elegidos entre los campesinos más adinerados.
Piotr Kropotkin Mutual Aid
Esto fue parte de un movimiento general para quitar el poder de la clase trabajadora y centralizar el poder de tomar decisiones en manos de una minoría (como en la revolución estadounidense). Kropotkin describe el proceso:
Las clases medias, que hasta entonces habían buscado el apoyo del pueblo para obtener leyes constitucionales y dominar la alta nobleza, ahora que habían visto y sentido la fuerza de la gente, iban a hacer todo lo que pudieran para dominar al pueblo, para desarmarlo y volver a someterlo.
[…]
Ellos apresuraron el proceso legislativo de manera tal que el poder político que se le escapaba a la Corte no cayera en manos del pueblo. Así … se propuso … dividir Francia en dos clases, de las cuales una sola, los ciudadanos activos, participaría en el gobierno, mientras que la otra, que reunía a la gran masa de la gente bajo el nombre de ciudadanos pasivos, sería privada de todo derecho político … La Asamblea [Nacional] dividió a Francia en departamentos … manteniendo siempre el principio de exclusión de las clases pobres del Gobierno … Excluyeron de las asambleas primarias a gran parte del pueblo … quienes no pudieron participar en las asambleas primarias, y por tanto no tenían derecho a nombrar a los electores [que elegían a representantes para la Asamblea Nacional], ni a la municipalidad, ni a ninguna autoridad local …
Y finalmente, la permanencia de las asambleas electorales fue interdicta. Una vez nombrados los gobernantes de clase media, dichas asambleas no volverían a reunirse. Una vez nombrados los gobernantes de clase media, éstos no deben ser controlados muy estrictamente. Pronto, incluso el derecho a solicitar y dirimir resoluciones fue suprimido – ‘¡Votad y cerrad el pico!’
En cuanto a las villas … la asamblea general de los habitantes … [a la cual] le correspondía la administración de los asuntos de la comuna … fue prohibida por … ley. En adelante, solo los campesinos adinerados, los ciudadanos activos, tuvieron el derecho a reunión, una vez al año, para nombrar al alcalde y la municipalidad, compuesta de tres o cuatro hombres de clase media de la villa.
Una organización municipal similar les fue dada a las ciudades …
[Así] las clases medias se rodearon de todas las precauciones para mantener el poder municipal en las manos de los miembros acaudalados de la comunidad.
The Great French Revolution vol.1, pp. 179-186
De esta manera, la centralización apuntó a tomar el poder de las masas y dárselo a los ricos. El poder de la gente residía en asambleas populares, tales como las “Secciones” y “Distritos” de París (expresando, en términos de Kropotkin, “los principios del anarquismo” y “practicando … el Auto-Gobierno Directo” [Op. cit., p. 204 y 203]) y las asambleas de villa. Sin embargo, la Asamblea Nacional “procuró por todos los medios aminorar el poder de los distritos … [y] puso fin a esos focos de Revolución … [permitiendo a] solo los ciudadanos activos … participar en las asambleas electorales y administrativas.” [Op. cit., p. 211] Así, el “gobierno central progresivamente procuró someter a las secciones a su autoridad” en tanto el estado “buscó centralizar todo para sí mismo … La privación de las organizaciones populares … de todas … las funciones administrativas … y su sujeción a la burocracia en asuntos policiales, significó la muerte de las secciones.” [Op. cit., vol.2, p. 549 y p. 552]
Como se ha podido observar, las revoluciones en Francia y los EEUU sufrieron un proceso similar en el cual los ricos concentraron el poder en sus propias manos (el primer volumen de The Third Revolution, de Murray Bookchin, discute ambas revoluciones con mayor detalle). Esto aseguró que la clase trabajadora (i.e. la mayoría) fue excluida del proceso de toma de decisiones y sometida a las leyes y el poder de la minoría. Todo lo cual, por cierto, beneficia a la clase minoritaria cuyos representantes detentan dicho poder. Este fue el principio que ha guiado la centralización del poder en todas las revoluciones. Ya sea en los EEUU, en Francia o en Rusia, la centralización del poder constituyó el medio a través del cual se excluyó a la mayoría de la participación en la toma de decisiones que los afectaban a ellos y a sus comunidades.
Por ejemplo, los próceres del Estado Norteamericano fueron bastante explícitos acerca de la necesidad de centralización precisamente por esta razón. Para James Madison, la preocupación clave fue cuando la “mayoría” ganó el control del “gobierno popular” y estuvo en posición de “sacrificar en pro de su pasión o su interés en gobernar tanto el bien público como los derechos de los demás ciudadanos.” Así, el “bien público” escapó a la “mayoría” ni tampoco fue, como uno pudiera pensar, algo que el público considerase bueno (por alguna razón que no ha sido explicada, Madison consideraba a la mayoría capaz de elegir a quienes podían identificar el bien público). Para evitar esto, él abogó por una república en vez de una democracia en la cual los ciudadanos “se reúnen y administran el gobierno personalmente … siempre se ha encontrado incompatible con la seguridad personal o los derechos de propiedad.” Por supuesto, él dio por sentado que “quienes poseen y quienes no poseen propiedad siempre se han formado diferentes intereses en la sociedad.” Su esquema permitiría asegurar la defensa de la propiedad privada y, en consecuencia, de los intereses de los propietarios. De aquí la necesidad de “delegación del gobierno … a un pequeño número de ciudadanos elegidos por el resto.” Esta centralización del poder en manos de unos pocos, localmente estuvo ligada a la centralización territorial por la misma razón. Madison prefería “una república grande sobre una pequeña,” ya que una “fiebre por el papel moneda, por la abolición de las deudas, por una división igualitaria de la propiedad, o por cualquier otro proyecto impropio o perverso, será menos capaz de permear al cuerpo entero de la Unión que un miembro particular de la misma.” [citado en Voices of a People’s History of the United States, Howard Zinn y Anthony Arnove (editores), pp. 109-113] Este deseo de una democracia formal, donde las masas sean meros espectadores de los hechos más que participantes, es un tema recurrente en el capitalismo (véase el capítulo “Force and Opinion” en Deterring Democracy de Noam Chomsky para una visión general al respecto).
A nivel federal y estatal en los EEUU post-Revolución, se promovió la centralización del poder ya que “la mayor parte de los redactores de la Constitución tenían algún interés económico directo en establecer un gobierno federal fuerte.” Cabe decir que, mientras que la élite rica estuvo bien representada al formular los principios del nuevo orden, cuatro grupos no lo fueron: “los esclavos, los sirvientes a contrata, las mujeres y los hombres sin propiedad.” Además, el nuevo estado y su constitución tampoco reflejaban sus intereses. Y dado que éstos constituían la vasta mayoría, “no solo hubo una necesidad positiva de un gobierno central fuerte para proteger los grandes intereses económicos, sino también un temor a la rebelión de los campesinos descontentos.” [Howard Zinn, A People’s History of the United States, p. 90] El hecho principal fue la Rebelión de Shay en Massachusetts occidental. Allí la nueva Constitución había creado cualificaciones de propiedad para poder votar y, por lo tanto, nadie podía optar a un cargo público a menos que fuese rico. El nuevo estado fue formado para combatir estas rebeliones, para proteger a la minoría acaudalada de la mayoría.
Además, el centralismo estatal, la supresión de la participación popular, fue esencial para transformar a la sociedad estadounidense en una sociedad dominada por el capitalismo:
En los treinta años que llevaron a la Guerra Civil, la ley fue interpretada cada vez más en las cortes para acomodarse al desarrollo capitalista. Al estudiar esto, Morton Horwitz (The Transformation of American Law) señala que la common law inglesa dejó de ser sagrada una vez que se interpuso en el camino del crecimiento empresarial … Los juicios por daños a empresarios fueron quitados de las manos de los jurados, quienes eran impredecibles, y otorgados a los jueces … La antigua idea del precio justo de los bienes dio paso en los tribunales a la idea del caveat emptor (la precaución del comprador) … la ley contractual fue dirigida hacia la discriminación de la clase trabajadora y el favorecimiento de la empresa … La ficción legal era que un trabajador y un ferrocarril hacían un contrato con poderes iguales de negociación … ‘El círculo se completó; la ley simplemente había venido a ratificar estas formas de desigualdad que el sistema mercantilista había producido.’
Zinn Op. cit., p. 234
El estado norteamericano fue creado sobre una doctrina liberal elitista y apuntó activamente a la reducción de las tendencias democráticas (en nombre de la “libertad individual”). Lo que ocurrió en la práctica (sin ser lo suficientemente sorprendente) fue que la élite adinerada usó al estado para debilitar la cultura popular y la ley común en favor de la protección y la extensión de sus intereses y su poder. En el proceso, la sociedad estadounidense fue reformada a su propia imagen:
Hacia mediados del siglo XIX, el sistema jurídico había sido reformado para ventaja de los hombres del comercio y la industria y a expensas de los campesinos, obreros, consumidores y otros grupos menos poderosos de la sociedad … promovió de manera activa una distribución legal de la riqueza en contra de los grupos más debilitados de la sociedad.
Morton Horwitz, citado por Zinn Op. cit., p. 235
En épocas más modernas, la centralización y la expansión del estado habrían ido codo a codo con la rápida industrialización y el crecimiento del empresariado. Como señala Edward Herman, “en gran medida, fue el crecimiento del tamaño y el poder de la empresa lo que posibilitó la aparición compensadora de los sindicatos y el crecimiento del gobierno. La grandeza más allá de la empresa fue en gran parte una respuesta a la grandeza en la empresa.” [Corporate Control, Corporate Power, p. 188 – véase también a Stephen Skowronek, Building A New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877-1920] La centralización estatal fue necesaria para generar mercados más grandes y bien definidos, y fue promovida por los empresarios cuando actuaba a favor de sus intereses (i.e. mientras los mercados se expandían, también lo hacía el estado para así estandarizar e implementar leyes de propiedad, entre otras cosas). Por otro lado, este desarrollo hacia el “gran gobierno” generó un ambiente en el cual la gran empresa pudo crecer (a menudo apoyado por el estado por medio de subsidios y proteccionismo – como cabría esperar toda vez que el estado está a cargo de los ricos) y asimismo promover la eliminación del poder estatal de la influencia de las masas para colocarla más firmemente en manos de los ricos. No es sorprendente advertir estos desarrollos, ya que “las estructuras de autoridad tienden a unir en torno al poder local, en los últimos pocos siglos, al poder económico.” [Noam Chomsky, World Orders, Old and New, p. 178]
La centralización estatal facilita el control del gobierno por parte de los empresarios, asegurando a aquél como su títere, así como su influencia en el proceso político. Por ejemplo, la Mesa Redonda Europea (ERT, por sus siglas en inglés), “un grupo de lobby de la élite, de … presidentes o ejecutivos superiores de grandes multinacionales basadas principalmente en la UE … [con] 11 de las 20 compañías europeas más grandes [cuyas] ventas conjuntas [en 1991] … superiores a US$500 miles de millones, … aproximadamente un 60 por ciento de la producción industrial de la UE,” utiliza ampliamente a la Unión Europea. De acuerdo a los estudios de dos investigadores, la ERT “es adepta al lobby … de manera que muchas propuestas y ‘visiones’ de la ERT son misteriosamente regurgitadas en los documentos de cumbres de la Comisión.” La ERT “asevera que el mercado laboral debiese ser más ‘flexible,’ argumentando a favor de horarios más flexibles, contratos estacionales, empleo compartido y trabajos de medio tiempo. En diciembre de 1993, siete años luego de que la ERT planteara estas sugerencias [y luego de que la mayoría de los estados habían suscrito el Tratado de Maastricht y su ‘capítulo social’], la Comisión Europea publicó un papel blanco … [que proponía] la flexibilización de los mercados de trabajo en Europa.” [Doherty y Hoedeman, “Knights of the Road,” New Statesman, 11/4/94, p. 27]
Las actuales conversaciones acerca de la globalización el NAFTA, y el Mercado Único Europeo indican una transformación subyacente en la cual el crecimiento del estado sigue el camino trazado por el crecimiento económico. En palabras simples, junto con el crecimiento de las empresas transnacionales y los mercados financieros mundiales, los límites del estado-nación se han vuelto económicamente redundantes. En tanto que las empresas se han vuelto multinacionales, la presión ha obligado a los estados a seguir la senda y racionalizar sus mercados más allá de “naciones,” creando acuerdos y uniones multi-estatales.
Como señala Noam Chomsky, el G-7, el FMI, el Banco Mundial y otros, constituyen un “gobierno mundial de facto,” y “las instituciones del estado transnacional sirven ampliamente a otros dueños [más que al pueblo], como típicamente lo hace el poder estatal; en este caso a las crecientes corporaciones transnacionales en los dominios de las finanzas y otros servicios, la manufactura, los medios y las comunicaciones.” [Op. cit., p. 179]
Mientras que las multinacionales crecen y se desarrollan cruzando las fronteras nacionales, se hace necesario un correspondiente crecimiento del estado. Es más, una “característica particularmente importante de las crecientes instituciones de gobierno fáctico es su inmunidad respecto de la influencia popular, incluso de su visibilidad. Operan en secreto, creando un mundo subordinado a las necesidades de los inversores, con la población ‘puesta en su lugar,’ y la amenaza de la democracia reducida.” [Chomsky, Op. cit., p. 178]
Esto no quiere decir que los capitalistas quieran la centralización del estado para todo. A menudo, y en particular para asuntos sociales, es preferible una relativa descentralización (i.e. el poder se entrega a burócratas locales) para aumentar el control empresarial sobre ellos. Al transferir el control a las áreas locales, el poder que tienen las grandes corporaciones, las empresas de inversión y otros sobre el gobierno local incrementa en proporción. Además, incluso la mediana empresa puede incorporarse e influir, restringir o controlar directamente las políticas locales y colocar fuerzas de trabajo una contra otra. El poder privado puede afianzar esta “libertad,” su libertad.
Sin importar qué conjunto de burócratas sea escogido, la necesidad de centralizar el poder social, marginando a su vez a la población, es de vital importancia para la clase empresarial. También es relevante recordar que la oposición capitalista al “gran gobierno” es a menudo financiera, ya que el estado se nutre del excedente social disponible, reduciendo así la cantidad que queda para que el mercado distribuya a los varios capitales en competencia.
En realidad, los que los capitalistas objetan del “gran gobierno” son los gastos en programas sociales diseñadas para beneficiar a los pobres y a la clase trabajadora, una función “ilegítima” que “desperdicia” parte del excedente que podría ir para el capital (y que además vuelve a las personas menos desesperadas y menos dispuestas a trabajar por menos). De aquí la constante lucha por reducir al estado a su condición “clásica” de protector de la propiedad privada y del sistema, y nada más. Además de su falsa disputa con el estado benefactor, los capitalistas son los defensores más recalcitrantes del gobierno (y de la forma “correcta” de intervención estatal, como el gasto en defensa), según se manifiesta en el hecho de que siempre se pueden encontrar fondos para construir más cárceles y para enviar tropas al extranjero para favorecer los intereses de la clase gobernante, a pesar de que los políticos claman que “no hay dinero” en el tesoro para becas estudiantiles, salud pública o beneficios para los pobres.
La centralización del estado asegura que “en el mismo grado en que los principios igualitarios se han incorporado a sus constituciones políticas, es la burguesía la que gobierna, y es el pueblo, los trabajadores, campesinos inclusive, quien obedece las leyes escritas por la burguesía,” la cual “tiene de hecho si no por derecho el privilegio exclusivo de gobernar.” Esto quiere decir que “la igualdad política … no es más que una pueril ficción, una absoluta mentira.” Se requiere de mucha fe para creer que los ricos, “estando hasta ahora relegados del pueblo a causa de sus condiciones de existencia económica y social” pueden “dar expresión en el gobierno y en las leyes, a los sentimientos, las ideas y la voluntad de la gente.” Como cabe esperar, nos encontramos con que “en la legislación, así como en la dirección del gobierno, la burguesía está guiada por sus propios intereses y sus propios instintos sin preocuparse mucho por los intereses del pueblo.” De manera que, durante “los días de elecciones hasta el burgués más altivo con ambición política está obligado a cortejar … al Pueblo Soberano.” Pero el “día después de las elecciones todos retornan a sus negocios cotidianos” y los políticos obtienen carta blanca para gobernar en nombre del pueblo que dicen representar. [Bakunin, The Political Philosophy of Bakunin, p. 218 y p. 219]