B.2.3 ¿Cómo controla el estado la clase dirigente?

En algunos sistemas es evidente cómo controlan el estado las minorías económicas dominantes. En el feudalismo, por ejemplo, la tierra era propiedad de los señores feudales que explotaban directamente al campesinado. El poder económico y político convergían en las manos de un solo grupo, los terratenientes. Durante el absolutismo, el monarca reunió a los señores feudales bajo su poder, y el carácter relativamente descentralizado del feudalismo fue reemplazado por un estado centralizado.

Fue este sistema estatal centralizado lo que la burguesía adoptó como modelo de su estado. El Rey fue reemplazado por un Parlamento, el cual en un comienzo era elegido por sufragio limitado. En esta forma incipiente de estado capitalista, (nuevamente) se evidencia cómo la élite mantiene el control de la maquinaria estatal. Como el voto se basaba en la posesión de una cantidad mínima de propiedad, los pobres fueron censurados de forma efectiva de tener voz (oficial) acerca de los actos del gobierno. Esta exclusión fue teorizada por filósofos como John Locke – las masas trabajadoras fueron consideradas objeto de las políticas de gobierno más que parte del conjunto de personas (propietarios privados) que nombraban al gobierno. En esta perspectiva, el estado era como una empresa de valores. La clase propietaria eran los accionistas que nombraban a la junta directiva, y la masa popular eran los trabajadores que no tenían derecho a determinar al personal ejecutivo y se esperaba que cumplieran órdenes.

Como era de esperar, este sistema era ferozmente despreciado por la mayoría que estaba sujeta a él. Este régimen “liberal clásico” era el mandato de un poder ajeno, despótico, carente de legitimidad popular, y completamente extraño a la población general. Es bastante evidente que un gobierno electo por licencia limitada no era confiable para tratar a quienes no poseían propiedades con igual consideración. Era predecible que la élite gobernante usaría el estado que controlaba para promover sus propios intereses y debilitar la potencial resistencia a su poder social, económico y político. Esto es justamente lo que hicieron, al tiempo que enmascaraban su poder bajo la guisa del “buen gobierno” y la “libertad.”Además, el sufragio censitario, como el del absolutismo, era considerado una afrenta a la libertad y la dignidad individual por muchos de los que estaban sujetos a él.

De aquí el llamado al sufragio universal y la oposición a las cualificaciones de propiedad para el acceso a él. Para muchos radicales (incluyendo Marx y Engels) de un sistema como éste se seguiría que las clases trabajadoras se tomarían el “poder político” y, por lo tanto, estarían en posición de acabar con el sistema de clases de una vez por todas. Los anarquistas no estaban convencidos, arguyendo que “el sufragio universal, considerado en sí mismo y aplicado a una sociedad basada en la desigualdad económica y social, no será más que una trampa y un fraude para el pueblo” y “la manera más segura de consolidar bajo el manto del liberalismo y la justicia la dominación permanente del pueblo por las clases propietarias, en detrimento de la libertad popular.” En consecuencia, los anarquistas negaron que “pudiese ser usado por el pueblo para conquistar la igualdad económica y social. Será siempre y necesariamente un instrumento hostil al pueblo, que apoya la dictadura de facto de la burguesía.” [Bakunin, Bakunin on Anarchism, p. 224]

Debido a los movimientos desde abajo de las masas populares, el voto fue conquistado por las clases trabajadoras masculinas y, en una etapa posterior, por las mujeres. En tanto, la élite dio una pelea dura y larga para retener su posición privilegiada, pero fueron vencidos. Tristemente, la historia del sufragio universal les dio la razón a los anarquistas. Incluso los estados supuestamente “democráticos” son en efecto dictaduras del propietariado. La historia política de la era moderna puede ser resumida en el ascenso del poder capitalista, el surgimiento, gracias a los movimientos populares, de la democracia (representativa) y el consiguiente éxito del primero para desestabilizar y controlar a la segunda.

Esto se logra mediante tres procesos principales que se combinan para disuadir la democracia de manera efectiva. Estos son: la barrera de la riqueza, la barrera burocrática y, por último, la barrera del capital. Cada una será discutida por separado y todas ellas aseguran que la “democracia representativa” siga siendo un “órgano de la dominación capitalista.” [Kropotkin, Words of a Rebel, p. 127]

La barrera de la riqueza es la más evidente. Se necesita dinero para levantar una candidatura. En 1976, el gasto total en la elección presidencial de los EEUU fue de US$66,9 millones. En 1984, fue de US$103,6 millones y en 1996 fue de US$239,9 millones. A comienzos del siglo XXI, estas cifras habían vuelto a multiplicarse. En el 2000 se gastaron US$343,1 millones y en el 2004, US$717,9 millones. La mayor parte de este dinero fue gastado entre los dos candidatos principales. En el 2000, el republicano George Bush gastó la increíble suma de US$185 921 855 mientras que su rival demócrata Al Gore gastó solo US$120 031 205. Cuatro años más tarde, Bush gastó US$345 259 155 y John Kerry alcanzó solo US$310 033 347.

Otras campañas de elección también son inmensamente caras. En el 2000, el candidato vencedor promedio de un asiento en la Cámara de Representantes de los EEUU gastó US$816 mil, mientras que el senador electo promedio gastó US$7 millones. Hasta las competencias locales requieren cantidades significativas de financiamiento. Un candidato para la oficina de Illinois reunió más de US$650 mil, mientras que otro candidato para la Corte Suprema de Illinois juntó US$737 mil. En el Reino Unido se han gastado cantidades igualmente exorbitantes. En la elección general del 2001, el Partido Laborista gastó un total de £10 945 119, los Conservadores £12 751 813 y los Demócratas Liberales (logrando un distante tercer lugar) solo £1 361 377.

Para conseguir estos montos, se necesita hallar y cortejar a los contribuyentes ricos. En otras palabras, se les promete que sus intereses serán protegidos activamente. Mientras que, en teoría, es posible reunir grandes sumas con contribuciones pequeñas, en la práctica es difícil. Para reunir un millón de dólares uno necesita convencer a 50 millonarios que te den 20 mil dólares o a 20 mil personas que te faciliten 50 dólares. Dado que para la élite US$20 mil es dinero de bolsillo, no es de sorprender que el objetivo de los políticos sea ganarse a la minoría, no a la mayoría. Es casi lo mismo con las corporaciones y las grandes empresas. Es mucho más fácil y eficiente en tiempo y energía concentrarse en las minorías acaudaladas (sean individuos o empresas).

Es obvio: con monedas baila el mono. Y en el capitalismo, los de las monedas son los ricos y las empresas. En los EEUU, las donaciones corporativas de campaña y los favores políticos han alcanzado proporciones sin precedentes. La vasta mayoría de las grandes donaciones de campaña provienen, como es de esperar, de corporaciones. La mayor parte de los individuos adinerados que realizan grandes donaciones a los candidatos son CEOs y miembros de juntas corporativas. Y, para asegurarse, muchas empresas donan a más de un partido.

No nos sorprende que las corporaciones y los ricos esperen un retorno de sus inversiones. Esto se puede ver en la administración de George W. Bush. Sus campañas de elección se debían a la industria energética (que lo había respaldado desde los inicios de su carrera como Gobernador de Texas). La estragada empresa Enron (y su CEO Kenneth Lay) se contaba entre los mayores contribuyentes de Bush en el 2000. Ya en el poder, Bush respaldó numerosas políticas favorables a dicha industria (como el recorte de la regulación ambiental a nivel nacional tal cual había hecho en Texas). Sus prosélitos en Wall Street no se sorprendieron ante el intento de Bush de privatizar la Seguridad Social. Tampoco se alertaron las empresas de tarjetas de crédito cuando los republicanos endurecieron la mano contra las personas en bancarrota en el 2005. Al financiar a Bush, estas corporaciones se aseguraron de que el gobierno promoviera sus intereses antes que los de la gente que lo votó en la elección.

Esto significa que como “consecuencia de la distribución de recursos y el poder de decisión en la sociedad general … la clase política y los administradores culturales típicamente se asocian con los sectores que dominan la economía privada; o provienen directamente de dichos sectores, o bien éstos esperan que se les unan.” [Chomsky, Neccessary Illusions, p. 23] Esto se puede ver en una broma que George W. Bush lanzó en una gala de élite para colectar fondos durante la elección presidencial del año 2000: “Ésta es una multitud impresionante – los que tienen y los que tienen más. Algunos les llaman las élites; yo los llamo mi base.” No es sorprendente que:

En el mundo real, la política estatal está vastamente determinada por los grupos que controlan los recursos, en última instancia en virtud de su calidad de dueños y ejecutivos de la economía privada o de su estatus como profesionales acaudalados. Las posiciones más altas en la toma de decisiones de la rama Ejecutiva del gobierno suelen están ocupadas por representantes de grandes corporaciones, bancos y empresas de inversiones, unas cuantas empresas jurídicas que proveen principalmente a intereses corporativos y así representan los amplios intereses de dueños y ejecutivos antes que algún interés provinciano … La rama Legislativa es más variada, pero de forma abrumadora, proviene de las clases empresariales y profesionales.

Chomsky On Power and Ideology, pp. 116-7

Ésta no es el único vínculo entre política y negocios. Muchos políticos también dirigen empresas, tienen intereses en otras, acciones, tierras y otras formas de ingresos de origen privado, etcétera. Por tanto, son menos parecidos a la mayoría de los ciudadanos que dicen representar y se asemejan más a la minoría adinerada. Combinemos estas ganancias externas con un alto salario (en el Reino Unido, a los diputados se le paga más que el doble del promedio nacional) y tendremos a los políticos entre los más ricos de la población. De manera que no sólo tenemos una comunión de intereses entre la élite y los políticos. Así las cosas, difícilmente se pueden hacer llamar representantes de la población general, hallándose además en una posición de tener intereses creados votar la legislación sobre la propiedad.

Algunos defienden estos segundos trabajos e inversiones externas diciendo que los mantiene en contacto con el mundo exterior y, en consecuencia, los hace mejores políticos. Lo espurio de dicho argumento se evidencia en el hecho de que tales intereses externos nunca se refieren a trabajar en McDonald's friendo hamburguesas o en una línea de ensamble. Por alguna razón, ningún político busca obtener una impresión de lo que es la vida para la persona común y corriente. Sin embargo, este argumento sí tiene sentido de cierta forma. Esos trabajos e ingresos mantienen a los políticos en contacto con el mundo de la élite más que de las masas y, ya que la tarea del estado es proteger los intereses de la élite ¡no se puede negar que esta comunión de intereses e ingresos con la élite solo ayuda a esa tarea!

Luego tenemos el triste proceso por el cual los políticos, una vez que dejan la política, consiguen puestos en la jerarquía corporativa (en particular con las mismas empresas que antes habían jurado regular en beneficio del público). Esto se denomina “la puerta giratoria.” Increíblemente, esto ha cambiado para peor. Ahora los más altos personeros de gobierno provienen directamente de las oficinas ejecutivas de las corporaciones poderosas. Los lobbyistas son designados a los puestos a cuyos ocupantes ellos habían logrado influir. Ya casi no se puede distinguir entre los que regulan y los que supuestamente son regulados.

Por tanto, políticos y capitalistas van de la mano. La riqueza los selecciona, los financia y les da trabajo e ingresos cuando están a cargo. Por último, una vez que por fin dejan la política, se les suele otorgar directorios y otras posiciones en el mundo de los negocios. Es casi obvio, entonces, que la clase capitalista mantiene el control del estado.

Eso no es todo. La barrera de la riqueza también opera de manera indirecta, adoptando múltiples formas. La más obvia se encuentra en la capacidad de las corporaciones y la élite de influir en los políticos. En los EEUU, existe el poder persuasivo de un ejército de 24 000 lobbyistas registrados en Washington – y la influencia de los intereses corporativos que representan. Estos lobbyistas, cuyo trabajo es convencer a los políticos para que voten de determinada manera para promover los intereses de sus clientes corporativos, ayudan a dar forma a la agenda política incluso más hacia los intereses comerciales que lo que ya está. Esta industria del tráfico de influencias es inmensa – y es exclusiva de los grandes negocios y la élite. La riqueza asegura que la igualdad de oportunidades para reunir recursos para compartir una perspectiva e influir sobre el progreso político está monopolizada por la minoría: “¿dónde están los lobbies que se necesitan desesperadamente para hacer la contraparte y representar los intereses del ciudadano medio? ¿Dónde están los millones de dólares actuando a favor de sus intereses? Vaya que están notablemente ausentes.” [Joel Bakan, The Corporation , p. 107]

No obstante, no se puede negar que es a la población general que le corresponde votar a los políticos. Es aquí donde interviene el impacto indirecto de la riqueza, o sea, el rol de los medios y la industria de las Relaciones Públicas (RRPP). Como discutimos en la sección D.3, los medios modernos están dominados por el gran comercio y, como es de esperarse, reflejan sus intereses. Esto quiere decir que los medios tienen un impacto significativo en la forma en que los votantes ven a los partidos y a políticos y candidatos específicos. Un partido radical será en el mejor de los casos ignorado por la prensa capitalista o, en el peor de los casos, sujeto de injurias y ataques. Esto tendrá su correspondiente impacto negativo en su pronóstico eleccionario y hará que el partido afectado deba invertir sustancialmente más tiempo, energía y recursos para contrarrestar la cobertura mediática negativa. La industria de las RRPP tiene un efecto similar, aunque tiene la ventaja de no tener que estorbar con parecer verdadero o imparcial. Si añadimos a esto el impacto de los “think tank” financiados por élites y corporaciones, veremos que el sistema político esta fatalmente torcido a favor de la clase capitalista (véase también la sección D.2.

En pocas palabras:

La clase comercial domina al gobierno mediante su capacidad para financiar campañas políticas, comprar a costosos lobbyistas y recompensar a ex oficiales de gobierno con empleos lucrativos … [Los políticos] se han vuelto completamente dependientes de los mismos dólares corporativos para pagar por una nueva clase profesional de consultores de RRPP, expertos en mercadotecnia y científicos sociales que manejan y promueven causas y candidatos esencialmente de la misma manera en que las campañas publicitarias venden autos, modas, drogas y otros enseres.

John Stauber y Sheldon Rampton Toxic Sludge is Good for You, p. 78

Esta es la primera barrera, el impacto directo e indirecto de la riqueza. Por sí misma es una poderosa barrera para evitar la democracia y, por lo tanto, usualmente es suficiente por sí sola. Aunque sin embargo, a veces la gente ve a través de las distorsiones mediáticas y votan por candidatos reformistas o incluso radicales. Como discutimos en la sección J.2.6, los anarquistas arguyen que el efecto neto de postular a un cargo es una des-radicalización del partido involucrado. Los partidos revolucionarios se hacen reformistas, y los partidos reformistas terminan conservando el capitalismo e introduciendo políticas opuestas a las que habían prometido. Así que, mientras que es improbable que un partido radical pudiese resultar electo permaneciendo radical en el proceso, sí es posible. Si dicho partido lograra acceder al cargo, las siguientes dos barreras entran en escena: la barrera burocrática y la barrera del capital.

La existencia de una burocracia estatal es una característica clave para asegurar que el estado siga siendo el “policía” de la clase gobernante, y será discutido con mayor detalle en la sección J.2.2 (¿Por qué rechazan los anarquistas la votación como medio para el cambio?). Por ahora basta con decir que los políticos que son elegidos para un cargo se hallan en desventaja en lo que respecta a la burocracia estatal. Esta última es una concentración de poder permanente, mientras que la primera va y viene. En consecuencia, los políticos están en posición de domar a cualquier gobierno rebelde por medio de la inercia burocrática, distorsionando y escondiendo información necesaria e imponiendo su propia agenda sobre quienes son en teoría sus jefes, pero que en realidad dependen de la burocracia. Y, por supuesto, si todo falla, la burocracia estatal puede jugar su última carta: el golpe militar.

Esta amenaza ha sido aplicada en muchos países, de manera mas obvia en aquéllos en vías de desarrollo (con la ayuda del imperialismo occidental, usualmente los EEUU). Los golpes de Irán (1953) y Chile (1973) son dos ejemplos de estos procesos. Ni siquiera el denominado mundo desarrollado es inmune a él. El auge de los fascismos de Italia, Alemania, Portugal y España puede ser considerado variaciones del golpe militar (en particular el último, donde el fascismo fue impuesto por los militares). Los empresarios ricos financiaron fuerzas paramilitares para quebrar el movimiento obrero, fuerzas formadas por ex-militares. Incluso el New Deal en los EEUU se vio amenazada por un golpe. [Joel Bakan, Op. cit., pp. 86-95] Al tiempo que dichos regímenes protegen los intereses del capital y son, en consecuencia, respaldados por éste, también comportan algunos problemas para el capitalismo. Esto porque, como el Absolutismo que en primera instancia propugnaba el capitalismo, esta clase de gobierno puede desarrollar ideas más allá de su ámbito. Esto quiere decir que un golpe militar solo será empleado cuando la última barrera, la del capital, falla.

La barrera del capital está relacionada obviamente con la barrera de la riqueza toda vez que se remite al poder que generan las grandes riquezas. Sin embargo, existe una diferencia en su forma de aplicación. La barrera de la riqueza restringe quien accede a los cargos; la barrera del capital controla a quiénes logran hacerlo. La barrera del capital, en otras palabras, son las fuerzas económicas a las que se recurre para actuar sobre cualquier gobierno que se comporte de forma tal que no convenga a la clase capitalista.

Vemos su poder en acción cuando las noticias informan que los cambios en el gobierno, en las políticas y en la legislación han sido “bien recibidos por los mercados.” Mientras que el 1% de los hogares más ricos de los EEUU (alrededor de 2 millones de adultos) poseían el 35% de las acciones en manos de individuos en 1992 – con el 10% más rico en propiedad del 81% – podemos observar que con la “opinión” de los mercados se refieren al poder del 1-5% más ricos de la población nacional (y sus expertos en finanzas), poder que proviene de su control sobre la inversión y la producción. Dado que el 90% más pobre de la población estadounidense posee una parte (23%) de todos los tipos de capital de inversión menor que el 0,5% más rico (que poseen el 29%), con la propiedad de acciones más concentrada aun (el 5% más rico posee el 95% del total de acciones), es obvio el por qué Doug Henwood alega que los mercados accionarios son “una manera de que los más ricos como clase posean las acciones del capital productivo de una economía en su totalidad,” una fuente de “poder político” y una forma de detentar influencia sobre la política gubernamental. [Wall Street: Class Racket]

El mecanismo es lo suficientemente simple. La capacidad del capital de retirar la inversión (fuga de capitales) o de lo contrario impactar la economía de manera adversa es un arma poderosa para mantener al estado como su sirviente. Las empresas y la élite pueden invertir en el país o en el extranjero, especular en mercados monetarios y más. Si un número significativo de inversores o empresas pierden la confianza en un gobierno, simplemente dejarán de invertir en el país y trasladarán sus fondos hacia el extranjero. En el país, la población general sentirá el impacto en forma de caída de la demanda, aumento de despidos y recesión. Como señala Noam Chomsky:

En la democracia capitalista, los intereses que deben ser satisfechos son los de los capitalistas; de lo contrario, no habrá inversión, ni producción, ni empleo, ni recursos que destinar, aunque sea marginalmente, a las necesidades de la población general.

Turning the Tide p. 233

Esto asegura el control del gobierno en manos de la élite, en tanto que las políticas gubernamentales que no se ajustan a la expectativa del poder privado son revertidas raudamente. El poder de la “confianza comercial” sobre el sistema político asegura que la democracia esté subordinada a las grandes empresas. Como lo resume Malatesta:

Incluso con sufragio universal – podríamos decir que aun más con sufragio universal – el gobierno siguió siendo el sirviente y el gendarme de la burguesía. Si ocurriera lo contrario, con el gobierno insinuando que podría adoptar una actitud hostil, o que la democracia podría ser cualquier cosa menos excepto una fachada para engañar al pueblo, la burguesía, al ver amenazados sus intereses, reaccionaria rápidamente, y haría uso de toda la influencia y la fuerza a su disposición, en razón de su riqueza, para recordar al gobierno su lugar propio como gendarme de la burguesía.

Anarchy p. 23

Es gracias a estas barreras que el estado continúa sirviendo a la clase capitalista, siendo al mismo tiempo y en teoría, una democracia. Así, la maquinaria estatal sigue siendo un instrumento por medio del cual la minoría se enriquece a costa de la mayoría. Esto no quiere decir, por supuesto, que el estado sea inmune a la presión popular. Ni mucho menos. Como señalamos en la sección anterior, la acción directa de los oprimidos puede obligar y ha obligado al estado a implementar reformas significativas. De igual forma, la necesidad de defender a la sociedad de los efectos negativos del capitalismo desregulado también puede obligar a tomar medidas populistas (especialmente cuando la alternativa puede ser peor que permitir las reformas, i.e. la revolución). La clave es que tales cambios no constituyen la función natural del estado.

Por lo tanto, debido a sus recursos económicos, las élites cuyos ingresos derivan de los mismos – a saber, los capitalistas financieros, los industriales, y los terratenientes – pueden acumular grandes riquezas a partir de sus explotados. Esto estratifica a la sociedad en una jerarquía de clases económicas, con una gran disparidad de riqueza entre la pequeña élite propietaria en la cima y la mayoría no propietaria en el fondo. Entonces, ya que se requiere de una enorme riqueza para ganar elecciones e influir o sobornar a los legisladores, la élite propietaria es capaz de controlar el proceso político – y por tanto, al estado – a través del “poder de la billetera.” En síntesis:

Ninguna democracia se ha librado del mandato de los acaudalados más de lo que se ha librado de la división entre gobernante y gobernado … mucho menos , ninguna democracia ha puesto en peligro el rol de la empresa comercial. Solo los ricos tienen el dinero necesario para lanzar campañas viables para cargos públicos y para asumir tales puestos. El cambio de gobierno en una democracia es una circulación de una élite a otra.

Harold Barclay Op. cit., p. 47

En otras palabras, el control que mantiene la élite sobre la política a través de inmensas inequidades económicas asegura la continuidad de tales disparidades y por lo tanto, la continuidad del control de la élite. De esta forma, las decisiones políticas cruciales de los que están en el poder se encuentran aisladas de cualquier influencia significativa proveniente de la base. Finalmente, cabe señalar que estas barreras no surgen por accidente. Afloran por la forma en que se estructura el estado. Al anular el poder de las masas de manera efectiva y centralizar el poder en manos de la minoría que constituye el gobierno, la propia naturaleza del estado asegura que éste permanezca bajo el control de la élite. Éste es el porqué, desde el comienzo, la clase capitalista ha favorecido la centralización. Esto lo discutiremos en las próximas dos secciones.

(Para mayor información sobre la élite gobernante y su relación con el estado, véase C. Wright Mills, The Power Elite [Oxford, 1956]; cf. Ralph Miliband, The State in Capitalist Society [Basic Books, 1969] y Divided Societies [Oxford, 1989]; G. William Domhoff, Who Rules America? [Prentice Hall, 1967]; y Who Rules America Now? A View for the '80s [Touchstone, 1983]).